REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 18 de septiembre de 2006 AÑOS: 146º y 197º PARTE ACTORA: ELSY VIOLETA GUACARAN ROJAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-8.683.384. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: PEDRO A GRAU MENDEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.8.765. PARTE DEMANDADA: JOSE LUIS RIVAS BRUZUAL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-6.772.919. MOTIVO: DIVORCIO. EXPEDIENTE Nro: F04-3055. I El presente asunto se inició por Demanda presentada en fecha 11 de noviembre de 2004. Luego de introducidos los recaudos respectivos, el Tribunal en fecha 24 de noviembre de 2004, admitió la presente Demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, así como la notificación a la representación del Ministerio Publico. En fecha 29 de noviembre de 2004, compareció por ante este Juzgado el ciudadano PEDRO GRAU, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y solicito a este Juzgado se dirigiera al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional, Consultaría Jurídica, a los fines de ordenar la retención del 50% de las prestaciones sociales del ciudadano José Rivas, parte demandada, ya que supuestamente le pertenecían a la ciudadana Elsy Guacaran por ser cónyuge del ciudadano demandado, pedimento el cual fue ratificado en fecha 05 de marzo de 2005. En fecha 02 de diciembre de 2004, compareció ante este Juzgado el ciudadano Pedro Grau, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y señalo el domicilio del demandado, en consecuencia, solicito se librara comisión al Juzgado de Municipio Biruaca de San Fernando de Apure, ratificando su pedimento en fecha 11 de enero de 2005. En fecha 14 de enero de 2005, compareció ante este Juzgado el ciudadano José Ruiz, Alguacil Titular de este Juzgado, dejando constancia que en fecha 12 de enero de 2005, notifico a la representación del Ministerio Publico. En fecha 10 de junio de 2005, compareció ante este Juzgado el ciudadano Pedro Grau, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y sustituyo poder en el ciudadano en el ciudadano Rodolfo Herrera, abogado en ejercicio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 1.139. Ahora bien, este Tribunal pasa a decidir y no puede dejar de observar este Juzgador que desde esta última actuación procesal estampada en este expediente, para impulsar el proceso, de fecha 10 de junio de 2005, hasta la presente fecha, han transcurrido más de Un (1) año, lo que denota una absoluta pérdida de interés procesal de la accionante. II Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (…)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: • Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, • Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” III Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, en fecha: 18 de septiembre de 2006.- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ.- En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 2:33 de la tarde.- LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ.- Exp. Nro. F04-3055. LRHG/MGHR/Carla.