República Bolivariana de Venezuela
EN SU NOMBRE
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
DEMANDANTE: Mirella del Carmen Figueroa, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.172.743.
DEMANDADO: Antonio Alberto Lemos Dos Santos, de nacionalidad portuguesa, titular de la cedula de identidad No. E.- 81.807.272.
APODERADOS
DEMANDANTES: Rosa Elena Yrady de Tinedo y Yensi Liseth Jiménez Cisneros, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 45.259 y 31.994, respectivamente.
DEFENSORA
JUDICIAL: Marlin Otamendi Mendible, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 112.128.
MOTIVO: Divorcio (Fundamentado en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil)
- I -
Antecedentes
Comienza el presente juicio por libelo de demanda presentado en fecha dos (02) de Junio de 2005, ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole por sorteo, a este Tribunal conocer y decidir esta causa.
En fecha catorce (14) de junio de 2005, fue admitida la demanda ordenando el emplazamiento del accionado a objeto de realizar los actos conciliatorios y, en caso de no producirse la reconciliación y siempre que el actor insistiera en la demanda, se le emplazó para el acto de la litis contestación. Asimismo, se ordenó librar Boleta de Notificación al representante del Ministerio Público.
En fecha cuatro (04) de julio de 2005, la secretaria de este Juzgado para la fecha dejó constancia de haber librado la correspondiente boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
Mediante diligencia de fecha veintiuno (21) de julio de 2005, el ciudadano Alguacil de ese Juzgado dejó constancia en autos de haber entregado Boleta de Notificación al representante del Ministerio Público, la cual le fue recibida por el Fiscal Nonagésimo Segundo (92°). Posteriormente, en fecha nueve (09) de Agosto de 2005, el precitado funcionario adscrito a ese Despacho, consignó a los autos, la compulsa de citación correspondiente ante la imposibilidad de practicar la citación ordenada.
En fecha veintiséis (26) de septiembre de 2005, la representación judicial actora solicitó, mediante diligencia, la citación por carteles de conformidad con lo establecido el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil; librándose al efecto el Cartel de Citación en fecha veintiocho (28) de septiembre del mismo año.
Cumplidas las formalidades a que se contrae el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil –a saber, publicación, consignación y fijación- y vencido el lapso concedido al demandado, la apoderada actora solicitó se le designe Defensor Judicial, proveyéndose la solicitud, por auto de fecha veintiuno (21) de noviembre de 2005, designándose al efecto a la Abogada Marlin Otamendi Mendible.
Debidamente notificada la indicada auxiliar de justicia, compareció por ante la precitada dependencia judicial y mediante diligencia aceptó el cargo recaído en su persona, prestando el juramento de Ley, siendo posteriormente citada en fecha nueve (09) de enero de 2006, comenzando de esta manera a computarse los lapsos señalados en el auto de admisión.
En fecha veinticinco (25) de enero de 2006, compareció por ante este Juzgado la Fiscal del Ministerio Publico notificada en el presente juicio y solicitó al Tribunal se ordenara la reposición de la causa al estado de agotar la citación personal del demandado, fundamentando su petición en los artículos 206, 211 y 223 del Código de Procedimiento Civil, siendo negado tal pedimento por este Tribunal en fecha ocho (08) de febrero del presente año.
En fecha veinticuatro (24) de febrero de 2.006, tiene lugar el Primer Acto Conciliatorio al cual comparecen la parte actora, en forma personal, debidamente representada por sus apoderadas judiciales, y la defensora judicial designada, no compareciendo al mismo la representante del Ministerio Publico..
En fecha once (11) de abril de 2.006, tuvo lugar el Segundo Acto Conciliatorio al cual comparecen la parte actora, en forma personal, debidamente representada por sus apoderadas judiciales e insiste en la continuidad del juicio, también compareció la defensora judicial designada, no compareciendo al mismo la representante del Ministerio Publico.
En la oportunidad de la litis contestación, se hizo presente la parte actora debidamente asistida por sus apoderadas judiciales así como también la defensora judicial designada, quien procedió a consignar escrito de contestación constante de dos (02) folios útiles y un (01) anexo, los cuales fueron agregados a los autos en esa misma fecha; en dicho escrito la defensora judicial designada rechazo, negó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda incoada contra su defendido.
Abierta la causa a pruebas, sólo la parte actora hizo uso de tal derecho. Todos los medios de prueba que han sido promovidos en la presente causa, se indican, aprecian y valoran en la parte motiva del presente fallo, bastando señalar en esta narrativa los hechos procesales acontecidos en los autos.
- II -
- Consideraciones para decidir –
Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, pasa este Tribunal a dictar sentencia definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, previas las siguientes consideraciones:
Alegó la representación judicial actora en el escrito libelar, lo siguiente:
Que su representada contrajo matrimonio con el ciudadano Antonio Alberto Lemos Dos Santos, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertados del Distrito Capital, en fecha dieciocho (18) de abril de 1991.
Que fijaron su residencia conyugal en la siguiente dirección: Avenida Libertador, Edificio Trujillo, Apartamento 153, piso 15, Municipio Libertador, Distrito Capital.
Que en dicha unión conyugal no se procrearon hijos ni se adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal.
Que para el día veintidós (22) de octubre de 1995, el ciudadano Antonio Alberto Lemos Dos Santos, abandonó el hogar común, situación que se ha mantenido hasta la presente fecha.-
Finalmente, señaló la representación judicial actora que en virtud de lo expuesto, en nombre y representación de su mandante, ocurre ante los Órganos Jurisdiccionales a demandar al ciudadano Antonio Alberto Lemos Dos Santos por acción de divorcio, fundamentada en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, en concordancia con el artículo 755 del Código de Procedimiento Civil.
Como ya anteriormente se señaló, la parte demandada negó, rechazó y contradijo la demanda en todas y cada una de sus partes.
Corresponde de seguidas analizar el material probatorio existente en autos.
Pruebas de la parte actora:
• Poder Apud Acta otorgado por ante este Juzgado, en fecha catorce (14) de junio de 2005, el cual al no haber sido tachado en la oportunidad de la contestación, este Juzgador lo aprecia y valora conforme a lo establecido en los artículos 1.357, 1.359, 1.360 y 1.361 del Código Civil concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
• Copia Certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos Antonio Alberto Lemos Dos Santos y Mirella del Carmen Figueroa, signada con el N° 175, de fecha dieciocho (18) de abril de 1991, emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, que al no haber sido objeto de impugnación bajo ninguna forma de derecho, este Tribunal, la aprecia y valora de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
• Prueba testimonial de las ciudadanas Clara Maria Penzo de Caldera y Maria Eugenia Genibela Díaz Fraga, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros 3.976.791 y 3.552.041, respectivamente, constando en autos las evacuaciones correspondientes. De una lectura efectuada a las actas levantadas al efecto, resulta fácil apreciar que las ciudadanas Clara Maria Penzo de Caldera y Maria Eugenia Genibela Díaz Fraga, estuvieron contestes al declarar: que conocen de vista trato y comunicación a los cónyuges litigantes; que saben y les consta que contrajeron matrimonio civil ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, el día dieciocho (18) de abril de 1991; que fijaron su domicilio conyugal en la dirección señalada en el libelo de demanda; que no procrearon hijos ni adquirieron bienes que partir; que el demandado desde el año 1995, abandonó el hogar conyugal dejando en total estado de indefensión a la ciudadana Mirella del Carmen Figueroa. Asimismo aprecia este Juzgador que no incurrieron en contradicciones y manifestaron tener un conocimiento verdadero y directo de los hechos descritos en el libelo de la demanda, por lo que sus testimonios deben ser apreciados, en toda su integridad, conforme lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.
Con el propósito de resolver la presente controversia, pasa este Sentenciador a realizar las siguientes consideraciones:
Constituye principio cardinal en materia procesal aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil).
El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para el no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y la actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a lo alegado y probado para decidir.
Asimismo, el artículo 1.354 del Código Civil concatenado con la norma contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, preceptúan que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho y, quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte, probar el pago o el hecho extintivo de la misma, de manera que, quien quiera que siente como base de su demanda o excepción, la afirmación o la negación de un hecho está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración la demanda o la excepción no resulta fundada, lo cual grava a la respectiva parte que lo alega con la prueba del mismo; carga considerada como una consecuencia de la necesidad de probar el fundamento de lo alegado en juicio.
Alega la actora la existencia de un vínculo matrimonial con el accionado, hecho éste que quedó fehacientemente demostrado con el Acta de Matrimonio signada con el N° 175, de fecha dieciocho (18) de abril de 1991, emanada de la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Establecido lo anterior, puede colegirse que constituye la pretensión actora, el que este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia, disuelva el supra mencionado vínculo matrimonial, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 185 del Código Civil, el cual establece:
“Son causales únicas de divorcio:
(omissis)
2° El abandono voluntario…”
Según nuestra legislación, el abandono voluntario está referido al incumplimiento grave, intencional e injustificado, por parte de uno de los cónyuges, de los deberes de cohabitación, asistencia o protección que impone la institución del matrimonio. En este sentido, la causal alegada quedó incuestionablemente demostrada de las deposiciones de los testigos promovidos por la accionante, quienes –como ya anteriormente se señaló- no incurrieron en contradicciones y manifestaron tener un conocimiento verdadero y directo de los hechos descritos en el libelo de la demanda, motivos por los cuales fueron debidamente valorados por este Tribunal.
Demostrados como han quedados los hechos alegados por la parte actora y que sentó como base de su pretensión, luego de efectuar una minuciosa revisión a las actas que conforman el presente expediente, no pudo evidenciar éste Juzgador, que la parte demandada por si, por intermedio de su Defensora Judicial o de algún Apoderado Judicial legítimamente acreditado, hubiese aportado, en la secuela del proceso, probanza alguna tendiente a enervar las pretensiones propuestas. Así se establece.-
Esta falta de pruebas por parte de la accionada, son razones por las cuales resulta obligante a este Órgano Jurisdiccional, declarar que, la presente acción de Divorcio se hace procedente y, en la misma forma, la presente demanda debe prosperar en derecho. Así se decide.-
- III -
- Decisión –
Como corolario de todo lo anteriormente expuesto, demostrada como fue la existencia del vínculo matrimonial y la causal de divorcio alegada, y ante la ausencia de medios probatorios por parte del demandado, tendientes a enervar la pretensión propuesta, aunado al hecho que durante la sustanciación de la presente causa se cumplieron con todas las formalidades establecidas en la Ley; resulta forzoso para este Tribunal concluir que, la pretensión contenida en el libelo de la demanda se hace procedente y, en la misma forma, la presente demanda debe prosperar en derecho. Así se decide.-
- IV -
- D I S P O S I T I V A -
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, en el juicio que por acción de Divorcio intentara la ciudadana Mirella del Carmen Figueroa en contra del ciudadano Antonio Alberto Lemos Dos Santos, ambas partes plenamente identificadas, decide así:
ÚNICO: Declara CON LUGAR la presente demanda de DIVORCIO, fundamentada en la Causal segunda (2da) del artículo 185° del Código Civil, y en tal virtud, disuelto el vinculo matrimonial contraído por los ciudadanos Mirella del Carmen Figueroa y Antonio Alberto Lemos Dos Santos, en fecha dieciocho (18) de abril de 1991, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Al haber sido dictada la presente decisión fuera de sus lapsos naturales, se ordena la notificación de las partes de conformidad con el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Juez Titular,
Dr. Carlos Spartalian Duarte
El Secretario,
Abg. Jesús Albornoz Hereira
En la misma fecha, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia certificada de la misma en el Departamento de Archivo de este Juzgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
El Secretario,
Abg. Jesús Albornoz Hereira
CSD/Jah/eylin
Exp. N° 05-0544
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