REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

Caracas, ( ) de de 2007 Años 196° y 148° En fecha 25 de enero de 2007, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio Nº 122-07, de fecha 22 enero de 2007, emanado del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió cuaderno separado del expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, ejercido por la ciudadana MARILEIVA JUGO SEGOVIA, titular de la cédula de identidad Número 5.406.179, asistida por el abogado Mario Alí Dávila Fernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 4.927, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida en fecha 11 de enero de 2007, por la ciudadana Marileiva Jugo Segovia, asistida por el abogado Manuel de Jesús Domínguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 41.605, contra “el acto de conciliación de fecha 8 de enero de 2007 y contra la decisión de fecha 10 de enero del mismo año, mediante la cual se observó que en el poder otorgado a la abogada Adriana M. Hernández, no existe la insuficiencia denunciada y mucho menos la indefensión aducida”, dictados por el prenombrado Juzgado. El 1 de febrero de 2007, se dio cuenta a la Corte y, por auto de la misma fecha, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González, a los fines de que dicte la decisión correspondiente. El 5 de febrero de 2007, se pasó el presente expediente al Juez ponente. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte observa lo siguiente: I El ámbito objetivo de la presente causa lo constituye la apelación del acto de conciliación de fecha 8 de enero de 2007 y de la decisión de fecha 10 de enero del mismo año, dictados por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró “que en el poder otorgado a la abogada Adriana M. Hernández, no existe la insuficiencia denunciada y mucho menos la indefensión aducida”, por la ciudadana Marilevia Jugo Segovia, asistida en el acto por el abogado Mario Alí Dávila Fernández, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Ello así, en fecha 1 de febrero de 2007, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González y fue pasado el expediente al referido Juez a los efectos de que dictara la decisión correspondiente, en virtud de la apelación incoada. No obstante lo anterior, este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia Nº 2007-00378 de fecha 15 de marzo de 2007, estableció un nuevo criterio en torno a la aplicación del procedimiento en determinadas causas que se encontraran sometidas a la consideración de esta Corte, en segundo grado de jurisdicción, indicando al efecto lo siguiente: “(…) el procedimiento idóneo aplicable para las incidencias producto de las sentencias o autos que i) declaren inadmisible in limine litis los recursos contencioso administrativos interpuestos; ii) nieguen las medidas cautelares solicitadas por las partes, con excepción de las sentencias recaídas en los amparos cautelares, que serán decididos en atención a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; iii) resuelvan el procedimiento de oposición de las medidas cautelares, establecido en el artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; iv) se pronuncien sobre la admisibilidad de una prueba promovida, así como sobre la oposición de la admisión de las pruebas promovida por la parte contraria, o por último; v) contengan un pronunciamiento interlocutorio que cause un gravamen irreparable a alguna de las partes (por ejemplo, aquellas que declaren la perención de la instancia o el desistimiento), es el que se encuentra previsto en los artículos 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen un procedimiento para la sustanciación en segunda instancia de los recursos de apelación que se intenten contra este tipo de sentencias y que, dado su carácter interlocutorio, conlleva a la aplicación de los lapsos previstos para tales supuestos”. (Resaltado de este auto). Ahora bien, por cuanto el criterio asumido en la sentencia parcialmente transcrita resulta ser de orden procesal, el mismo debe ser aplicado aún a los procesos que se hallaren en curso y, visto que la presente causa versa sobre una apelación contra “el acto de conciliación de fecha 8 de enero de 2007 y contra la decisión de fecha 10 de enero del mismo año, mediante la cual se observó que en el poder otorgado a la abogada Adriana M. Hernández, no existe la insuficiencia denunciada y mucho menos la indefensión aducida”, dictados por el prenombrado Juzgado, resulta aplicable el procedimiento recientemente establecido por este Órgano Jurisdiccional al caso de autos. En este sentido, y por cuanto no se afectan las fases del procedimiento para la tramitación de la presente causa, se debe ordenar remitir el expediente a la Secretaría de esta Corte, a los fines de que libre las notificaciones correspondientes y, en consecuencia, dé inicio al procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (siguiendo los lineamientos establecidos en la decisión Nº 2007-00378, referida supra), una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, con el objeto de hacer de su conocimiento la adopción y el inicio del aludido procedimiento, esto es con el fin de garantizarles el eficaz ejercicio de sus derechos. Así se decide. II Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ORDENA remitir el presente expediente a la Secretaría de esta Corte, para que tramite la presente apelación conforme a lo previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debiendo proceder de inmediato a las notificaciones a que hubiere lugar, en los términos antes señalados. Así se decide. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. El Presidente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente El Vicepresidente, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA El Juez, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL La Secretaria Accidental, ARGENDIS MANAURE PANTOJA Expediente Número AP42-R-2007-000095 ERG/016 En fecha _____________ (_______) de _________ de dos mil siete (2007), siendo la (s) __________de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el número _____________. La Secretaria Accidental,