REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE SEGUNDA

Caracas, ( ) de de 2007 Años 196° y 148° En fecha 13 de enero de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el Oficio Número 2208, de fecha 25 de noviembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Narciso Corniel Palacios y María Sulvey Canchita, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Números 10.254 y 68.690, en ese orden, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos TOMAS ANTONIO RODRÍGUEZ VELAZCO, YHAN CARLOS ESPINOZA ZAMORA y JOSE REINALDO FIGUEROA BOADA, titulares de las cédulas de identidad Números 14.898.347, 14.097.663 y 13.158.008, respectivamente, contra los actos administrativos signados bajo los Números 120, 121 y 123, de fecha 14 de julio de 2003 emanados del INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA. Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida en fecha 2 de noviembre de 2004, por el abogado Narciso Corniel Palacios, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha 26 de julio de 2004, dictada por el prenombrado Juzgado, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso interpuesto. El 1 de febrero de 2005, se dio cuenta a la Corte y, por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Jueza María Enma León Montesinos. El 6 de noviembre de 2006, fue constituida la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, conformada por los ciudadanos Emilio Ramos González, Presidente, Alexis José Crespo Daza, Vicepresidente, y Alejandro Soto Villasmil, Juez, abocándose al conocimiento de la presente causa, reasignándose la ponencia al ciudadano Emilio Ramos González. El 13 de diciembre de 2006, se pasó el presente expediente al Juez ponente. Examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte observa lo siguiente: I El ámbito objetivo de la presente causa lo constituye la apelación de la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de julio de 2004, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos, interpuesto por los abogados Narciso Corniel Palacios y María Sulvey Canchita, actuando en representación judicial de los ciudadanos Tomas Antonio Rodríguez Velasco, Yhan Carlos Espinoza Zamora y José Reinaldo Figueroa Boada, previamente identificados, contra los actos administrativos signados con los Números 120, 121 y 123, de fecha 14 de julio de 2003, emanados del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda. Ello así, en fecha 1 de febrero de 2005, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y se designó ponente. En virtud de la reconstitución de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo por fecha 6 de noviembre de 2006, se reasignó la ponencia al Juez Emilio Ramos González y fue pasado al referido Juez a los efectos de que dictara la decisión correspondiente, dada la apelación incoada. No obstante lo anterior, este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia Nº 2007-00378 de fecha 15 de marzo de 2007, estableció un nuevo criterio en torno a la aplicación del procedimiento en determinadas causas que se encontraran sometidas a la consideración de esta Corte, en segundo grado de jurisdicción, indicando al efecto lo siguiente: “(…) el procedimiento idóneo aplicable para las incidencias producto de las sentencias o autos que i) declaren inadmisible in limine litis los recursos contencioso administrativos interpuestos; ii) nieguen las medidas cautelares solicitadas por las partes, con excepción de las sentencias recaídas en los amparos cautelares, que serán decididos en atención a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; iii) resuelvan el procedimiento de oposición de las medidas cautelares, establecido en el artículo 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; iv) se pronuncien sobre la admisibilidad de una prueba promovida, así como sobre la oposición de la admisión de las pruebas promovida por la parte contraria, o por último; v) contengan un pronunciamiento interlocutorio que cause un gravamen irreparable a alguna de las partes (por ejemplo, aquellas que declaren la perención de la instancia o el desistimiento), es el que se encuentra previsto en los artículos 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen un procedimiento para la sustanciación en segunda instancia de los recursos de apelación que se intenten contra este tipo de sentencias y que, dado su carácter interlocutorio, conlleva a la aplicación de los lapsos previstos para tales supuestos”. (Resaltado de este auto). Ahora bien, por cuanto el criterio asumido en la sentencia parcialmente transcrita resulta ser de orden procesal, el mismo debe ser aplicado aún a los procesos que se hallaren en curso y, visto que la presente causa versa sobre una apelación de la decisión que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con amparo cautelar y medida de suspensión de efectos interpuesto por la parte actora, resulta aplicable el procedimiento recientemente establecido por este Órgano Jurisdiccional al caso de autos. En este sentido, y por cuanto no se afectan las fases del procedimiento para la tramitación de la presente causa, se debe ordenar remitir el expediente a la Secretaría de esta Corte, a los fines de que libre las notificaciones correspondientes y, en consecuencia, dé inicio al procedimiento de segunda instancia establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (siguiendo los lineamientos previstos en la decisión Nº 2007-00378, referida supra), una vez que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, con el objeto de hacer de su conocimiento la adopción y el inicio del aludido procedimiento, esto es con el fin de garantizarles el eficaz ejercicio de sus derechos. Así se decide. II Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ORDENA remitir el presente expediente a la Secretaría de esta Corte, para que tramite la presente apelación conforme a lo previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debiendo proceder de inmediato a las notificaciones a que hubiere lugar, en los términos antes señalados. Así se decide. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado. El Presidente, EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente El Vicepresidente, ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA El Juez, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL La Secretaria Accidental, ARGENDIS MANAURE PANTOJA Expediente Número AP42-R-2005-000053 ERG/016 En fecha _____________ (_______) de _________ de dos mil siete (2007), siendo la (s) __________de la ______________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el número _____________. La Secretaria Accidental,