REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL EXP. Nº 5372 Siendo la admisibilidad materia de orden público, es necesario destacar tal y como lo ha dejado asentado la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal de la República, que la admisión de la demanda, el auto que en ese sentido se dicta, no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción y a la demanda, se ordena tramitarla con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente al fondo, y se revise de nuevo la existencia de los requisitos de admisibilidad en esa etapa del proceso. En consecuencia, a pesar de ser la admisión la acción o de la demanda un requisito necesario para el inicio del procedimiento, ya que es a través de esta figura que el Juez determina si la acción incoada debe o no tramitarse, eso no quiere decir que ese es el único momento dentro del proceso en el cual el Juez puede declarar la admisibilidad de la demanda o de la acción, ya que, puede darse el caso en el cual el Juez al estudiar el asunto planteado, descubre que existe causal de inadmisibilidad no reparada por él, que puede ser pre-existente, o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, y en ese momento cuando debe declarar inadmisible la acción. Asimismo, el Juez puede revocar, rectificar o reformar de oficio o a petición de parte, los actos o providencias de mera sustanciación o mero trámite, mientras no pronuncie sentencia definitiva. A tal efecto, este Juzgador a los fines de declarar si existe una incompetencia o causal de inadmisibilidad sobrevenida o no, hace las siguientes consideraciones: En fecha 31 de mayo de 2006, por efecto de distribución, se recibió el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, donde aparece como accionante el ciudadano LEONCIO CARLO ALEMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.417.917, y como apoderado judicial el abogado JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.590, en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA. Demanda el apoderado judicial recurrente, con apoyo en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos de Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, el pago por conceptos derivados de vacaciones vencidas y fraccionadas, bonos vacacionales y de bonificación de fin de año, generado desde el 1º de enero de 2001 hasta el 15 de agosto de 2005, tiempo en que, a su decir, su representado se desempeñó como miembro de la Junta Parroquial de ese Municipio. De igual forma demanda el pago de honorarios profesionales de abogado y las costas procesales. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Siendo la oportunidad de dictar sentencia, el Tribunal estima necesario realizar las siguientes consideraciones: Como preámbulo, considera este Sentenciador aclarar que, la acción es considerada como el derecho de la persona de exigir de los órganos jurisdiccionales la resolución de una controversia o una petición; asimismo, a los fines de que tal derecho sea ejercido, la ley exige que el mismo sea interpuesto en un lapso determinado. En este sentido, se puede observar de los hechos que dieron lugar a la presente acción, y de los alegatos explanados por la representación judicial del querellante y el ente querellado, que la querella pretende el cobro de cantidades de dinero por concepto de vacaciones cumplidas y fraccionadas, bonificación de fin de año y otros conceptos, derivados de la función pública ejercida por el accionante como miembro de la Junta Parroquial del Municipio Independencia del Estado Miranda, electo por votación popular por el periodo de cuatro (4) años, que culminó el 15 de agosto de 2005, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Igualmente, se puede verificar que la parte recurrente interpone su recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, en fecha treinta y uno (31) de mayo de 2006. De acuerdo a este punto es menester advertir, que el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece: ”Artículo 94: Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto” Con respecto al contenido del artículo anteriormente trascrito, se deduce que para intentar el respectivo Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, el mismo se debe interponer en un lapso no mayor a los tres (3) meses, contados a partir de la notificación del interesado, o a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a la acción, todo esto, en concordancia con lo establecido en los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La doctrina como la jurisprudencia han insistido o reiterado de manera pacifica, que la disposición contenida en el precitado artículo 94, establece un lapso de caducidad, lo cual exterioriza que nos encontramos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, ya que el mismo transcurre o se cumple fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción de la acción del derecho que se pretende hacer valer, por lo que la acción ha de interponerse ante del vencimiento del lapso establecido ex lege. Así las cosas, se observa que el ciudadano LEONCIO CARLO ALEMÁN, cesó en sus funciones como miembro de la Junta Parroquial del Municipio Independencia del Estado Miranda el 15 de agosto de 2005, lo que hace concluir a este sentenciador que desde la fecha en que el querellante culminó en sus precitadas funciones hasta la fecha de la interposición del recurso, transcurrieron nueve (9) meses y dieciséis (16) días; por tanto, manifiesta este Tribunal que el recurrente, al considerar lesionados sus derechos e intereses legítimos, debió intentar el correspondiente recurso dentro del lapso de tres (3) meses contados desde el día siguiente al que concluyó en sus funciones en la expresada Junta Parroquial, tal como lo establece el artículo 94 eiusdem, de allí que al evidenciarse que el recurso funcionarial fue interpuesto fuera del señalado lapso, el mismo es extemporáneo por operar la caducidad. Así se decide. D E C I S I O N Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano LEONCIO CARLO ALEMÁN contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA, todos identificados en autos. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil siete (2007).- Años:196º de la Independencia y 148º de la Federación.- JUEZ PROVISORIO, DR. EDGAR MOYA MILLAN LA SECRETARIA, Abg. MARIANA GAVIDIA JUÁREZ En esta misma fecha, siendo las 12:00 m.; se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, Exp. 5372/EMM