REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE JUICIO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA

Barquisimeto, 08 de agosto de 2008
Años: 198° y 149°

ASUNTO PRINCIPAL: KPO1-P-2005-002599.-

Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del ciudadano DIXOMBER RAFAEL DURÁN SILVA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 15.306.255, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, efectuada por el Defensor Privado del acusado de autos, este Tribunal observa:

Al precitado encausado le fue decretada en fecha 30/01/05 Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos, quedando el mismo detenido en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental a órdenes del Juzgado de Control Nº 7 de este Circuito Judicial Penal, medida ésta que se mantiene vigente hasta el día de hoy y con relación a la cual el Ministerio Público jamás solicitó que de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal se prorrogara por un tiempo menor a la pena mínima del delito.

Esta Juzgadora tomando en consideración el pedimento formulado por la Defensa Técnica así como de la revisión efectuada a las actas que constituyen la presente causa, para decidir observa:

Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por este Juzgado en su debida oportunidad.

Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen.

Este Tribunal considera para decidir la revisión de la Medida solicitada por la Defensa Técnica, que desde el 30/01/05 hasta el día de hoy han transcurrido tres (03) años, seis (06) meses y ocho (08) días continuos en los que el justiciable ha estado sometido a medida de privación de libertad, sin que exista en su contra sentencia definitivamente firme ya que ni siquiera se ha constituido el Tribunal Mixto que habrá de juzgarlo debido a la inasistencia de los candidatos a escabinos llamados para ser jueces.

Ciertamente ha habido múltiples diferimientos para la realización de los actos procesales que analizados en fase de control no son atribuibles exclusivamente a la actitud de la Defensa o del hoy Acusado, además de ello en fase de juicio la actividad jurisdiccional se ha visto menguada debido a la imposibilidad de constituir el Tribunal Mixto a consecuencia de las múltiples excusas presentadas por los Jueces no Profesionales, así como al impedimento devenido de decisión Nº 1918 de fecha 19/10/07 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que impide a los jueces asumir el poder jurisdiccional y prescindir de los Tribunales Mixto.

Por otra parte es evidente que la medida de coerción personal privativa de libertad ha tenido una vigencia aproximada y superior a tres (03) años, y en los que el Ministerio Público jamás ha solicitado la prórroga para su permanencia, con lo cual la misma resulta inusitada y violatoria de los derechos fundamentales del procesado de autos, ya que éste no ha dado causa exclusiva en alguna oportunidad para la paralización indefinida de la actividad procesal y sin que hasta los momentos conste en autos la configuración de peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

En tal sentido, se declara la PROCEDENCIA de la solicitud de revisión de Medida de Privación de Libertad decretada en contra del ciudadano DIXOMBER RAFAEL DURÁN SILVA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 15.306.255, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos, y se ordena sus sustitución por la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad contenida en el artículo 256 ordinales 3°, 4° y 9º del Código Orgánico Procesal Penal, quedando el mismo obligado a presentarse una vez cada treinta (30) días por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal, a no ausentarse del país sin la debida autorización del Tribunal y a concurrir a los actos de la presente causa que requieran su presencia.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara CON LUGAR la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad incoada por el Abogado Nelson Mujica Defensor Privado y Acuerda su SUSTITUCION por otra meno gravosa, a favor del ciudadano DIXOMBER RAFAEL DURÁN SILVA, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 15.306.255, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 256 ordinales 3°, 4° y 9º del Código Orgánico Procesal Penal, quedando el mismo obligado a presentarse cada treinta (30) días por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal, a no ausentarse del Estado Lara sin la debida autorización del Tribunal y a concurrir a los actos de la presente causa que requieran su presencia.

Notifíquese a las partes de la presente decisión. Líbrese oficios a los organismos informándose acerca de la prohibición de salida del país ordenada en esta causa. Líbrese boleta de libertad dirigida al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental. Regístrese. Cúmplase.

LA JUEZA TERCERA DE JUICIO,


ABG. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA.


LA SECRETARIA,


ABG. YAZMILA VERACIERTO MARCANO.

Carmenteresa.-/