REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DÉCIMO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. 0434-07

En fecha 17 de diciembre de 2007, la abogado YLENY DURÁN MORILLO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.732, actuando como apoderada judicial de los ciudadanos PABLO BELISARIO AMAYA, HUGO MARTIN GRIMAN DÍAZ y ALVARO JESÚS PEÑA PÉREZ, titulares de la cédula de identidad números 6.021.103, 7.024.943 y 12.480.107, respectivamente, consignó ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, Distribuidor de los órganos jurisdiccionales Contencioso Caracas, escrito contentivo de Amparo Constitucional contra VENGAS S.A., en razón del alegado incumplimiento de la providencia administrativa Nº 179-2007, de fecha 22 de junio de 2007 emanada de la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Nuñez Tenorio” con sede en Guatire Estado Miranda, específicamente suscrita por la Inspector del Trabajo Jefe Lisbeth Josefina Bello Arvelo. Previa distribución realizada en fecha 18 de diciembre de 2007, al ser asignada dicha causa a este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, fue recibida el 19 del mismo mes y año. Así mismo fue consignado por la representación judicial de la parte actora, mediante escrito de fecha 7 de enero de 2008, copias certificadas de documentos relacionados con la presente causa. Correspondiéndole a este órgano jurisdiccional pronunciarse respecto de la admisión del presente amparo, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pasa este Tribunal a hacerlo para lo cual realiza las siguientes consideraciones:
I
DEL AMPARO
Los actores fundamentaron el amparo ejercido sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señalan que ingresaron a la empresa Vengas S.A., en fechas 09 de agosto de 1999, 19 de julio de 2004 y 07 de julio de 2000, respectivamente, ejerciendo el cargo de conductores de gandolas. Posteriormente, en fechas 16 de noviembre de 2006, afirman que fueron despedidos los ciudadanos Pablo Belisario Amaya y Hugo Martín Grimán Díaz Álvaro, respectivamente, y, posteriormente el 17 de noviembre de 2006, el ciudadano Jesús Peña Pérez. Expresa la apoderada judicial de los actores que no se encontraban incursos en causal de despido según el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo por estar amparados en la inamovilidad laboral prevista en los artículos 425 ejusdem, en razón de ser firmantes y apoyantes de la Proyectada Organización Sindical Profesional de Trabajadores Bolivarianos de Empresas Distribuidoras de Gas licuado de Petróleo, similares, conexos y afines de Venezuela (OSPROTRABODIGAS). Afirman que, además, se encontraban protegidos por la referida inamovilidad laboral conforme al artículo 520 ejusdem por haber presentado el 21 de febrero de 2007 por ante la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Nuñez Tenorio” con sede en Guatire, Estado Miranda el Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo de esa misma organización sindical para su discusión conciliatoria con la empresa VENGAS, S.A.
En tal sentido, en virtud del despido realizado a los ciudadanos antes mencionados, los mismos señalan que acudieron a dicha Inspectoría del Trabajo para solicitar su reenganche y el pago de los salarios caídos, en base al salario mensual de tres millones novecientos noventa y seis mil ciento veintiséis con veinte céntimos (Bs. 3.996.126,20), cuatro millones cuatrocientos siete mil novecientos noventa y seis con cero céntimos (Bs. 4.407.996,00) y tres millones ochocientos dos mil quinientos diez con cero céntimos (Bs. 3.802.510,00), respectivamente. Relatan en su escrito libelar que, posteriormente, dicha solicitud fue admitida, realizándose el acto de descargo, la promoción y evacuación de pruebas de las partes, tal como consta del expediente Nº 030-2006-01-00697 y luego, el 22 de junio de 2007, señalan que la mencionada Inspectoría dictó Providencia Administrativa Nº 179-2007, mediante el cual se ordenó a la referida empresa VENGAS, S.A., el reenganche y el pago de los salarios caídos desde la fecha de los despidos hasta la definitiva readmisión en la empleadora.
Arguyen los actores que, una vez notificada la empresa de la orden de reenganche y el pago de los salarios caídos, ésta hizo caso omiso a tal Providencia Administrativa tal como, según afirman, consta en actas de ejecución de fechas 20 de agosto de 2007 y 1º de octubre del mismo año. En tal sentido, en virtud de dicho incumplimiento afirman que la empresa en cuestión fue sancionada mediante providencia administrativa Nº 0516-2007 del 21 de noviembre de 2007. Posteriormente, los mencionados ciudadanos afirman que solicitaron al Servicio de Fuero Sindical de las tantas veces mencionada Inspectoría del Trabajo “José Rafael Nuñez Tenorio”, que iniciara el procedimiento de multa en contra del patrono. Dicho procedimiento resultó, conforme narran los actores, en la imposición de la respectiva multa sin que la tantas veces referida empresa diese cumplimiento a lo ordenado mediante la Providencia Administrativa Nº 179-2007.
Al respecto, señalan que se violó la inamovilidad que gozan los trabajadores, tal como se establece en los artículos 425, 450 y 453 en cuanto a la calificación de despidos de la Ley Orgánica del Trabajo. Arguyen además la violación de los artículos antes mencionados, así como del artículo 639 de la misma Ley y, particularmente, el artículo 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el deber que tienen todas las personas de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y demás actos que, en ejercicio de sus funciones, dicten los órganos del Poder Público.
En tal sentido, la parte actora solicita se decrete medida de Amparo Constitucional en virtud de los hechos antes mencionados, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Finalmente, los actores solicitan que se conozca y decida la solicitud del presente Recurso, así como también se decrete la medida de amparo constitucional; además intima y estima el presente recurso de amparo constitucional en la cantidad de ochocientos millones de bolívares (Bs. 800.000.000,00).
II
DE LA COMPETENCIA

Como punto previo debe este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital pronunciarse acerca de la competencia para conocer de la presente causa, y al respecto observa que en el caso de autos se pretende el cumplimiento inmediato de la Providencia Administrativa, “que ordenó el reenganche y pagos de salarios caídos a favor de mis mandantes en base bolívares TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISÉIS CON VEINTE CÉNTIMOS (3.996.126,20), MENSUALES, CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CÉNTIMOS (4.404.996,00) MENSUALES, TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CÉNTIMOS (BS. 3.802.510,00) MENSUALES, así como su reenganche a su lugar habitual de trabajo, en las mismas condiciones en las que lo desempeñaba para la fecha de su ilícito despido, tal como aparece expresado en el Fallo Administrativo que dio origen al presente recurso”. Así como también, estima en la cantidad de ochocientos millones de bolívares (Bs. 800.000.000,00), para que se condene a cancelar a la empresa VENGAS, S.A.
En tal sentido, considera necesario este Sentenciador referir a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo encabezamiento establece lo siguiente:

“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violadas o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.”

En este mismo orden de ideas, mediante la sentencia “Emery Mata Millán” emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de enero de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera Romero, se reordenó la distribución competencial de la jurisdicción en materia de amparo constitucional en virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. En dicha sentencia, con relación a la competencia en primera instancia de los demás órganos jurisdiccionales diferentes a la Sala Constitucional, se estableció lo siguiente:

“Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:
(…omisis…)
3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta”. (Destacado de este Tribunal)”

Por otra parte, es menester destacar, que la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 3517, de fecha 14 de noviembre de 2005 (Caso: Belkis López de Ferrer), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.328 de fecha 05 de diciembre de 2005, estableció que:

“(…) actualmente el conocimiento de los recursos de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala N° 3.093 del 18 de octubre de 2005) (…)”.

Ahora bien, visto que la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia, atribuyó en primer grado de jurisdicción, a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales para conocer de los recursos contenciosos administrativos de nulidad interpuestos contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo y, en apelación, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, resulta consecuente que, en casos de amparos constitucionales relacionados con actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, también corresponde a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales con competencia en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde fue dictado el acto administrativo impugnado o donde funcione el ente u órgano de la Administración Pública que dictó dicha Providencia Administrativa. En el caso de marras se observa que, como ya ha sido señalado, la pretensión del accionante tiene por objeto la orden de dar cumplimiento con el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 012-04 de fecha 23 de diciembre de 2003 emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda. Por lo tanto, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara su competencia para conocer, en primer grado de jurisdicción el presente amparo constitucional. Así se declara.
Determinada como ha sido la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la presente causa, corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto de la admisibilidad del presente Amparo.

III
DE LA ADMISIBILIDAD

Ahora bien, por cuanto la pretensión procesal de que los órganos jurisdiccionales ordenen el cumplimiento de lo establecido en una Providencia Administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo mediante la vía de amparo constitucional ha ido sometido a diferentes criterios jurisprudenciales, considera este Tribunal pertinente traer a coalición la sentencia Nº 2308 del 14 de diciembre de 2006, con ponencia de la Magistrado Carmen Zulueta de Merchan, que a texto expreso establece lo siguiente:
“…Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia…”. (Negrillas de este Sentenciador)

De manera que, se observa que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional ha reconocido la eventual admisibilidad y procedencia del amparo constitucional “…sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional (…) que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia (…) en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión”; lo cual se trata, al decir de dicha Sala, “…de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia” aceptando, por ende, que “La valoración del caso concreto se hace indispensable…”. En tal sentido, este Tribunal analizando las causales de inadmisibilidad de amparo constitucional, observa que la misma no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales, específicamente: que haya cesado la violación o amenaza del derecho o garantía constitucional; que las amenazas contra el derecho o garantía no sean inmediatas, posibles o realizables por el presunto agraviante; que las situaciones sean irreparables que impidan el restablecimiento de la situación jurídica infringida; que la violación haya sido consentidas expresa o tácitamente por el presunto agraviado; que existan recursos a otros medios judiciales idóneos para amparar la violación o amenaza de violación; que se trate de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia; que los derechos o garantías constitucionales presuntamente violados o amenazados hayan sido suspendidos o restringidos; y que esté pendiente alguna decisión de una acción de amparo en relación con los mismos hechos.
En consecuencia, por cuanto dicho amparo constitucional interpuesto cumple con los presupuestos procesales establecidos en la norma antes mencionada este Tribunal admite el presente amparo en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Y así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara:
1.- COMPETENTE para conocer de la presente amparo constitucional ejercido por la abogado YLENY DURÁN MORILLO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.732, actuando como apoderada judicial de los ciudadanos PABLO BELISARIO AMAYA, HUGO MARTIN GRIMAN DÍAZ y ALVARO JESÚS PEÑA PÉREZ, titulares de la cédula de identidad números 6.021.103, 7.024.943 y 12.480.107, respectivamente, en contra de la empresa VENGAS S.A.
2.- ADMISIBLE el presente amparo autónomo. En consecuencia, se ordena:
2.1. Citar a la empresa VENGAS, S.A., en su carácter de presunto agraviante, en la persona de cualquiera de los ciudadanos Douglas Machado, Laureano Matos, Alfonso Colmenares o Meiber Beatriz Quintero Sánchez, en su condición de Presidente, Vicepresidente, Director de Relaciones Humanas y apoderada judicial de la empresa, respectivamente; notificar a los ciudadanos PABLO BELISARIO AMAYA, HUGO MARTIN GRIMAN DÍAZ y ALVARO JESÚS PEÑA PÉREZ, ya identificados, en su carácter de presuntos agraviados; y notificar al Ministerio Público; para que concurran al tribunal a conocer el día y hora en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su practica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. En dicha audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante este tribunal a fin de que decida si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, decidiéndose en ese momento la admisibilidad de las mismas, todo lo cual se recogerá en un acta. En tal sentido se deja constancia que la falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y la falta de comparencia de los presuntos agraviados dará por terminado el procedimiento. Asimismo, se deja constancia que cualquiera de los litis consortes activos que concurran a los actos, representará al consorcio. Igualmente podrá decidirse inmediatamente en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo; el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-
El Juez,
El Secretario,


EDWIN ROMERO
MAURICE EUSTACHE
Exp. Nº 0434-07




En fecha 14/01/2008, siendo las 03.00 p.m., se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 002-2008.

El Secretario,


MAURICE EUSTACHE

Exp. Nº 0434-07