TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de Puerto Cabello
Puerto Cabello, 7 de Enero de 2008
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : GP11-S-2004-000844
ASUNTO : GP11-P-2004-000076

Revisión de Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad.

Corresponde a este Tribunal, conocer acerca de la solicitud formulada por la ciudadana: Irma Trompiz, portadora de la cédula de identidad personal N° 3.600.889, quien indica actuar como progenitora del ciudadano acusado: Yon Luís Baptista Trompiz, el cual guarda relación con el asunto distinguido con la nomenclatura alfa numérica: GP11-P-2004-000076, de las llevadas por este Despacho, en la cual requiere lo siguiente:

“…a los fines de solicitar sea revisada la Medida Privativa que le fuese impuesta a mi hijo: Yon Luís Baptista, …y a su vez solicitar que dicha medida privativa sea sustituida por una Medida Cautelar…que si bien es cierto que existe un delito el cual ha dado origen a este proceso, no es menos cierto que a mi hijo no se le acusa de ser el autor material de dicho delito…” (Sic Omissis)

Planteado el asunto en los términos que preceden, observa quien decide que la solicitud se circunscribe a requerir de este Despacho una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a favor del ciudadano acusado, y con fundamento en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y no obstante este Tribunal procedió a Revisar de Oficio la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad que pesa sobre el acusado de autos, en fecha 26 de noviembre de 2007, procede a la revisión requerida de la siguiente manera.

El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otros menos gravosa. La negativa tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación. (Sic)

Este artículo contiene dos instituciones distintas pero íntimamente relacionadas: a) la revisión de la medida cautelar de prisión provisional a solicitud del imputado o acusado, la cual puede ser solicitada por el interesado en cualquier momento mientras la medida se mantenga; y b) el examen de la medida de oficio por el juez, como obligación que le impone realizar inexcusablemente tres meses, mientras la medida de prisión dure.

En estricto cumplimiento al deber impuesto por la norma antes citada, procede esta juzgadora a examinar la necesidad del mantenimiento de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, que pesa sobre el acusado: Jhon Luís Baptista Trompiz, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, nacido el ocho (08) de junio de 1985, de 22 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio mecánico, hijo de Emma Graciela Trompiz, y de Luís Francisco Baptista, portador de la cédula de identidad personal N° 18.354.706, residenciado en Nueva Taborda, primera calle, casa 125, Puerto Cabello, Estado Carabobo, actualmente recluido en el Internado Judicial de Carabobo, y al respecto considera oportuno realizar la siguiente consideración:

Desde el Preámbulo, la Constitución reconocer la Libertad Personal, como uno de los bienes que deben ser consolidados por la República, el cual, por cierto es colocado de primero dentro de una lista integrada por otros que no dejan de tener también gran significación, a los que no obstante encabeza.

El artículo 1 de la Constitución, al proclamar el carácter de nuestra República, entre los intereses en que fundamenta su patrimonio moral también enuncia en primer lugar el de la libertad. Pero no es esta la única de las normas de la Ley la Ley Máxima que lo consagra. Así tenemos que entre otras cosas, la libertad también se instituye expresamente en aquella utilizada para establecer el modelo político del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que se ha proclamado para nuestra nación. Ello obedece a que uno de los derechos en que se sustenta de manera primordial el Estado Democrático está el de la dignidad humana, del cual se deriva el que nos ocupa, el de la libertad. La propia Constitución de la República, entre los fines esenciales que le asigna al Estado incluye el de la defensa, desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, en virtud de lo cual se propone garantizarla en todas sus formas de manifestarse, tal como lo consagra el artículo 3 Constitucional. Y es en razón de esto que el numeral 2 del artículo 46 de la aludida Ley Fundamental establece que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente, propia del ser humano.

De lo anterior, se deriva la disposición contenida en el artículo 10 del Código Orgánico procesal penal cuando establece que “ en el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella derivan (en este caso, la libertad). Así mismo, otro de los pilares del Estado democrático es el derecho de igualdad ante la ley, el cual al proscribir toda clase de discriminación, persigue evitar la anulación o menoscabo de las libertades de las personas. (Artículo 21 de la Constitución Nacional).

Precisamente, una manera de asegurar el respeto de este derecho de libertad es declarar la supremacía de la ley que lo consagra (La Constitución) sobre cualquier otra cosa (Estado de Derecho), y de la sujeción de todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público a dicha Ley Suprema, artículo 7 de la Constitución, porque a través de ella se le impone al Estado el deber de garantizar a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable e indivisible de dicho derecho, obligando específicamente a sus órganos a preservarlo y respetarlo a toda costa.

De lo expuesto, se advierte que la libertad es un derecho humano primordial, y la Constitución ha dispuesto una manera de instrumentar la protección de la libertad dentro del proceso penal, a través del derecho a la tutela judicial efectiva. Hoy en día, el proceso penal debe ser una vía para garantizar en concreto todos los derechos de los sujetos que intervienen en ella. El imputado o acusado, es uno de esos sujetos, quizá el que más necesita de mayor tutela, porque es aquel contra el cual la ley autoriza el ejercicio del poder penal. Es por tanto el sujeto que amerita de un escudo de protección de ese gran poder, y, en tal sentido, una de las formas de lograr esa tutela, y de tratar de evitar que le dañe esa desigualdad, que de suyo tiene frente a la persecución pública, es la posibilidad de disponer de la garantía del derecho de máxima libertad dentro del proceso.

Todo lo expuesto anteriormente, encuentra un desarrollo específico en el artículo 44 de la Constitución. En esta norma se proclama luego de la indemnidad del derecho a la vida, la inviolabilidad del derecho a la libertad, disponiendo como principio general a favor de cualquier persona su juzgamiento en libertad, es decir, el favor libertatis, Una ratificación instrumental de este principio, es el numeral 8 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, que le concede el derecho al imputado de “ pedir que se declare anticipadamente la improcedencia de la privación preventiva judicial de libertad”.

La única excepción que incorpora la disposición Constitucional a este principio, a través de una medida que la restrinja o limite, es aquella que la ley reglamenta en particular, tomando en cuenta la proporcionalidad de la misma, dentro de la cual existen las barreras de la temporalidad y provisionalidad, bajo una interpretación judicial restrictiva, apegada al caso concreto.

En tal sentido, parte de la prealudida reglamentación general del principio de libertad durante el proceso penal está contenida entre otros en los siguientes preceptos del Código Orgánico Procesal Penal: Artículo 9, que establece: Afirmación de Libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente…”

El artículo 243, que dispone:

Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código.
La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. (Sic. Negrillas y subrayado propio)

Por su parte, el artículo 247, preceptúa:

Interpretación. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.” (Sic. Negrillas y subrayado propio)

De las normas transcritas se desprende lo siguiente:

Primero: La libertad del imputado dentro del proceso es un derecho fundamental de ineludible respeto por parte de los operadores de justicia, y, es a la vez un principio de aplicación general a todos los casos.

Segundo: El principio general de libertad del imputado, durante el proceso, como todo derecho fundamental, tiene sus limitaciones, que pueden estar previstas solo en el cuerpo legal, tales como las medidas que la privan total (privación judicial preventiva de libertad o detención domiciliaria) o parcialmente (las demás medidas sustitutivas), las cuales para ser aplicadas a una situación en particular, han de ser a consecuencia de una interpretación restrictiva.

Tercero: Está por ende prohibida cualquier interpretación, amplia, extensiva o en todo caso, analógica, perjudicial al perseguido, es decir, pretender subsumir inconstitucionalmente unos hechos a los extremos legalmente establecidos para decretar la privación o restricción de la libertad, porque una medida así sería para dañar tan sagrado derecho. Ello iría totalmente en contra del Estado de Derecho, por violación del principio de legalidad, que vincula y obliga a todo Juez a apegarse a las exigencias legales.

Cuarto: En definitiva, la aplicación de la privación judicial preventiva de libertad es marcadamente excepcional, dado que está condicionada a que las medidas sustitutivas de libertad sean insuficientes para asegurar las finalidades de un proceso en particular.

De manera pues, que las medidas de coerción personal, como la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad es excepcional, es un medio para el logro de unos fines, los de un proceso en particular. No tiene por tanto, una naturaleza sancionatoria, pues no son penas, sino instrumental y cautelar, dado que solo se les admite siempre que sean necesarias para evitar que ciertos peligros perturben el esclarecimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva en un caso penal concreto. Ello obedece a que tal medida de coerción personal, en el curso de un proceso penal, no ha de ser vista como una pena, porque el estado de inocencia prohíbe algo así, sino como un mecanismo o remedio extremo que es aplicado anticipadamente sólo cuando sirve para asegurar fines estrictamente procesales en un caso concreto.

En tal sentido, la presunción de inocencia coexiste con la detención preventiva, ya que uno de los principios generales de toda sociedad es que sus integrantes pueden sufrir injerencias en sus derechos fundamentales. La particularidad de la intervención en dichos derechos que representa la prisión preventiva, es que ésta solamente puede ser ordenada por vía excepcional y en casos muy específicos establecidos por la ley.

Sin embargo, debe indicarse que las diversas convenciones sobre Derechos Humanos y principios sobre la Administración de Justicia aprobados internacionalmente, en los que se prevé la presunción de inocencia, se permite también la privación de libertad de imputado durante el proceso, lo que plantea el reconocimiento simultáneo de los institutos de la privación preventiva y de la presunción de inocencia, haciendo necesario que por el principio de coherencia del orden jurídico deba buscarse una interpretación de la presunción de inocencia que lo haga compatible con la prisión preventiva. Lo anterior, no debe llevar a negar la influencia de la presunción de inocencia sobre la regulación de la prisión preventiva, sino más bien a resaltar como ésta encuentra límites producto de la presunción de inocencia.

De tal manera que, la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, sólo puede darse previa constatación en los casos particulares de los extremos previamente establecidos por el legislador, concretamente los pautados en el artículo 250 de la norma adjetiva penal, de allí que se indique que es de carácter taxativo, sin poderse considerar cualquier motivo extraño a estos, por cuanto significaría vulnerar todas las instituciones que establecen el debido proceso. Como consecuencia directa de la taxatividad, la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, es de derecho estricto ya que no existe interpretación analógica alguna de los supuestos para su procedencia, por lo que el juzgador no podrá crear por la vía de la interpretación, causales diferentes a las prescritas. Más sin embargo, esta característica no excluye toda interpretación que el Juzgador deba hacer para apreciar los extremos establecidos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que el peligro de fuga o la obstaculización de la investigación son cuestiones de hecho que deben ser apreciadas según las pruebas producidas en cada caso, a través de la sana critica, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia; sin de dejar de considerar que el Legislador impone presunciones juris tamtum de fuga y de obstaculización.

En relación con la privación preventiva de Libertad, es oportuno, citar el criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia dictada por el Magistrado Ponente Dr. José Manuel Delgado Ocando, de fecha 19 de marzo de 2004, Expediente 03-1757, que al respecto indicó:

“…En efecto, conforme a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, el artículo 44, numeral 1, in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho de todo aquel a quien se le impute la participación en un hecho punible, a permanecer en libertad durante el proceso; y remite, como excepción a tal regla, a “ las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” En este sentido, entre los principios y garantías procesales que prevé el Código Orgánico Procesal Penal en sus primeros 23 artículos, destaca la afirmación de libertad, contenida en el artículo 9 eiusdem, que establece el carácter excepcional, la interpretación restrictiva y la aplicación proporcional de las normas del referido Código que autoricen preventivamente la privación o restricción de la libertad, caracteres estos que se encuentran desarrollados, especialmente en los artículos 243, 244 y 247 eiusdem, de modo que la privación preventiva de libertad, que puede calificarse de subsidiaria según el aparte único del artículo 243 de la ley procesal penal, procede cuando concurran los supuestos establecidos en el artículo 250 eiusdem. Pese a lo anterior, cabe destacar que “ establecida la libertad como regla en el proceso penal, resulta procedente también (…) por vía excepcional, la necesidad de recurrir a medidas de coerción personal, precautelativas, que están destinadas a evitar que se vean frustradas las exigencias de la justicia y que inciden en la libertad del movimiento del imputado o que limitan el pleno goce de los derechos que la Constitución y las leyes le acuerdan” ( Cf. Arteaga Sánchez, Alberto. La Privación de Libertad en el Proceso Penal Venezolano. Caracas. Livrosca, 2002, pp 16-17). Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado ( Sentencia n° 2608/2003 del 25 de septiembre, caso: Elizabeth Rentaría Parra).
Ahora bien, las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a las disposiciones que con relación a la materia establece el Código Orgánico Procesal Penal y mediante una resolución judicial fundada, susceptible de impugnación a través del recurso de apelación de autos, y una vez confirmada, el procesado puede solicitar su revisión, de acuerdo con el artículo 264 del referido Código. Ciertamente, la negativa del juez de sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa no es recurrible mediante la apelación, sin embargo, la norma mencionada impone al Juez la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida; por su parte, el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa, las veces que lo considere pertinente…” (Sic Omissis)

En estricto cumplimiento al deber impuesto por la norma antes citada, procede esta juzgadora a examinar la necesidad del mantenimiento de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, que pesa sobre el acusado: Jhon Luís Baptista Trompiz, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, nacido el ocho (08) de junio de 1985, de 22 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio mecánico, hijo de Emma Graciela Trompiz, y de Luís Francisco Baptista, portador de la cédula de identidad personal N° 18.354.706, residenciado en Nueva Taborda, primera calle, casa 125, Puerto Cabello, Estado Carabobo, actualmente recluido en el Internado Judicial de Carabobo, y al respecto observa:

1.- En fecha 02 de mayo de 2004, le fue decretada al acusado de autos, ciudadano: Jhon Luís Baptista Trompiz, Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado en grado de Complicidad, sancionado en el artículo 408 ordinal primero del Código Penal venezolano vigente para la fecha de los hechos, en concordancia con el artículo 84 ordinales 1° y 3° ejusdem, tal como se desprende del acta de audiencia especial de presentación la cual corre inserta desde el folio 80 al 84 de la primera pieza de las actuaciones.

2.- En fecha 14 de junio de 2004, fue presentada la acusación por parte de la Representación Fiscal en contra de los ciudadanos: Julio Alberto Reaño Valencia, por la presunta comisión del delito de: Homicidio Calificado en grado de cooperador inmediato, y contra: Jon Luís Baptista Trompiz, por la presunta comisión del delito de: Homicidio Calificado en grado de complicidad, en perjuicio del ciudadano: Martin Alexander Anderson, tal como se desprende del contenido de la misma que corre inserta desde el folio 173 al 180 de la primera pieza de las actuaciones. En fecha 15 de junio de 2004, fue fijada la audiencia preliminar para el día 14 de julio de 2004, tal como se evidencia del auto que corre inserto al folio 181 de la primera pieza de las actuaciones.

3- En la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar en la cual se ordenó la apertura a Juicio Oral y Público en contra de los ciudadanos: Homicidio Calificado en grado de cooperador inmediato, y contra: Jon Luís Baptista Trompiz, por la presunta comisión del delito de: Homicidio Calificado en grado de complicidad, en perjuicio del ciudadano: Martin Alexander Anderson, tal como se evidencia del acta que riela desde el folio 229 al 238 de la segunda pieza de las actuaciones.

4.- Consta en las actuaciones que en fecha 30 de Junio de 2005, se recibió oficio suscrito por el Director del Internado Judicial de Carabobo en el cual informa al Tribunal de Juicio 2 que el ciudadano acusado Jon Luís Baptista, no fue trasladado al Tribunal en fechas 25-04-05; 06-05-05 y 23-05-05, en virtud de que el mismo se negó a la requisa de parte de la Guardia Nacional, el referido oficio riela al folio 163 de la tercera pieza de las actuaciones.

5.- Que se encuentra fijado el Juicio Oral y Público para el día 21 de diciembre de 2007, oportunidad en la cual no se realizó en virtud del receso judicial por las vacaciones decembrinas.

6.- Que el caso sub examine, se trata en particular de la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado, lo que sin duda a juicio de quien suscribe, acredita la magnitud del daño causado, lo que hace presumir que el acusado pueda sustraerse a la acción de la justicia poniendo en peligro el desarrollo total del juicio previo, todo ello sobre la base de una presunción razonable de peligro en la demora periculum in mora, y del derecho que se reclama o fumus bonus iuris, de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

De manera pues que en el caso concreto, se observa con claridad el motivo de la Medida de Privación Preventiva de Libertad, además de constatarse por parte de quien decide, que no han variado las circunstancias que motivaron al Juez de Control para dictar la referida medida de coerción personal, lo que hace presumir que las resultas del proceso no pueden ser satisfechas a través de la imposición de una medida menos gravosa, en consecuencia esta Juzgadora luego de la revisión y examen de la medida, acuerda mantener la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad. Así se decide.

DISPOSITIVA

Con fundamento a lo expuesto con anterioridad, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio 1del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Declara sin lugar la solicitud efectuada por la ciudadana: Irma Trompiz, como progenitora del ciudadano acusado: Yon Luís Baptista Trompiz; Segundo: Mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del acusado: Jhon Luís Baptista Trompiz, venezolano, natural de Puerto Cabello, Estado Carabobo, nacido el ocho (08) de junio de 1985, de 22 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio mecánico, hijo de Emma Graciela Trompiz, y de Luís Francisco Baptista, portador de la cédula de identidad personal N° 18.354.706, residenciado en Nueva Taborda, primera calle, casa 125, Puerto Cabello, Estado Carabobo, actualmente recluido en el Internado Judicial de Carabobo, Tercero Notifíquese a las partes de la presente decisión y al acusado a través de Oficio dirigido al Director del Internado Judicial de Carabobo. Cúmplase.

Anna María Del Giaccio Celli.
Juez Titular en Funciones de Juicio 1
Del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo,
Extensión Puerto Cabello.

El Secretario,

Abogado. José Camacho.

AMDGC/amdgc
GP11-P-2004-000076.