REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, Dieciséis de julio de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO: KP02-O-2008-000079 La parte actora ciudadano GIOVANNY ANTONIO DAZA CRESPO, asistido por la Abogada en ejercicio RUTH MERY RUIZ, concurre ante este órgano jurisdiccional y alega que es arrendatario de un local ubicado en la carrera 24 entre Calles 28 y 29, Parroquia Concepción del Municipio Iribarren del Estado Lara, desde hace aproximadamente Veinte (20) años, entre la Sra. Arrendadora ciudadana ESTHER JOSEFINA VARGAS, durante el año 1996, la ciudadana ESTHER JOSEFINA VARGAS, manifestó su intención de que firmarán un contrato y así lo hicieron el día 15 de Marzo del año 1996, donde se puede apreciar el tiempo durante el cual ha permanecido alquilado en el mismo local y donde la arrendadora es la misma persona hasta los actuales momentos sin ningún contratiempo, hace dos (02) se inicio un juicio de desalojo en contra de los ciudadanos Jesús Maria Vargas y Esther Josefina Vargas, arrendadora porque existía una deuda a favor del ciudadano Víctor Manuel Salas Aguilar, por un monto de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.00,00), que pesaba sobre el inmueble bajo la modalidad de una venta con pacto retracto, esto puede evidenciar en el expediente signado bajo el Nº KP02-V-2005-2738, que cursa en el Juzgado Tercero Civil del Estado Lara, cuya ejecución se realizó por el Juzgado Cuarto del Municipio Ejecutor en fecha 28-02-2008, bajo el expediente signado bajo el Nº KP02-C-2007-1718; según oficio Nº 0902008, tal situación le afecta, por lo cual le han vulnerado sus derechos e intereses, y además resulto siendo el único afectado ya que en un primer momento todos los inquilinos fueron desalojados y hoy por hoy todos los inquilinos han vuelto a ocupar sus espacios alquilados, volviendo todo para ellos a la normalidad, y hasta la ciudadana Esther Josefina Vargas, regreso a ocupar la casa, es por lo que se dirigió a hablar con ella ya volver al local, y de forma grosera, le dijo que no, acudió a la Oficia Administrativa agotando todas las citaciones que le hicieron a la ciudadana Esther Josefina Vargas, es por lo que considerando que agoto todas las vías administrativas y no logrando solventar la situación, es por lo que procede a intentar la presente acción de amparo, por violación al Artículo 49, numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el numeral 8° del Artículo 49 y 87 ejusdem, y el Artículo 42 de la Ley de Arrendamientos inmobiliarios. En fecha 13 de Mayo del año 2008, el Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la presente acción le solicitó al quejoso consignar copia certificada del juicio de desalojo. En fecha 20 de Junio del año 2008, el quejoso consigno copia simple del juicio de desalojo. A los fines de pronunciarse sobre la admisión este tribunal observa: La primera función a cumplir por el sentenciador constitucional, es la de determinar si la acción intentada es admisible de conformidad con los limites trazados por la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y a lo establecido por la jurisprudencia en materia constitucional. El objeto del proceso de amparo constitucional es la protección de derechos y garantías constitucionales. Esta es la finalidad de esta institución, ya que se trata de consagrar en el ordenamiento jurídico un proceso autónomo y algunos otros remedios adicionales para los procesos ordinarios (medidas cautelares) con la intención de agilizar la tutela judicial de los principios elementales de las personas. Del Artículo 65 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se desprende, que la acción de amparo sólo procede cuando no existe un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional. En otros términos, la admisibilidad de la acción de amparo queda condicionada a la inexistencia de otras vías procesales que permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida, correspondiendo al actor en tal caso, la carga de alegar y probar, bien la inexistencia de dichos medios, o bien la idoneidad e insuficiencia de los mismos. De manera tal que no basta que, el actor haga una simple mención de la inexistencia de otros medios procesales, ni que invoque suposiciones sobre sus vanos resultados por razones de urgencia, comodidad o economía, sino que es menester provocar en el Juez la convicción acerca de la ineficacia de tales vías procesales. Al respecto, afirma CABRERA ROMERO en la Sentencia dictada en el caso de SEGUROS CORPORATIVOS (SEGUCORP), contra la Superintendencia de Seguros emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de un mecanismo para proteger la situación jurídica de un ciudadano desde la perspectiva del goce y ejercicio de los derechos fundamentales que el acuerdo social ha incorporando a la Constitución para garantizar el orden público y la paz social, extendiéndose esta protección a los intereses difusos o colectivos en la medida que sea expresión de derechos fundamentales, no teniendo como objeto el reconocimiento de la existencia de los valores constitucionales, sino la restitución a la persona afectada en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Ahora bien, una vez entendido que la acción de amparo protege todos los derechos y garantías constitucionales contenidos o no en nuestro texto fundamental, es necesario resaltar que la jurisprudencia ha llegado a exigir que la violación del derecho o garantía constitucional denunciada sea flagrante, grosera, directa e inmediata. De tal manera se ha pronunciado la Sala Constitucional en sentencia del 31 de mayo de 2000 (INVERSIONES KINGLATAURUS C.A.), en la que se expresó lo siguiente: “En este orden de ideas debe insistirse que la acción de amparo constitucional está concebida como una Protección de derechos y garantías constitucionales estricto sensu, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdiese todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de legalidad. Lo que se plantea en definitiva es que la tuición del amparo esté reservada para restablecer situación que provenga de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna forma de las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se fundamenten en tales derechos y garantías”. Se ha establecido de igual forma en jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el carácter extraordinario de la acción de amparo, en el sentido, que además de la denuncia de violación de derechos fundamentales, que no exista "otro medio ordinario y adecuado", por haberse agotado los mismos, o sean inoperantes otras vías procesales que permitan la reparación del daño. Tal requisito procesal objetivo para la admisibilidad de la acción hace al amparo un medio o instrumento judicial que sólo puede ser admitido por el Juez, una vez verificado que los otros medios ordinarios no son eficaces o idóneos para restablecer la situación jurídica denunciada. Si existen esos medios el Juez debe abstenerse de admitir la acción de amparo propuesta. Se trata en todo caso, de la implementación de un medio expedito dirigido a proteger los derechos y garantías constitucionales contenidos en la Carta Magna, y de aquellos otros, que aún cuando no figuran en la misma, están considerados como inherentes a la persona humana Como puede observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos en que el particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario. Es decir, se ha tenido que interpretar extensivamente una causal de inadmisibilidad, en contra de los principios jurídicos más elementales, para dar cabida al requisito indispensable de equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás remedios judiciales. En el caso de autos, el actor en el escrito libelar, solicita a través de esta excepcional vía de amparo, se reestablezca la situación jurídica infringida por la ciudadana ESTHER JOSEFINA VARGAS, que no es otra que la restitución del goce y disfrute del inmueble ocupado por el accionante en amparo, del cual fue desalojado en ejecución de sentencia definitivamente firme, haciendo uso de la acción autónoma de amparo en sustitución de los medios y recursos procesales contemplados en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos e intereses de las partes, el cual no debe ser admitido, pues la reparación del gravamen que produce a las partes ha de procurarse mediante la utilización oportuna de las vías procedimentales o medios establecidos en la Ley. De otra manera, tal como lo tiene establecido la Sala, se llegaría a desnaturalizar su carácter extraordinario y podría llegarse a trastocar el sistema procedimental venezolano. Precisamente por esta razón, el legislador contempló entre los supuestos de inadmisibilidad, que el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias, o hecho uso de los medios judiciales preexistentes", hipótesis que consiste, según pacífica doctrina de ese Alto Tribunal, en la obligación que tienen los particulares de acudir a los medios o vías judiciales distintos al amparo, mediante los cuales pueda ser reparada o restablecida la alegada situación jurídica infringida. Ello, con la finalidad de evitar que el amparo reemplace, con menoscabo de la seguridad jurídica, las vías procesales existentes en nuestro sistema de Derecho Positivo. Por estas razones, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano GIOVANNY ANTONIO DAZA CRESPO contra la ciudadana ESTHER JOSEFINA VARGAS, ambos identificados en la parte superior del presente auto. El Juez., Abg. Harold R. Paredes Bracamonte La Secretaria., Abg. Luisa A. Aguero E. HRPB/LAAE/nancy