REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
Valencia, 23 de Julio del año 2008
198° y 149°
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
EXPEDIENTE: GH01-L- 2002-000089
DEMANDANTES:
ANTONIO JOSE MARIVAO MUÑOZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.827.563; ELY RAMON RUIZ URBINA , TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.065.450, JAIME JOSE GUEVARA FLORES, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.048.698; JAIRO ANTONIO OLIVA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.404.598; RAFAEL MONTOYA FLORES , TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.050.913; JOSE GREGORIO RODRIGUEZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.440.091; JOSE RAFAEL CRIOLLO ROA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUEMRO 14.514.754; JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.387.109; LUIS RAFAEL MOSQUERA MADRID, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.767.972; EDGAR ALCIDE RAMOS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.073.787, JOHNNI JOSE FUENTES APONTE, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 8.597.548; OSCAR EDUARDO VILLAMEDIANA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 4.875.806; GEORGE BENITO RIVAS LARCON, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 12.036.016; NELSON IVAN PEREZ NAVARRO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 13.235.139; ELISEO JOSE DIAZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.975.977; LEOBALDO RAMON JAIMES SILVA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 5.208.561; JULIO CESAR HIDALGO ROSALES, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.102.629; JULIO ARCELIO NAVAS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 11.279.267 Y LUIS OSCAR DIAZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.320.771, respectivamente.
APODERADOS:
CELENE ALFONZO MARÍN, FRANCISCO ALFONZO MARÍN Y ARELIS ACEVEDO MÚJICA, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 17.627, 54.825 y 61.756, respectivamente
DEMANDADO:
VENEPAL, C.A., (ANTES VENEPAL S.A.C.A.), inscrita por ante el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el día 20 de Abril de 1954, bajo el Nº 266, Tomo 1-G, cuyos estatutos has sido modificados varias veces, la última de cuyas modificaciones quedó inscrita por ante el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 29 de Septiembre de 1999, bajo el Nº 60, Tomo 205-A-Pro.
MOTIVO
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
Se inició la presente causa en virtud de sendas demandas interpuestas por los ciudadanos ANTONIO JOSE MARIVAO MUÑOZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.827.563; ELY RAMON RUIZ URBINA , TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.065.450 JAIME JOSE GUEVARA FLORES, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.048.698; JAIRO ANTONIO OLIVA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.404.598; RAFAEL MONTOYA FLORES , TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.050.913; JOSE GREGORIO RODRIGUEZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.440.091; JOSE RAFAEL CRIOLLO ROA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUEMRO 14.514.754; JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.387.109; LUIS RAFAEL MOSQUERA MADRID, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.767.972; EDGAR ALCIDE RAMOS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.073.787, JOHNNI JOSE FUENTES APONTE, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 8.597.548; OSCAR EDUARDO VILLAMEDIANA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 4.875.806; GEORGE BENITO RIVAS LARCON, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 12.036.016; NELSON IVAN PEREZ NAVARRO, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 13.235.139; ELISEO JOSE DIAZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 10.975.977; LEOBALDO RAMON JAIMES SILVA, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 5.208.561; JULIO CESAR HIDALGO ROSALES, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 7.102.629; JULIO ARCELIO NAVAS, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 11.279.267 Y LUIS OSCAR DIAZ, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NUMERO 9.320.771, respectivamente, contra la empresa VENEPAL, C.A., las cuales se presentaron de forma independiente por cada uno de los demandantes, pero que fueron acumuladas por auto del 16 de Noviembre de 2004, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Ahora bien, luego de revisadas las actas que conforman el expediente, este Tribunal pasa a pronunciarse en base a las consideraciones siguientes:
Constituye un hecho público, notorio y comunicacional que sobre la empresa demandada de autos, VENEPAL, C.A., ha recaído la declaratoria de quiebra emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con Competencia Nacional con sede en la ciudad de Caracas.
En consecuencia, a partir de tal fallo, la parte demandante ha debido solicitar el pago de los conceptos reclamados ante el juez del concurso, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se advierte que la última de las actuaciones realizadas por la parte demandante, bajo el contexto de la referida declaratoria de quiebra, lo constituyen las diligencias de fechas 07 de octubre de 2005, en cada caso fueron agregadas en las respectivas piezas separadas del presente expediente, a través de las cuales se solicitó se proveyera lo conducente a los fines de notificar al citado Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia nacional sobre la existencia de las demandas acumuladas en autos.
En consecuencia, por cuanto no aparece en autos ninguna actuación posterior tendente a dar impulso a las reclamaciones deducidas en la presente causa, en el sentido a que se contraen las previsiones relativas a los procedimientos en juicios concursales contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, surgen aplicables las disposiciones de los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según los cuales:
CITO”… Artículo 201.- “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención
Artículo 202.- “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser decretada de oficio por auto expreso del Tribunal… ” FIN DE LA CITA
A este respecto se ha pronunciado la Sala Constitucional, ponente: Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, CASO: YVAN RAMON LUNA VASQUEZ, Sentencia Nº 80 de Sala Constitucional, Expediente Nº 05-2083 de fecha 27/01/2006
CITO “…Como puede evidenciarse, la regla general, en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En efecto, se trata la perención, sin duda alguna, de una institución netamente procesal dado que constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben conjugarse a los fines de su materialización. Tal institución procesal, ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley… “FIN DE LA CITA
II
En orden a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA de conformidad a lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.
Notifíquese de la presente decisión a la parte actora, en la persona de sus apoderados judiciales.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los 23 días del mes de JULIO de 2008. Año 198° de la Independencia y 149° de la federación.
YUDITH SARMIENTO DE FLORES
LA JUEZ
La Secretaria
ANNERIS NORMAN
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia siendo las 1:25 p.m. Se libro boleta.
La Secretaria
ANNERIS NORMAN
EXPEDIENTE N° GH01-L- -2002- 000089.
YSdF/YS
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