REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL Barquisimeto, 09 de Junio de 2008 Años 198° y 149° ASUNTO: KP01-P-2007-006575 Vista la solicitud de Sobreseimiento de la Causa formulada por la Abogado ROSMARY CRISTINA CORDERO DOMINGUEZ, Fiscal Auxiliar Decimoprimero de esta Circunscripción Judicial de conformidad con lo establecido en los artículos: 285 ordinal 4º y 5º de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 34 numeral 20º de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, 108 ordinal 7, 318 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal en Función de Control Nº 9, pasa a decidir en los siguientes términos: PRIMERO: El presente asunto se inició en fecha 25 de Septiembre de 2002, los funcionarios CABO SEGUNDO (GN) GARCÍA ADGAR, CABO SEGUNDO (GN) SANTANDER ALEXIS Y CABO SEGUNDO (GN) MARQUEZ ERNESTO, adscritos a la Sección de Inteligencia del Comando Regional Nº 4 de la Guardia Nacional de Venezuela, procedieron a efectuar la Orden de Allanamiento signada con el Nº KP01-S-2002-003416, de fecha 24/09/2002, emanada por el Juez de Control del Circuito Judicial del Estado Lara, a un inmueble ubicado en la Carrera 24 entre calles 19 y 20, Casa 19-78 de color azul y crema, con puertas blancas de Barquisimeto Estado Lara, donde habita un ciudadano de nombre CARLOS RODRIGUEZ, donde se presume la existencia de venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Una vez ubicados en la referida dirección, los funcionarios, se hicieron acompañar de los ciudadanos MOTA VILLANUEVA JUAN CARLOS, titular de la cédula de identidad Nº 12.937.560 y PERAZA AGUIRRE ALIRIO MIGUEL, titular de la cédula de identidad Nº 16.110.712, quienes resultaran ser testigos presénciales del procedimiento de allanamiento. Inmediatamente los funcionarios, procedieron a tocar la puerta del inmueble donde fueron atendidos por un ciudadano, a la que se le manifestó el motivo de la visita policial y le fue presentada la orden de allanamiento respectiva, dicho ciudadano permitió el libre acceso el inmueble y quedo identificado como CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 4.729.108, quien manifestó ser propietario de la vivienda. Seguidamente se dio inicio a la revisión de todo el inmueble, en donde no se localizaron rastros o elementos de interés criminalistico, ni indicios que señalen la comisión de algún hecho delictivo SEGUNDO: El Ministerio Público fundamentó su solicitud de Sobreseimiento por considerar que en el presente caso no se llegó a establecer la realización del hecho punible denunciado y por ende la participación de los ciudadanos en algún hecho de tal naturaleza, por lo que resulta necesario para esa Representación Fiscal concluir que el hecho por el cual se inició el presente asunto, no se realizó y en consecuencia es menester solicitar el sobreseimiento de la causa. Motivo por el cual quien decide deja sentado que el sistema del ejercicio de la acción penal es un sistema semí- absoluto, por lo que respecta a los delitos de acción pública, ya que la titularidad y el ejercicio de la acción penal en dichos delitos pertenece al Estado a través del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 285 de la Constitución Bolivariana de la Republica de Venezuela, 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 11, 24 y 108 del Código Orgánico Procesal Penal, aunque se permite a la víctima ejercer la acción penal mediante la querella correspondiente, razón por lo cual el Ministerio Público se encuentra facultado para solicitar el sobreseimiento de la causa, tal como lo hizo en el presente caso. Así pues, se observa que en el caso de marras nos encontramos en presencia de una investigación iniciada y aperturada por un hecho que nunca se realizó, ya que como manifiesta la vindicta pública, no se ha podido comprobar su existencia. En este sentido el Abg. Erick Pérez Sarmiento expone al respecto: “Cuando el legislador expresa “El hecho no se realizó”, hay que entender, a todo evento, que se trata tanto del supuesto de que se haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como de que no se haya podido probar la existencia de tal hecho”. Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, pág. 352 y 353. Razón por la cual, este Juzgador considera que lo procedente y ajustado a derecho es decretar el sobreseimiento de la causa. Que es ésta la oportunidad que tiene el Ministerio Público para ejercer la solicitud planteada, es por lo que es procedente decidir la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la Fiscalía del Ministerio Público, sin hacer uso de la norma prevista en el artículo 323 del COPP, por considerar que son suficientes los fundamentos de la petición, en virtud de las actuaciones del Asunto. Y Así Decide DECISION Por las razones anteriormente expuestas éste Juzgado de Control Nº 9 Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Decreta el Sobreseimiento de la causa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 318 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida a el ciudadano: CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 4.729.108.Por uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Notifíquese a las partes, Ofíciese al Ministerio Público en la causa Nº 13-F11-1184-02.Regístrese, Publíquese, Cúmplase. El Juez de Control Nº 9 Abg. Adelmo Atilio Leal Arrieta