JUEZ PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Expediente Número AP42-R-2008-000311

En fecha 15 de febrero de 2008, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se recibió el Oficio Número 08-0100 de fecha 23 de enero de 2008, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los abogados William F. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 12.026, 53.471 y 76.696, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, titular de la cédula de identidad número 3.802.012, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación de fecha 12 de diciembre de 2007, interpuesta por el abogado Haymil Gil García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 76.261, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Miranda, contra la sentencia dictada por ese Órgano Jurisdiccional en fecha 17 de septiembre de 2007, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

En fecha 22 de febrero de 2008, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Por auto de la misma fecha, se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González y se dio inicio a la relación de la causa, cuya duración sería de quince (15) días de despacho, más un (1) día que se concedió como término de la distancia, dentro de los cuales la parte apelante debía presentar los argumentos de hecho y de derecho sobre los cuales fundamentaría el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo establecido en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 3 de abril de 2008, el abogado Haymil Gil García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte apelante, presentó escrito mediante el cual fundamentó el recurso de apelación ejercido.

Mediante diligencia de fecha 23 de abril de 2008, la abogada Laura R. Benshimol Doza, antes identificada, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Rafael Prado Briceño, parte querellante en el presente juicio, solicitó la reposición de la causa al estado de notificación de las partes.

Por medio de auto de fecha 6 de mayo de 2008, la Secretaria Accidental de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ordenó pasar el presente expediente al juez ponente a los fines que se pronuncie sobre la solicitud de reposición planteada.

En esta misma fecha, se pasó el expediente al Juez ponente.


I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

Mediante escrito presentado en fecha 28 de septiembre de 2006, los abogados William F. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano José Rafael Prado Briceño, interpusieron recurso contencioso administrativo funcionarial, esgrimiendo como fundamento de su pretensión los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Indicaron que, “La GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA otorgó a [su] representado el beneficio de Jubilación, mediante Decreto No. 0967, del 04/11/2.004, dictado por el Gobernador del Estado Miranda, (…) notificado mediante Oficio No. 1778, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Gobierno de la Gobernación del Estado Miranda, (…) donde se le informa que se le concede la Jubilación con un monto correspondiente al Cien Por Ciento (100%) del Sueldo que devengaba en esa Gobernación desempeñando el cargo de Director General” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].

Que, “(…) la remuneración de los funcionarios de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, en cargos de Alto Nivel, se rige por la ESCALA DE SUELDOS PARA LOS ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO MIRANDA, aprobada en el Artículo segundo del Decreto No. 0345, de fecha 22 de noviembre del año 2.002, (sic) (…) dictado por el Gobernador del Estado Miranda (…)” (Mayúsculas del original).

Alegaron que, “[su] representado tiene derecho a que se le homologue el monto de su Jubilación, considerando que el cargo que ejercía a la fecha de su Jubilación, Director General, tiene una remuneración establecida en la referida Escala, de Catorce (14) Salarios Mínimos y que dicho Salario fue establecido, mediante Decreto Presidencial No. 4.446, de fecha 25 de Abril de 2.006, (sic) publicado en la Gaceta Oficial No. 38.426, del 28 de Abril de 2.006, (sic) en la cantidad de Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Bolívares con 00/100 (Bs. 465.750,00) mensuales, a partir del 1º de Mayo de 2.006 (sic) y en la cantidad de Quinientos Doce Mil Trescientos Veinticinco Bolívares con 00/100 (Bs. 512.325,00) mensuales, a partir del 1ª de Septiembre 2.006 (sic) (…)” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].

Que “(…) le corresponde por derecho a [su] representado por concepto de Jubilación, desde el 1º de Mayo de 2.006 (sic) al 31de Agosto de 2.006, (sic) la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 6.520.500,00) mensuales y desde el 1º de Septiembre de 2.006, (sic) la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 7.172.550,00) mensuales” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].

Asimismo, señalaron que “(…) por cuanto actualmente el monto que percibe por concepto de jubilación es la cantidad de Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Setenta y Seis Bolívares con 20/100 (Bs. 4.861.576,20), mensuales, en distintas oportunidades [su] representado se ha dirigido a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, solicitando la homologación o nivelación de la asignación de su Jubilación, al Sueldo actual del cargo que ejercía para el momento de su egreso, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna sobre su solicitud” (Mayúsculas del original) [Corchetes de esta Corte].

En virtud, de los argumentos precedentemente trascritos, solicitaron:

“PRIMERO: Efectuar el reajuste del monto de la JUBILACIÓN del Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO.
SEGUNDO: Que para efectuar dicho reajuste, se tome como base el Cien por Ciento (100%) del Sueldo asignado al cargo de Director General en la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, el cual equivale a Catorce (14) Salarios Mínimos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo Segundo del Decreto No. 0345, del 22 de Noviembre del año Dos Mil Dos (2.002), (sic) dictado por el Gobernador del Estado Miranda.
TERCERO: Que en consecuencia, se le reconozca al Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, por concepto de Jubilación, la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 6.520.500,00) mensuales, desde el 1º de Mayo de 2.006 (sic) hasta el 31 de Agosto de 2.006. (sic)
CUARTO: Que se le cancelen al Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, con carácter retroactivo, desde el 1º de Mayo de 2.006 (sic) hasta el 31 de Agosto de 2.006, (sic) las cantidades correspondientes a las diferencias que surjan como consecuencia de dicho reajuste del monto de su Jubilación, que legalmente le corresponde.
QUINTO: Que de igual forma se le reconozca al Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, por concepto de Jubilación, la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 7.172.250,00) mensuales, a partir del 1º de Septiembre de 2.006. (sic)
SEXTO: Que se le cancelen al Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, con carácter retroactivo, desde el 1º de Septiembre de 2.006 (sic) hasta la fecha de la efectiva homologación de su Jubilación, las cantidades correspondientes a las diferencias que surjan como consecuencia del reajuste de dicho monto.
SEPTIMO: Que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de la LEY DEL ESTATUTO SOBRE EL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS, se revise y ajuste el monto de la Jubilación del Ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, tomando en cuenta las variaciones que se produzcan en el nivel del Salario Mínimo” (Mayúsculas y negrillas del original) [Corchetes de esta Corte].

II
DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia de fecha 17 de septiembre de 2007, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados William F. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El Sentenciador a quo paso a revisar los alegatos presentados por las partes, señalando que “(…) los ajustes de la pensión de jubilación, debe entenderse como una política general y de igual manera, la Constitución consagró el principio de la Tutela Judicial Efectiva, y si el Estado no ha dado cumplimiento a un deber, la querella funcionarial surge en este caso como el mecanismo adecuado, para lograr la satisfacción de los derechos de los particulares, cuando sean procedentes, sin que tal satisfacción pueda entenderse como un trato desigual frente a otras personas jubiladas (…)”

En virtud de lo anterior, indico el iudex aquo que “(…) acerca del pedimento de la parte querellante de que el ajuste de pensión de jubilación a partir de la fecha en que le fue concedido el beneficio de jubilación a la parte querellante, es decir, que se efectúe con carácter retroactivo, no es procedente, asimismo es de señalar por quien [decidió] que no fué sino en fecha 28 de septiembre de 2006, que la parte querellante interpuso el presente recurso, razón por la cual, tal y como se señaló (sic) al comienzo de la motivación para decidir, deberá serle cancelado al querellante, desde dicha fecha, estando caduco el derecho de accionar el resto del tiempo transcurrido (…)”. (Negrillas del original).

Esto así, el referido Juzgado Superior declaró “(…) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionaria, interpuesto por los abogados WILLIAM F. BENSHIMOL R., LAURA R. BENSHIMOL DOZA Y LEÓN S. BENSHIMOL SALAMANCA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 12.026, 53.471 y 76.696, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO, titular de la cédula de identidad Nº 3.802.012, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA” (Mayúsculas y negrillas del original).

III
DE LA COMPETENCIA

Con fundamento en lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, contra las decisiones dictadas por los jueces o juezas superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial, podrá interponerse apelación en el término de cinco (5) días de despacho contado a partir de la fecha en que se consigne por escrito la decisión definitiva, para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Ello así y dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución número 2003/00033 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.866 de 27 de enero de 2004, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo posee las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, este Órgano Jurisdiccional resulta competente para conocer del presente recurso de apelación. Así se declara.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia de esta Corte para conocer del presente recurso contencioso administrativo funcionarial debe esta corte hacer referencia a la diligencia presentada en fecha 23 de abril de 2008, por la apoderada judicial del querellante, mediante la cual solicita la reposición de la causa en vista de que en el presente caso había transcurrido un lapso mayor de un (1) mes entre el día en que se ejerció el recurso de apelación y la fecha en que se dio cuenta a la Corte; para la cual resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:

Observa este Órgano Jurisdiccional que se dio inicio a la actual controversia, en virtud del recurso contencioso administrativo funcionarial presentado en fecha 28 de septiembre de 2006, por los abogados William F. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano José Rafael Prado Briceño.

El 17 de septiembre de 2007, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 12 de diciembre de 2007, el abogado Haymil Gil García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Miranda apeló de la referida decisión y mediante auto de fecha 23 de enero de 2008, el iudex a quo oyó en ambos efectos la apelación interpuesta y ordenó la remisión del expediente a esta Alzada a los fines de que se dictara la decisión en la presente causa. Igualmente, en esa misma fecha, se libró el respectivo oficio de remisión del expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

De igual modo, se desprende del folio dos (02) de la segunda pieza del expediente judicial, que en fecha 15 de febrero de 2008, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Número 08-0100, de fecha 23 de enero de 2008, en virtud del cual el iudex a quo remitió el presente expediente a esta instancia, con motivo de la apelación planteada.

En fecha 22 de febrero de 2008, se dio cuenta a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Por auto de la misma fecha, se designó ponente al ciudadano Juez Emilio Ramos González y se dio inicio a la relación de la causa, cuya duración sería de quince (15) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 aparte 18 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, una vez transcurrido un (1) día continuo que se concedió como término de la distancia; dentro de los cuales la parte apelante debía presentar las razones de hecho y de derecho en que fundamentó la apelación interpuesta.

El 3 de abril de 2008, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo se recibió escrito de formalización del recurso de apelación ejercido por el abogado Haymil Gil García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Miranda.

En fecha 23 de abril de 2008, la abogada Laura R. Benshimol Doza, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Rafael Prado Briceño, parte querellante en el presente juicio, presentó diligencia mediante la cual solicitó la reposición de la causa al estado de notificación de las partes.

Evidenciado lo anterior, debe advertir este Órgano Jurisdiccional que, de la revisión emprendida a los autos, se colige que el iudex a quo remitió el presente expediente a esta Alzada a objeto de que fuera resuelto el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del ciudadano José Rafael Prado Briceño, contra la sentencia definitiva dictada por ese Tribunal Superior el 17 de septiembre de 2007, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el querellante, remisión que, como se precisó, se produjo a través del oficio número 08-0100, de fecha 23 de enero de 2008, el cual fue recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el día 15 de febrero de 2008.

Ello así, se deduce que entre el día en que la parte apelante ejerció el respectivo recurso de apelación, esto es, el 12 de diciembre de 2007, y el día 22 de febrero de 2008, fecha en la cual se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del recibo del presente expediente, transcurrió más de un (1) mes, en el cual la causa se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes litigantes.

Ante tal circunstancia, resulta indispensable destacar que a través de sentencia Número 2523 del 20 de diciembre de 2006, (caso: Gladis Mireya Ramírez Acevedo) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un caso similar al de autos, estableció lo siguiente:
“Al respecto, [esa] Sala reitera que la estadía a derecho de las partes es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general, de conformidad con el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil. Tal principio se materializa, en que practicada la citación para la contestación de la demanda, o citación inicial, en otros procesos diferentes al juicio ordinario civil, no habrá necesidad de nueva citación a las partes para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley, como ocurre -por ejemplo- en materia de posiciones juradas o de juramento decisorio (artículos 416 y 423 del Código de Procedimiento Civil).
(…omissis…)
De ello resulta pues, que existió retraso entre la fecha en la cual la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió el respectivo expediente y la fecha en que se le dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo –más de un mes-, por lo que [esa] Sala es del criterio que en el presente caso se produjo una paralización de la causa y la falta de notificación de las partes para la continuación del juicio, por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil) en este particular caso, originó el que a la hoy solicitante se le privara de la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación y se declarara el desistimiento del recurso interpuesto, lo que configuró sin duda, la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, cuyo restablecimiento correspondía a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual omitió pronunciamiento al respecto.
(…omissis…)
Por lo tanto, la lesión del derecho a la defensa y al debido proceso se encuentra presente desde el momento en que no se ordenó la notificación de la parte ahora solicitante en revisión; y su situación jurídica infringida, nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de notificación, que debió producirse a instancia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez que se le dio cuenta a la misma mediante auto del 1 de febrero de 2005, generándole indefensión e inseguridad jurídica respecto de los actos procesales subsiguientes una vez reanudada la causa”. (Negrillas y corchetes de esta Corte).

Ahora bien, aun cuando la sentencia citada ut retro se refiere a la circunstancia en que transcurre el referido período -más de un mes- entre el momento en que se recibe el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y la fecha en que se da cuenta del asunto, no es menos cierto que resultan perfectamente aplicables los principios expuestos en dicho fallo, los cuales igualmente han sido expuestos por la misma Sala en otros casos similares al de autos.

Siendo las cosas así, es menester indicar que la referida Sala ha señalado que se producirá un menoscabo del derecho a la tutela efectiva, así como al derecho a la defensa y al debido proceso, en todos aquellos casos en que no se verifique la notificación del abocamiento de un Juez a una causa, debiéndose entonces efectuar las respectivas notificaciones en aquellos procesos en los que se produzca el abocamiento de un Juez como consecuencia de la paralización de la causa, o de la incorporación de éste al conocimiento de la misma, indicando al efecto, en sentencia Número 1309 de fecha 29 de junio de 2006, que la inobservancia de lo anteriormente dicho “origin[a] el que a la hoy solicitante se le privara de la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación y se declarara el desistimiento del recurso interpuesto, lo que configuró sin duda, la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso” [Corchete de esta Corte].

Siendo ello así, en todos aquellos casos en que una causa se encuentra paralizada y, por lo tanto, la estadía a derecho de las partes se haya fracturado como consecuencia de la inactividad de todos los sujetos procesales, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el tribunal, y tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación de aquéllas.

En atención a ello, ya este Órgano Jurisdiccional ha tenido oportunidad de brindar a los justiciables la oportunidad de recobrar la estadía a derecho de las partes en casos de paralización de la causa, véase en ese sentido, sentencias Números 2008-00217 del 14 de febrero de 2008, 2008-00274 y 2008-00276 del 22 de febrero de 2008.

De esta forma, con la finalidad de ampliar las garantías jurisdiccionales ya acordadas por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo reitera el criterio sentado mediante sentencia Número 2007-2121 de fecha 27 de noviembre de 2007 (caso: Silvia Suvergine Peña contra la Alcadía del Municipio José Ángel Lamas del Estado Aragua), dictada por este Órgano Jurisdiccional, según el cual: “(…) en aquellos casos en que haya transcurrido más de un (1) mes entre la fecha en que se recibe el expediente y la oportunidad en la cual se da cuenta del mismo, este Órgano Jurisdiccional, en aras de ampliar dicho criterio con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los justiciables, establece que a partir de la publicación del presente fallo, se ordenará la reposición procesal en todas aquellas en las cuales haya transcurrido más de un (1) mes entre la interposición del recurso de apelación ante el a quo y la fecha en la cual se de cuenta del recibo del expediente en esta Alzada. Así se decide”.

En aplicación de las anteriores premisas al caso de marras, esta Alzada observa que en fecha 12 de diciembre de 2007, la parte recurrente ejerció recurso de apelación contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2007, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y no fue sino hasta el 22 de febrero de 2008, cuando se dio cuenta del recibo del presente expediente en esta Corte, de allí que el trámite procesal adecuado imponía a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, notificar a las partes de dicha cuenta, y así darle continuidad a la causa.

Como antes se acotó, esto no sucedió, toda vez que entre los referidos períodos procesales transcurrió más de un (1) mes en el que la controversia se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes. Por tanto en el presente caso, se debió ordenar la notificación de éstas a efectos de iniciar la relación de la causa, prevista en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud de lo anteriormente verificado, es por lo que esta Corte reitera el criterio ut supra citado, en el entendido que toda vez que se presenten casos similares al de autos, en los cuales haya transcurrido un lapso considerable de tiempo- más de un (1) mes- entre la fecha en que la parte apelante ejerce su recurso de apelación y la oportunidad en que se dé cuenta del recibo del expediente ante esta Alzada, se considerará que se ha producido una paralización -suspensión- de la causa, lo que amerita la notificación de las partes a objeto de ponerlas a derecho respecto de las fases procesales que deben ser llevadas a cabo ante esta Alzada, con la finalidad de garantizar a ambas sus derechos constitucionales a la defensa y a un debido proceso.

Por consiguiente esta Corte, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA procedente la solicitud de reposición efectuada por la abogada Laura R. Benshimol Doza, apoderada judicial del ciudadano José Rafael Prado Briceño, parte querellante en el presente juicio. Así se decide.

En consecuencia, se ACUERDA la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 22 de febrero de 2008, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa y, en vista de que en el presente caso la parte apelante ejerció oportunamente la fundamentación del recurso interpuesto, en aras de evitar dilaciones inútiles en el proceso, se ordena REPONER la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en actas la última notificación éstas, se abra el lapso para la contestación a la fundamentación previsto en el aparte 18 del artículo 19 eiusdem. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:

1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación de fecha 12 de diciembre de 2007, interpuesta por el abogado Haymil Gil García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de septiembre de 2007, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por los abogados William F. Benshimol R., Laura R. Benshimol Doza y León S. Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ RAFAEL PRADO BRICEÑO;

2.- PROCEDENTE la Solicitud de reposición efectuada por la abogada Laura R. Benshimol Doza, en consecuencia, se DECLARA la nulidad parcial del auto emitido por esta Corte el 22 de febrero de 2008, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa.

3.- REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en actas la última notificación de las partes, se abra el lapso para la contestación a la fundamentación previsto en el aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en Caracas, a los ___________ ( ) días del mes de ________ de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

El Presidente,



EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Ponente
El Vicepresidente,



ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
El Juez,



ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
La Secretaria Accidental,



VICMAR QUIÑÓNEZ BASTIDAS

Exp. Nº AP42-R-2008-000099
ERG/011

En fecha ____________ ( ) de __________ de dos mil ocho (2008), siendo la(s) ____________ de la _____________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº __________________.

La Secretaría Accidental.