TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintiuno de mayo de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO : KP02-V-2006-005465

PARTE DEMANDANTE: JOSE GREGORIO OCANTO CARRASCO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.543.425, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71902.
PARTE DEMANDADA: HIPOLITO PRIETO MORALES Y GLORIA ESTHER GONZALEZ DE PRIETO, venezolano el primero y española la segunda, mayores de edad, domiciliados en la población de Quibor, estado Lara, titular de las C.I. Nros. 16.737.802 y E-80.571.779 respectivamente.
MOTIVO: SENTENCIA EN ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS

Se inició la presente causa por libelo de demanda introducido por ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de esta Ciudad de Barquisimeto Estado Lara, y en virtud de la distribución fue asignado su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito del Estado Lara.
Interpone el abogado JOSE GREGORIO OCANTO CARRASCO demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales extrajudiciales contra sus clientes HIPOLITO PRIETO MORALES Y GLORIA ESTHER GONZALEZ DE PRIETO, tal y como lo establece el artículo 22 de la Ley de Abogados, a tenor de varias diligencias realizadas, descritas como: 1.- REUNIONES EN EL ESCRITORIO JURIDICO JIMENEZ. 2.- GESTION ANTE LA OFICINA DEL SETRA EN LA CIUDAD DE CARACAS, 3.- REUNIONES CON LOS PERITOS EVALUADORES DE LOS BANCOS PROVINCIAL, VENEZUELA Y UNIVERSAL. 4.- REUNIONES Y CONSIGNACIONES DE ESCRITOS CON EL DR. JESUS ALBERTO PERAZA, antes del litigio y en el curso del asunto signado con el Nro. KP02-A-2003-17. 5.- TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUIBOR A LA POBLACIÓN DE RIO TOCUYO Y VICEVERSA. 6.- REUNIONES CON EXTRABAJADORES DE LA HACIENDA MAGUACE. 7.- REUNIONES CON ABOGADOS DEL BANCO PROVINCIAL EN SEDE UBICADA EN LA CIUDAD DE CARACAS. 8.- REUNION CON CIUDADANO QUE PURTURBARA AL CIUDADANO JOSE DOMINGO PRIETO GONZALEZ, HIJO DE PIPOLITO PRIETO. 9.- REUNION EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2003, CON EL CIUDADANO SERGIO GONZALEZ MARTIN. 10.- REUNIONES SEMANALES CON EL CIUDADANO HIPOLITO PRIETO Y GLORIA DE PRIETO. 11.- REUNIONES CON EL ABGOADO JAVIER GARCIA. 12. REUNIONES CON LA PAODERADA DEL BANCO VENEZUELA. 13.- TRASLADO A LA CIUDADA DE YARITAGUA. 14.- TRASLADO AL ESTADO ARAGUA. 15.- REUNIONES EN EL CONSULTORIO JURIDICO VILLEGAS EN LA CIUDAD DE BARQUISIMETO. 16.- REUNIONES CON DEPOSITO LARA. 17.- REUNIONES CON LA CASA AGRICOLA SUCASA. 18.- REUNIONES CON LA APODERADA JUDICIAL DEL BANCO EXTERIOR. 19.- REUNIONES CON EL VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DEL BANCO CENTRAL, BANCO UNIVERSAL. 20.- REUNIONES CON EL DR. WALTER Y CESTARI. 21.- TRASLADOS AL ESTADO FALCON. Siendo estos los conceptos por los que demanda a los prenombrados ciudadanos por honorarios profesionales.
Admitida como fue la demanda por auto de fecha 15 de Enero de 2007, se ordenó la citación de los demandados, para el segundo día de despacho más un día como término de distancia. En fecha 16 de noviembre de 2007, consta en autos resultas de la comisión de citación emanada del tribunal del Municipio Jiménez del estado Lara.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Ahora bien en virtud de lo antes, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico:
En Venezuela tras la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ha imperado el criterio de que el demandante solo tiene la obligación de suministrar la dirección del demandado y los fotostatos para la elaboración de la compulsa, púes todas las posteriores actuaciones para lograr la citación del demandado, correspondían al tribunal.
Este criterio, de que es necesario que el actor consigne los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, se ve reiterado con la reciente decisión de fecha 06-07-2004, Nro. Expediente 0100436, en la cual la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que:
“… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece…”
De lo anterior se desprende que en efecto, la sala considera como incumplimiento de los deberes que la ley impone para lograr la citación del demandado, el no suministrarle al Alguacil del Tribunal los medios de transporte o las sumas de dinero para practicar la citación, pero igualmente establece la sala en la parte final del párrafo trascrito, que tal cambio de criterio contenido en la decisión, deberá ser aplicado a partir de la publicación de la sentencia, esto es desde el 06-07-2004, y solo para las demandas que sean admitidas a partir de dicha fecha; esto es, que la obligación de suministrar los gastos de transporte al alguacil para la práctica de citaciones en lugares que disten más de 500 metros de la sede del tribunal, rige a partir del 06-07-2004, por lo cual dicho criterio rige para el presente caso en el cual la demanda fue admitida el 15 de Enero de 2007
El Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Numeral 1°, dispone:
Artículo 267 “… Se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente:
…“Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”…
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”, criterio este reiterado por el Alto Tribunal.
Esas formas “anormales” de terminación son: Las llamadas formas de auto composición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, pues es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
Es a través del proceso, que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión la cual consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida.
En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquel que la deduce, para que, esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado.
La citación del demandado constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el demandado comparezca ante él. Son actos que el actor debe realizar por su propio interés, pues mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada.
Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso.
Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda.
Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y del establecimiento de la relación jurídico procesal.
Entre los actos que son necesarios para lograr la citación del demandado, se encuentra no solamente suministrar los fotostátos para la elaboración de la compulsa, y las expensas antes citadas, sino que el actor debe ser diligente a objeto de cumplir con su carga procesal y que en el presente caso consistía en gestionar la practica de la citación de la demandada, para impulsar el juicio que a su solicitud bien se ha iniciado.
En atención a lo anterior, no debe este Despacho pasar por alto que, desde el 15 de Enero de 2007, fecha en que se admitió la demanda hasta el 4 de mayo de 2007, fecha en que se paraliza la causa por destitución de la Juez del tribunal abogada TANIA MARIA PARGAS CANELON, así como desde la fecha en que consta en autos el avocamiento del suscrito 31 de Julio de 2007, hasta la diligencia de fecha 19 de septiembre de 2007, mediante la cual el abogado JOSE OCANTO, impulsa el proceso solicitando la citación de la parte demandada, transcurrieron con creces más de treinta (30) días sin que conste en autos la citación, ni que conste que la parte actora haya realizado actuación alguna que haga presumir que se efectuó algún trámite a los fines de lograr la práctica de la citación, y se cumplieran las formalidades necesarias, evidenciándose así la falta de interés del accionante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, por lo que, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado de oficio la perención a la que hace referencia el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Numeral 1°, y así se declara.
D I S P O S I T I V A
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas este Juzgado de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267, Numeral 1°, en concordancia con lo establecido en el Artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 eiusdem.
Por cuanto la presente Sentencia fue dictada fuera del lapso de ley se ordena la notificación de las partes mediante boletas.
Publíquese y regístrese.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO, a los Veintiún (21) días del mes de mayo del año Dos Mil Ocho (2.008).- Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
El Juez,
Abg. Harold Rafael Paredes Bracamonte La Secretaria Acc,
Abg. Luisa A. Agüero E.
HRPB/LAAE/nancy

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DEL ESTADO LARA CERTIFICA LA EXACTITUD DE LA COPIA ANTERIOR. Fecha Ut Supra.
LA SECRETARIA

ABG. LUISA A. AGÜERO E.