REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:








EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.


DEMANDANTE: TRANSPORTE E INVERSIONES LOS CUTILLO, C.A.


ABOGADOS: JOSE MIGUEL HERRERA CARVAJAL y
LIGIA MARIA ZACCARA NARANJA

DEMANDADA: MARTHA LUCIA TERREROS

MOTIVO: RESOLUCIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


SENTENCIA: DEFINITIVA (EXTINCIÓN DEL PROCESO)

EXPEDIENTE: 47.842

Por escrito de fecha 30 de mayo de 2.001 por los abogados JOSÉ MIGUEL HERRERA CARVAJAL y LIGIA MARIA ZACCARA NARANJO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 50.990 y 50.883, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad de Comercio “TRANSPORTE E INVERSIONES LOS CUTILLO, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 02 de septiembre de 1.986, bajo el No. 12, Tomo 226-b, presentó formal demanda contra la ciudadana MARTHA LUCIA TERREROS, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-81.632.666 por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
El Tribunal por auto de fecha 05 de junio de 2.001, le dio entrada a la presente causa, asignándole el Nro. 47.842 en la misma fecha se admitió la demanda y se emplazó a la parte demandada (folio 44).
Previa solicitud de parte el Tribunal por auto de 02 de julio de 2.001, acordó la entrega del inmueble a la parte actora en calidad de depósito, quedando afectado el mismo para las resultas del juicio, de conformidad con el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, se oficio al Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Valencia del Estado Carabobo y a la Depositaria Judicial Venezuela, C.A.
En diligencia de fecha 01 de octubre de 2.001, el alguacil dejó constancia de su traslado a dirección indicada y consigna la compulsa al encontrar el inmueble desocupado (folio 62), en la misma fecha el apoderado actor solicitó la citación por carteles, y ante tal pedimento el Tribunal acordó oficiar bajo el No. 1987 a la Oficina Nacional de Identificación y Control de Extranjería (ONIDEX), Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia solicitando el movimiento migratorio de la ciudadana MARTHA TERREROS; el abogado demandante solicitó la nulidad de dicho auto y la reposición de la causa al estado de librar los referidos carteles. El Tribunal en auto de fecha 16 de octubre de 2.001 negó por improcedente la nulidad y la reposición solicitada, por lo que en fecha 18 de ese mismo mes y año, el abogado JOSE HERRERA apeló del referido auto, apelación que este Juzgado oyó en un solo efecto. Corre a los folios ciento cuatro al ciento seis (104-106) la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que declaró CON LUGAR la apelación, la nulidad de todo lo actuado a partir del auto dictado el 03 de octubre de 2.001 inclusive, y como consecuencia de ello la REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO EN QUE EL JUEZ A-QUO, LIBRE LOS CARTELES DE CITACIÓN solicitado por la parte actora; de dicha sentencia la parte actora se dio por notificada.
Por auto de fecha 25 de marzo de 2.003 el Tribunal le dio entrada al expediente bajo su misma numeración, y en auto del día 07 de abril de 2.003 se libraron los respectivos carteles de citación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se constata que desde el día 11 de febrero de 2.003, fecha en que la parte actora se dio por notificada de la sentencia dictada por el Juzgado Superior, no ha ocurrido en la presente causa impulso procesal; reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Omissis).
Ahora bien, se observa que en la presente causa el último impulso procesal de parte, ocurrió hacen cinco (05) años y tres meses, situación jurídica que coloca a esta causa en estado de paralización, y ASI SE DECLARA.
Comprobado en el caso de autos, que desde el día 11 de febrero de 2.003, oportunidad en la cual el abogado demandante efectuó el último acto de Procedimiento, hasta la presente fecha no se ha efectuado ningún acto para continuar el proceso, es pertinente inferir un ABANDONO DE TRAMITE que se deduce por el largo tiempo de inactividad en que se ha mantenido este juicio; criterio que se esgrime asida del contenido de la Decisión Proferida en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia emblemática, de fecha 01-06- 001, respecto a la falta de interés procesal, requisito para el ejercicio de la Acción, donde la Sala estableció :
Omissis “...A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. (Subrayado Tribunal)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.

Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.

No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin....”


Con sustento como se ratifica, en los párrafos retroinsertados, en la presente causa, es obligado declarar, la pérdida de interés de la parte actora en realizar todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta decisión y con ello la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda el Estado a sus Justiciables, toda vez que en el presente caso se abandona el proceso, encontrándose la causa sin haber culminado con las etapas procesales que comportan el desarrollo del mismo; por lo que en criterio de esta Sentenciadora en el caso de marras, ha ocurrido LA EXTINCIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO DE TRAMITE, la cual se sanciona con la pérdida de la instancia; razón por la cual, se declara que existe pérdida del interés como elemento de la acción, en consecuencia produce irremediablemente y sin lugar a dudas UN ABANDONO DE TRAMITE, dado que la causa luego de su entrada al proceso desde el día 07 de Mayo de 2001, no se le dio ningún impulso, causa que subsumimos en el supuesto de la referida sentencia, falta de impulso procesal, razón por la cual se da por extinguida la Acción y ASI SE DECIDE.

Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO DE TRAMITE, en el juicio incoado por la Sociedad de Comercio TRANSPORTE E INVERSIONES LOS CUTILLO, C.A. a través de sus apoderados judiciales, abogados JOSE MIGUEL HERRERA CARVAJAL y LIGIA MARIA ZACCARA NARANJO ya identificados, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los trece (13) días del mes de mayo del 2.008. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
LA SECRETARIA,
Abg. ROSA MARGARITA VALOR.
Abg. LEDYS ALIDA HERRERA.
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:00 de la mañana.
LA SECRETARIA,

Abg. LEDYS ALIDA HERRERA
Expediente Nro. 47.842
RMV/dec.-