REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 29 de octubre de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO : KP02-S-2008-006546 Vista la solicitud presentada por la ciudadana DEYSI COROMOTO VELIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.629.795 y de este domicilio, asistida de Abogado donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en la calle 2 entre Avendia Negra Hipolita y la carrera 2 Nro. 79, Barrio Brisas de la Pradera de Barquisimeto de la Parroquia Juan de Villegas del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un terreno Ejido con una superficie de ciento treinta y cinco metros cuadrados (135 mts.2) alinderadas de la siguiente manera: NORTE: Calle 2, que es su frente; SUR:Con la señora Laura Hernández; ESTE: Con la señora Luz Mary Vargas Márquez y OESTE: Con Maribel Vega. Dichas bienhechurías están constituidas por una estructura de paredes de zinc, techo de zinc, piso de tierra, constante de una sola pieza, cerca de alambre de púas sobre estantillos de madera, instalaciones eléctricas y de aguas negras. El valor invertido es la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.10.000,oo) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos HECTOR SUAREZ Y MOISES JIMENEZ, identificados, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de la ciudadana DEYSI COROMOTO VELIZ, antes identificada en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada. La Juez Mariluz Josefina Pérez La Secretaria Eliana Hernández Silva MJP/merysa