TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS PALAVECINO Y SIMON PLANAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

EXPEDIENTE Nº 2.752-06
Parte Demandante: ANNETH YUBISER VASQUEZ GARCIA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 15.732.303.
Parte Demandada: VICTOR RAMON MENDOZA CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.306.161 y, de este domicilio.
BENEFICIARIOS: Los niños (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNNA), de 06 y 03 años de edad, respectivamente.
MOTIVO: FIJACIÓN DE OBLIGACION DE MANUTENCIÓN.
SENTENCIA DEFINITIVA.
Se inicia el presente juicio mediante solicitud formulada por ANNETH YUBISER VASQUEZ GARCIA ante la Defensoría de Protección del Niño y del Adolescente de Cabudare, Estado Lara, en su condición de madre de los niños (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNNA), en contra de VICTOR RAMON MENDOZA CASTILLO, todos identificados en autos. La solicitud fue admitida por este Juzgado el día 06-07-2006, ordenándose la citación del demandado y la notificación a la Fiscalía de Protección del Niño y del Adolescente del Ministerio Público del Estado Lara, y telegrama a la parte accionante, todo lo cual fue debidamente cumplido (folios 1 al 10). A los folios 13 y 14, consta que fue notificado el ciudadano Fiscal 15° del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial. En fecha 02-08-2006, el demandado fue debidamente citado, conforme consta a los folios 22 y 23. En la oportunidad de llevarse a cabo el acto conciliatorio en esta causa, esto es, el 07-08-2006, el Tribunal deja constancia que, solo compareció a dicho acto el demandado, por lo cual no fue posible la conciliación (folio 24). En la misma fecha, el demandado en escrito que cursa al folio 25, manifiesta lo siguiente: “Que el se hace cargo de su hijo mayor y la madre se hace cargo de (identidad omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNNA), en todos los gastos de él”. Abierto el lapso probatorio, ninguna de las partes hizo uso de tal derecho. En fecha 21-09-2006 el Tribunal dicta auto para mejor proveer, a los efectos de librar rogatoria al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, para que el Equipo Multidisciplinario se sirva practicar Informe socio-económico a las partes involucradas en el presente juicio, por considerarse dicha información necesaria para dictar un pronunciamiento idóneo en esta causa. A los folios 32 al 51, cursan las actuaciones relacionada con el Informe solicitado, provenientes del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara.
Vistas y analizadas las actuaciones integrantes del presente juicio y, tomando en consideración que el Juez es el director del proceso y es su deber impulsarlo de oficio hasta su conclusión, siendo que no existe motivo legal para que continúe esta causa paralizada en estado de sentencia, es por lo que, sin mas dilación, se procede en esta misma fecha a dictar el fallo definitivo, lo que se hace, conforme a las consideraciones que se hacen a continuación.
La madre de los niños beneficiarios, manifiesta ante la Defensoría de Protección del Niño y del Adolescente de Cabudare, Estado Lara, lo siguiente: “Tengo dos hijos con Víctor Mendoza de quien estoy separada, pero él no es constante con la manutención de los niños, por lo que solicita se fijen normas de comportamiento respecto a la obligación…”
Por su parte, el demandado, al comparecer al Tribunal en la oportunidad de contestación a la demanda, se limitó a manifestar que, cubre todos los gastos del hijo mayor…”.
El mérito de esta causa se circunscribe a la FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, lo que, conforme lo dispone en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes vigente, es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoridad… Del análisis de las actuaciones que integran el presente expediente, se observa que, la filiación legal entre el demandado y los niños beneficiarios no está discutida, en primer lugar, por cuanto la misma fue admitida por el demandado al comparecer al Tribunal a dar contestación a la demanda y, en segundo lugar, porque la reclamante consignó copias certificadas de las partidas de nacimiento de los niños beneficiarios, agregadas a los folios 15 y 16 del presente expediente, documentos éstos que se valoran de conformidad con el artículo 1.359 del Código Civil, aplicable supletoriamente a esta materia especial, conforme lo establece la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y, los cuales constituyen plena prueba de la filiación legal de ambos progenitores con respecto a los niños de autos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 367, literal “c” de la citada Ley, es procedente en el presente caso, la fijación de la obligación de manutención. Y así se establece.
Dispone el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección De Niños, Niñas y Adolescentes que, para la determinación de la obligación de manutención, el Juez debe tomar en cuenta la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado, el principio de unidad de filiación, la equidad del género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. En atención a lo dispuesto en dicha disposición legal, esta Juzgadora considera que la necesidad e intereses de los niños beneficiarios, se deriva del propio hecho de sus edades, que los hacen incapaces de proveerse lo necesario para la satisfacción de sus necesidades y, para asegurarse un sano desarrollo integral, siendo deber compartido e irrenunciable de sus padres criarlos, formarlos, educarlos, mantenerlos y asistirlos, tal como lo contempla el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, resulta indispensable para la fijación del monto de la obligación de manutención, que existan elementos de juicios que permitan al Juez una ponderación de la capacidad económica del obligado manutencista, de tal manera que la pensión se ajuste en determinado porcentaje a los ingresos mensuales que éste perciba y, no resulte a la postre ni demasiado ínfima, ya que se verían vulnerados los derechos fundamentales de los beneficiarios, ni tampoco exagerada, ya que sería de imposible cumplimiento.
Dispone igualmente el mencionado artículo de la ley en comento, lo siguiente: “Cuando el obligado u obligada trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo. La cantidad a pagar por concepto de Obligación de Manutención se fijará en una suma de dinero de curso legal, para lo cual se tomará como referencia el salarió mínimo mensual que haya establecido el Ejecutivo Nacional, para el momento en que se dicte la decisión… ”
En lo que respecta a la capacidad económica del obligado, si bien no es posible determinar con exactitud sus ingresos, ya que no fue posible practicar el Informe Socio-Económico a las partes, tal como fue solicitado por esta Instancia Judicial, por Equipo Multidisciplinario del Servicio Social del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara., tal como consta de las actuaciones contenidas a los folios 32 al 51 del presente expediente y, siendo que, sólo consta en autos, que trabaja de manera informal, tal como se desprende de la declaración del ciudadano JAIRO JOSÉ MARQUINA VIELMA, inserta al folio 21. No obstante, tomando en consideración que la pretensión de la demandante no es contraria a derecho, atendiendo a lo dispuesto en el único aparte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al principio constitucional de prioridad absoluta de los derechos del niño y del adolescente, previsto en el artículo 78 ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y, a lo que establece el artículo 369 de la misma Ley, al cual se ha hecho referencia, considera quien juzga que, debe fijarse el monto de la obligación manutención en este caso, para lo cual, se toma como referencia, el salario mínimo actual establecido, según Decreto N° 6.052 dictado en fecha 29 de Abril de 2008 por el Ejecutivo Nacional, publicado en Gaceta Oficial N° 38.921 de fecha 30 de Abril de 2008. Y así se decide.
DISPOSITIVA.
Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de la obligación de manutención, interpuesta por ANNETH YUBISER VASQUEZ GARCIA en contra de VICTOR RAMON MENDOZA CASTILLO, todos identificados en autos, en consecuencia, se fija judicialmente como pensión mensual de manutención, la cantidad equivalente al Veinticinco por Ciento (25%), del salario mínimo vigente, porcentaje éste que debe ir ajustándose a los distintos aumentos del salario mínimo que en el futuro decrete el Ejecutivo Nacional. Por otra parte, el obligado deberá suministrar adicionalmente en los meses de Agosto y Diciembre de cada año, una cantidad equivalente al mismo porcentaje (25%) de un salario mínimo vigente al año en que deba hacerse efectivo el pago, para cubrir los gastos de uniforme, incluyendo calzado y útiles escolares y, para cubrir los gastos propios de la época decembrina. En cuanto a los gastos de vestido, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deporte, requeridos por los niños beneficiarios, se condena al obligado VICTOR RAMON MENDOZA CASTILLO, a sufragar el cincuenta por ciento (50%), de cada uno de dichos conceptos.
Publíquese y regístrese.
No hay condenatoria en costas por la especial naturaleza de la materia.
Notifíquese a las partes.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Cabudare, a los Nueve (09) días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Ocho (2008). Años: 198° y 149°.
La Juez.

Dra. Coromoto de Del Nogal.

El Secretario

Abg. Lucio Torres Armeya

Publicada en su fecha a las 10:00 a.m.
El Secretario

Abg. Lucio Torres Armeya.