REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
DEMANDANTE: ZAIDA CLEOTILDE RUIZ
ABOGADO: JOSE MANUEL VIVAS PEREZ
DEMANDADO: MARCOS GONZALEZ BOLETT
MOTIVO: PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL
SENTENCIA: DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)
EXPEDIENTE: 49.631
Por escrito de fecha 07 de julio de 2.003 por la ciudadana ZAIDA CLEOTILDE RUIZ, venezolana, divorciada, comerciante, titular de la cédula de identidad No. V-3.387.122 y de este domicilio, debidamente asistida por el abogado JOSE MANUEL VIVAS PEREZ, venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad No. V-8.167.391, inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 54.515 y de este domicilio, formuló contra el ciudadano MARCOS GONZALEZ BOLETT, venezolano, comerciante, divorciado, titular de cédula de identidad No. V-4.576.533 y de éste domicilio, demanda por PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL.
Este Tribunal por auto de fecha 14 de julio de 2.003, le dio entrada a la presente causa, asignándole el Nro. 49.631 (folio 77).
En fecha 07 de agosto de 2.003 el Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación del demandado para la contestación a la demanda.
Comparece la ciudadana ZAIDA CLEOTILDE RUIZ asistida de abogado en fecha 13 de agosto de 2.003 y otorga Poder Apud Acta a su abogado asistente, JOSE MANUEL VIVAS PÉREZ.
Mediante diligencia de fecha 13 de agosto de 2.003 la parte actora insistió en la medida cautelar de secuestro solicitada y consignó las copias para la elaboración de la compulsa. El Tribunal negó lo solicitado por no tener materia sobre la cual proveer, en virtud de que, lo peticionado no formó parte del escrito libelar, y por no existir pruebas en autos de la existencia del bien inmueble a secuestrar.
En fecha 10 de septiembre de 2.003 el Alguacil del Tribunal consignó la compulsa librada al ciudadano MARCOS GONZALEZ BOLETT por no haber podido localizar.
En diligencia estampada el 20 de octubre de de ese mismo año el abogado MANUEL VIVAS solicitó la citación por carteles e insistió en la medida cautelar de secuestro.
El Tribunal libró el cartel de citación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 04 de noviembre de 2.003 ordenó abrir cuaderno de medidas.
Mediante diligencia de fecha 10 de noviembre de 2.003 el abogado MANUEL VIVAS, consignó las publicaciones de los carteles, las cuales fueron agregadas en su oportunidad, consta al folio cien (100) la fijación del cartel por la Secretaria del Despacho.
Mediante diligencia de fecha 18 de diciembre de 2.003 la parte actora solicitó el nombramiento del Defensor Ad-Litem para el demandado, el Tribunal designó como tal al abogado JOSE RAMON CEDEÑO MARQUEZ, sin que conste en autos algún otro impulso procesal.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se constata que no ha ocurrido en la presente causa algún otro impulso procesal, es decir han trascurrido dos (04) años y nueve (03) meses, evidenciándose que la parte demandante asumió una conducta totalmente pasiva acerca del pronunciamiento que debió dictarse en ésta instancia; reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Omissis).
El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad en el proceso durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento.
Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida en fecha 18 de marzo de 2.003, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, caso CARLOS ENRIQUE INSAUSTI LEÓN, BEATRIZ MORALES DE VOLLBRACHT y otros, contra la CLÁSULA OCTAVA DEL CONVENIO CAMBIARIO No. 2, suscrito entre el EJECUTIVO NACIONAL y EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, expediente No. 2002-0124, Magistrado-Ponente YOLANDA JAIMES GUERRERO, de la cual se transcriben los siguientes párrafos:
“…Ahora bien, la perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurriere el tiempo determinado en los supuestos del artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo determinado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, examinadas las actas del proceso que componen el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 16 de enero de 1996, fecha en la cual la Corte en Pleno dio cuenta del escrito y sus anexos y designó ponente, hasta el 22 de marzo de 2.000, cuando la Secretaria de la sala Plena de este Tribunal Supremo remitió el expediente a la Sala Constitucional; desde la fecha antes mencionada hasta el 29 de enero de 2.002, fecha en la cual la Sala Constitucional declinó la competencia para conocer la causa en esta Sala Político Administrativa; desde esta última oportunidad hasta el 21 de febrero de 2.002, cuando esta Sala dio cuenta del recibo del expediente y designó ponente, a los fines de decidir la declinatoria de competencia planteada y desde esa fecha hasta el presente, sin que hubiesen realizado en dichas oportunidades, acto alguno de impulso del procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Ahora bien, aun cuando la causa se encontraba en estado de decidir la incidencia surgida, pues el procedimiento que corresponde no exige la realización de actuaciones especiales luego de nombrado ponente, ello no impedía que las partes hubiesen podido diligenciar solicitando decisión.
Sobre este punto, la Sala se ha pronunciado en diversas decisiones. Así, en sentencia del 03 de mayo de 1.984, se indicó que: “…el que estuviese pendiente la decisión sobre acumulación solicitada no obsta para la consumación de la perención, puesto que bien podía la recurrente diligenciar en el sentido de instar tal decisión, y no lo hizo”, y en fallo del 22 de marzo de 1.955, señaló: “…No habiendo prueba de la interrupción del lapso de perención, y habiendo transcurrido más de un año entre la diligencia del 22 de enero de 1.992 realizada por la parte actora y la solicitud de perención realizada el 25 de enero de 1.994 por la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se declara la perención de la instancia”.
Por tanto, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener el curso del proceso, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso mayor de un año, según lo previsto en las normas antes citadas, resulta forzoso para esta Sala declarar de oficio la perención y así expresamente se hace…”(omissis).
Acatando la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE.
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, incoado por la ciudadana CLAUDIA CLEOTILDE RUIZ asistida por el abogado JOSE MANUEL VIVAS PEREZ, ya identificados y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del 2.008. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,
LA SECRETARIA,
Abg. ROSA MARGARITA VALOR.
Abg. LEDYS ALIDA HERRERA
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:00 de la mañana.
LA SECRETARIA,
Abg. LEDYS ALIDA HERRERA.
Expediente Nro. 49.631
RMV/dec.-
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