REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. DEMANDANTE: Sociedad Mercantil CORIMON PINTURAS C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de Mayo de 1962, bajo el Nº 3, Tomo 18-A. APODERADOS JUDICIALES: Abgs. BRIGITTE DI NATALE y MANUEL RODRIGUEZ STABACK, inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nº 36.287 y 57.820, respectivamente. DEMANDADO: Sociedad Mercantil TECNIPINT REMODELACIONES, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial Federal y Estado Miranda en fecha 27 de Febrero de 1987, bajo el Nº 54, Tomo 49-A. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE VENTA SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA) EXPEDIENTE: 22.859 Producto de la diligencia de fecha 24 de Septiembre de 2008, suscrita por la parte actora, este tribunal procedió a realizar una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente este Tribunal pudo evidenciar de que la presente demanda presentada por los abogados BRIGITTE DI NATALE y MANUEL RODRIGUEZ STABACK, inscritos en el INPREABOGADO bajo el Nros. 36.287 y 57.820, respectivamente, en sus caracteres de apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil CORIMON PINTURAS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de Mayo de 1962, bajo el Nº 3, Tomo 18-A., por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, dándole entrada en fecha 05 de Junio de 2.008, de en los libros respectivos de este Tribunal y asignándosele el N° 22.859.- En fecha 01 de Julio de 2.008, este tribunal admite la presente demanda y ordeno emplazar a la parte demandada a los fines de que comparezcan por ante este Tribunal. Revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que desde el día 01 de Julio de 2008 fecha en la cual se admitió la demanda, al día de 07 de Agosto de 2008, el alguacil de este Juzgado consignó diligencia manifestando que había recibido las expensas necesarias para su traslado a los fines de practicar la citación personal de la parte demandada, pero es el caso de que dicha diligencia fue realizada fuera del lapso perentorio de treinta días, razón por la cual, tal como lo señala el articulo 267 ordinal 1º. En este orden de ideas, observa esta Sentenciadora que respecto a la perención de los treinta (30) días se había afirmado que en virtud de haberse decretado la gratuidad de la Justicia, las partes ya no estaban obligadas con el Estado a pagar arancel judicial, y en consecuencia de ello no se producía la perención, ya que el pago de arancel se entendía como la única obligación que la ley imponía al accionante. Sin embargo, la obligación de proveer de los fotostatos para la elaboración de las compulsas y otras cargas inherentes al cumplimiento de traer las partes al proceso, como lo del traslado del alguacil, aportar la dirección donde se encuentre efectivamente la parte demandada, son obligaciones de exclusiva competencia de la parte actora. El criterio esgrimido, ha sido también objeto de numerosas sentencias por ejemplo: Sentencia de fecha 15 de Abril de 2002, proferida por el (Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito del Área Metropolitana de Caracas), citada por RAMÍREZ Y GARAY, se estableció: “... La parte actora tendrá como carga procesal, realizar todo lo conducente para hacer efectiva la citación de los Codemandados...” El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, con ponencia del magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, en el Juicio de JOSÉ RAMÓN BARCO contra SEGUROS Caracas LIBERTY MUTUAL, respecto a esta causal de perención, señaló: “…esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado Artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará perención de la instancia…” (Subrayado nuestro). Igualmente la doctrina ha venido sosteniendo, en el criterio del procesalista ALBERTO JOSÉ LA ROCHE, en su libro “La perención de la Instancia”, página 76, hizo alusión al artículo 267 del Ordinal Primero, que: “...es al demandante admitida como sea la demanda por auto del Juez a quien le toca impulsar el proceso, corre con la carga procesal de cumplir todas las obligaciones inherentes a la citación conforme al régimen fijado para ello en el proceso donde se mueve, donde actúa el actor, así como también al tipo de citación que esté impulsando...” En este sentido, se ha constatado de las actas procesales que la demandante no impulsó la citación de lo demandados, al no cumplir con las expresadas obligaciones que constituyen cargas que demuestran el interés de impulsar el proceso. Al no hacerlo en el plazo de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda se ha verificado de pleno derecho la sanción de la perención de la instancia. DECISIÓN En mérito a lo expresado, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente Juicio, no pudiendo la parte accionante volver a proponer la demanda antes de que transcurra noventa (90) días continuos después de verificada la perención. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, a los Trece (13) días del mes de Octubre de 2008. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación. Abg. ISABEL C. CABRERA DE URBANO JUEZ TITULAR Abg. ALBA NARVÁEZ RIERA LA SECRETARIA En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las Doce y Treinta de la tarde (12:30 p.m.).- Abg. ALBA NARVAEZ RIERA LA SECRETARIA Exp. 22.859 ICCU /Aideé