REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 13 de abril 2009
Años: 198° y 150°
Expediente N° 8.992
Mediante escrito presentado el 17 de noviembre 2003 por el ciudadano CARLOS MANUEL ORTIZ, cédula de identidad V-3.919.594, asistido por el abogado Henry Rafael Henríquez Machado, Inpreabogado N° 54.817, interpone recurso de nulidad con amparo cautelar contra el MUNICIPIO SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO.
El 05 de junio 2008 este Tribunal dicta decisión por la cual declara con lugar el recurso de nulidad interpuesto, y en consecuencia, se ordena el reconocimiento de los derechos adquiridos por el recurrente desde la fecha en que fue ilegalmente suspendido y posteriormente destituido hasta la fecha en que se hubiese terminado el período para el cual fue designado como Contralor Municipal del Municipio San Diego, Estado Carabobo, e igualmente se ordena al Concejo Municipal del Municipio San Diego, Estado Carabobo, restituir y reconocer todos los derechos económicos al querellante desde la fecha en que fue ilegalmente suspendido y posteriormente destituido hasta la fecha en que se hubiese terminado el período para el cual fue designado como Contralor Municipal del Municipio San Diego, Estado Carabobo. Se ordenó la notificación de las partes.
El 12 de diciembre 2008 comparecieron ante este Tribunal el abogado Antonio Aure Sánchez, cédula de identidad V-3.693.164, Inpreabogado N° 27.337, con carácter de Síndico Procurador del MUNICIPIO SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO, parte querellada, y el ciudadano CARLOS MANUEL ORTIZ, cédula de identidad V-3.919.594, asistido por el abogado Miguel Ángel Alvarado, Inpreabogado N° 106.037, parte querellante, consignaron escrito por el cual acuerdan transacción judicial a los fines de dar por terminado el presente juicio. Se da por recibido con entrada y agradándose a los autos.
DE LA AUTOCOMPOSICIÓN PROCESAL POR VÍA DE CONCILIACIÓN
El 12 de diciembre 2008 comparecieron ante este Tribunal el abogado Antonio Aure Sánchez, cédula de identidad V-3.693.164, Inpreabogado N° 27.337, con carácter de Síndico Procurador del MUNICIPIO SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO, parte querellada, y el ciudadano CARLOS MANUEL ORTIZ, cédula de identidad V-3.919.594, asistido por el abogado Miguel Ángel Alvarado, Inpreabogado N° 106.037, parte querellante, consignaron escrito por el cual acuerdan transacción judicial a los fines de dar por terminado el presente juicio. Se da por recibido con entrada y agradándose a los autos.
En este sentido se observa que el principio vigente en nuestro derecho es el dispositivo por la cual se señala que el proceso “pertenece a las partes”, debiendo intervenir el juez cuando existan circunstancias derivadas del orden público, la moral y buenas costumbres. Así, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil establece que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada, mientras que el artículo 256 previene que las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante transacción celebrada de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. La misma norma dispone que celebrada la transacción en el juicio, el juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución.
Estos principios resultan aplicables al campo contencioso administrativo por la aplicación supletoria a las querellas funcionariales de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y en segundo grado, el Código de Procedimiento Civil, normas que regulan procesalmente los medios de autocomposición procesal, principio reconocido en la nueva Constitución dentro del marco de los medios alternativos de solución de conflictos.
Constata este Juzgador que los derechos sobre los cuales versa la conciliación son derechos por las partes y no se observa circunstancia alguna relativa a la moral, buenas costumbres u orden público que impida la homologación, en razón de lo cual se imparte la misma al desistimiento de autos, y así se establece.
DECISIÓN
En vista de los anteriores razonamientos este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
1. HOMOLOGADA la transacción realizada por las partes en el presente proceso y;
2. Se ORDENA el archivo del respectivo expediente.
Publíquese y déjese copia.
El Juez Provisorio,
OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI
El Secretario,
GREGORY BOLÍVAR R.
Expediente N° 8.992.
OLU/ioana.
Diarizado Nº_____
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