JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, once (11) de febrero de dos mil nueve (2009).
198º y 149º
I
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Mediante declaración contenida en acta de fecha 07 de octubre de 2008 ( folio 215, segunda pieza), el abogado DANIEL FRANCISCO MONSALVE TORRES, en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con fundamento en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 eiusdem, formuló inhibición para seguir conociendo de la causa a que se contrae el presente expediente, alegando al efecto que por cuanto en fecha 17 de junio de 2008, la abogada ISABEL TAIDE PINEDA MÉNDEZ, quien funge como coapoderado judicial del ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA, parte actora en el juicio incoado contra la ciudadana DAISY RAMONA HERNÁNDEZ DÍAZ, por partición de bienes, el cual cursa en apelación por ante el Tribunal a su cargo en el expediente Nº 02759 de la nomenclatura propia de ese Juzgado, compareció ante la Inspectora de Tribunales, abogada LUZMILA RUIZ CONTRERAS, y formuló queja en su contra, alegando que en esa causa existe retardo procesal, ya que introdujeron la demanda en fecha 12 de mayo de 2005, y se encontraba en apelación por ante ese Tribunal desde el 1º de agosto de 2006, y que hasta esa fecha no se había decidido, y, que por tal motivo, en fecha 17 de junio se constituyó en la sede del Juzgado para evacuar la queja de marras y posteriormente, en virtud del acta levantada, la ciudadana Inspectora General de Tribunales, Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, ordenó de oficio abrirle una investigación, con el objeto de determinar cualquier irregularidad que pudiera existir en relación con sus actuaciones como Juez a cargo del mencionado Tribunal, y en tal sentido se acordó realizar una inspección integral que fue practicada los días lunes 4, martes 5, miércoles 6 jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2008, por la Inspectora que fue comisionada al efecto, y en virtud de la queja que dio origen a dicho procedimiento disciplinario dado lo infundada y temeraria de la misma, le originó sentimientos de animadversión contra la quejosa abogada ISABEL TAIDE PINEDA MÉNDEZ, quien actúa en esta causa como coapoderado judicial de los ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA, representación que consta de instrumento poder que obra agregado al folio 5, lo cual comprometen su serenidad de ánimo e imparcialidad para conocer de la presente causa y por ende constituyen motivo justificado para separarse de su conocimiento con fundamento en el precedente jurisprudencial de carácter vinculante, contenido en la sentencia de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, es por lo que formalmente se inhibió de seguir conociendo de la causa a que se contraen las presentes actuaciones. Finalmente, en atención a la exigencia contenida en el último aparte del precitado artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dejó constancia que el impedimento que dio origen a esta inhibición, obra contra la parte actora, ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA.
Encontrándose la presente incidencia en lapso para dictar sentencia, este Tribunal procede a proferirla a cuyo efecto observa:
II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
De las actuaciones remitidas a este Juzgado, se observa que la inhibición sometida al conocimiento de esta Superioridad, fue formulada por el Juez Provisorio a cargo del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogado DANIEL MONSALVE TORRES, en acta, cuya copia certificada obra agregada inserta al folio 215 de la segunda pieza, en los términos que, por razones de método, se reproducen íntegramente a continuación:
“(Omissis):…
En el día de despacho de hoy, siete de octubre de dos mil ocho, siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.), el suscrito DANIEL FRANCISCO MONSALVE TORRES, Juez Provisorio de este Juzgado, expuso: “Por cuanto el 17 de junio de 2008, la abogada ISABEL TAIDE PINEDA MÉNDEZ, quien funge como coapoderada judicial de los ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA, en el juicio éstos le siguen a la ciudadana DAISY RAMONA HERNÁNDEZ DÍAZ, por partición de bienes, el cual cursa por ante el Tribunal a mi cargo en el expediente Nº 02759 de su nomenclatura propia, compareció ante la ciudadana Inspectora de Tribunales, profesional del derecho LUZMILA RUIZ CONTRERAS, y formuló “queja” (sic) en mi contra, alegando que en esa causa existe “retardo procesal” (sic), “ ya que se introdujo la demanda el 12-05-2005 y se encuentra en el Superior por apelación de fecha 01-08-2006 y hasta la presente fecha no ha logrado decidir! (sic), motivo por el cual la prenombrada funcionaria en esa misma fecha -- 17 de junio del año que discurre--, se constituyó en el local sede del mencionado Juzgado a los efectos de “evacuar” (sic) la “queja” (sic) de marras y, posteriormente, en virtud del acta levantada por la misma, la ciudadana Inspectora General de Tribunales, Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, ordenó de oficio abrirme una investigación, con el objeto de determinar cualesquiera irregularidades que pudieran existir en relación con mis actuaciones como Juez a cargo del mencionado Tribunal y, en tal sentido acordó realizar “inspección integral” (sic), que fue practicada los días lunes 4, martes 5, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2008, por la Inspectora de Tribunales, abogada RUDITH PEROZO RIVERO, quien fue comisionada al efecto; y en virtud de que la “queja” (sic) que dio origen a dicho procedimiento disciplinario, dado lo infundada y temeraria de la misma, originó en el suscrito sentimientos de animadversión contra la quejosa, abogada ISABEL TAIDE PINEDA MÉNDEZ, lo cual compromete mi serenidad de ánimo para decidir imparcialmente la presente causa y, por ende, constituye motivo justificado para separarme de su conocimiento, con fundamento en el precedente judicial vinculante contenido en sentencia de fecha 7 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, en el juicio de amparo constitucional incoado por la ciudadana Milagros del Carmen Gimenéz Márquez de Díaz, Exp. Nº 02-2403, según la cual “... el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial”, me inhibo de continuar conociendo de este proceso. Finalmente, en atención a la exigencia contenida en el último aparte del precitado artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dejo expresa constancia que el impedimento que dio origen a esta inhibición, obra contra la parte demandante, ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA”. No expuso más, terminó, se leyó y conformes firman. (sic) (Negritas del texto copiado).
TEMA A JUZGAR
Planteada la incidencia de que conoce esta Alzada en los términos en que se han señalado suficientemente, corresponde a este Tribunal determinar si la inhibición propuesta por el Juez Provisorio del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogado DANIEL FRANCISCO MONSALVE TORRES, se encuentra o no ajustada a derecho, de cuyo resultado dependerá la decisión del Juzgador sobre la declaratoria con o sin lugar de la referida inhibición.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinado el tema a juzgar en la presente incidencia, de inmediato pasa este Tribunal a pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa sobre el fondo mismo de la inhibición propuesta, a cuyo efecto observa:
Por cuanto el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, consagra el principio de legalidad de las formas procesales, que adquirió rango constitucional por mandato del primer aparte del artículo 253 de nuestra Carta Magna, la declaratoria de inhibición está sujeta a la ineludible observancia de específicos supuestos esenciales y circunstanciales requeridos expresamente por la ley, cuyo incumplimiento acarrea su improcedencia.
Así, el artículo 84 adjetivo, en su último aparte, establece que la declaratoria de inhibición la hará el funcionario en un acta en la cual se expresen las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, en la cual expresará la parte contra quien obre el impedimento.
En cuanto a los requisitos esenciales y circunstanciales que debe contener el acta judicial, el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, ad initium señala:
“El acta deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y de las circunstancias de lugar y de tiempo en que se han cumplido las diligencias de que hace fe; debe además contener la descripción de las actividades cumplidas y de los reconocimientos efectuados. El acta deberá ser suscrita por el Juez y por el Secretario”.
Asimismo, el artículo 88 eiusdem, pauta los presupuestos de procedencia de la inhibición, en los siguientes términos:
“El Juez a quien corresponda conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación que pueden usar las partes”. (sic)
Del análisis de la norma legal supra transcrita, es evidente que para que proceda la declaratoria con lugar de la inhibición, es preciso que se verifiquen dos circunstancias:
1) Que la inhibición se haya realizado en forma legal, vale decir en la forma prevista en el último aparte del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, la declaratoria de inhibición la hará el Juez “en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento, además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento” (sic).
2) Que la inhibición esté fundada en las causales establecidas por la ley, esto es, en alguna de las contempladas en el artículo 82 eiusdem, en el parágrafo único del artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, o en su defecto, en algún motivo justificado, conforme a la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO.
Sentados los antecedentes señalados, debe el juzgador examinar minuciosamente las actuaciones que obran en autos, a los fines de determinar si en el sub iudice se encuentran o no cumplidos los presupuestos que determinan la declaratoria con lugar de la inhibición formulada, conforme a las siguientes consideraciones:
De la revisión de la inhibición propuesta en el caso de autos, se observa que la misma fue formulada por el Juez inhibido mediante declaración contenida en el acta correspondiente, suscrita por él y por el Secretario del Tribunal a su cargo, conforme lo previsto en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, en la cual indicó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos alegados como causal de la inhibición producida.
Igualmente observa el Juzgador, que el Juez abstenido indicó debidamente la parte contra quien obra el impedimento, de acuerdo a las exigencias contenidas en la parte final del artículo 84 eiusdem, en virtud que expresamente indicó que el impedimento que dio lugar a la inhibición propuesta obraba contra la parte actora, ciudadanos LUSSOL ISABEL, CARLOS LISANDRO y LEONARDO ANTONIO OVALLES PINEDA.
Ahora bien, no obstante que la causal invocada por el juez inhibido no se subsume en ninguno de los numerales del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, el referido funcionario fundamentó su inhibición en el precedente jurisprudencial de carácter vinculante, contenido en la sentencia de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en el juicio de amparo constitucional incoado por la ciudadana Milagros del Carmen Jiménez Márquez de Díaz, Exp. Nº 02-2403, conforme al cual “… el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial”.
De la lectura exhaustiva del acta contentiva de la inhibición propuesta, es evidente que la misma tiene su origen en las circunstancias de distanciamiento con la representación judicial de la parte actora en la presente causa, que, tal como señaló el funcionario inhibido, comprometen su serenidad de ánimo e imparcialidad para entrar a conocer de la misma, por lo cual es evidente que, conforme con la parte in fine del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, la referida inhibición, en efecto, obra contra la parte que dio origen a ella, en el caso de autos, la parte demandante, quien estaba individualmente legitimada para allanar al funcionario inhibido, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 eiusdem.
En este orden de ideas, sólo resta determinar si se encuentra o no cumplido el último requisito mencionado, vale decir, que la inhibición estuviere fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, es decir, cualquiera de las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, o en el parágrafo único del artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, o en su defecto, en algún motivo justificado, conforme a la precitada sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en la cual, tal como ha sido suficientemente expuesto, el funcionario inhibido fundamentó la misma.
DECISIÓN
Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en concordancia con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 eiusdem, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide. En virtud de la declaratoria anterior, este Tribunal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, asume al conocimiento de la presente causa. Publíquese, regístrese y expídase por Secretaría copia certificada de la presente decisión y remítase mediante oficio al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial. Así se decide.
El Juez,
Homero Sánchez Febres
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, once (11) de febrero de dos mil nueve (2009).
198º y 149º
Certifíquese por Secretaría para su archivo, copia de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem; igualmente certifíquese por Secretaría la copia certificada que ha de remitirse al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, debiendo insertarse al pie de las mismas el contenido del presente decreto.
El Juez,
La Secretaria, Homero Sánchez Febres
María Auxiliadora Sosa Gil
En la misma fecha se expidieron las copias acordadas; igualmente se remitió copia certificada de la anterior decisión al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con oficio Nº 0480-066-08. Quedó anotada su salida con el Nº 4976.
La Secretaria,
María Auxiliadora Sosa Gil
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