REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO 199º y 150º PARTE DEMANDANTE: Ciudadano, GIUSEPPE ABBINANTE UNGARI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.122.968. APODERADO JUDICIAL: Abogados, NESTOR ALI DURAN PINTO y LIBARDO VALLEZ, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.298 y 99.083, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadano, SANIN LOPEZ ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-22.420.872 APODERADO JUDICIAL: Abogado, HECTOR GERARDO RAMOS MARTINEZ, inscrito en el IMPREABOGADO bajo el Nº 62.143 MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES EXPEDIENTE: Nº 21.778 SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCION DE LA INSTANCIA) De la revisión exhaustiva del expediente se observa: Inicia la presente causa por demanda de COBRO DE BOLÍVARES presentada en fecha 09 de Abril de 2007, por los abogados en ejercicio de este domicilio NESTOR ALI DURAN PINTO y LIBARDO VALLES, respectivamente inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 35.289 y 99.083, respectivamente, en su carácter de representación del ciudadano GIUSEPPE ABBINANTE UNGARI, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-7.122.968, contra el ciudadano SANIN LOPEZ ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 22.420.872. Dándole entrada a los libros respectivos de este Tribunal, y signándole el Nº 21.778 en 16 de Abril de 2007. Por auto de fecha 23 de Mayo de 2007, se admite la demanda y se ordena emplazar a la parte demandada, para que comparezca dentro de los veinte (20) días de despacho, siguientes a que conste en autos su notificación, a dar contestación a la demanda. Mediante diligencia de fecha, 31 de Mayo de 2007, el Abogado NESTOR ALI DURAN, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, consigan copias fotostáticas del libelo de la demanda y su auto de admisión, a los fines que se forme la compulsa, y hace constar que ha entregado al ciudadano Alguacil los emolumentos necesarios para que practique la citación del demandado. En Venezuela tras la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ha imperado el criterio de que el demandante solo tiene la obligación de suministrar la dirección del demandado y los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, pués todas las posteriores actuaciones para lograr la citación del demandado, correspondían al tribunal. Este criterio, de que es necesario que el actor consigne los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, se ve reiterado con la reciente decisión de fecha 06 de Julio de 2004, Expediente Nº 0100436, en la cual la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que: “… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación….Así se establece…”(Subrayado nuestro) De lo anterior se desprende que en efecto, la sala considera como incumplimiento de los deberes que la ley impone para lograr la citación del demandado, el no suministrarle al Alguacil del Tribunal los medios de transporte o las sumas de dinero para practicar la citación, esto es, que la obligación de suministrar los gastos de transporte al alguacil para la práctica de citaciones en lugares que disten más de 500 metros de la sede del tribunal, rige a partir del 06 de Julio de 2004, y su incumplimiento acarrea la perención de la instancia, lo cual además, aún antes de la entrada en vigencia del nuevo criterio, ya era considerado como una carga del actor, proveer los medios de transporte o la sumas de dinero para practicar la citación del demandado. Igualmente la doctrina ha venido sosteniendo, en el criterio del procesalista ALBERTO JOSÉ LA ROCHE, en su libro “La perención de la Instancia”, página 76, hizo alusión al artículo 267 del Ordinal Primero, que: “...es al demandante admitida como sea la demanda por auto del Juez a quien le toca impulsar el proceso, corre con la carga procesal de cumplir todas las obligaciones inherentes a la citación conforme al régimen fijado para ello en el proceso donde se mueve, donde actúa el actor, así como también al tipo de citación que esté impulsando...” En este sentido, se ha constatado de las actas procesales que la demandante no impulsó la citación de los demandados, al no cumplir con las expresadas obligaciones que constituyen las cargas que demuestran el interés de impulsar el proceso. Al no hacerlo en el plazo de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda se ha verificado de pleno derecho la sanción de la perención de la instancia. Visto que en esta causa se recorrió todo el iter procedimental, es absolutamente necesario para quien aquí decide pronunciarse sobre la Perención debido a que una de sus principales características es que es de ORDEN PUBLICO, por lo que al haber transcurrido mas de treintas (30) días sin que se hubiese interrumpido ésta, con la diligencia del alguacil dando cuenta de que se le habían entregado los emolumentos y demás datos para realizar la citación, se consumo la Perención, lo que hace innecesario a este Tribunal analizar el resto del procedimiento. Y ASI SE DECIDE. Decisión En mérito a lo expresado, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente Juicio. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a la parte. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, a los Once (11) días del mes de Noviembre de Dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. Abg. Isabel Cristina Cabrera de Urbano Juez Titular Abg. Alba Narváez Riera Secretaria En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las Nueve y veinticinco minutos (09:25 am) de la mañana. Abg. Alba Narváez Riera Secretaria Exp. Nº 21.778 ICCU/dpp.-