TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA
EXPEDIENTE N° AP42-R-2009-000044

En fecha 9 de enero de 2009, se dio por recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1589, de fecha 27 de octubre de 2008, emanado del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ESPERANZA JOSEFINA ARCIA, titular de la cédula de identidad Nº 8.351.533, venezolana, mayor de edad, asistida por la Abogada Soraya Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nro 22.822, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PUNCERES DEL ESTADO MONAGAS.

Dicha remisión se efectuó, en virtud de haber sido oído en ambos efectos el recurso de apelación interpuesta en fecha 21 de octubre de 2008, por el Abogado Ángel García Canales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nro 32.567, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del Municipio Punceres del estado Monagas, contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2008, mediante la cual dicho Juzgado declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 29 de enero de 2009, se dio cuenta a la Corte y, se fijó el lapso de quince (15) días de despacho conforme al artículo artículo 19, aparte 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en su para que la parte apelante consignara el escrito de fundamentación de la apelación concediéndose seis (6) días continuos correspondientes al termino de la distancia. Asimismo, se designó ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 10 de marzo de 2009, se ordenó realizar el cómputo por Secretaría de los días de despacho transcurridos desde la fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive, hasta el día en que terminó la relación de la causa, inclusive, en virtud de no haberse presentado el escrito de fundamentación de la apelación ejercida.

En esa misma fecha, la Secretaria de la Corte certificó que desde el día veintinueve (29) de enero de 2009, fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive hasta el nueve (9) de marzo de 2009, fecha en la que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron 15 días de despacho, correspondientes a los días 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25 y 26 de febrero; así como los días 2, 3, 4, 5 y 9 de marzo de 2009, también transcurrieron seis (6) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 30, 31 de enero de 2009, 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2009. En esa misma fecha se pasó el expediente a la Juez ponente.

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir, previa las siguientes consideraciones:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional pasa de seguidas a decidir, bajo las siguientes consideraciones:

En primer lugar, observa esta Corte que se inicio el caso de marras, en virtud de la interposición del recurso contencioso administrativo funcionarial, presentado en fecha 10 de diciembre de 2007, por la ciudadana ROSA DEL ESPERANZA JOSEFINA ARCIA, titular de la cédula de identidad Nº 8.351.533, venezolana, mayor de edad, asistida por la Abogada Soraya Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nro 22.822, contra la Alcaldía del Municipio punceres del estado Monagas.

En fecha 14 de octubre de 2008, Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, dictó sentencia mediante la cual declaró Parcialmente con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 17 de octubre de 2008, se dio por notificado la parte recurrente, y apeló contra la sentencia dictada. Posteriormente, en fecha 21 de noviembre de 2008, el Juzgado a quo oyó en ambos efectos del recurso de apelación interpuesto y ordenó la remisión del expediente a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que dicten la decisión en la presente causa.

En fecha 9 de enero 2009, se dio por recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1589 del 27 de octubre de 2008, emanado del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

El 29 de enero de 2009, se dio cuenta a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y se inició la relación de la causa. Asimismo, por auto de la misma fecha se designó ponente a la Juez MARÍA EUGENIA MATA y se fijó el lapso de quince (15) días de despacho para que la parte apelante presentara el escrito de fundamentación de la apelación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, aparte 18, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2009, se ordenó la práctica por Secretaría del cómputo de los días de despacho, transcurridos desde la fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive, hasta el día en que finalizó la relación de la causa, inclusive.

En la misma fecha, la Secretaría de esta Corte certificó que desde el día 29 de enero de 2009, fecha en que se dio cuenta a la Corte del recibo del expediente, exclusive, hasta el 9 de marzo de 2009, fecha en que terminó la relación de la causa, inclusive, transcurrieron 15 días de despacho, correspondiente a los días 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25 y 26 de febrero de 2009; así como los días 2, 3, 4, 5 y 9 de marzo de 2009, también transcurrieron seis (6) días continuos del término de la distancia correspondientes a los días 30, 31 de enero de 2009, 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2009 y se pasó el expediente a la Juez Ponente que con tal carácter suscribe el presente fallo.

Evidenciado lo anterior advierte esta Alzada, que de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, se colige que el Juzgado a quo lo remitió a esta Corte, a los fines de que fuera resuelto el recurso de apelación ejercido por el recurrente, contra la sentencia de fecha 14 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, por medio de la cual se declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoada por la ciudadana Esperanza Josefina Arcia. La remisión del expediente se produjo a través del Oficio N° 1589 del 27 de octubre de 2008, el cual fue recibido el 9 de enero de 2009, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Es evidente entonces, que entre la fecha que la parte apelante ejerció el respectivo recurso de apelación, esto es, el 21 de octubre de 2008, y el día 29 de enero de 2009, fecha en la cual se dio cuenta a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del recibo del expediente, transcurrió más de un (1) mes, en el cual la causa se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes litigantes.

Ante tal circunstancia, resulta oportuno destacar el criterio mantenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia 2.523 de fecha 20 de diciembre de 2006, (caso Gladis Mireya Ramírez Acevedo) la Sala estableció lo siguiente:
“…Al respecto, esta Sala reitera que la estadía a derecho de las partes es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general, de conformidad con el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil. Tal principio se materializa, en que practicada la citación para la contestación de la demanda, o citación inicial, en otros procesos diferentes al juicio ordinario civil, no habrá necesidad de nueva citación a las partes para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley, como ocurre -por ejemplo- en materia de posiciones juradas o de juramento decisorio (artículos 416 y 423 del Código de Procedimiento Civil)…”.
(…Omissis…)
De ello resulta pues, que existió retraso entre la fecha en la cual la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió el respectivo expediente y la fecha en que se le dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo –más de un mes-, por lo que la Sala es del criterio que en el presente caso se produjo una paralización de la causa y la falta de notificación de las partes para la continuación del juicio, por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil) en este particular caso, originó el que a la hoy solicitante se le privara de la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación y se declarara el desistimiento del recurso interpuesto, lo que configuró sin duda, la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, cuyo restablecimiento correspondía a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual omitió pronunciamiento al respecto.
(…Omissis…)
Por lo tanto, la lesión del derecho a la defensa y al debido proceso se encuentra presente desde el momento en que no se ordenó la notificación de la parte ahora solicitante en revisión; y su situación jurídica infringida, nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de notificación, que debió producirse a instancia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez que se le dio cuenta a la misma mediante auto del 1 de febrero de 2005, generándole indefensión e inseguridad jurídica respecto de los actos procesales subsiguientes una vez reanudada la causa.

Ahora bien, aún cuando la sentencia supra citada se refiere a la circunstancia en que transcurre el referido período (más de un mes), entre el momento en que se recibe el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y la fecha en que se da cuenta del asunto, no es menos cierto que resultan perfectamente aplicables los principios expuestos en el fallo, los cuales igualmente han sido expresados por la misma Sala en otros casos similares al de autos.

Siendo ello así, en todos aquellos casos en los cuales una causa se encuentra paralizada y por lo tanto, la estadía a derecho de las partes se vea quebrantado como consecuencia de la inactividad de todos los sujetos procesales, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el Tribunal de que se trate. Así pues, tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación de aquéllas.

Esta Corte manteniendo el criterio sostenido por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en los casos de paralización de la causa, en las sentencias Nros. 2007-783 de fecha 7 de mayo de 2007, 2007-980 de fecha 13 de junio de 2007, 2007-1452 de fecha 3 de agosto de 2007, 2008-332 de fecha 28 de febrero de 2008 y más reciente, 2008-1392 de fecha 23 de julio de 2008 y con la finalidad de ampliar las garantías jurisdiccionales ya referidas, reitera el criterio sentado en la sentencia Nº 2007-2121 de fecha 27 de noviembre de 2007, (caso Silvia Suvergine Peña contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del estado Aragua), dictada por la referida Corte Segunda, según la cual “(…) en aquellos casos en que haya transcurrido más de un (1) mes entre la fecha en que se recibe el expediente y la oportunidad en la cual se da cuenta del mismo, este Órgano Jurisdiccional, en aras de ampliar dicho criterio con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los justiciables, establece que a partir de la publicación del presente fallo, se ordenará la reposición procesal en todas aquellas en las cuales haya transcurrido más de un (1) mes entre la interposición del recurso de apelación ante el a quo y la fecha en la cual se de cuenta del recibo del expediente en esta Alzada. Así se decide…”.

Con referencia a lo anterior, esta Corte considera relevante destacar que entre la fecha que la parte apelante ejerció el respectivo recurso de apelación esto es, el 21 de octubre de 2008 y el día 29 de enero de 2009, fecha en la cual se dio cuenta a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del recibo del expediente, transcurrió más de un (1) mes, lapso durante el cual la causa se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes litigantes, de allí que el trámite procesal adecuado imponía a esta Alzada, notificar a las partes de dicha cuenta, y así darle la continuidad a dicha causa.

Como puede observarse en las actas procesales que conforman el presente expediente, esto no sucedió; toda vez que entre los períodos procesales antes mencionados transcurrió más de un (1) mes en que la controversia se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes. En marco de las observaciones anteriores, se debió ordenar la notificación de las partes a efectos de iniciar la relación de la causa, prevista en el aparte 18, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Por las consideraciones anteriores, es por lo que esta Corte reitera el criterio citado, en el sentido de que toda vez que se presenten casos similares al de autos en los cuales haya transcurrido un lapso considerable de tiempo entre las fechas en que la parte ejerce su recurso de apelación y la oportunidad en que se dé cuenta del recibo del expediente ante esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se considerará que se ha producido una paralización de la causa, lo que traerá como consecuencia la notificación de las partes a objeto de ponerlas a derecho respecto de las fases procesales que deben ser llevadas a cabo ante esta Alzada, con la finalidad de garantizar a ambas partes sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.

En este mismo orden y dirección, esta Corte en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del primer aparte, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, DECLARA la nulidad parcial del auto dictado por esta Corte en fecha 29 de enero de 2009, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscritas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, REPONE la causa al estado de que se dé inicio nuevamente a la relación de la causa, una vez que conste en autos la notificación de las partes, de la presente decisión. Así se decide.

II
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. La NULIDAD parcial del auto dictado por esta Corte de fecha 29 de enero de 2009, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa; así como la nulidad de todas las actuaciones procesales con posterioridad al mismo.

2. Se REPONE la causa al estado de que se dé inicio nuevamente a la relación de la causa, una vez que conste en autos la notificación de las partes, de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase a la Secretaría de esta Corte. Cúmplase lo ordenado.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ________________ ( ) días del mes de __________________de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

El Juez Presidente,

ANDRES BRITO

El Juez Vicepresidente,

ENRIQUE SANCHEZ
La Juez,

MARIA EUGENIA MATA
Ponente

La Secretaria Accidental,

MARJORIE CABALLERO

Exp. N° AP42-R-2009-000044
MEM/