TSJ Regiones - Decisión

Expediente Nº AP42-R-2006-000873
Juez Ponente: ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
En fecha 22 de mayo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo el Oficio Nº 692 de fecha 9 de marzo de 2006, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, anexo al cual remitió expediente contentivo de la querella funcionarial interpuesta por los abogados Asdrúbal Matute Casadiego y Juan Luís Márquez Chacón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 27.616 y 26.030, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos YUDITH NEWMAN DE MORA, MIGUEL ÁNGEL VILLAMIZAR, JUAN LUÍS MÁRQUEZ CHACÓN, ALIDA IDA ONTIVEROS DE OTALVAREZ, MARÍA COROMOTO RUJANO DE DUGARTE, DELFINA UZCÁTEGUI DE RAMÍREZ, CARMEN AURORA PEÑA ZAMBRANO, MARÍA NOHEMI CHACÓN DE ARELLANO y MARÍA EMERITA MÁRQUEZ, portadores de las cédulas de identidad Nros. 3.941.195, 3.908.691, 1.707.958, 3.197.302, 4.468.158, 4.485.489, 3.675.934, 3.940.940 y 4.469.341, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA.

Dicha remisión se realizó en virtud del recurso de apelación ejercido el 3 de marzo de 2006 por el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada el 1º del mismo mes y año, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes.

Por auto de fecha 31 de mayo de 2006, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se designó ponente al Juez ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dictara la decisión correspondiente.

El 2 de junio de 2006, se pasó el expediente al Juez ponente.

El 11 de julio de 2006, la abogada Shileine Dávila, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 70.775, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, presentó escrito de fundamentación a la apelación.

Vista la designación del ciudadano EMILIO RAMOS GONZÁLEZ como Juez de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se reconstituyó este Órgano Jurisdiccional, quedando integrado, a partir del 6 de noviembre de 2006, de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Presidente; ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Vicepresidente y, ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Juez.

El 23 de enero de 2007, la abogada Shileine Dávila antes identificada, solicitó el abocamiento en la presente causa.

En fecha 5 de febrero de 2007, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se abocó al conocimiento de la presente causa y se ratificó la ponencia al Juez Alejandro Soto Villasmil, a los fines de que este Órgano Jurisdiccional dictara la decisión correspondiente.

En fecha 8 de febrero de 2007, se pasó el expediente al Juez ponente.

El 24 de abril de 2007 el abogado Aderito Da Silva, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.092, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida, solicitó la reposición de la causa, por cuanto no se fijó lapso alguno para la formalización de la apelación.

En fecha 7 de mayo, 6 de junio, 10 de julio, 19 de julio, 1º de agosto y 2 de octubre de 2007, los apoderados judiciales de la parte actora presentaron diligencias mediante las cuales solicitaron se fijara la oportunidad para presentar informes.
El 23 de octubre de 2007, la abogada Shileine Dávila, antes identificada, solicitó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde la fecha del abocamiento del ponente hasta la fecha de consignación del escrito de fundamentación de la apelación.

En fecha 14 de noviembre de 2007, esta Corte mediante decisión Nº 2007-02012 ordenó remitir el presente expediente a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, para que tramitara la apelación conforme a lo previsto en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debiendo proceder de inmediato a las notificaciones a que hubiere lugar en los términos antes señalados.

En fecha 22 de noviembre de 2007 el abogado Aderito Da Silva Castro, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida consignó diligencia mediante la cual solicitó la reposición de la causa al estado de fijar lapso para fundamentar y consignó copia simple del poder que acredita su representación.

En fecha 27 de febrero de 2008, la abogada Shileine Dávila, consignó diligencia mediante la cual solicitó se cumpliera con el auto dictado por esta Corte en fecha 14 de noviembre de 2007.

En fecha 29 de abril de 2008 la abogada ut supra indicada ratificó su diligencia presentada en fecha 27 de febrero de ese año.

En fecha 6 de noviembre de 2008, esta Corte vista la decisión Nº 2007-02012 dictada por este Órgano Jurisdiccional, ordenó notificar a las partes y al Procurador General del Estado Mérida. Ahora bien, en ese mismo auto por cuanto las partes se encontraban domiciliadas en el Estado Mérida, se ordenó comisionar al Juzgado (Distribuidor) del Municipio Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida a los fines de que practicara las citadas notificaciones. En esa misma fecha se libraron los oficios, la boleta y el despacho correspondiente.

En fecha 13 de enero de 2009, el Alguacil de esta Corte consignó oficio dirigido al Juez (Distribuidor) del Municipio Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida, el cual fue enviado a través de valija oficial de la D.E.M. el día 2 de diciembre de 2008.

En fecha 5 de marzo de 2009, se recibió del Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida el oficio Nº 157 de fecha 13 de febrero de 2009, anexo al cual remitió la comisión librada por esta Corte en fecha 6 de noviembre de 2008.

En fecha 17 de marzo de 2009, esta Corte visto el oficio Nº 157 de fecha 13 de febrero de 2009, ut supra indicado ordenó agregarlo a los autos con sus anexos correspondientes. Asimismo, se dejó constancia que notificadas como se encontraban las partes de la decisión Nº Nº 2007-02012 dictada por este Órgano Jurisdiccional, comenzarían a transcurrir al día de despacho siguiente al presente auto, los ocho (8) días hábiles a que alude el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 33 de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, así como los siete (7) días concedidos como término de la distancia y vencidos éstos, se fijaría el décimo (10º) día de despacho siguiente para que las partes presentaran sus informes por escrito, de conformidad con lo estipulado en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 27 de abril de 2009, el abogado Aderito Da Silva Castro, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida, consignó escrito de informes en la presente causa.

En fecha 28 de abril de 2009, el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente consignó su correspondiente escrito de informes.

En fecha 28 de abril de 2009, el abogado Aderito Da Silva Castro antes identificado, consignó su respectivo escrito de informes.

En esa misma fecha, esta Corte vencido como se encontraba el término establecido en el auto de fecha 17 de marzo de 2009, para que las partes presentaran sus informes en forma escrita, se dio inicio al lapso de ocho (8) días de despacho, a partir de esa fecha, inclusive, a los fines de la presentación de las observaciones a los informes, de conformidad con el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 14 de mayo de 2009 los abogados Shileine Dávila y Aderito Da Silva Castro en representación de la parte recurrente y recurrida respectivamente, consignaron Escritos de Observaciones a los Informes.
En esa misma fecha, esta Corte vencido como se encontraba el lapso de los ocho (8) días de despacho para la presentación de las observaciones a los informes, se ordenó pasar el expediente al Juez Ponente, a los fines que dictara la decisión correspondiente, de conformidad con el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 18 de mayo de 2009, se pasó el presente expediente al Juez ponente.
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I
DE LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN FORZOSA
DE LA SENTENCIA
En fecha 5 de agosto de 2005, el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó escrito mediante el cual solicitó la ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, con fundamento en los siguientes argumentos:
Adujo que tal como consta en el presente expediente, sus poderdantes, como docentes jubilados intentaron formal querella contra el Ejecutivo del Estado Mérida en fecha 18 de enero de 1996, en demanda del pago de sus prestaciones sociales y otros beneficios laborales, por ante el Juzgado Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, con sede en la ciudad de Barinas.
Señaló que el referido Tribunal en sentencia de fecha 3 de junio 1999, declaró con lugar la demanda, y en la dispositiva condenó al Ejecutivo del Estado Mérida, lo siguiente: “1) Sincerar los sueldos de los docentes recurrentes ya mencionados, en su condición de docentes jubilados. 2) Calcular el monto de las Prestaciones Sociales que les corresponde tomando en cuenta el Decreto Presidencial N° 3.245 y los beneficios contemplados en la IV Contratación Colectiva de Trabajo, cuyo monto se determinará por una experticia complementaria del fallo y el pago se hará deduciendo el monto cobrado por los demandantes por concepto de prestaciones sociales tal como consta en auto. 3) Y se acuerda la indexación monetaria conforme al índice de inflación que al efecto sea requerida del Banco Central de Venezuela, mediante experticia complementaria del fallo que se ordena a tales efectos.- Se condena en costa a la parte demandada”.
En este sentido expresó que “la sentencia no llegó a ejecución forzosa, porque las partes, mediante transacción extra judicial, autenticada por ante la Notaría Primera de Mérida, en fecha 13 de Octubre de 1999, SOLAMENTE dieron cumplimiento voluntario al dispositivo N° 2 de la sentencia antes indicada, y pagaron a (sus) poderdantes las PRESTACIONES SOCIALES, en su condición de docentes jubilados”.
Adujo que la transacción in comento a su vez fue homologada en fecha 25 de noviembre de 1999 por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto argumentó la citada representación que “a pesar de que en la citada sentencia proferida por ese Tribunal se ordenó la sinceración de los sueldos de (sus) poderdantes, y asimismo se convino en la señalada transacción extra judicial que las partes solicitarían a la comisión de pensionados y jubilados de la Asamblea Legislativa sincerar los sueldos de los demandantes en su condición de docentes jubilados, hasta la presente fecha tal sinceración de sueldos no ha sido satisfecha, a pesar de las innumerables gestiones que (han) realizado, razón por la cual, (afirmaron) que de la sentencia, sobre la que acordaron las partes cómo cumplirla voluntariamente, no se ha satisfecho la sinceración de los sueldos de (sus) poderdantes, por lo cual (les) ha quedado otro recurso que acudir a esta vía para instar su ejecución forzosa”.
Asimismo el citado apoderado hizo referencia a las distintas gestiones que ha realizado ante el Consejo Legislativo, Gobernador y Procurador del Estado para el cumplimiento de la referida sentencia argumentando que “varias han sido las gestiones que (han) realizado en procura de obtener una respuesta satisfactoria frente a los órganos públicos involucrados para su solución. Como quiera que en el acta de transacción extra judicial (…), se dispuso en su cláusula TERCERA que ‘las partes convienen y así lo declaran solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docente jubilados’, (sus) poderdantes en un primer término se dirigieron por escrito al (…) Presidente del Consejo Legislativo del Estado Mérida, en fecha 06 de Octubre del 2003. debidamente recibida en fecha 7 del mismo mes y año, y donde, luego de comentarle sobre el ‘ACUERDO NOTARIADO’, se le hace saber que ‘hasta la presente fecha no ha existido forma ni manera que se cumpla con este COMPROMISO entre las partes; además se le solicitó que informara ‘si en ese momento (estaba) instalada la Comisión de Jubilados y Pensionados del Consejo Legislativo del Estado Mérida’. La petición en cuestión fue respondida en fecha 09 de octubre por el (…) Asesor Jurídico de la Comisión Especial de Pensiones y Jubilaciones, quien dirigiéndose a una de las peticionarias contestó que ‘Actualmente la Comisión Especial de Pensiones y Jubilaciones no se ha instalado formalmente, se encuentra en un proceso de Informes e Inventario debido a la culminación del período de jubilación 2002-2003, quedando así dependiente directamente de la Presidencia del Consejo Legislativo hasta su próxima instalación correspondiente al otorgamiento de jubilaciones y pensiones período 2003-2004 (…)”.
En el mismo sentido expresó que “en fecha 23 de noviembre del 2004, el mismo Asesor Jurídico, en Memorando dirigido al (…) Secretario del Consejo Legislativo del Estado Mérida, haciendo referencia al mismo texto que enviaron (sus) poderdantes al Presidente del Consejo Legislativo, concluye diciendo: ‘En tal sentido debo participarle que el Consejo Legislativo no tiene competencia en este ámbito por lo cual deberán instruir su solicitud ante los órganos competentes”
En lo que se refiere a las gestiones realizadas ante el Gobernador del Estado expresó el apoderado de la parte recurrente que se dirigieron al “Gobernador del Estado Mérida, exponiéndole sobre el contenido de la sentencia ya referida y del acta de transacción extra judicial, informándole que (habían) agotado la instancia del Consejo Legislativo y solicitándole ordenase lo conducente a fin de que a (sus) poderdantes, como docentes jubilados, se les sinceraran los sueldos, todo de acuerdo con lo que disponen los contratos o convenciones colectivas, actas, decretos, resoluciones, etc., dejándole debidamente establecido que ocurrían a la vía jurisdiccional para el caso que (consideraran) que de alguna manera se lesionaran los derechos e intereses de (sus) poderdantes”. Señaló que a esa fecha no se había recibido ninguna respuesta del ciudadano Gobernador del Estado Mérida.
En cuanto a las gestiones ante el Procurador General del Estado indicó que “con fecha 08 de marzo del 2005, debidamente recibida en fecha 09-03-05, (se dirigieron) al ciudadano Procurador General de ese Estado y con fecha 23 de mayo del 2005 y mediante oficio N° PG- 0536, el ciudadano Procurador General del Estado (…), (les) informa que la Jefa de Recurso Humanos, adscrita a la Gobernación del estado, a su vez le informó que los maestros jubilados (sus poderdantes) están percibiendo asignaciones actualizadas y homologadas”, respecto de lo cual adujo que podían “afirmar que para (esa) fecha a (sus) poderdantes NO se les ha sincerado su sueldo de acuerdo con 1ra. Convención Colectiva de Trabajo Estadal (Cuarto Contrato Colectivo), 2da. Convención Colectiva de Trabajo Estadal o 5to. Contrato Colectivo; 3ra. Convención Colectiva de Trabajo Estadal o 6to. Contrato Colectivo; 3ra. Convención Colectiva de Trabajo Nacional o 6to. Contrato Colectivo y 4ta. Convención Colectiva de Trabajo Nacional o 7mo. Contrato Colectivo, Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Actas Convenios, Declaraciones de Convenimientos, Actas suscritas entre las partes, sentencias, etc., y por virtud del silencio del Ejecutivo Regional y la respuesta dada por el Procurador General del Estado, (consideraron) agotada la instancia administrativa y cumplido los requisitos de Ley, razones por las cuales, no (les) ha quedado otra alternativa que solicitar la presente Ejecución de Sentencia”.
Por las razones antes expuestas solicitó “SE EJECUTE LA SENTENCIA de fecha 03 de junio de 1999, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en su DISPOSITIVO PRIMERO, y que obra en el expediente, con el fin de que se obligue al EJECUTIVO DEL ESTADO MERIDA, representado por el Gobernador del Estado (…), a sincerizar los sueldos de (sus) poderdantes con las consecuencias que ello implica (…)”.

II
DEL FALLO APELADO

En fecha 1 de marzo de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999 dictada por el referido Juzgado Superior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…) Vista la solicitud de continuación de la ejecución forzosa, presentada por el abogado AQUILES MARCANO GIL con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR, ALIDA IDA ONTIVEROS DE OLTAVARES, MARIA COROMOTO RUJANO DE DUGARTE, DELFINA UZCATEGUI DE RAMÍREZ, MARIA NOEMÍ CHACON ARELLANO, MARIA EMERITA MARQUEZ DE RAMÍREZ y CARMEN AURORA PEÑA ZAMBRANO y la oposición presentada por el abogado JOSÉ LEONCIO SÁNCHEZ, actuando con el carácter de apoderado judicial de la entidad federal Mérida, (ese) Tribunal a los fines de resolver la presente incidencia lo hace de la siguiente forma: Se evidencia de las actas procesales la transacción suscrita entre las partes de fecha 13-10-1999 y debidamente homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 25-11-1999, la causa que dio motivo a la solicitud formulada por los demandantes relativa a la sinceración de los sueldos de los demandantes, ya que en la cláusula tercera señala que las partes convienen y así lo declaran solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados, por lo que se hace preciso determinar el concepto de transacción objeto de discusión por parte de los solicitantes de la ejecución forzosa.

Así las cosas, la transacción se define como una convención por la cual las partes ponen fin a un litigio existente o previenen el nacimiento de una controversia, la transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evita la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. En nuestra doctrina es el acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, de tal manera que podemos decir que la transacción siendo un contrato es ley entre las partes y ellas deben regirse por lo descrito en ellos, por lo que podemos señalar que las características que la describen son: 1) es un acto de derecho privado o privativo de las partes dentro del juicio, que configura un contrato como lo estipula el Código Civil respecto a las transacciones; 2) debe existir un juicio ante un Tribunal, sin importar el estado en que se encuentre ni si los fundamentos son procedentes o que el Tribunal sea competente, cuando la transacción extrajudicial se lleva a juicio, pasa a ser una transacción procesal que producirá todos los efectos al ser homologada por el Juez; 3) debe efectuarse ante el Tribunal de la causa, salvo que exista otro proceso en un Juzgado diferente que igualmente pueda conocer del asunto, caso en el cual la transacción celebrada podrá ser incorporada al expediente llevado por el otro Tribunal, y siempre que se le haya referido dentro del contexto de la transacción; 4) la transacción que se celebre en un juicio debe versar sobre el objeto litigioso, pudiendo ser la transacción sobre la totalidad del objeto o sobre parte de él, también podrían incluirse bienes o derechos que no hayan formado, parte del juicio, siempre que estén a disposición de uno o ambos sujetos, pero debe referirse al objeto litigioso a fin de poner término a la controversia; 5) después de la homologación de la transacción, la misma tendrá efecto de una sentencia ejecutoriada; 6) igualmente la transacción judicial tiene algunos efectos que le son propios como son: pone fin a la litis pendencia y, por ende, a las diferencias entre las partes que dieron origen al juicio, y al tener entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada, la transacción constituye un titulo ejecutivo.
Delimitado lo anterior, nos lleva a la conclusión de que es improcedente el alegato esgrimido por el solicitante de la ejecución forzosa, relativo a que la transacción no deja sin efecto la sentencia, por el contrario, existe una nueva sentencia fijada por las partes de manera convencional en la transacción que fue homologada.
Al analizar la cláusula supra descrita, en la cláusula tercera se convino claramente una obligación para la Gobernación del Estado Mérida contentiva en solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados, lo que significa que se trata de una obligación de hacer constitutiva de la solicitud que el ente administrativo entidad federal del Estado Mérida debe hacerle a la Comisión de Pensionados y Jubilados ya mencionada y de autos se evidencia, conforme a las pruebas presentadas, del oficio Pg. 0375 de fecha 12-04-2005 y oficio Pg. 491 de fecha 16-05-2005 dirigido a la ciudadana ADA RAMÍREZ, con el carácter de Jefa de la Oficina de Personal de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida; del oficio AL 158/05 de fecha 17-05-2005 dirigido a la Procuradora General del Estado Mérida; oficios Nº 0535 de fecha 23-05-2005 dirigido a ciudadana JUDITH BRICEÑO ZAMBRANO, Jefa de la Oficina de Secretaría Privada; oficio 0536 de fecha 23-05-2005 dirigido al ciudadano Aquiles Marcano; de que efectivamente se dio cumplimiento con la obligación de hacer impuesta en la transacción celebrada por las partes, en el entendido de que tal obligación de hacer según lo acordado por ellas solamente se extinguía con presentar formal solicitud, observándose que la parte solicitante de la continuación de la ejecución incurre en un falso supuesto, así como un error de interpretación de la cláusula contractual que reguló el destino de las relaciones litigiosas de las partes del presente proceso, tratando de salirse de la composición procesal suscrita en la transacción de fecha 13-10-1999.
De los autos se puede evidenciar que existe un total cumplimiento de lo suscrito en la transacción en todas y cada una de sus partes, sin que menoscabara el derecho de alguna de las partes, ni existe violación constitucional alguna; en consecuencia, la solicitud de ejecución forzosa debe declararse improcedente y así se decide”.

III
DEL ESCRITO DE INFORMES DE LA PARTE APELANTE
En fecha 28 de abril de 2009, el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó escrito de informes, aduciendo los siguientes alegatos:

Al respecto la representación judicial de la parte recurrente denunció la violación de norma de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, señalando que luego de haber consignado su escrito de fecha 5 de agosto de 2005 donde solicitaron al Tribunal de la causa ejecutara la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, solamente en el dispositivo primero que ordenó a la Gobernación del Estado Mérida la sinceración de los sueldos de sus poderdantes, el citado Tribunal mediante auto de fecha 24 de noviembre del 2005 ordenó la notificación del querellante y ordenó abrir una incidencia de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que concurriera a contestar al día siguiente y una vez que constara en auto se abriría una articulación probatoria de ocho días y el Juez decidiría al NOVENO día. Indicó que se concedieron dos (2) días como término de la distancia.

En este sentido hizo referencia al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamara alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que considere justo a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación probatoria por ocho días sin término de distancia”.
En este sentido adujo que la recurrida violó lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, al establecer un término de distancia que en él no se contempla.
Asimismo hizo referencia a las siguientes actuaciones:
- En fecha 11 de enero del 2006 se dio por citado renunciando al término de la distancia. Informó que renunció al término de la distancia el hecho de que además de estar a derecho el Procurador General del Estado por así decidirlo el Tribunal, el artículo 607 lo excluye de manera expresa.
- En fecha 12 de enero de 2006, informó que contestó las pretensiones del demandado rechazando sus alegatos.
- En fecha 25 de enero de 2006 consignó escrito de promoción de pruebas.
- Que en esa misma fecha venció el lapso para promover y evacuar pruebas, sin que la Procuraduría nada promoviera ni evacuara.
En virtud de lo anterior, adujo que “la decisión del Tribunal, ajustada estrictamente a lo que dispone el Código de Procedimiento Civil, ha debido ocurrir el día 25 de enero del 2006, y al no haberlo hecho así, el Juez de la recurrida, además de violar lo dispuesto en artículo 607 del Código de Procedimiento Civil al establecer término de distancia que no prevé la norma, subvierte el orden procesal al admitir pruebas dentro del término para decidir y que consecuencialmente prorroga, sin causa justificada el término para decidir, haciéndolo en fecha 01 del mes de marzo del 2006, NOVENO día luego de la entrada de la comisión que notificó al Gobernador del Estado”.
Asimismo, la representación judicial de la parte recurrente denunció la violación al derecho a la defensa de sus representados argumentando que “Dentro del término legal contestamos rebatiendo los alegatos, presentamos pruebas y la recurrida obvia total y absolutamente tanto nuestras contestaciones como pruebas; ni siquiera hace la más mínima mención de que actuamos en el proceso haciendo uso del derecho de defensa, pero lo que si hace es apreciar las pruebas de la contraparte, aún cuando las mismas son impertinentes e ilegales”.
Además señaló que “no existe la menor duda que con el proceder del Juez se nos colocó en absoluta indefensión, dejándonos en un plano de DESIGUALDAD frente a la contraparte al omitir absolutamente tanto nuestra contestación como nuestras pruebas, pero si apreciando sin aplicar preceptos legales y como si fueran suyas las pruebas que aportó la contraparte, con todo lo cual decidió…”
En este mismo sentido denunció la omisión absoluta del iter procedimental expresando que “es sabido que debe existir para los litigantes en el iter procesal las oportunidades de ejercer todas sus defensas, que éstas sean analizadas y oportunamente resueltas”.
Sobre este vicio adujo que “la Procuraduría al oponerse con su escrito a nuestra solicitud de que se ejecutara forzosamente la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su particular primero, alegó que por efecto de la transacción entre las partes la sentencia no tenía efectos jurídicos, además que invocó la cosa juzgada; sin embargo en su escrito de promoción de prueba, extemporáneo en nuestro criterio, además de no probar nada que apoyara sus dichos, se divorcia de su propio planteamiento inicial para hacer NUEVOS ALEGATOS, que sorprendentemente acoge el Tribunal de la causa”.
Manifestó que en su criterio y de manera extemporánea “el representante de la Procuraduría promovió como prueba la TRANSACCIÓN con la que, según dice se deja sin efecto la sentencia de primera instancia’, no da ninguna explicación de cómo, de qué manera, por qué la transacción deja sin efecto la sentencia de primera instancia; tampoco prueba sus alegatos relacionados con la existencia de COSA JUZGADA producida con la Transacción”.
Aunado a lo anterior adujo que “la sentencia recurrida no hace ninguna mención, ni siquiera resumida de algunos actos del procedimiento”.
Con fundamento en el artículo 243, ordinal 4º y 12 del Código de Procedimiento Civil indicó que el fallo carece de motivación por no señalar los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamenta su decisión, y porque no contiene soporte jurídico y doctrinal que respalde su decisión. Que además la recurrida en el análisis que hace de los hechos, da por probado algunos, no señala normas aplicables a la pretensión y a la resistencia, ni subsume los hechos en el derecho, ni concluye analizando el material probatorio de modo tal que se entienda por qué en su opinión la acción ha debido ser declarada sin lugar.
En tal sentido afirmó que “no dice la recurrida quién de las partes presentó las pruebas, tampoco indica quién dirigió los oficios, no indica ni analiza las presuntas pruebas, dando por demostrado lo que debe ser objeto de prueba y luego afirma que con esos oficios dirigidos la ciudadana ADA RAMÍREZ, a la Procuradora General del Estado Mérida, a la ciudadana JUDITH BRICEÑO y al ciudadano Aquiles Marcano, efectivamente se dio cumplimiento con la obligación de hacer impuesta en la transacción celebrada por las partes”.
Denunció asimismo el vicio de incongruencia negativa señalando que “en la sentencia recurrida JAMAS se menciona que solicitamos la ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su particular PRIMERO referido al cumplimiento por parte del Ejecutivo del estado Mérida de la sinceración de los sueldos de mis poderdantes”. Que “existe un total y absoluto silencio por parte de la recurrida sobre nuestra pretensión que nos hace concluir que la sentencia se encuentra inficionada del vicio de incongruencia negativa, procedente de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil ya que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa”.
Alegó el vicio de incongruencia por ultrapetita por cuanto “la recurrida se pronunció fuera de las pretensiones deducidas, ya que como hemos demostrado a lo largo de esta formalización, solicitamos al Tribunal que continuase con la ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su Particular Primero, referido a la sinceración de los sueldos de mis poderdantes (…) y el Juez se decide sobre la transacción, sin pronunciarse en absoluto sobre nuestra petición; es decir (…) que la condena versó sobre un objeto diferente señalado en el libelo, extraño al problema judicial debatido entre las partes”.
En lo que se refiere al vicio de suposición falsa de conformidad con lo establecido en el artículo 313, ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil indicó que “la recurrida incurrió en suposición falsa, por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, por falta de aplicación del artículo 12 del Código Civil por no atenerse a lo alegado y probado en autos”.
En tal sentido argumentó que “en efecto, la recurrida con aviesa intención se inicia tergiversando los hechos y estableciendo que solicitamos ‘la continuación de la ejecución forzosa’, que al no aclarar, especificar y plasmar que solicitamos ‘la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 03 de junio de 1993, en su particular primero’, le permitió distorsionar nuestra real y comprobada intención para establecer que solicitamos la ejecución forzosa de una transacción, para que, mencionando una ‘pruebas impertinentes y extemporáneas’, que no le dan soporte alguno; es decir, sin prueba alguna, disponer en la ‘dispositiva’ que ‘la transacción se cumplió’ y por lo tanto declara ‘sin lugar la solicitud de ejecución forzosa”.
Sobre este vicio arguyó que la recurrida incurre asimismo en suposición falsa al haber atribuido a un instrumento del expediente menciones que no contiene que en efecto el Tribunal “atribuyó a la TRANSACCIÓN celebrada entre la Gobernación del Estado el 13 de Octubre de 1999 (…), menciones que no contiene. Que en la cláusula TERCERA de la TRANSACCIÓN, autenticada por ante la Notaría Primera de Mérida, en fecha 13 de Octubre de 1999, anotado bajo el N° 12, Tomo 61, de los libros de autenticaciones, las partes acordaron que la obligación de solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, se extinguía con presentar formal solicitud, lo cual no es más que un invento, porque en la cláusula tercera de la transacción las partes no acordaron que la obligación de solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, se extinguía con presentar formal solicitud. Y el caso es que con esa falsa suposición, el Juez de la recurrida se permitió fallar en la dispositiva, que se evidencia de los autos que existe un total cumplimiento de la TRANSACCIÓN”.
La citada representación judicial de la parte recurrente denunció el vicio de silencio absoluto de pruebas, por falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto argumentó que mediante diligencias de fechas 25 de enero de 2006 y 16 de febrero de 2006, consignó su escrito de promoción de pruebas demostrando que solicitaron al Tribunal “SE EJECUTE LA SENTENCIA de fecha 03 de junio de 1999, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en su DISPOSITIVO PRIMERO, referido al cumplimiento, por parte del Ejecutivo Regional, de sincerizar los sueldos de mis poderdantes con las consecuencias que ello implica”. Asimismo promovimos la TRANSACCIÓN con el objeto de demostrar que lo previsto en la cláusula TERCERA, no era sino un simple trámite de carácter administrativo que las partes se comprometieron hacer ante la Asamblea Legislativa para la sinceración de los sueldos de mis poderdantes”.
Señaló con relación a lo anterior que “el silencio absoluto de las pruebas influyó determinantemente en el dispositivo de la sentencia por cuanto que la misma dictaminó la declaración sin lugar de nuestra solicitud de ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999 en su particular primero que ordena la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, y permitió, entonces que el Juez derivara su decisión hacia el cumplimiento total de la TRANSACCIÓN, cuestión que NUNCA solicitamos”.
Denunció el vicio de errónea interpretación del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación del artículo 7 del citado Código por las razones expuestas anteriormente en virtud que la recurrida “a pesar de haber atribuido una norma apropiada al caso concreto, cual es el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, yerra en su interpretación al disponer en la notificación que ordenó para los solicitantes de la continuación de la ejecución, un término de distancia que ella expresamente excluye, violando con ello lo establecido en el referido artículo 7”.
Con respecto a este vicio señaló que “el error de interpretación del Juez de la recurrida, influyó determinantemente en la dispositiva porque de no haber concedido, como efectivamente hizo, término de distancia en la incidencia probatoria establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, hubiese cumplido con el término establecido en dicha disposición y al NOVENO día de despacho (25-01-2006), hubiese dictado la sentencia, valorando nuestra contestación y pruebas, con la apreciación de que nada probó el representante de la Procuraduría de lo que alegó, por lo que lógicamente habría tenido que decidir con lugar nuestra solicitud de continuación de ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su Particular Primero”.
Por todas las razones antes expuestas solicitó que el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y de lo Contencioso Administrativo de la Región de los Andes en fecha 01 de marzo de 2006 debe ser declarado NULA, y de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil se dicte nueva sentencia,, declarando con lugar su petición de que se continúe con la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su Dispositivo Primero, que ordena al Ejecutivo del Estado Mérida sincerar los sueldos de sus representados.

IV
DEL ESCRITO DE INFORMES DE LA RECURRIDA
En fecha 27 de abril de 2009, el abogado Aderito Da Silva Castro, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida, consignó escrito mediante el cual consignó escrito de informes, aduciendo los siguientes alegatos:

Al respecto el apoderado judicial del Estado Mérida argumentó que en el caso de autos operó la cosa juzgada pues existe composición procesal suscrita por ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, bajo el N 12, tomo 61, de fecha 13 de octubre de 1999.
En este sentido expresó que en consecuencia “existe una modalidad de composición procesal en las que las partes dieron por terminado el juicio, y en lo que respecta a la cláusula tercera de la transacción, que constituye el objeto de la reclamación, las partes acordaron simplemente solicitar para aquel entonces Asamblea del Estado Mérida- hoy Oficina de Recursos Humanos- de la Gobernación del Estado Mérida, que se sinceren los salarios. Y siendo que en esos términos se estableció la composición procesal, no pueden pretender los ejecutantes, modificar el contenido de la transacción o recurrir a una sentencia que quedó sin efecto, porque sería desconocer el carácter vinculante para las partes de la composición procesal”.
Que “mal pueden los accionantes ampararse en la sentencia de fecha 3 de junio de 1999, para modificar el carácter de cosa juzgada que produjo la transacción, y a la que se circunscribieron las partes. Carácter de cosa juzgada que se reafirma en sendos autos del Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo como forma de terminar el proceso”.
El citado apoderado confirmando lo decidido por el Juzgado a quo en fecha 1 de marzo de 2006 indicó que la parte demandante no puede “pretender la ejecución forzosa de una sentencia -3 de junio de 1999, que no existe-, porque como bien consta a los autos, se suscribió modalidad de composición procesal como lo fue la transacción, que en sendas actas procesales consta a los autos, y debidamente homologada por la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo”.
A este respecto señaló que “la transacción como modalidad de composición procesal, es aquella en la que las partes dan por terminado el litigio mediante reciprocas concesiones, antes que haya sentencia firme, y para el caso sub examine las partes dieron por terminado el juicio en la Corte Primera de lo Contencioso, mediante la respectiva composición procesal. Ello así, en aplicación de los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, homologada la transacción tiene entre las partes los mismos efectos de la cosa juzgada, es decir, da por terminado el juicio- ex artículo 1718 del Código Civil, y le es vinculante a las partes, no puede reclamar nuevamente sobre lo que se transó”.
En ese orden expresó que “la transacción que riela inserta a las actas procesales en el presente juicio, suscrita entre las partes el 13 de octubre de 1999, homologada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, en su particular tercero, es del siguiente tenor: “Las partes convienen y así lo declaran solicitar a la comisión de pensionados y jubilados de la Asamblea del estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados”.
Por consiguiente adujo que “como bien lo refirió el a quo, la voluntad de las partes, se circunscribió a una conducta de hacer, como lo es que solicitar ante el órgano competente, una solicitud de ‘sincerar’ los sueldos, y en ello, se agotaba esa parte de la voluntad de los suscribientes. Por lo que se cumplió con la conducta de hacer en la transacción, en consecuencia, improcedente lo peticionado por los querellantes”.
La referida representación denunció el vicio de errónea interpretación de los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que al constar a los autos, senda modalidad de composición procesal, como lo es la transacción debidamente homologada por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, conlleva a que la sentencia en la que solicitan como fundamento de la ejecución no existe, y por ende, a tenor del artículo 19 parágrafo quinto, es improcedente en cuanto a derecho.
Aunado a lo anterior señaló que en el caso de autos “está debidamente cumplida la transacción, en su particular tercero, como lo es la conducta de hacer a que se sometieron las partes, y siendo que a-los autos, rielan sendos oficios pg. 0375 de fecha 12 de abril de 2005, y oficios pg. de fecha 16 de mayo de 2005, dirigidos a la Jefa de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida, en la que se da cumplimiento a lo acordado por las partes, por ser el órgano que lleva hoy día la parte de docentes jubilados, (…) se debe declarar improcedente la ejecución instada, por haberse dado cumplimiento a la voluntad de partes”.
Como consecuencia de lo antes señalado que “se evidencia que hay cosa juzgada -presunción iuris et de jure y con efectos erga omnes- por disposición del artículo 1395 del Código Civil y ex artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, ya que transada y homologada la transacción- tiene los mismos efectos que la cosa juzgada, y siendo que fue objeto de la transacción solicitar dicha conducta de hacer, no pueden los solicitantes excederse más allá de su contenido, para hacer reclamaciones económicas que no se contemplan en la transacción, pues sería desconocer el carácter de cosa juzgada de la transacción, y ello es contrario al orden público”.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
- De la Competencia
Previo a cualquier pronunciamiento, visto que dentro del ámbito de competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se encuentra el conocimiento de las apelaciones interpuestas contra las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo en materia de función pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con lo dispuesto en la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 24 de noviembre de 2004, caso: TECNO SERVICIOS YES’ CARD, C. A. y según lo establecido en el artículo 1° de la Resolución Nº 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866, de fecha 27 de enero de 2004, según la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo “(…) tendrá las mismas competencias que corresponden a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el resto del ordenamiento jurídico”, esta Corte resulta competente para conocer como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso-administrativa en materia de función pública. Así se declara.
- Del recurso de apelación
Determinada la competencia corresponde a esta Alzada decidir el recurso de apelación interpuesto por el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión de fecha 1 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, mediante la cual se “declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio 1999, por el referido Juzgado Superior, en razón de la transacción celebrada entre las partes” y, a tal efecto, observa que:
La representación judicial de la parte recurrente reiterando sus defensas en el respectivo escrito de informes, adujo que la decisión del Tribunal a quo incurrió en los vicios de: violación de norma de orden público (errónea interpretación de ley), suposición falsa de la sentencia, inmotivación, incongruencia negativa y positiva, violación del derecho a la defensa, omisión absoluta del iter procesal y silencio de prueba.
-Del vicio de errónea interpretación de una norma
En lo que respecta a este vicio, el apoderado judicial de la parte recurrente adujo en su correspondiente escrito de informes, la violación por parte del Juzgado a quo del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil por errónea interpretación de esa norma.
En este sentido, señaló que luego de haber consignado su escrito de fecha 5 de agosto de 2005 donde solicitó al Tribunal de la causa ejecutara la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, solamente en el dispositivo primero que ordenó a la Gobernación del Estado Mérida la sinceración de los sueldos de sus poderdantes, el citado Tribunal mediante auto de fecha 24 de noviembre del 2005 ordenó la notificación del querellante y asimismo ordenó abrir una incidencia de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que concurriera a contestar al día siguiente y una vez constara en autos la notificación, se abriría una articulación probatoria de ocho días y el Juez decidiría al NOVENO día-. Indicó que se concedieron dos (2) días como término de la distancia.
En virtud de lo anterior, adujo que “la decisión del Tribunal, ajustada estrictamente a lo que dispone el Código de Procedimiento Civil, ha debido ocurrir el día 25 de enero del 2006, y al no haberlo hecho así, el Juez de la recurrida, además de violar lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil al establecer término de distancia que no prevé la norma, subvierte el orden procesal al admitir pruebas dentro del término para decidir y que consecuencialmente prorroga, sin causa justificada el término para decidir, haciéndolo en fecha 01 del mes de marzo del 2006, NOVENO día luego de la entrada de la comisión que notificó al Gobernador del Estado” (Resaltado de esta Corte).
En este orden de ideas, argumentó que la recurrida violó lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, al establecer un término de distancia que en él no se contempla.
Asimismo, la citada representación con relación a la denuncia anterior, hizo referencia a las siguientes actuaciones:
- En fecha 11 de enero del 2006 se dio por citado renunciando al término de la distancia.
- En fecha 12 de enero de 2006, informó que contestó las pretensiones del demandado rechazando sus alegatos.
- En fecha 25 de enero de 2006 consignó escrito de promoción de pruebas.
- Que en esa misma fecha señaló que venció el lapso para promover y evacuar pruebas, sin que la Procuraduría nada promoviera ni evacuara.
Señalado lo anterior, expresó que la decisión del Tribunal a quo, de acuerdo a lo previsto en el citado artículo 607, ha debido ocurrir el día 25 de enero del 2006, y no en fecha 01 del mes de marzo del 2006.
Ahora bien, con respecto al vicio de errónea interpretación este Órgano Jurisdiccional observa, que cuando se denuncia la existencia de tal vicio se deben expresar las razones que demuestren la existencia de la trasgresión (Vid. Sentencia de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo N° 2006-02104 de fecha 4 de julio de 2006), esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo.
Ello así, conforme al criterio jurisprudencial sobre el vicio de errónea interpretación de una norma, ratificado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0361 del 11 de marzo de 2003, caso: Fisco Nacional contra Bosch Telecom, C.A; en la cual se estableció:
“entendido en el ámbito contencioso administrativo como error de derecho, el cual se verifica cuando el Juez aun reconociendo la existencia y validez de una norma apropiada al caso, yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no se le da su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido”.

Igualmente, en sentencia de fecha 5 de abril de 2006 Nº 0923, caso: Fisco Nacional contra ALNOVA C.A; la referida Sala ratificó su criterio señalando lo siguiente:
“Así delimitada la litis pasa esta Sala a decidir, a cuyo efecto debe pronunciarse en primer orden en torno al vicio de errónea interpretación de la Ley, entendido en el ámbito contencioso administrativo como el error de derecho, y verificado según el concepto jurisprudencial cuando el Juez, aún reconociendo la existencia y validez de una norma apropiada al caso, yerra al interpretarla en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no se le da su verdadero sentido, haciéndose derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. Sin embargo, vista la relación directa que implica el análisis para resolver la denuncia en cuestión con la resolución de todo el asunto controvertido, se debe antes conocer y decidir la materia de fondo debatida, dilucidando así la legalidad del acto impugnado, luego de lo cual podrá la Sala juzgar sobre la procedencia o improcedencia del aludido vicio.” [Negritas de la Corte].
Dicho lo anterior, esta Corte debe pasar a verificar si en el caso de autos el Juzgado a quo ha incurrido en una errónea interpretación del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual debe analizar las siguientes actuaciones que constan en el expediente:
- El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes visto el escrito de solicitud de ejecución forzosa de la sentencia presentado en fecha 5 de agosto de 2005 por la parte recurrente, así como el escrito de oposición a dicha solicitud consignado por la Procuraduría General del Estado Mérida, ordenó mediante auto de fecha 24 de noviembre de 2005 de conformidad con el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, abrir una articulación probatoria de ocho (8) días para ser decidida al noveno, ordenando notificar previamente tanto a la parte recurrente, como al Gobernador del Estado Mérida, para cuyas notificaciones comisionó al Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida, dejando constancia el Tribunal a quo en el referido auto que daba por notificado al Procurador del Estado Mérida.
- En esa misma fecha el Juzgado a quo libró los oficios y la comisión respectiva (folios 852 al 855) dirigida al Juzgado comisionado a los fines de efectuar las notificaciones tanto a la parte recurrente como al Gobernador del Estado Mérida, para lo cual se le concedió dos (2) días de término de la distancia.
- En fecha 11 de enero de 2006 (folio 856), el abogado Aquiles Marcano Gil, en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente se dio por notificado.
- En fecha 12 de enero de 2006 (folio 857 al 858), el citado apoderado consignó escrito mediante el cual dio contestación a las pretensiones de la parte demandada.
- En fecha 25 de enero de 2006 (folio 861) el abogado Aquiles Marcano Gil, antes identificado consignó escrito de promoción de pruebas.
- En esa misma fecha el referido apoderado consignó escrito mediante el cual expuso las razones por las cuales debía desestimarse -a su decir- la notificación al Gobernador del Estado Mérida (folios 864 al 873).
- En fecha 6 de febrero de 2006 (folio 891) el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes dictó auto mediante el cual, dando respuesta a la anterior solicitud “consideró conveniente notificar al ciudadano Gobernador del Estado Mérida”, en la presente incidencia.
- En fecha 9 de febrero de 2006, el Juzgado a quo recibió mediante oficio Nº 2710-016 de fecha 18 de enero de 2006, la comisión proveniente del Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina del Estado Mérida, a través de la cual envió la notificación del Gobernador del Estado Mérida (folio 907).
- En fecha 13 de febrero de 2006, el apoderado judicial de la parte recurrente consignó escrito de contestación en la presente incidencia. (folios 909 al 914).
- En fecha 16 de febrero de 2006 el abogado Miguel Angel Lugo, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente presentó escrito de pruebas (folios 916 al 917).
- En fecha 23 de febrero de 2006, el abogado José Leoncio Sánchez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida, consignó su escrito de pruebas (folios 919 al 1877).
- En fecha 1 de marzo de 2006, el apoderado judicial de la parte recurrente, consignó escrito mediante el cual dio contestación a la incidencia (folio 1879 al 1884).
- Y en fecha 1 de marzo de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes dictó decisión mediante la cual “declaró sin lugar la solicitud de ejecución de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999, en razón de la transacción celebrada entre las partes”.
Vistas las actuaciones anteriores, este Órgano Jurisdiccional no denota la transgresión por parte del a quo de la norma contenida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ha quedado constatado que la articulación probatoria de ocho (8) días abierta por el citado Tribunal con ocasión a la presente incidencia, comenzó una vez que constaron en autos todas las notificaciones ordenadas y siendo que en fecha 9 de febrero de 2006, se dejó constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas (Gobernador del Estado Mérida, folio 907), precisamente a partir de esa fecha comenzó a transcurrir la referida articulación probatoria a la cual alude la citada norma.
De allí, que mal podría el apoderado judicial de la parte recurrente fundamentarse en el término de la distancia acordado por el Juez a quo (en la comisión acordada para la práctica de las notificaciones), y considerar que ha incurrido en una errónea interpretación del artículo 607 ut supra indicado, y pretender con ello que en fecha 25 de enero de 2006, haya vencido la articulación probatoria en la presente incidencia, dado que a esa fecha no constaban en autos todas las notificaciones ordenadas en la presente causa, es decir la del citado Gobernador del Estado Mérida, de la cual se dejó constancia en autos en fecha 9 de febrero de 2006, momento a partir del cual comenzó la articulación probatoria prevista, hasta el día 1 de marzo de 2006, en la cual se dictó la decisión.
Precisado lo anterior y de las actuaciones cursantes en autos, pudo constatar este Órgano Jurisdiccional, el cumplimiento del a quo de los lapsos procesales previstos en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido no encuentra esta Corte que el referido Tribunal haya incurrido en errónea interpretación de ley. Así se declara.
-De la violación al derecho a la defensa y de la omisión del iter procesal
Al respecto la representación judicial de la parte recurrente denunció la violación al derecho a la defensa señalando que “no existe la menor duda que con el proceder del Juez se nos colocó en absoluta indefensión, dejándonos en un plano de DESIGUALDAD frente a la contraparte al omitir absolutamente tanto nuestra contestación como nuestras pruebas, pero si apreciando sin aplicar preceptos legales y como si fueran suyas las pruebas que aportó la contraparte, con todo lo cual decidió”.
Asimismo, denunció la omisión absoluta del iter procedimental expresando que “es sabido que debe existir para los litigantes en el iter procesal las oportunidades de ejercer todas sus defensas, que éstas sean analizadas y oportunamente resueltas”. Además indicó que “la sentencia recurrida no hace ninguna mención, ni siquiera resumida de algunos actos del procedimiento”.
Al respecto, debe este Órgano Jurisdiccional señalar que el derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es inviolable en todo estado y grado del proceso sea este judicial o administrativo. Por lo que estos derechos únicamente quedarán garantizados en la medida en que se dispongan de los medios posibles para que llegue al destinatario el conocimiento de todo lo necesario para una defensa efectiva.
A su vez, el derecho a ser oído se encuentra inmerso en la oportunidad de que siendo respetados y garantizados el derecho a la defensa y al debido proceso, se le dé la oportunidad a la parte de expresar sus defensas y alegatos para probar lo que considere conveniente, contra las imputaciones de las cuales sea objeto (Vid. sentencia de fecha 14 de agosto de 2007 dictada por esta Corte, caso Mística Durbelys Montero León contra la Contraloría del Estado Portuguesa).
Asimismo, es oportuno traer a colación la sentencia dictada en fecha 8 de septiembre de 2003, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha, (caso: Línea Aérea De Servicio Ejecutivo Regional C.A. (Laser)), mediante la cual se precisó con relación al derecho al debido proceso lo siguiente:
“[…] el esquema fundamental de todo Estado de Derecho, ya que él supone la garantía plena del ejercicio de los derechos instrumentales para poder hacer valer los de corte sustantivo. Tal noción adquiere más relevancia cuando se trata de actos que emanen de los órganos que ejercen el Poder Público, pues, por principio, el ciudadano, con respecto al Estado y, en especial, frente a la Administración, se encuentra en una situación de desventaja que hace imperioso el ejercicio de tales derechos como única manera de control del ejercicio de las potestades públicas.
De tal manera que, cada vez que se pretende restringir o lesionar los derechos subjetivos de los ciudadanos, el acto administrativo que incida negativamente en la esfera jurídica de los mismos, necesariamente debe ser producto de un procedimiento administrativo donde se le haya otorgado al administrado todas las garantías del derecho al debido proceso, entre ellas, la de ser oído, la de promover pruebas, la de presunción de inocencia”.
Ahora bien, en el caso bajo análisis y vistas en el punto anterior las actuaciones procesales suscitadas con ocasión de la presente incidencia, esta Corte evidencia que desde el momento en que la parte recurrente consignó su correspondiente escrito (5 de agosto de 2005) de solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999 y el escrito de oposición de la recurrida (14 de noviembre de 2005), el Juzgado a quo en fecha 24 de noviembre de ese año, abrió una articulación probatoria de ocho (8) días una vez constara en autos la notificación de la parte recurrente y la del Gobernador del Estado Mérida, siendo innecesaria la notificación del Procurador de ese Estado por haberse hecho presente en el procedimiento.
Ello así, dándose por notificada la parte recurrente en fecha 11 de enero de 2005, la misma procedió a efectuar las siguientes actuaciones:
- En fechas 12 de enero de 2006 (contestó las pretensiones de la recurrida).
- En fecha 25 de enero de 2006 (consignó escrito de promoción de pruebas y escrito de razones para considerar improcedente la notificación del Gobernador del Estado Mérida).
Iniciada la articulación probatoria, una vez de haberse dejado constancia en autos de la última de las notificaciones ordenadas, esto es la del Gobernador de ese Estado en fecha 9 de febrero de 2006, las partes consignaron los siguientes escritos:
-Parte recurrente: 13 de febrero de 2006 (escrito de contestación) y en fecha 16 de febrero de 2006 (escrito de promoción de pruebas).
-Parte recurrida: 23 de febrero de 2006 (escrito de promoción de pruebas).
Precisadas las actuaciones desplegadas por las partes se pudo constatar que cada una de ellas, tuvo la oportunidad de promover sus defensas y alegatos, las cuales fueron valoradas por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes en su decisión de fecha 1 de marzo de 2006, con lo cual culminó la presente incidencia, en consecuencia no se ha vulnerado el derecho a la defensa ni se ha omitido el iter procesal en la presente causa. Así se declara.
-Del vicio de suposición falsa de la sentencia
Al respecto se observa que el apoderado judicial de la parte accionante argumentó en lo que a este vicio se refiere que “la recurrida incurrió en suposición falsa, por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, por falta de aplicación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil por no atenerse a lo alegado y probado en autos”.
En tal sentido argumentó que “en efecto, la recurrida con aviesa intención se inicia tergiversando los hechos y estableciendo que solicitamos ‘la continuación de la ejecución forzosa’, que al no aclarar, especificar y plasmar que solicitamos ‘la ejecución forzosa de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su particular primero’, le permitió distorsionar nuestra real y comprobada intención para establecer que solicitamos la ejecución forzosa de una transacción, para que, mencionando unas ‘pruebas impertinentes’, que no le dan soporte alguno; es decir, sin prueba alguna, disponer en la ‘dispositiva’ que ‘la transacción se cumplió’ y por lo tanto declara ‘sin lugar la solicitud de ejecución forzosa”.
Arguyó, que la recurrida incurre asimismo en suposición falsa, al haber atribuido a un instrumento del expediente menciones que no contiene que en efecto el Tribunal “atribuyó a la TRANSACCIÓN celebrada entre la Gobernación del Estado el 13 de Octubre de 1999 (…), menciones que no contiene. Que en la cláusula TERCERA de la TRANSACCIÓN, autenticada por ante la Notaría Primera de Mérida, en fecha 13 de Octubre de 1999, (…) las partes acordaron que la obligación de solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, se extinguía con presentar formal solicitud, lo cual no es más que un invento, porque en la cláusula tercera de la transacción las partes no acordaron que la obligación de solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, se extinguía con presentar formal solicitud. Y el caso es que con esa falsa suposición, el Juez de la recurrida se permitió fallar en la dispositiva, que se evidencia de los autos que existe un total cumplimiento de la TRANSACCIÓN”.
Por su parte, el apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida en su escrito de informes, señaló que en el caso de autos operó la cosa juzgada pues existe composición procesal suscrita por ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, bajo el N 12, tomo 61, de fecha 13 de octubre de 1999.
En este sentido, expresó que en consecuencia “existe una modalidad de composición procesal en la que las partes dieron por terminado el juicio, y en lo que respecta a la cláusula tercera de la transacción, que constituye el objeto de la reclamación, las partes acordaron simplemente solicitar para aquel entonces Asamblea del Estado Mérida -hoy Oficina de Recursos Humanos- de la Gobernación del Estado Mérida, que se sinceren los salarios. Y siendo que en esos términos se estableció la composición procesal, no pueden pretender los ejecutantes, modificar el contenido de la transacción o recurrir a una sentencia que quedó sin efecto, porque sería desconocer el carácter vinculante para las partes de la composición procesal”.
El citado apoderado adujo que, mal pueden los accionantes “pretender la ejecución forzosa de una sentencia -3 de junio de 1999, que no existe-, porque como bien consta a los autos, se suscribió modalidad de composición procesal como lo fue la transacción, que en sendas actas procesales consta a los autos, y debidamente homologada por la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo”.
Por otra parte, el Tribunal a quo en el caso de autos declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999 y, expresó en su fallo que:
“(…) Delimitado lo anterior, nos lleva a la conclusión de que es improcedente el alegato esgrimido por el solicitante de la ejecución forzosa, relativo a que la transacción no deja sin efecto la sentencia, por el contrario, existe una nueva sentencia fijada por las partes de manera convencional en la transacción que fue homologada (…).
El Tribunal a quo “declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa, en razón de la transacción celebrada entre las partes”

Así, el vicio de “suposición falsa de la sentencia” o “falso supuesto”, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“En su sentencia del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los Tribunales de instancia, salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa y estableciendo además, cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la controversia, ya sean éstas las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso (…)”

Siendo ello así, el vicio de suposición falsa, es un vicio propio de la sentencia denunciable según lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y, aplicable como norma supletoria, en atención con lo establecido en el artículo 19 aparte 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho vicio tiene que estar referido forzosamente a un hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de percepción, y cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.
Asimismo, señalo la mencionada Sala que, el falso supuesto no está previsto expresamente como uno de los supuestos del artículo 244 Código de Procedimiento Civil; sin embargo, cuando se constata dicho vicio debe entenderse que el juez “estará sacando elementos de convicción y supliendo excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; en consecuencia, no estará dictando una decisión expresa, positiva y precisa respecto del material probatorio y estará infringiendo las disposiciones de los artículos 12 y 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil (vid. Sentencia Nº 4577 de fecha 30 de junio de 2005)”.
Ello así, es necesario traer a colación que en fecha 9 de noviembre de 2006, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia Nº 02498 (caso: sociedad mercantil C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA contra el MINISTRO DE FINANZAS), mediante la cual expuso cómo se manifiesta el falso supuesto y, al respecto precisó que:
“(…) el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto; no obstante, cuando lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, es posible que el acto impugnado incurra a la vez en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella, tal como se indicó en sentencia de esta Sala Nº 1.930 de fecha 27 de julio de 2006. (Caso: Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar)” (Subrayado y negrillas de esta Corte).
De la precedente sentencia, esta Corte constata que el falso supuesto de la sentencia representa en este caso tres situaciones jurídicas, a saber: i) Que no existan los hechos objeto de pronunciamiento; ii) Que el Juzgado a quo apreció errada las circunstancias o hechos presentes y; iii) Que se fundamente el sentenciador en una norma jurídica inaplicable al caso bajo estudio.
Precisado lo anterior, este Órgano Jurisdiccional previo a determinar si el fallo impugnado que declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, en razón de la transacción celebrada entre las partes, se encuentra infecto del vicio de suposición falsa, considera oportuno efectuar algunas consideraciones, en los términos siguientes:
- En fecha 18 de enero de 1996, los abogados Asdrúbal Matute Casadiego y Juan Luis Márquez Chacón, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos YUDITH NEWMAN DE MORA, MIGUEL ÁNGEL VILLAMIZAR, JUAN LUÍS MÁRQUEZ CHACÓN, ALIDA IDA ONTIVEROS DE OTALVAREZ, MARÍA COROMOTO RUJANO DE DUGARTE, DELFINA UZCÁTEGUI DE RAMÍREZ, CARMEN AURORA PEÑA ZAMBRANO, MARÍA NOHEMI CHACÓN DE ARELLANO y MARÍA EMERITA MÁRQUEZ, interpusieron querella por concepto de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA.
- En fecha 3 de junio de 1999, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes declaró con lugar la querella interpuesta, ordenando a la Gobernación del Estado Mérida: “1) Sincerar los sueldos de los docentes recurrentes, en su condición de docentes jubilados. 2) Calcular el monto de las prestaciones sociales que les corresponde tomando en cuenta el Decreto Presidencial Nº 3245 y los beneficios contemplados en la IV Contratación Colectiva de Trabajo, cuyo monto se determinará por una experticia complementaria del fallo y el pago se hará deduciendo el monto cobrado por los demandantes por concepto de prestaciones sociales tal como consta en autos (…)”.
- El 20 de julio de 1999, el abogado Alexander Daniel Camacho Muñoz, Sustituto del Procurador del Estado Mérida, presentó recurso de apelación contra la sentencia antes mencionada.
Dentro de este orden de ideas, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes oyó en ambos efectos la referida apelación y acordó remitir el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines del conocimiento del referido recurso.
Estando dentro del lapso para dictar sentencia en la referida causa, el abogado Oscar González Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.762, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Gobernación del Estado Mérida, mediante diligencia consignó documento de transacción de fecha 13 de octubre de 1999 celebrada entre la referida Gobernación y el abogado Hazael Molina en su carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, debidamente autenticada ante la Oficina Notarial Primera del Estado Mérida, bajo el Nº 12, Tomo 61 de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría, a los fines de la homologación de dicho documento por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Ello así, la Corte Primera en fecha 25 de noviembre de 1999, dictó decisión mediante la cual homologó la transacción efectuada entre las referidas partes.
Dentro de este marco, considera esta Corte oportuno traer a colación parte de la transacción en referencia, la cual señaló en sus Cláusulas, lo siguiente:
“ (…) PRIMERO: “LA GOBERNACION’ conviene en pagarle a los ciudadanos YUDITH NEWMAN DE MORA, MIGUEL ANGEL VILLMIZAR, JUAN LUIS MARUEZ CHACON, ALIDA IDA ONTIVEROS DE OTALVAREZ, MARIA COROMOTO RUJANO DE DUGARTE, DELFINA UZCATEGIJI DE RAMIREZ, CARMEN AURORA PEÑA ZAMBRANO, MARIA NOHEMI CHACON ARELLANO Y MARIA EMERITA MARQUEZ DE RAMIREZ, ya identificados, representado en este acto en la persona del Representante Legal Dr. Hazael Molina, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 252.000.000,00, por concepto de pago de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, incluyendo la indexación ordenada por el Tribunal sentenciador. SEGUNDA: Las partes declaran y así lo acuerdan que la forma de pago será de la siguiente manera: (…) TERCERA: Las partes convienen y así lo declaran solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados. CUARTA: Los demandantes en la persona de su apoderado Judicial Dr. Hazael Molina, ya identificado declaran que renuncian expresamente de las Costas Procesales acordadas por el Tribunal (…) QUINTA: Los demandantes igualmente convienen y así lo declaran que renuncian en todas y cada una de sus partes, tanto del Procedimiento como de la Acción de la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales en el Expediente Nº 22.168 y que con el presente Convenimiento, nada tienen que reclamar a la Gobernación del Estado Mérida ni por este ni por ningún otro concepto que guarde relación con el caso que nos ocupa (…)” (Resaltado de esta Corte).
Siendo así, posteriormente a la homologación de la transacción por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, consignó en fecha 5 de agosto de 2005 escrito mediante el cual solicitó “(…) SE EJECUTE LA SENTENCIA de fecha 03 de junio de 1999, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en su DISPOSITIVO PRIMERO, (…) con el fin de que se obligue al EJECUTIVO DEL ESTADO MERIDA, representado por el Gobernador del Estado (…), a sincerizar los sueldos de mis poderdantes con las consecuencias que ello implica (…)”.
Vista la anterior solicitud, en fecha 1º de marzo de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la referida solicitud de ejecución forzosa, la cual es objeto del presente recurso de apelación.
Dicho lo anterior, debe esta Corte efectuar algunas acotaciones con respecto a la figura de la “transacción” y a la institución jurídica de la “cosa juzgada” y, al efecto observa:
Así, es menester señalar que la transacción es uno de los modos de autocomposición procesal, que tiene la misma eficacia de la sentencia, constituyendo una solución convencional de la litis, mediante la cual las partes se elevan ellas mismas a jueces de sus respectivas peticiones y ponen fin al proceso, dejando resuelta la controversia con el efecto de cosa juzgada propio de la sentencia. Definida en el artículo 1.713 del Código Civil, como un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, con fuerza de Ley (artículo 1.159 del Código Civil) y de cosa juzgada entre las partes (artículo 1.718 eiusdem). Como tal, produce el efecto procesal de terminar el litigio pendiente, subrogándose a la sentencia.
En este orden de ideas, en lo que a la cosa juzgada se refiere este Órgano Jurisdiccional considera oportuno traer a colación lo expresado por el profesor Devis Echendía, el cual ha señalado:
“La cosa Juzgada es una es una de las formas en que se manifiesta la autoridad del Estado y por ello se fundamenta en razones de orden público y social, de lo cual deriva su carácter de irrecurrible; por ser inmune a nuevos recursos, de inmutable; por resistirse a todo cambio en lo decidido; y de coercible, porque la eficacia se ampara en el poder del estado para ejecutarlo”. (Hernando Devis Echendía, Derecho Procesal Civil General. Editorial Porrua. Sexta Edición 1995. Pag. 340). (Negritas de esta Corte)

En ese mismo sentido, el doctor Rodríguez Díaz, Isaías en su obra el Nuevo Procesal Laboral nos dice que “la cosa juzgada solo procede cuando se produce la triple identidad de la persona, objeto y titulo del nuevo proceso respecto del que ya fue decidido con sentencia definitivamente firme”. (Editorial Jurídica Alva. Caracas 1.995. Pag. 96).
Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión N° 1035, de fecha 26 de abril de 2006 (caso: Municipio Aguasay del Estado Monagas vs. Comunidad Indígena Jesús, María y José de Aguasay y PDVSA Petróleo y Gas, S.A.), respecto a la prenombrada institución procesal estableció lo siguiente:
“(…)De esta forma, cosa juzgada, en un sentido literal, significa objeto que ha sido materia de juicio jurídico, sin embargo este concepto va más allá de su acepción literal.
En este orden de ideas, nuestro Código de Procedimiento Civil señala a la cosa juzgada como un efecto de la sentencia. A esto se añade, el hecho de que con ella se persigue el no renovar de manera indefinida los debates jurídicos ya resueltos. Es decir, con la idea de poner fin al litigio y dar certeza de los derechos, el ordenamiento jurídico fija un mecanismo mediante el cual se prohíbe un nuevo pronunciamiento de lo ya juzgado.
Dentro de este contexto, por cosa juzgada entiende la doctrina como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la irrevisibilidad en otro proceso posterior. Excepción mixta que puede deducir el demandado, para oponerse a un nuevo proceso sobre la misma materia que ha sido decidida en forma ejecutoria por otro anterior. (Couture, Eduardo J.”Vocabulario Jurídico”. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976. p. 184).
Es decir, que la decisión es vinculante para las partes y ningún juez puede nuevamente juzgar el mismo objeto frente a las mismas partes (salvo la posibilidad de proposición de las impugnaciones extraordinarias). Todo esto se expresa diciendo que la sentencia ha pasado con autoridad de cosa juzgada, o sea que se ha hecho inmutable y al mismo tiempo ha venido a ser inmutable también la estatuición o pronunciamiento que en ella se contienen, con todos los efectos que del mismo se derivan. En este sentido, no podrá proponerse una nueva demanda, no podrá pronunciarse la sentencia sobre el mismo objeto, entre las mismas partes. La esencia de la cosa juzgada está precisamente en la inmutabilidad de la sentencia, de su contenido, y de sus efectos, que hace de ella el acto del poder público que contiene en sí la manifestación duradera de la disciplina que el orden jurídico reconoce como correspondiente a la relación sobre la cual juzgó. La sentencia que, en contraste con estas reglas, juzgase de modo diverso sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, estaría viciada y podría ser revocada…” (Liebman, Enrico Tullio “Manual de Derecho Procesal Civil”. EJEA, Buenos Aires, 1980, p. 591).
Entonces, el motivo de que el mandato contenido en la sentencia sea inmutable, obedece a razones de utilidad y de política procesal, ya que con ello se quiere evitar la posibilidad de renovar, en forma constante, los problemas jurídicos ya resueltos conforme a derecho, al precluir las respectivas oportunidades de impugnación.
De estas nociones nace la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material; en este sentido se habla de cosa juzgada formal, cuando contra la sentencia no hay posibilidad de recurso alguno y, en consecuencia, ningún juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por dicha sentencia; se habla de cosa juzgada material, cuando la sentencia definitivamente firme en los límites de la controversia decidida, esto es, su objeto es vinculante para las partes en todo proceso futuro. Así, se impide todo ataque que busque replantear y renovar la misma materia: non bis in eadem.
Asimismo, a la cosa juzgada se le atribuyen unos límites, los mismos se encuentran señalados por el artículo 1.395, ordinal 3º, del Código Civil.
Dichos límites son calificados en doctrina como límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada, que consiste en las denominadas tres identidades de la cosa juzgada: eadem pesonae, eadem res y eadem causa petendi; es decir, que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa (límites objetivos); que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el juicio anterior (límites subjetivos).
Así, aplicando los postulados señalados anteriormente al caso de autos, se observa que ciertamente el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente consignó en fecha 5 de agosto de 2005, escrito mediante el cual solicitó la ejecución de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 1999, únicamente en su Dispositivo Primero relativo a la “sinceración de los sueldos de los recurrentes”, siendo que sobre dicha sentencia se había celebrado una “transacción”, es decir un modo de autocomposición procesal, la cual fue homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 25 de noviembre de 1999, en la cual las partes, con relación a la sinceración de sueldos, establecieron en su Cláusula Tercera: “Las partes convienen y así lo declaran solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados”.
Ahora bien, visto lo acordado en la citada Cláusula Tercera de la transacción ut supra indicada, observa esta Corte de la revisión de las actas del expediente, que constan ciertos oficios de los cuales se desprende que se ha dado cumplimiento en lo que a la sinceración de sueldos se refiere, en los términos siguientes:
1.- Oficio Nº 0375 (folio 930), suscrito por el Procurador General del Estado Mérida y dirigido a la Jefa de la Oficina de Personal de la Gobernación de ese Estado.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO MERIDA
12 de abril de 2005
Ciudadana
ABG. ADA RAMIREZ
JEFA DE LA OFICINA DE PERSONAL
Su despacho.-
La presente es para solicitar a su competencia, se sirva informarme si los docentes jubilados plenamente identificados en transacción judicial anexa, le han sido ajustados sus sueldos, toda vez que están reclamando ante este despacho y ante el Gobernador del Estado, la ‘sinceración de sus sueldos’, conforme a la cláusula tercera de la referida transacción.
Es de señalar, que la referida transacción, fue homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 25-11-99, en virtud de juicio que cursaba por ante esa Corte.
Sin más a que hacer referencia, agradezco una respuesta en el menor tiempo posible, dado la presión que vienen ejerciendo los solicitantes.
ALFREDO ALI ZAMBRANO
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MERIDA

2.- Oficio Nº AL-158/05 suscrito por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y dirigido al Procurador General del Estado Mérida.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA
Mérida 17 de mayo de 2005
Ciudadano
Abog. ALFREDO ALI ZAMBRANO
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Su despacho.-
Con un cordial saludo institucional tengo a bien dirigirme a Usted en la oportunidad de remitir anexo al presente copias debidamente certificadas de las nominas de docentes jubilados en las que se puede evidenciar que los ciudadanos involucrados en el acta de transacción referida en su comunicación PG-0375 del 12-04-2005, están percibiendo asignaciones actualizadas y homologadas. Igualmente hago de su conocimiento que dicho personal ha recibido el pago de deudas por homologación y el incremento del 12,5 por ciento acordado por el Ciudadano Gobernador para dicho sector a partir de enero del 2005.
Sin otro particular a que hacer referencia, se suscribe de Usted.
Abog. ADA RAMIREZ RODRIGUEZ
JEFA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

En virtud de las consideraciones anteriores y dado que en el caso bajo análisis la transacción celebrada por las partes, como medio de autocomposición procesal y homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 25 de noviembre de 1999, causó el efecto de cosa juzgada, permite concluir a esta Corte que el razonamiento realizado por el Juzgado a quo al momento de dictar su fallo, no deviene de manera alguna en suposición falsa, sino que, por el contrario, su apreciación se encuentra ajustada a derecho, al haber considerado el efecto procesal que produjo la aludida homologación de la transacción y en consecuencia declarar sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia ut supra indicada. En tal sentido se desecha la presente denuncia. Así se decide.
-Del vicio de inmotivación de la sentencia
Sobre vicio el apoderado judicial de la parte recurrente señaló con fundamento en el artículo 243, ordinal 4º y 12 del Código de Procedimiento Civil el fallo carece de motivación por no señalar los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamenta su decisión, y porque no contiene soporte jurídico y doctrinal que respalde su decisión.
En tal sentido afirmó la citada representación que “no dice la recurrida quién de las partes presentó las pruebas, tampoco indica quién dirigió los oficios, no indica ni analiza las presuntas pruebas, dando por demostrado lo que debe ser objeto de prueba y luego afirma que con esos oficios dirigidos la ciudadana ADA RAMÍREZ, a la Procuradora General del Estado Mérida, a la ciudadana JUDITH BRICEÑO y al ciudadano Aquiles Marcano, efectivamente se dio cumplimiento con la obligación de hacer impuesta en la transacción celebrada por las partes”.
Po su parte el Tribunal a quo en su decisión de fecha 1 de marzo de 2006, señaló con respecto a la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999 que “se evidencia de las actas procesales transacción suscrita entre las partes de fecha 13-10-1999 y debidamente homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 25-11-1999”. Asimismo expresó el citado Juzgado que en la Cláusula Tercera de la transacción celebrada “se convino claramente una obligación para la Gobernación del Estado Mérida contentiva en solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes anteriormente identificados, en su condición de docentes jubilados, lo que significa que se trata de una obligación de hacer constitutiva de la solicitud que el ente administrativo entidad federal del Estado Mérida debe hacerle a la Comisión de Pensionados y Jubilados ya mencionada y de autos se evidencia, conforme a las pruebas presentadas, del oficio Pg. 0375 de fecha 12-04-2005 y oficio Pg. 491 de fecha 16-05-2005 dirigido a la ciudadana ADA RAMÍREZ, con el carácter de Jefa de la Oficina de Personal de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida; del oficio AL 158/05 de fecha 17-05-2005 dirigido a la Procuradora General del Estado Mérida; oficios Nº 0535 de fecha 23-05-2005 dirigido a ciudadana JUDITH BRICEÑO ZAMBRANO, Jefa de la Oficina de Secretaría Privada; oficio 0536 de fecha 23-05-2005 dirigido al ciudadano Aquiles Marcano; de que efectivamente se dio cumplimiento con la obligación de hacer impuesta en la transacción celebrada por las partes”.
Al respecto se debe señalar, que el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que el sentenciador debe explanar los términos en que quedó planteada la controversia, explicando los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundó su decisión para pronunciarse en torno al alegato del querellante.
Por otra parte, es de destacar que de acuerdo a jurisprudencia constante, pacífica y reiterada de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, el vicio de falta de fundamentación o de inmotivación del fallo, existe sólo cuando hay falta absoluta de fundamento, lo que no debe confundirse con motivación errónea o exigua.
En este orden de ideas, es importante precisar, que el requisito de la motivación implica que la decisión esté precedida de la argumentación en que ésta se fundamenta, sin que sea necesario que el juez exponga de manera extensa y pormenorizada las razones por las cuales cimentó su decisión, o que responda detallada y específicamente a cada uno de los alegatos de las partes, pues la motivación concisa o escueta no acarrea el vicio de inmotivación, ya que para que éste se verifique el fallo tiene que estar desprovisto totalmente de los fundamentos de hecho y de derecho en los que el juez basa su decisión.
En relación con la denuncia de inmotivación de la sentencia alegada por el recurrente, esta Corte establece que el requisito de motivación impone al juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hecho y de derecho que sustenta lo decidido. Los primeros están conformados por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran, y los segundos por las normas y principios jurídicos que el juez aplicó para resolver la controversia. En relación con estos últimos, es conveniente aclarar que no importa la falta de cita de preceptos legales, sino la indicación de la norma allí contenida. (Vid sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 17 de febrero de 2000 caso Delia Marín Rodríguez contra Rafael Enrique Bello Campo).
Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) permitir a las partes conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos. En caso contrario, podrán interponer los recursos previstos en la ley, con el fin de obtener una posterior revisión sobre la legalidad de lo sentenciado.
En este orden de ideas, esta Corte procede a verificar la existencia o no del vicio de inmotivación alegado, y observa que en la sentencia recurrida el Juez en su labor jurisdiccional al momento de proferir el fallo luego de determinar los hechos controvertidos, examinar las pruebas, realizó una serie de conclusiones jurídicas previas que contienen su debida motivación que conllevó a declarar sin lugar la solicitud de la parte recurrente respecto de la ejecución forzosa de la sentencia de fecha de 3 de junio e 1999, en virtud de constar en autos una transacción celebrada entre las partes y debidamente homologada por la Corte Primera y en la cual se estableció en su Cláusula Tercera el acuerdo al cual llegaron las partes respecto de la sinceración de los sueldos de los recurrentes, esto es, convinieron en “solicitar a la Comisión de Pensionados y Jubilados de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida sincerar los sueldos de los docentes demandantes, en su condición de docentes jubilados”, cuya obligación fue cumplida según pudo constatar esta Corte de los oficios ut supra transcritos, entre los cuales se encuentra el oficio N° AL-158/05 de fecha 17 de mayo de 2005 suscrito por la Jefa de la Oficina de Recursos Humanos y dirigido al Procurador del Estado Mérida, en el cual en atención al requerimiento del citado Procurador, le informó que le remitía anexo al presente “copias debidamente certificadas de las nominas de docentes jubilados en las que se puede evidenciar que los ciudadanos involucrados en el acta de transacción referida en su comunicación PG-0375 del 12-04-2005, están percibiendo asignaciones actualizadas y homologadas. Igualmente hago de su conocimiento que dicho personal ha recibido el pago de deudas por homologación y el incremento del 12,5 por ciento acordado por el Ciudadano Gobernador para dicho sector a partir de enero del 2005” (folio 932, promovido por la parte recurrida en su escrito de pruebas consignado en fecha 23 de febrero de 2006), de lo cual evidencia esta Corte que la transacción fue cumplida en los términos acordados, razón por la cual al haber operado la cosa juzgada con la homologación de la transacción celebrada resultó sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia antes indicada.
Así pues, en aplicación de los criterios establecidos y visto que la sentencia apelada a criterio de este Órgano Jurisdiccional especificó las razones de hecho y de derecho que le llevaron a declarar sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999, además de analizar lo alegado y probado en autos, lo que permite a esta Corte considerar que el fallo recurrido no incurre en el vicio de inmotivación denunciado y por lo tanto desestima esta denuncia, y así se declara.
-Del vicio de incongruencia positiva y negativa
Al respecto, esta Corte colige que el apoderado judicial de la parte actora denunció de manera entremezclada la existencia de los vicios de incongruencia negativa, positiva y silencio de pruebas en la decisión impugnada, en los siguientes términos:
Denunció el vicio de incongruencia negativa señalando que “en la sentencia recurrida JAMAS se menciona que solicitamos la ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su particular PRIMERO referido al cumplimiento por parte del Ejecutivo del estado Mérida de la sinceración de los sueldos de mis poderdantes”. Que “existe un total y absoluto silencio por parte de la recurrida sobre nuestra pretensión que nos hace concluir que la sentencia se encuentra inficionada del vicio de incongruencia negativa, procedente de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil”.
Además alegó el vicio de incongruencia positiva por cuanto “la recurrida se pronunció fuera de las pretensiones deducidas, ya que como hemos demostrado a lo largo de esta formalización, solicitamos al Tribunal que continuase con la ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999, en su Particular Primero, referido a la sinceración de los sueldos de mis poderdantes (…) y el Juez se decide sobre la transacción, sin pronunciarse en absoluto sobre nuestra petición; es decir (…) que la condena versó sobre un objeto diferente señalado en el libelo, extraño al problema judicial debatido entre las partes”.
Aunado a lo anterior, la citada representación judicial de la parte recurrente denunció el vicio de silencio de pruebas y, al respecto argumentó que mediante diligencias de fechas 25 de enero de 2006 y 16 de febrero de 2006, consignó su escrito de promoción de pruebas demostrando que solicitaron al Tribunal “SE EJECUTE LA SENTENCIA de fecha 03 de junio de 1999, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en su DISPOSITIVO PRIMERO, referido al cumplimiento, por parte del Ejecutivo Regional, de sincerizar los sueldos de mis poderdantes con las consecuencias que ello implica”. Asimismo promovimos la TRANSACCIÓN con el objeto de demostrar que lo previsto en la cláusula TERCERA, no era sino un simple trámite de carácter administrativo que las partes se comprometieron hacer ante la Asamblea Legislativa para la sinceración de los sueldos de mis poderdantes”.
Señaló con relación a lo anterior que “el silencio de las pruebas influyó determinantemente en el dispositivo de la sentencia por cuanto que la misma dictaminó la declaración sin lugar de nuestra solicitud de ejecución de la sentencia de fecha 03 de junio de 1999 en su particular primero que ordena la sinceración de los sueldos de mis poderdantes, y permitió, entonces que el Juez derivara su decisión hacia el cumplimiento total de la TRANSACCIÓN, cuestión que NUNCA solicitamos”.
Por otra parte el Tribunal a quo señaló que:
“(…) Delimitado lo anterior, nos lleva a la conclusión de que es improcedente el alegato esgrimido por el solicitante de la ejecución forzosa, relativo a que la transacción no deja sin efecto la sentencia, por el contrario, existe una nueva sentencia fijada por las partes de manera convencional en la transacción que fue homologada.

De los autos se puede evidenciar que existe un total cumplimiento de lo suscrito en la transacción en todas y cada una de sus partes, sin que menoscabara el derecho de alguna de las partes, ni existe violación constitucional alguna; en consecuencia, la solicitud de ejecución forzosa debe declararse improcedente y así se decide”.

Ahora bien, vista la denuncia de incongruencia antes invocada, esta Corte en lo referente al vicio de incongruencia, en innumerables fallos ha señalado que el vicio bajo estudio, afecta el principio de exhaustividad establecido en el ordinal 5 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto se trae a colación:
“Artículo 243.- Toda sentencia deberá contener:
(Omissis)
5º. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia”. (Destacado de la Corte).
De la norma supra señalada, se desprende la obligación del juez de decidir en forma expresa, positiva y precisa, con base en lo alegado por las partes y a los medios probatorios aportados por ellas, abarcando en su pronunciamiento todos y cada uno de dichos alegatos, así como las pruebas promovidas, a fin de dar cumplimiento al principio de exhaustividad, pues de lo contrario, crearía un desequilibrio procesal o lo que es igual, otorgaría ventaja a una de las partes en detrimento de la otra, vulnerando con tal actuación el derecho constitucional de igualdad ante la ley previsto en el artículo 21 de la Carta Magna y la igualdad procesal prevista en el artículo 15 del referido Código adjetivo.
Por otra parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencias Nros. 581, 709, 877 y 1.491, de fechas 22 de abril, 14 de mayo, 17 de junio y 7 de octubre de 2003, casos: Pablo Electrónica, C.A., 357 Spa Club C.A., Acumuladores Titán y Yan Yan Express Restaurant, C.A., estableció respecto al vicio de incongruencia, lo siguiente:
“En este sentido, para que la sentencia sea válida y jurídicamente eficaz, debe ser autónoma, es decir, tener fuerza por sí sola; debe en forma clara y precisa resolver todos y cada uno de los puntos sometidos a su consideración, sin necesidad de nuevas interpretaciones, ni requerir del auxilio de otro instrumento; cuya inobservancia en la decisión, (de los supuestos supra indicados), infringiría el principio de exhaustividad, incurriendo así en el vicio de incongruencia, el cual se origina cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes intervinientes en el proceso. Manifestándose ésta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio, acarreando el primer supuesto una incongruencia positiva y, en el segundo, una incongruencia negativa”. (Subrayado y destacado de la Sala).
En efecto, tal como puede observarse, el criterio de la Corte respecto al vicio de incongruencia negativa, radica en la existencia de un error de concordancia lógica y jurídica entre la pretensión deducida y la sentencia dictada, lo cual implica que ante la constatación de la existencia de algún vicio, dicha concordancia lógica y jurídica se mantendrá, aún cuando los vicios sean varios y el juez no se pronuncie sobre todos los vicios o alegatos de las partes.
Precisado lo anterior y siendo que el punto neurálgico de la presente controversia lo constituye la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia de fecha 3 de junio de 1999 antes aludida, cuya ejecución por las razones antes expuestas resulta improcedente, tal como lo decidió el Tribunal a quo, toda vez que las partes dieron fin al litigio mediante la transacción celebrada por ellas y homologada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 25 de noviembre de 1999, produciendo el efecto de cosa juzgada, de allí que a criterio de esta Corte, el fallo dictado por el Juzgado Superior no incurrió en incongruencia negativa por cuanto no omitió pronunciamiento respecto de la solicitud de la parte actora respecto de la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia, la cual fue debidamente decidida y declarada improcedente, tampoco incurrió en incongruencia positiva al emitir pronunciamiento respecto de la transacción celebrada -que a decir del apelante no fue solicitado- en virtud que precisamente la homologación de la misma y el efecto de cosa juzgada que ello produjo, fue la causa de la declaratoria sin lugar de la solicitud de ejecución de la sentencia, ello así se desestiman las presentes denuncias. Así se decide.
Concatenado a lo anterior y, por las razones antes expuestas, esta Corte asimismo desecha el argumento de la parte actora relativo al silencio de prueba del a quo, en virtud que el Juzgado Superior tal como pudo constatarse de las actas del expediente, previamente a dictar su fallo examinó y valoró las pruebas aportadas por ambas partes, entre las cuales versa la transacción celebrada, la homologación de dicha transacción por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, los oficios dirigidos a la Jefa de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida y los dirigidos al Procurador de ese Estado, cuyas pruebas conllevaron a declarar sin lugar la ejecución forzosa solicitada, de tal manera que no encuentra este Órgano Jurisdiccional suficientes elementos que logren determinar que la sentencia recurrida se encuentre infecta del vicio de silencio de prueba, en consecuencia se desecha el vicio denunciado. Así se decide.
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Órgano Jurisdiccional declara sin lugar el presente recurso de apelación interpuesto por el abogado Aquiles Marcano Gil, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada en fecha 1 de marzo de 2006 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 1999 por el referido Juzgado Superior, en razón de la transacción celebrada entre las partes, en consecuencia confirma la sentencia dictada en fecha 1 de marzo de 2006 por el referido Juzgado Suprior. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SU COMPETENCIA para conocer para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Aquiles Marcano Gil, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.040, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada en fecha 1º de marzo de 2006 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de ejecución forzosa de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 1999 por el referido Juzgado Superior, en razón de la transacción celebrada entre las partes.
2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto.
3.-CONFIRMA el fallo apelado.
Publíquese y regístrese. Déjese copia de la decisión y remítase al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Presidente,

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
El Vicepresidente,

ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA

El Juez,

ALEJANDRO SOTO VILLASMIL
Ponente

La Secretaria,

YESIKA ARREDONDO GARRIDO

Exp. N° AP42-R-2006-000873
ASV/168

En fecha _______________ ( ) de ________________________ de dos mil nueve (2009), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _____________________.

La Secretaria,