REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN Caracas, 30 de junio de 2009 199° y 150° Vista la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha doce (12) de noviembre de 2007, mediante la cual se declaró competente para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Álvaro Yturriza Ruiz, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 257.07 dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), de fecha 24 de agosto de 2007, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración que interpusiera la mencionada sociedad mercantil contra el acto administrativo contenido en la Resolución 131.07 dictada por dicha Superintendencia en fecha 30 de mayo de 2007, admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, declaró improcedente la solicitud de medida cautelar y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes Visto asimismo el auto dictado en fecha 09 de junio de 2009 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual acuerda pasar el presente expediente a este Tribunal, a los fines de continuar el procedimiento de ley. En consecuencia, se ordena citar de conformidad con el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a la ciudadana Fiscal General de la República, a la ciudadana Procuradora General de la República, citación esta que se practicará conforme a lo previsto en el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza Ley Orgánica que rige sus funciones, y al ciudadano Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, según lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del aparte 1 del artículo 19 de la referida Ley Orgánica, concediéndole el término de diez (10) días continuos para que se tenga por notificado, remitiéndole a dichos funcionarios copia certificada del libelo, y de las actuaciones del presente expediente cursantes a los folios veintiocho (28) al sesenta y uno (61), ciento treinta y cinco (135) al ciento treinta y siete (137), doscientos veintiséis (226) al doscientos cuarenta y cuatro (244), y del presente auto. Asimismo, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de abril de 2001, (Exp. N° 00-1944), relativa a la obligatoriedad para los Tribunales de la República de notificar a las personas que han sido partes en el procedimiento administrativo, este Tribunal ordena la notificación mediante boleta a la ciudadana María Gisela Cárdenas de Reidinger, de acuerdo a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, concediéndole el término de diez (10) días continuos conforme a la norma citada. En el día de despacho siguiente a que consten en autos la última de las citaciones y la notificación antes ordenadas, o de ser el caso, se constate que la práctica de la notificación librada a la ciudadana María Gisela Cárdenas de Reidinger fue infructuosa, vencido que sea el término previsto para la citación de la ciudadana Procuradora General de la República, líbrese el cartel al cual alude el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que deberá ser publicado en uno de los diarios de mayor circulación nacional. El ejemplar del periódico, donde sea publicado el cartel, será retirado por el recurrente dentro de los treinta (30) días de despacho a su expedición y luego de ser publicado, el recurrente dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación, deberá consignarlo en autos; el incumplimiento de esta obligación se entenderá como desistimiento del recurso, y se pasará el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de la decisión correspondiente, conforme al criterio establecido mediante sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil siete (2007), número 2007-000717 caso Rodolfo Arrieta vs. Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), así como en sentencia de la misma Corte de fecha doce (12) de abril de dos mil siete (2007), número 2007-000827 caso Lilian Rosales vs. Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (PROCOMPETENCIA). La Juez de Sustanciación, Belén Serpa Blandín El Secretario Accidental, Jhotemberg Blanco Matheus BSB/JBM/jab/rab Exp. N° AP42-N-2007-000398