JUEZ PONENTE: ENRIQUE SANCHEZ EXPEDIENTE N° AP42-N-2004-000345 En fecha 14 de febrero de 2003, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 788-04 de fecha 16 de septiembre de 2004, emanado del Juzgado Superior Quinto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogada María Teresa Onsalo Lavalud, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 16.938 actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana SOR CELINA NAVARRO RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.714.961, contra la Providencia Administrativa Nº 143 dictada en fecha 5 de diciembre de 2003, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, mediante la cual declaró Sin Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la mencionada ciudadana contra la empresa “Pride International, C.A.” Dicha remisión, se efectuó en virtud de la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Quinto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 16 de septiembre de 2004, en razón de su incompetencia para conocer de la presente causa. En fecha 19 de octubre de 2004, se dio cuenta a esta Corte, y por auto de esa misma fecha, se designó Ponente al Juez Oscar Enrique Piñate Espidel. En fecha 20 de octubre de 2004, se pasó el expediente al Juez Ponente. En fecha 4 de noviembre de 2004, esta Corte dictó sentencia, mediante la cual declaró su competencia para conocer del recurso contencioso administrativa de nulidad interpuesto, y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que decidiera acerca de la admisibilidad del recurso. El 14 de diciembre de 2004, esta Corte acordó comisionar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental a los fines de que éste efectuare la notificación al Inspector del Trabajo del Estado Zulia, respecto del fallo proferido por esta Corte en fecha 4 de noviembre de 2004. En fecha 19 de enero de 2005, el Alguacil de esta Corte dejó constancia de haber notificado a la ciudadana Sor Celina Navarro Rodríguez, de la decisión dictada por esta Corte en fecha 04 de noviembre de 2004. El 10 de febrero de 2005, el Alguacil de esta Corte dejó constancia de haber enviado a través del Instituto Postal telegráfico (IPOSTEL) la comisión judicial librada al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, a los fines de la notificación del fallo dictado por esta Corte en fecha 4 de noviembre de 2004. En fecha 2 de junio de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia suscrita por la Abogada María Teresa Onsalo Lavaud, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Sor Celina Navarro Rodríguez, mediante la cual consignó poder original, copias certificadas de las actuaciones administrativas y anexo. En fecha 21 de junio de 2005, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 1189-05 de fecha 15 de junio de 2005, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió las resultas de la comisión librada por esta Corte en fecha 14 de diciembre de 2004. En fecha 28 de julio de 2005, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa. En la misma fecha ratificó la Ponencia al Juez Oscar Enrique Piñate Espidel. En fecha 2 de agosto de 2005, se libró Oficio Nº 2005-3980 dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República. El 29 de septiembre de 2005, el Alguacil de esta Corte dejó constancia de haber notificado a la ciudadana María Catalina Cornieles, en su condición de Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República. En fecha 19 de octubre de 2005, se reconstituyó esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Javier Sánchez Rodríguez, Juez Presidente, Aymara Guillermina Vilchez Sevilla, Juez Vice Presidente y Neguyen Torres López, Juez. En fecha 18 de octubre de 2007, se reconstituyó esta Corte, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Aymara Guillermina Vilchez Sevilla, Juez Presidente, Javier Tomás Sánchez Rodríguez, Juez Vice Presidente y Neguyen Torres López, Juez. Constituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 18 de diciembre de 2008, ésta quedó integrada de la siguiente manera: ANDRÉS BRITO, Juez Presidente; ENRIQUE SÁNCHEZ, Juez Vicepresidente, y MARÍA EUGENIA MATA, Juez. En fecha 09 de febrero de 2009, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa. En fecha 03 de marzo de 2009, se reasignó la Ponencia al Juez ENRIQUE SÁNCHEZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. Realizada la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pasa a dictar sentencia, previas las consideraciones siguientes: I DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD En fecha 29 de junio de 2004, la Abogada María Teresa Onsalo Lavalud, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Sor Celina Navarro Rodríguez, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 143 dictada en fecha 05 de diciembre de 2003, por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, que declaró Sin Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por su representada contra la sociedad mercantil “Pride Internacional, C.A.”, en los términos siguientes: Que, la referida Inspectoría del Trabajo al dictar el acto administrativo impugnado, no valoró ni analizó las pruebas que legal y oportunamente aportó su mandante en el procedimiento de reenganche y pagos de salarios caídos. Señaló, que dicha autoridad administrativa omitió pronunciamiento con relación al recibo de pago promovido correspondiente al período comprendido entre el 16 de abril y el 30 de abril de 2003, mediante el cual se desprende que su representada devengaba un salario mensual de SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 607.695,00) y que, igualmente no se pronunció respecto a la inamovilidad laboral otorgada por Decreto Presidencial Nº 2.271, de fecha 11 de enero de 2003, así como la prevista en los artículos 449 y 451 de la Ley Orgánica del Trabajo, por ser su mandante Miembro de la Junta Directiva de la Seccional de Lagunillas desempeñando el cargo de Secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Hidrocarburos, Metalúrgicos, Mecánicas, sus Similares y Conexos del Estado Zulia (SITHEMEN). Alegó, que “…la falta de apreciación y valoración de las pruebas por parte de la autoridad administrativa origina indefensión, así mismo produce el vicio de silencio de pruebas tipificado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual está relacionado con el derecho constitucional a la defensa ya señalado y a la tutela judicial efectiva…”. Adujo, que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, al dictar su decisión no debió fundamentarla con base a lo alegado por la representación de la sociedad mercantil “Pride Internacional, C.A.”, en el acto de contestación, en el sentido de “…desconocer las inamovilidades invocadas en la solicitud interpuesta por la trabajadora accionante, así como, en el Informe presentado por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias de Hidrocarburos, Metalúrgicas, Mecánicas, sus Similares y Conexas del Estado Zulia (SITHEMEN) para declarar SIN LUGAR el procedimiento antes señalado, sin mencionar, analizar, ni valorar el Acta de la Asamblea Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores tantas veces mencionado y la Comunicación de fecha 14 de julio de 2003…”. Denunció, que el acto administrativo impugnado no contiene las razones invocadas por las partes, ni los fundamentos legales pertinentes, como lo exige el ordinal 5, del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como tampoco contiene “… uno de los elementos esenciales de todo fallo como lo constituye la parte motiva del mismo, que no es más que las razones de hecho y de derecho en la cual fundamenta su decisión, infringiendo el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil al incurrir en el vicio de inmotivación en la decisión…”. Alegó, que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia al dictar la Providencia Administrativa impugnada, incurrió en el vicio de nulidad absoluta previsto en el artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Igualmente denunció, que el acto administrativo impugnado “…viola…(omissis)…lo preceptuado en el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil por no atenerse al principio de legalidad (sic)…”, así como también, conculcó a su parecer los principios constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “…por violación al derecho de una justicia idónea y responsable…”. II DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA En fecha 16 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declinó la competencia en esta Corte para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, en los siguientes términos: “…En conocimiento como está este Tribunal de que las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo son las competentes para conocer del presente recurso de nulidad interpuesto contra una Providencia Administrativa, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, según sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20-11-2002, declara su incompetencia y ordena remitir el expediente a la Unidad de Recepción de Documentos y Distribución de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo…”. III MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Siendo la oportunidad para decidir, esta Corte debe verificar su competencia para conocer de la presente causa, en tal sentido se observa: Con relación a la determinación de la jurisdicción competente para conocer de las impugnaciones contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, ha habido, como es conocido, una larga discusión doctrinaria y jurisprudencial en cuyo iter inicial puede destacarse la sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, recaída en el caso: Fetraeducación, de fecha 05 de junio de 1986, ratificada por el fallo proferido en el caso: Corporación Bamundi, de fecha 13 de febrero de 1992. En estas decisiones, el criterio mantenido por el extinto Órgano Jurisdiccional consistió, grosso modo, en circunscribir la competencia material de la jurisdicción contencioso administrativa a las pretensiones dirigidas a impugnar los actos administrativos emitidos por los órganos de la Administración Pública, si y sólo si tales actos constituían ejecución de “normas de Derecho Administrativo”, quedando, por consiguiente, fuera del alcance de esta jurisdicción especializada –los actos de la Administración Pública emitidos con arreglo a otras ramas del ordenamiento positivo, tales como la civil, mercantil, laboral, etc.- (extinta Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, caso: Fetraeducación, en Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa, 1961/1996, Caracas, 2007, p. 464). No obstante, siendo el anterior el criterio dominante en el sistema constitucional precedente, el tema de la determinación del Órgano Jurisdiccional competente para resolver las pretensiones que se deduzcan con ocasión de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, generó bajo la vigencia ya de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, disparidad de criterios en las distintas Salas componentes del Tribunal Supremo de Justicia, lo que motivó el pronunciamiento de la Sala Plena contenido en la sentencia Nº 009, de fecha 5 de abril de 2005, caso: Universidad Nacional Abierta, que resolvió el conflicto negativo de competencia planteado en su oportunidad por la Sala Político Administrativa. En esta decisión, la Sala Plena expresó: “Ahora bien, tal como lo refiere la jurisprudencia anterior de la Sala Constitucional, ni la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 –vigente para la época del caso ‘Corporación Bamundi, C.A.’- ni la actual Ley Orgánica del Trabajo de fecha 19 de junio de 1997, establecen que corresponda a la jurisdicción laboral el conocimiento de los recursos contra las decisiones de las Inspectorías del Trabajo y, frente al principio de legalidad de la competencia, parecen insuficientes las razones fundadas en los principios de preeminencia de las normas laborales y unidad de la jurisdicción en materia laboral consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo. Al no estar de forma explícita en una norma expresa en este sentido, no puede pretender aplicarse una excepción al principio general de la universalidad del control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa de los actos administrativos que se establece en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara. (…) Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). (…) Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo. (…) Conforme a la doctrina expuesta (sentencia Nº 1333, de fecha 25 de junio de 2002, de la Sala Constitucional), en la que se considera el tribunal ‘...que a la accionante le resulta más accesible’, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de la Región Capital, específicamente la providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de un trabajador de la recurrente, su conocimiento corresponde a un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo Regional. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que la persona afectada deba trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el asunto, a fin de obtener la tutela judicial efectiva. Así las cosas, y en beneficio del justiciable, esta Sala Plena declara que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo competente es el de la Región Centro Norte del Estado Carabobo. Así se decide…” (Paréntesis de esta Corte) Con esta decisión, como se comprende, la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República dilucidó la referida polémica acerca de la competencia en casos como el de autos, estableciendo que corresponde a los órganos que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ordinaria, el conocimiento de las pretensiones de nulidad contra los actos administrativos emanados de Inspectorías del Trabajo. Más aún, dentro de esta Jurisdicción Ordinaria, también la mencionada Sala precisó que corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo la competencia en primer grado de jurisdicción, con lo cual materializó una sentida aspiración de acercar la función jurisdiccional a los justiciables, de reforzar, facilitar el derecho de accionar (derecho de acceso a la justicia), y favorecer la garantía plena de la tutela judicial efectiva. En efecto, la Sala Plena, en primer lugar, distinguió perfectamente la -Jurisdicción Contencioso Administrativa Ordinaria-, integrada en general por la Sala Político Administrativa, Cortes de lo Contencioso Administrativo y Juzgados Regionales de lo Contencioso Administrativo, de la llamada -Jurisdicción Contencioso Administrativa Especial o Eventual-, conformada por los demás tribunales que por excepción y por motivos especiales pudieran conocer de pretensiones nulificatorias de actos administrativos. En segundo lugar, con base en el principio de legalidad de la competencia, en la hipótesis de inexistencia de una norma legal expresa que configure a determinados órganos judiciales con la Jurisdicción Contencioso Administrativa Especial, dicha competencia debe estimarse atribuida a los órganos que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ordinaria. En tercer y último lugar, como ya se dijo, en cuanto a la determinación de los tribunales competentes territorialmente, dentro de la estructura de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ordinaria, la Sala Plena precisó que corresponde a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo Regionales conocer, en el primer grado de jurisdicción, los recursos de nulidad contra los actos dictados por las Inspectorías del Trabajo que se ubiquen dentro del ámbito territorial de los referidos Juzgados, todo ello a los fines de facilitar la tutela judicial efectiva en beneficio de los justiciables. Este pronunciamiento de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido acogido tanto por la Sala Constitucional como por la Sala Político Administrativa. En efecto, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia N° 924 de fecha 20 de mayo de 2005 (caso: Omar Dionicio Guzmán), expresó: “…Una vez que fue hecha la revisión del expediente, esta Sala comprobó que, respecto a la problemática que se planteó en relación con la determinación de los tribunales con competencia para el conocimiento de las demandas de nulidad contra los actos administrativos que emanan de las Inspectorías del Trabajo, en tanto que órganos administrativos, la Sala Plena de este Supremo Tribunal se pronunció el 5 de abril de 2005, de la siguiente manera: (…) De lo precedente, se concluye que, en la causa respecto de la cual el solicitante pretende el avocamiento, ha cesado la incertidumbre en cuanto a la competencia, que ocasionó las sucesivas declinatorias de la demanda cuyo avocamiento se pretende y, con ello, el desorden procesal en ese juicio…”. De igual forma, la Sala Político Administrativa acogió también el criterio proferido por la Sala Plena, en su sentencia Nº 1.458, de fecha 6 de abril de 2005, caso: Operaciones al Sur del Orinoco, C.A., vs. Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar, expresando el Máximo Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo siguiente: “…Concluyó la Sala Plena, que el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares, corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales. Conforme a las consideraciones expuestas en el fallo antes aludido, esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Providencia Administrativa N° 00/091 de fecha 11 de diciembre de 2000, dictada por la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro del Estado Bolívar, mediante la cual se ordena a la sociedad mercantil Operaciones al Sur del Orinoco, CA. (OPCO), el reenganche y pago de salarios caídos a favor del ciudadano Gregory José Ugas Rodríguez, por lo que resulta aplicable el criterio expuesto por la Sala Plena de este Máximo Tribunal, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Así se declara.” Siendo ello así, es claro para esta Corte el criterio según el cual la competencia para conocer de los recursos de nulidad contra los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo corresponde, en el primer grado de jurisdicción, a los Juzgados Regionales de lo Contencioso Administrativo, y en Alzada o segundo grado de jurisdicción, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. En armonía con lo antes expuesto, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo observa que el presente caso versa sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la Providencia Administrativa Nº 143 dictada en fecha 05 de diciembre de 2003, emanada de la Inspectoria Del Trabajo Del Estado Zulia, mediante la cual declaró Sin Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la mencionada ciudadana contra la empresa “Pride International, C.A.”. Por consiguiente, con fundamento a lo antes expuesto, esta Corte debe declarar su INCOMPETENCIA SOBREVENIDA para conocer del recurso de nulidad interpuesto. Ahora bien, aún cuando correspondería en el caso sub iudice plantear el conflicto negativo de competencia ante la Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte debe observar también que para supuestos específicos -como el de autos-, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 3.517, de fecha 14 de noviembre de 2005, (caso: Belkis López de Ferrer), ratificando el criterio de competencia asentado por la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República, estableció el mandato a los órganos jurisdiccionales de la República de remitir, en forma directa e inmediata y sin cumplir trámite procesal previo alguno, a los órganos componentes de la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria, las causas relacionadas con impugnaciones contra los actos administrativos dimanados de las Inspectorías del Trabajo. En este sentido, la Sala Constitucional expresó: “…Así pues, como se desprende del precedente jurisprudencial citado, el cual esta Sala ratifica y hace suyo, actualmente el conocimiento de los recursos de nulidad interpuestos contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo corresponde en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, todo ello en pro de los derechos de acceso a la justicia de los particulares, a la tutela judicial efectiva, a la celeridad procesal y el principio pro actione, en concatenación con lo previsto en el artículo 257 de la Carta Magna, relativo al proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala N° 3.093 del 18 de octubre de 2005). Ello así, todos los Tribunales de la República, entre ellos, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, los Tribunales Laborales y los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo Regionales, quedan encargados de velar por el acatamiento del criterio jurisprudencial aquí ratificado, y por lo tanto tienen el deber de remitir todas las causas que reposan en sus archivos a los Tribunales que resulten competentes sin mayor dilación, en acatamiento a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna (…) evitando así dilaciones procesales indebidas, reposiciones inútiles, o cualquier atentado contra la tutela judicial efectiva de los particulares; pues el derecho a dicha tutela, no supone solamente el acceso a la justicia y de poder accionar ante los Tribunales, sino también a obtener con prontitud la decisión correspondiente, sin formalismos ni reposiciones inútiles, así como el poder confiar en la ejecutividad de los fallos, y son los Tribunales de la República quienes deben fungir como ejemplo y principales propulsores en la consecución de ese valor llamado justicia…” (Subrayado de esta Corte). En consecuencia, esta Corte DECLINA la competencia por razones sobrevenidas en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental y ORDENA remitir el presente expediente, al mencionado Juzgado. Así se decide. IV DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su INCOMPETENCIA SOBREVENIDA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Abogada María Teresa Onsalo Lavalud actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana SOR CELINA NAVARRO RODRÍGUEZ contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, que dictó la Providencia Administrativa Nº 143 en fecha 5 de diciembre de 2003. 2.- DECLINA la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental. 3.- ORDENA remitir el presente expediente al referido al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Occidental. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado y déjese copia de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación. EL JUEZ PRESIDENTE, ANDRÈS BRITO EL JUEZ VICE PRESIDENTE, ENRIQUE SÁNCHEZ PONENTE LA JUEZ, MARÍA EUGENIA MATA LA SECRETARIA ACCIDENTAL, MARJORIE CABALLERO AP42-N-2004-000345 ES/ En fecha____________________________( ) de __________________________ de dos mil nueve (2009), siendo la (s)_______________________________ de la______________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N°__________________________.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL.