REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, veinticinco de marzo de dos mil nueve
198º y 150º
ASUNTO: KP02-G-2008-000056
QUERELLANTE: ADELA CAMPOS DE SUAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.065.939, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 71.925, actuando en su propio nombre y representación.
QUERELLADA: CONCEJO MUNICIPAL DE PALAVECINO DEL ESTADO LARA
REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLADA:
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL (PRESTACIONES SOCIALES)
I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se recibe la presente querella funcionarial el 19 de noviembre del 2008 por cobro de Prestaciones Sociales interpuesta por la ciudadana ADELA CAMPOS DE SUAREZ ya identificada, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE PALAVECINO DEL ESTADO LARA, por considerar la querellante que se le adeudan sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales, producto de la relación laboral que mantuvo con el referido Concejo Municipal.
La presente acción es admitida por este tribunal, el 24 de noviembre del 2008, en base a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que se ordena la practicada de las notificaciones y citaciones a las que hubiere lugar, para llevar a cabo el procedimiento establecido en dicha ley.
Constatada como fueron, la práctica de las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, se procede a la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual tuvo lugar el 03 de marzo del 2009 a la cual solo acudió la parte querellante y no solicito la apertura del lapso de prueba.
Posteriormente, se realizo la audiencia definitiva en base a lo preceptuado en el artículo 107 eiusdem, el 13 de marzo del 2009, en la cual este sentenciador luego de revisar de manera pormenorizada las actas que conforman el expediente, y en presencia de la parte querellante, dicto el dispositivo del fallo declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la presente acción.
Finalmente, llegado el momento del correspondiente dictado de la sentencia in extenso, quien aquí decide pasa a fundamentar tal decisión en los siguientes términos:
II
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
El acuerdo Nº 1, anexo al folio 9 y emanado del Concejo Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara, se valora como un documento administrativo.
El nombramiento de la directiva, sesión extraordinaria 01 de fecha 08/01/2007, emanada del Concejo Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara, se valora como un documento administrativo.
El oficio Nº 633 de fecha 18 de junio del 2007, emanado del Concejo Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara, por medio del cual se remueve a la querellante del cargo que ostentaba en dicho Concejo Municipal, se valora como documento administrativo.
La Gaceta Municipal 404 de fecha 18 de junio del 2007 mediante la cual se publica el acuerdo Nº 273, se valora como un documento administrativo.
La Gaceta Municipal 452 de fecha 18 de junio del 2007 mediante la cual se publica el acuerdo Nº 248, se valora como un documento administrativo.
El oficio Nº 922 de fecha 03 de septiembre del 2008, emanado del Concejo Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara por medio del cual se le concede a la querellante el beneficio de jubilación, se valora como documento administrativo.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Así las cosas, considera este juzgador que uno de lo derechos comunes que son relativos a todos los funcionarios públicos sometidos, cualquiera sea su condición, es el pago de sus Prestaciones Sociales al momento de renunciar o ser retirados de sus cargos, en razón de ello, la Ley que rige la materia funcionarial ha establecido un puente normativo de acceso equiparativo hacia la legislación laboral que permite esa “laboralización del derecho funcionarial”, pues se han traído protecciones típicas de ese régimen laboral ordinario aplicables ahora por extensión a la labor pública.
Tal seria el caso de las aplicaciones extensivas contempladas en los artículos 28, 29 y 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales expresamente consagran que los funcionarios públicos gozaran de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y en su reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación de antigüedad, la protección integral a la maternidad, el derecho a sindicalizarse, a la convención colectiva y a la huelga.
Ahora bien, resulta conveniente aclarar que el pago de las prestaciones sociales se debe hacer al querellante, porque la Constitución de 1.999 en su artículo 92, las asume como un derecho social para recompensar en este caso su antigüedad en el servicio y como un auxilio de cesantía de la relación de empleo público, garantías reconocidas por anticipado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que remite a la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 26, por ser un derecho social; que además las preveía en cuanto a su fundamento, primero que el propio texto constitucional; pero como lo señaló el autor De Pedro, esa remisión era únicamente referencial, “...pues para su pago o cancelación se debían utilizar principios y técnicas derivados de la condición estatutaria que vincula al funcionario con la Administración Pública...” (De Pedro Fernández, Antonio. 1.997. Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa. Valencia-Caracas: Vadell Hermanos Editores. Página 130).
En consecuencia, el pago de prestaciones sociales es un derecho irrenunciable del cual gozan los trabajadores por la prestación de sus servicios a un patrono, en este caso a la Administración Pública constituyendo dicho pago un conjunto de beneficios adquiridos por el trabajador o funcionario que no es de naturaleza indemnizatoria como los sueldos dejados de percibir, sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio, por lo que es importante resaltar que las prestaciones sociales constituyen deudas de exigibilidad inmediata al culminar la relación de empleo, y que forma parte de un sistema integral de justicia social que se encuentra sujeto a la norma Constitucional prevista en el artículo 92 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
En razón de lo expuesto, observa este Tribunal Superior que el derecho al cobro de prestaciones sociales en su totalidad a que tiene derecho el trabajador y en razón de la competencia que tiene este Tribunal Contencioso Administrativo por ser una relación de empleo público, debe prosperar de manera parcial, no obstante, se acuerda el pago de prestaciones sociales solo por los conceptos de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, bonificaciones de fin de año 2007 y 2008, vacaciones colectivas del año 2007 y 2008 e intereses sobre las prestaciones sociales. Así las cosas, sólo los conceptos anteriormente señalados deberán ser calculador a los fines de determinar las prestaciones sociales de la querellante, mas no así los demás conceptos solicitados en virtud de que no se corresponden con los derechos de que goza un funcionario al servicio de la Administración pública ya que dentro de su petitum incluye el preaviso y los cesta ticket.
El último beneficio nombrado supra, referido a los cesta ticket, no puede otorgarse a la querellante dado que para ello era necesario la prestación efectiva y directa del servicio por parte del empleado.
En conclusión, de acuerdo a los razonamientos expuestos, este tribunal acuerda el pago de las prestaciones sociales solo por los conceptos señalados supra e incluyendo los intereses de mora, montos estos que deben ser calculados mediante una experticia complementaria del fallo.
Con relación a la indexación o corrección monetaria solicitada, la misma no es procedente ya que las deudas referidas a los funcionarios públicos no son susceptibles de ser indexadas, por cuanto los mismos mantienen un régimen estatutario en el cual no existe un dispositivo legal que ordene la corrección monetaria tal como se desprende de la sentencia emanada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 30 de Enero del 2007; de igual forma, tampoco debe este Tribunal acordar la condenatoria en costas.
Visto lo anterior debe declararse de manera forzosa PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por la ciudadana ADELA CAMPOS DE SUAREZ en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE PALAVECINO DEL ESTADO LARA y los fines de determinar con exactitud el monto de los conceptos acordados en el cuerpo de este fallo, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 de Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Querella Funcionarial interpuesta por la ciudadana ADELA CAMPOS DE SUAREZ en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE PALAVECINO DEL ESTADO LARA.
SEGUNDO: Se ordena los fines de determinar con exactitud el monto de los conceptos acordados en el cuerpo de este fallo, que los mismos sean calculados mediante una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de procedimiento Civil.
TERCERO: No se condena en costas dada la naturaleza del fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese al Sindico Procurador Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara de conformidad con el último aparte del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009). Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Titular
Dr. Freddy Duque Ramírez
La Secretaria,
Abogada Sarah Franco Castellanos
Publicada en su fecha a las 12:00 M.
La Secretaria,
Fd/ydg.-
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