TSJ Regiones - Decisión

JUEZ PONENTE: MARÍA EUGENIA MATA
EXPEDIENTE N° AP42-O-2003-001091

En fecha 24 de marzo de 2003, se recibió en la Secretaría de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 03-0435 de fecha 11 de marzo de 2003, anexo al cual el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, remitió las copias del expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los Abogados Néstor Sayago, María Sulvey Canchica Cárdenas y Neyda Sofía Sayago Medina, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los Nros. 10.041, 66.690 y 80.135, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano LEMMY LENIN MÉNDEZ GUZMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.584.022, contra los ciudadanos HERMES ROJAS PERALTA, ALEJANDRO AROCHA y MANUEL PÁEZ MATOS, en su condición de Director Presidente, Consultor Jurídico y Abogado Adjunto a la Consultoría Jurídica del INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA.

Tal remisión se efectuó en virtud de haber sido oída en un sólo efecto la apelación interpuesta en fecha 6 de marzo de 2003, por los Abogados Félix Cárdenas Omaña y Elba Iraida Osorio Álvarez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los Nros. 3.559 y 75.438, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del Instituto Autónomo accionado, contra la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2003, por el referido Juzgado, mediante el cual declaró Procedente la acción de amparo interpuesta.

En fecha 26 de marzo de 2003, se dio cuenta a la Corte, se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz.

En fecha 27 de marzo de 2003, se pasó el expediente a la Magistrada Ponente.

En fecha 22 de abril de 2003, el Apoderado Judicial del Instituto Autónomo accionado, consignó escrito de alegatos.

En fecha 23 de abril de 2007, se dictó auto de abocamiento y se reasignó la ponencia a la Juez Aymara Guillermina Vilchez Sevilla, a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines de que la Corte dictara la decisión correspondiente.

En fecha 18 de diciembre de 2008, se reconstituyó esta Corte, la cual quedó conformada de la siguiente manera: ANDRÉS BRITO, Juez Presidente; ENRIQUE SÁNCHEZ, Juez Vicepresidente; y MARÍA EUGENIA MATA, Juez.

En fecha 17 de marzo de 2009, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa, y se reasignó la ponencia a la Juez MARÍA EUGENIA MATA, a quien se ordenó pasar el expediente a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente.

El 18 de marzo de 2009, se pasó el expediente a la Juez Ponente.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:

I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

En fecha 29 de noviembre de 2002, los Apoderados Judiciales del ciudadano Lemmy Lenin Méndez, interpusieron acción de amparo constitucional con fundamento en los siguientes alegatos:

Que “…ocurrimos (…) a fin de solicitar Mandamiento de Amparo Constitucional de conformidad con los artículos 26, 27, 49, 55 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en contra del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, en las personas de su Director General, Hermes Rojas Peralta, su Consultor Jurídico Alejandro Arocha y el abogado adjunto a la Consultoría Jurídica, Manuel Páez Matos, por haber violado los derechos constitucionales de nuestro representado”.

Señalaron, que “…nos presentamos ante la Consultoría Jurídica del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, a fin de solicitar información relacionada con un descuento que se le viene realizando a nuestro representado (…) de su nómina de pago desde la segunda quincena del mes de septiembre del año en curso, en cuya oportunidad fuimos atendidas por el Abogado Manuel Páez Matos (…) nos informó que dicho descuento se debe a un acto administrativo que le determinó responsabilidad a consecuencia del volcamiento de una patrulla y nos expresó, ‘que el procedimiento ya estaba totalmente culminado y que el mismo, ya había sido notificado nuestro (sic) representado y que a ello se debe el descuento que se le viene realizando al funcionario de su nómina de pago’ (…) a lo que le expresamos que eso no era cierto por cuanto nuestro representado desconocía el motivo de los citados descuentos…”.

Alegaron, que “…posteriormente en fecha 24 de octubre de 2002, acudimos nuevamente a la Institución, esta vez debidamente acreditadas mediante poder (…) en primer lugar solicitamos el expediente relacionado con el volcamiento de una patrulla y, en segundo lugar solicitamos información relacionada con un nuevo descuento que se le hace a nuestro representado (…) de su nómina de pago a partir de la primera quincena del mes de octubre del presente año consistente en descuento por el extravío de un radio portátil (…) en esta dependencia de Asuntos Internos, nos informan que debíamos acudir nuevamente a Consultoría Jurídica (…) acudimos allí donde fuimos atendidas una vez más por el abogado Manuel Páez Matos, quien nos indicó que debíamos hacer la solicitud por escrito para revisar los expedientes…”.

Asimismo, agregaron que “…pese a la insistencia nuestra de revisar el expediente, pedimos ser atendidas por el Consultor Jurídico Alejandro Arocha, quien se negó en todo momento recibirnos y dialogar con nosotros, cuya conducta del citado Consultor Jurídico, nos obligó acudir al despacho del Comisario Hermes Rojas Peralta, a fin de ponerlo en conocimiento de las graves irregularidades que estaban ocurriendo, quien se negó igualmente a atendernos…”.

Que “…a consecuencia de nuestra visita a esa institución para obtener información sobre el descuento que se le viene realizando a nuestro representado, este fue llamado personalmente por el citado Comisario, quien le solicitó que le presentara un informe acerca de los hechos sucedidos y que en el mismo solicitara la reconsideración del caso, información ésta, que reposa en los presuntos expedientes, y en los cuales nuestro representado en los meses de agosto y septiembre del presente año, rindió las declaraciones respectivamente, quien debería hacerle llegar dicho informe al comisario, es la Consultoría Jurídica, mas no se le puede pedir al funcionario que levante un informe solicitando la reconsideración de los casos, sin tener conocimiento de las actuaciones que pudieren reposar en los expedientes…”.

Manifestaron, que “…durante más de dos (02) meses, hemos intentado por los canales regulares que esta Institución nos permita revisar los expedientes administrativos del citado funcionario, sin que hasta los momentos, hayamos tenido acceso a los mismos, obstaculizando con todo tipo de artimañas y arbitrariedades el debido proceso y a su vez, violando el derecho a la defensa, la celeridad procesal, la eficacia de los actos y haciendo de la mera solicitud de un expediente administrativo, un procedimiento lleno de formalismos absurdos y abolidos por la práctica consuetudinaria, reiterada y aprobada no solo por la Doctrina sino por nuestro amplio colorario (sic) Jurídico vigente…”.

Finalmente, solicitaron “…se ordene la reparación de la situación jurídica infringida ordenando al citado Instituto en la personas de su Director General Hermes Rojas Peralta, Consultor Jurídico Alejandro Arocha y el del abogado adjunto a la Consultoría Jurídica Manuel Páez, ordene de forma inmediata el acceso a todos los procedimientos administrativos, relacionados con los descuentos que hasta los momentos, se le vienen realizando al citado funcionario, consistentes en reparación de unidad y descuento de radio portátil y, pedimos una vez más, ordena (sic) la suspensión de los citados descuentos, y de Abstenerse de Obstaculizar en lo Sucesivo, las mencionadas autoridades y cualquier otro funcionario de dicho Instituto el acceso a las actas procesales en que éste involucrado nuestro representado y, como medida cautelar de protección al mismo funcionario, solicitamos se ordene al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, abstenerse de tomar cualquier acción de represalia en contra del mismo, como consecuencia de la justa reclamación hecha a través de abogados…”.

II
DE LA SENTENCIA APELADA

En fecha 14 de febrero de 2003, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró Procedente la acción de amparo constitucional interpuesta, fundamentándose en las siguientes consideraciones:

“…En el presente caso, observa el tribunal que la acción de amparo se ejerce contra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, en las personas de su Director General, su Consultor Jurídico y el abogado adjunto a la Consultoría Jurídica por ser estos sujetos dentro del organismo mencionado, a quienes los apoderados que de manera directa e inmediata han producido el daño o violación de los derechos denunciados. Ello así, estima este Juzgado que de lo narrado en la solicitud de amparo y de las exposiciones realizadas en la audiencia oral de las partes resultó evidente la participación, de los señalados como sujetos pasivos, como agentes perturbadores y a los cuales se le han imputado menciones que ellos en las posiciones que detentan en el organismo accionado, pueden en si mismo producir o les pueden ser imputables, como sería la información solicitada por el quejoso, o sus representantes legales sobre los descuentos que en la nómina de pago se venía haciendo al hoy accionante y negar el acceso al expediente que se había seguido para imponer los descuentos en el salario del funcionario de esa Institución. Por tanto el alegato esgrimido en este sentido por la representación judicial del querellado debe ser desechado (…) deriva el Tribunal la violación del derecho a la defensa y al debido proceso del accionante ya que independientemente de que el funcionario hubiese incurrido en una actuación tipificada como falta en el Reglamento que rige al organismo y establecida una correspondiente sanción, esta debe ser resultado de la apertura de un procedimiento el cual debió ser impuesto el funcionario a fin que hiciere los alegatos en su defensa, promoviera y evacuara las pruebas que estimase pertinente con el objeto de desvirtuar los hechos que se le imputan y solo después de cumplir con el procedimiento administrativo debió el organismo determinar e imponerle la sanción correspondiente. En el caso bajo análisis, de los hechos narrados por el quejoso y de las imputaciones hechas a los presuntos agraviantes las cuales no fueron desvirtuados, no se evidencia que la Administración en este caso hubiese seguido procedimiento alguno para establecer la sanción que se materializó en la deducciones que se le venía haciendo en su pago de nómina, por el contrario ante esta situación al recurrir el quejoso ante sus superiores y exigir la información correspondiente y la revisión del expediente en el cual se basó tal decisión, no obtuvo la autorización que le permitiera a él y a sus representantes legales el acceso al expediente, que mostraran los fundamentos jurídicos de tales descuentos. Ello así, considera el Tribunal que se ha violado el derecho al debido proceso, a la defensa, al salario y a ser oído. Por tanto, debe declarar procedente la acción de amparo constitucional. Así se decide. En relación a la petición de ordenar ‘Abstenersen (sic) de Obstaculizar en lo Sucesivo, las mencionadas autoridades y cualquier otro funcionario de dicho Instituto el acceso a las actas procesales en que éste involucrado nuestro representado y, como medida cautelar de protección al mismo funcionario, solicitamos se ordene al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, abstenerse de tomar cualquier acción de represalia en contra del mismo, como consecuencia de la justa reclamación hecha a través de abogados’, este Juzgado se abstiene de proveer al respecto en virtud de ser tal petición dirigida a hechos futuros e inciertos, lo cual no puede ser regulado a priori. Así se decide…”.

III
DE LOS ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

En fecha 22 de abril de 2003, el Apoderado Judicial del Instituto Autónomo Policía del estado Miranda, consignó escrito de alegatos de la apelación en el cual señaló lo siguiente:

“De acuerdo con lo que es narrado por el quejoso, se aprecian elementos que fueran considerados de pertinencia para establecer la no procedencia de la acción interpuesta, argumentaciones que pasamos a singularizar con la finalidad de fijar con precisión el alcance de los alegatos que aportaremos, observamos que del escrito que da inicio al procedimiento, son señaladas variados personeros a los cuales se les atribuye haber atendido a los abogados del presunto agraviado, en el sentido de tener acceso a un expediente administrativo, de lo cual ha de entenderse que la pretendida violación tiene como única causa u origen el hecho ya señalado, circunstancia en fuerza de la cual señalamos no ser concurrente el concierto de agraviantes aducido por el quejoso, dado el hecho simple, que el agravio si hubo sido (sic) la consecuencia de un determinado personero, hacía imposible que los restantes hubieran concurrido en la misma violación que se menciona en el escrito, esto es, que en la violación hecha valer, en manera alguna pudo haber tenido intervención, el Abogado Adjunto, la Consultoría Jurídica y el Director Presidente del Instituto, ello ante la simple razón de que la conducta de uno de tales, excluye la de los restantes, máxime en el caso, en el cual expresamente se hace ver, que todo lo relacionado con la revisión del expediente, correspondía a la máxima autoridad del Instituto rezado en esos términos en el propio escrito de querella, alegato que no fuera considerado por el sentenciador, mas lo que constituye gravedad suma, es la incongruencia del fallo que declara procedente la acción de amparo, donde se aprecia la contradicción entre la motiva y su dispositiva….”.

III
DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Corte, pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación y en tal sentido se observa lo siguiente:

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:

“Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente”.

De la norma anteriormente transcrita, se infiere que ante las decisiones de amparo constitucional dictadas en primera instancia por los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, la parte perdidosa podrá ejercer recurso de apelación, el cual deberá oírse en un sólo efecto y ser decidido por el Tribunal Superior respectivo.

Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 2.271, de fecha 24 de noviembre de 2004 (caso: Tecno Servicios Yes´Card, C.A., Vs. Procompetencia), actuando en su condición de rectora y máximo órgano jurisdiccional del sistema Contencioso Administrativo delimitó el ámbito competencial de estas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, reconociéndolas expresamente como Alzadas Naturales de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo.

Del mismo modo, mediante sentencia N° 2.386 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 1 de agosto de 2005 (Municipio Santiago Mariño del Estado Nueva Esparta), se ratificó el criterio establecido en sentencia Nº 87 emanada de dicha Sala en fecha 14 de marzo de 2000 (caso: C.A. Electricidad del Centro (ELECENTRO) y Compañía Anónima de Electricidad de Los Andes), mediante la cual se estableció que: “…en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se ejerzan contra las sentencias que estos se pronuncien, será competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo…”.
Con base en las consideraciones realizadas anteriormente, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo resulta COMPETENTE para conocer de las apelaciones interpuestas, contra las decisiones en materia de amparo dictadas por los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, se pasa a conocer de la presente apelación. Así se declara.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Corte pronunciarse sobre la apelación interpuesta, contra la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2003, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, para lo cual debe señalarse lo siguiente:

En primer lugar, este Órgano Jurisdiccional observa que la representación judicial del accionante interpuso la presente solicitud de amparo, en virtud de que “…durante más de dos (02) meses, hemos intentado por los canales regulares que esta Institución nos permita revisar los expedientes administrativos del citado funcionario, sin que hasta los momentos, hayamos tenido acceso a los mismos, obstaculizando con todo tipo de artimañas y arbitrariedades el debido proceso y a su vez, violando el derecho a la defensa, la celeridad procesal, la eficacia de los actos y haciendo de la mera solicitud de un expediente administrativo, un procedimiento lleno de formalismos absurdos…”.

En este sentido, el Juzgado A quo declaró Procedente la presente acción de amparo constitucional, por cuanto consideró que “…de los hechos narrados por el quejoso y de las imputaciones hechas a los presuntos agraviantes las cuales no fueron desvirtuadas, no se evidencia que la Administración en este caso hubiese seguido procedimiento alguno para establecer la sanción que se materializó en la deducciones que se le venía haciendo en su pago de nómina, por el contrario ante esta situación al recurrir el quejoso ante sus superiores y exigir la información correspondiente y la revisión del expediente en el cual se basó tal decisión, no obtuvo la autorización que le permitiera a él y a sus representantes legales el acceso al expediente…”.

Ahora bien, considera esta Corte oportuno señalar, que el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el procedimiento de la acción de amparo está dirigido, exclusivamente, a proteger el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, siendo su finalidad el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; por lo que, dado ese carácter especial, su ejercicio debe estar supeditado a la imposibilidad de acudir a las vías ordinarias a fin de obtener el efectivo restablecimiento de la situación jurídica infringida.

En conexión con lo anterior, resulta necesario traer a colación la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado José Delgado Ocando (caso: Gloria América Rangel Ramos Vs. Ministerio de la Producción y el Comercio), en la cual se estableció respecto a la acción de amparo constitucional, lo siguiente:

“…es criterio de esta Sala (…) que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. (…) (omissis)… en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la inadmisibilidad de la acción de amparo. …(omissis)… De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.”

Así pues, según el criterio antes transcrito, resulta evidente que la existencia de otro medio procesal efectivo distinto al amparo constitucional para obtener la defensa y protección de los derechos y garantías constitucionales alegados como transgredidos, ciertamente, constituye una causal de inadmisibilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. De tal manera que, la acción de amparo constitucional debe ser ejercida, según el anterior criterio jurisprudencial, “una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha”.

Al contrario, si la vía ordinaria resulta eficiente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, la pretensión constitucional debe resultar igualmente inadmisible, en aras de la protección del carácter extraordinario de la acción de amparo. De esa manera, el Juez constitucional puede desechar una acción de amparo constitucional cuando en su criterio no existan dudas que se disponen de otros mecanismos ordinarios lo suficientemente eficaces e idóneos para dilucidar dicha pretensión, capaces de lograr de manera efectiva la tutela judicial efectiva
Ahora bien, de lo anteriormente expuesto y concatenándolo al caso de autos, este Órgano Jurisdiccional considera que la parte accionante disponía de otra vía judicial preexistente en el ordenamiento jurídico que rige la materia contencioso administrativa funcionarial como es la querella, la cual resulta idónea y eficaz para la satisfacción de la pretensión aducida por los Apoderados Judiciales del accionante.

Siendo lo anterior así, esta Corte evidencia, que el A quo erró al declarar Procedente la acción de amparo constitucional ejercida, toda vez que -como bien se expresó anteriormente- lo correcto era declarar la inadmisibilidad de la misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de allí que esta Corte concluya en que dicha decisión no está ajustada a derecho. Así se decide.

Es por ello, que resulta forzoso para esta Corte declarar Con Lugar la apelación interpuesta por la parte accionante; y, revocar por las razones aquí expuestas, el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 14 de febrero de 2003. En consecuencia, se declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

IV
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de marzo de 2003, por los Abogado Félix Cárdenas Omaña y Elba Osorio Álvarez, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la parte presuntamente agraviante contra la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2003, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró Procedente la acción de amparo interpuesta por el ciudadano LEMMY LENIN MÉNDEZ GUZMÁN, contra los ciudadanos HERMES ROJAS PERALTA, ALEJANDRO AROCHA y MANUEL PÁEZ MATOS, en su condición de Director Presidente, Consultor Jurídico y Abogado Adjunto a la Consultoría Jurídica del INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA.

2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto.

3.- REVOCA la sentencia apelada.

4. INADMISIBLE la acción de amparo ejercida, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo s0
obre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los _________________ ( ) días del mes de _________________ del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Juez Presidente,

ANDRÉS BRITO

El Juez Vicepresidente,

ENRIQUE SÁNCHEZ

La Juez,

MARÍA EUGENIA MATA
Ponente

La Secretaria,

MARJORIE CABALLERO

Exp. AP42-O-2003-001091
MEM/