EXPEDIENTE N°: AP42-R-2009-000955 MAGISTRADO PONENTE: Andrés Eloy Brito En fecha 9 de julio de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, Oficio Nº 1073-09 de fecha 22 de mayo de 2009, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, anexo al cual remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar por el ciudadano HILCÍAS DAVID NÚÑEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.522.136, en su condición de Presidente del Cuerpo Directivo de la IGLESIA DIOS ADMIRABLE DEL NORTE DE MARACAIBO, inscrita ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 30 de noviembre de 2001, bajo el Nº 5, Tomo 22, Protocolo 1º, debidamente asistido por el Abogado José Hernández Ortega, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 22.850, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. Dicha remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de enero de 2003 por el Abogado Rafael José Moreno, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nº 62.605, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada en fecha 5 de diciembre de 2002, por el mencionado Juzgado Superior, mediante la cual negó la solicitud de desistimiento interpuesta por la representación judicial del Municipio Maracaibo del estado Zulia. En fecha 15 de julio de 2009, se dio cuenta a la Corte. En esta misma oportunidad, se designó Ponente al Juez ANDRÉS BRITO, y se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente más ocho (8) días continuos correspondientes al término de la distancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que las partes presentaran los respectivos escritos de informes. En fecha 12 de agosto de 2009, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 15 de julio de 2009, sin que las partes hayan presentado sus respectivos escritos de informes, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente, a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente. En fecha 13 de agosto de 2009, se pasó el expediente al Juez Ponente. Realizada la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones: I PUNTO PREVIO Observa esta Corte que en fecha 6 de octubre de 2005, la Abogada Ana Sabina Pirela Paz, actuando con el carácter de Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, apeló del auto dictado en fecha 15 de julio de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante el cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. En fecha 10 de diciembre de 2005, se recibió el expediente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En fecha 16 de marzo de 2006, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito de fundamentación de la apelación presentado por la Abogada Alicia Jiménez de Meza, actuando con el carácter de Fiscal del Ministerio Público, por cuanto consideró que el Juzgado A quo erró al pronunciarse sobre el fondo del asunto, siendo que la parte recurrida había ejercido recurso de apelación contra la decisión dictada en fecha 5 de diciembre de 2002, que negó la solicitud de desistimiento interpuesta por su representación judicial. En fecha 26 de abril de 2007, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. Con Lugar el recurso de apelación interpuesto; 3. Repone la causa al estado que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental oiga en ambos efectos la apelación interpuesta en fecha 21 de enero de 2003 por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del estado Zulia. En fecha 9 de enero de 2008, se notificó al ciudadano Alcalde del Municipio Maracaibo del estado Zulia de la decisión dictada por la Corte en fecha 26 de abril de 2007. En fecha 21 de enero de 2008, se notificó al ciudadano Síndico Procurador del Municipio Maracaibo del estado Zulia de la decisión dictada por la Corte en fecha 26 de abril de 2007. En fecha 26 de febrero de 2009, se fijó en la cartelera de esta Corte la Boleta de notificación dirigida a la parte recurrente, por el término de diez (10) días continuos, el cual venció en fecha 18 de marzo de 2009. En fecha 27 de abril de 2009, esta Corte dictó auto mediante el cual ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, a los fines de que diera cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional mediante sentencia de fecha 26 de abril de 2007. En fecha 22 de mayo de 2009, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia dictó auto mediante el cual oyó en ambos en efectos la apelación interpuesta en fecha 21 de enero de 2003, por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del estado Zulia contra la decisión dictada en fecha 5 de diciembre de 2002. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En el presente caso, observa este Órgano Jurisdiccional que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 5 de diciembre de 2002, dictó sentencia mediante la cual negó la solicitud de desistimiento interpuesta por la representación judicial del Municipio Maracaibo del estado Zulia. Vale destacar que en fecha 6 de octubre de 2005, la parte recurrida en la presente causa ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado A quo en fecha 15 de julio de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. En ese sentido, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo conoció de la causa y declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto, ordenando al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, oír la apelación ejercida en fecha 21 de enero de 2003 por la representación judicial de la parte recurrida. Asimismo, esta Corte ordenó la notificación de las partes del fallo dictado con ocasión del recurso de apelación interpuesto. Así las cosas, en fecha 9 de julio de 2009, se recibió el expediente en esta Corte y en fecha 15 de julio de 2009, se dio cuenta a la misma y en esta misma oportunidad, se fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente más ocho (8) días continuos correspondientes al término de la distancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que las partes presentaran los respectivos escritos de informes; posteriormente el 12 de agosto de 2009, vencido como se encontraba el lapso fijado en el auto de fecha 15 de julio de 2009, sin que las partes hayan presentado sus respectivos escritos de informes, se ordenó pasar el presente expediente al Juez Ponente, a los fines de que la Corte dictara la decisión correspondiente, lo que se realizó en fecha 13 de agosto de 2009, pero no se verificó que se haya ordenado la notificación de las partes intervinientes. Visto lo anterior, advierte esta Corte de la revisión realizada a los autos que conforman el presente expediente, que entre el día en que el Juzgado A quo oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto, esto es, el 22 de mayo de 2009, y el día 15 de julio de 2009, fecha en la cual se dio cuenta a esta Corte del recibo del presente expediente, transcurrió más de un (1) mes, en el cual la causa se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes. Ante tal circunstancia, resulta imperioso destacar que en sentencia Nº 2.523 de fecha 20 de diciembre de 2006, (caso: Gladys Mireya Ramírez Acevedo) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en un caso similar al de autos, estableció lo siguiente: “Al respecto, esta Sala reitera que la estadía a derecho de las partes es un principio que rige el derecho procesal venezolano en general, de conformidad con el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil. Tal principio se materializa, en que practicada la citación para la contestación de la demanda, o citación inicial, en otros procesos diferentes al juicio ordinario civil, no habrá necesidad de nueva citación a las partes para ningún otro acto del juicio, a menos que resulte lo contrario de alguna disposición especial de la ley, como ocurre -por ejemplo- en materia de posiciones juradas o de juramento decisorio (artículos 416 y 423 del Código de Procedimiento Civil). (…omissis…) De ello resulta pues, que existió retraso entre la fecha en la cual la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió el respectivo expediente y la fecha en que se le dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo –más de un mes-, por lo que esta Sala es del criterio que en el presente caso se produjo una paralización de la causa y la falta de notificación de las partes para la continuación del juicio, por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil) en este particular caso, originó el que a la hoy solicitante se le privara de la posibilidad de fundamentar el recurso de apelación y se declarara el desistimiento del recurso interpuesto, lo que configuró sin duda, la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, cuyo restablecimiento correspondía a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual omitió pronunciamiento al respecto. (…omissis…) Por lo tanto, la lesión del derecho a la defensa y al debido proceso se encuentra presente desde el momento en que no se ordenó la notificación de la parte ahora solicitante en revisión; y su situación jurídica infringida, nace a partir de todos los actos que surgen después de la falta de notificación, que debió producirse a instancia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez que se le dio cuenta a la misma mediante auto del 1 de febrero de 2005, generándole indefensión e inseguridad jurídica respecto de los actos procesales subsiguientes una vez reanudada la causa”. Ahora bien, aún cuando la sentencia supra citada se refiere a la circunstancia en que transcurre el referido período -más de un mes- entre el momento en que se recibe el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y la fecha en que se da cuenta del asunto, no es menos cierto que resultan perfectamente aplicables al presente caso los principios expuestos en el fallo citado. Siendo ello así, en todos aquellos casos en los cuales una causa se encuentra paralizada y, por lo tanto, la estadía a derecho de las partes se vea quebrantada como consecuencia de la inactividad de todos los sujetos procesales, hay que reconstituir a derecho a las partes, para que el proceso continúe a partir de lo que fue la última actuación cumplida por las partes o por el Tribunal, según el caso. Así pues, tal reconstitución a derecho se logra mediante la notificación de aquéllas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: “Artículo 14. El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados”. Conforme a la norma citada, se observa que si bien el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio, dicha actividad impulsadora no puede ser ejecutada si existe una causa de paralización del proceso y no han sido notificadas las partes para la prosecución del mismo, en cuyo caso, la continuación del procedimiento con inobservancia de esta obligación legal, cercenaría el derecho a la defensa de las partes. En aplicación de las anteriores premisas, el trámite procesal adecuado imponía a este Órgano Jurisdiccional notificar a las partes de la fijación del lapso para la presentación de los informes, para de esta manera, darle continuidad al proceso. Como antes se acotó, esto no sucedió, toda vez que transcurrió más de un (1) mes en el que la causa se mantuvo paralizada por causa no imputable a las partes. Por tanto, en el presente caso, se debió ordenar la notificación de éstas a efectos de fijar el lapso para la presentación de los respectivos informes, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil. Ante tal situación, esta Corte comparte el criterio sostenido de forma reiterada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en los casos de paralización de la causa, tal como se estableció en la sentencia Nº 2007-2121 de fecha 27 de noviembre de 2007, (caso: Silvia Suvergine Peña contra la Alcaldía del Municipio José Ángel Lamas del estado Aragua), según la cual “…en aquellos casos en que haya transcurrido más de un (1) mes entre la fecha en que se recibe el expediente y la oportunidad en la cual se da cuenta del mismo, este Órgano Jurisdiccional, en aras de ampliar dicho criterio con la finalidad de resguardar los derechos constitucionales de los justiciables, establece que a partir de la publicación del presente fallo, se ordenará la reposición procesal en todas aquellas en las cuales haya transcurrido más de un (1) mes entre la interposición del recurso de apelación ante el a quo y la fecha en la cual se dé cuenta del recibo del expediente en esta Alzada. Así se decide…”. Conforme a lo expuesto, esta Corte reitera el criterio ut retro citado, en el entendido que toda vez que se presenten casos similares al de autos en los cuales haya transcurrido un lapso considerable -valga destacar un (1) mes-, entre la fecha en que la parte apelante ejerce su recurso de apelación y la oportunidad en que se dé cuenta del recibo del expediente ante esta Alzada, se considerará que se ha producido una paralización de la causa, lo que ameritará la notificación de las partes a objeto de que las mismas se encuentren a derecho respecto de las fases procesales que deben ser llevadas a cabo ante esta Alzada, con la finalidad de garantizar a ambas sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, en pro de la tutela judicial efectiva. Por consiguiente esta Corte, en aras de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y atención a lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, declara la NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 15 de julio de 2009, únicamente en lo relativo a la fijación del lapso para la presentación de los informes, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales subsiguientes, y en consecuencia, ORDENA la reposición de la causa al estado de que se fije nuevamente el décimo (10º) día de despacho siguiente más ocho (8) días continuos correspondientes al término de la distancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que las partes presenten los respectivos escritos de informes, una vez que conste en autos la última notificación de las mismas. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 15 de julio de 2009, únicamente en lo relativo a la fijación del lapso para la presentación de los informes, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales subsiguientes. 2. ORDENA la reposición de la causa al estado que se fije nuevamente el décimo (10º) día de despacho siguiente más ocho (8) días continuos correspondientes al término de la distancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que las partes presenten los respectivos escritos de informes, una vez que conste en autos la última notificación de las mismas. Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente a la Secretaría. Cúmplase lo ordenado. Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los ____________ ( ) días del mes de _______________de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación. El Juez Presidente, ANDRÉS BRITO Ponente El Juez Vicepresidente, ENRIQUE SÁNCHEZ La Juez, MARÍA EUGENIA MATA La Secretaria, MARJORIE CABALLERO Exp. Nº AP42-R-2009-000955 AB/ En Fecha________________________ ( ) de __________________________________ de dos mil nueve (2009), siendo la (s) _________________ de la ___________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° ___________________. La Secretaria.