TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 13 de octubre de 2009
199º y 150º

ASUNTO Nº: AF41-U-1995-000042.
ASUNTO ANTIGUO Nº: 906. SENTENCIA Nº 1.398.

Vistos, con los Informes de las partes.
En horas del día siete (07) de diciembre de 1997, el ciudadano Félix Hernández Richards, titular de la cédula de Identidad Nº 5.544.003, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo la matricula Nº 23.809, actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente “AUTOMOTRIZ VENEZOLANA, C.A.”, interpuso formal recurso contencioso tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis al caso de autos, en contra de los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº DFA-384-94 de fecha quince (15) de noviembre de 1994, emanada de la Dirección General de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, la cual ordenó emitir Planilla de Liquidación por las cantidades de Bs. 10.617.570,27 (impuesto causados y no pagados al Fisco Municipal); Bs. 31.852.710,81 (multa por haber incurrido en lo previsto en el artículo 74 literal D de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio vigente para la época) y Bs. 5.775.864,68 (multa por haber incurrido en lo previsto en el artículo 75 literal B de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio vigente para la época), montos equivalentes actualmente a Bs.F.10.617,57; Bs.F. 31.852,71 y Bs.F. 5.775,86 respectivamente, en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5229, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 de fecha seis (06) de marzo de 2007; y Acta de Auditoria N° DAF-470-998-94 de fecha veintisiete (27) de julio de 1994, emanada de la Dirección supra identificada.
Mediante auto de fecha dieciocho (18) de diciembre de 1995, se le dio entrada a dicho Recurso bajo el Nº 906, actualmente Asunto Nº AF41-U-1995-000042, se ordenó la notificación a las partes, igualmente se solicito el envío del original o copia fotostática del expediente administrativo.
Estando las partes a derecho, según consta en autos a los folios setenta y siete (77) al setenta y ocho (78), en fecha veinticinco (25) de marzo de 1996, se admitió, dicho Recurso, aperturándose el lapso de pruebas. Siendo el día veintiséis (26) de junio de 1996 oportunidad procesal correspondiente, se fijo el décimo quinto (15°) día, para que tuviere lugar el acto de los Informes.
En horas de Despacho del día veintidós (22) de julio de 1996 siendo la oportunidad procesal para que tuviera lugar el acto de los Informes, ambas partes hicieron uso de su derecho, seguidamente dijo “VISTOS”.
En horas de despacho del día cinco (05) de agosto de 1996, el ciudadano Arnoldo Troconis H., titular de la Cédula de Identidad N° 6.120.020, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 31.347, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la recurrente supra mencionada, presento escrito de Observaciones a los Informes de la parte contraria.
En fecha primero (1ero.) de octubre de 2009, quien suscribe la presente decisión en mi carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha seis (06) de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día cuatro (04) de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del veintitrés (23) de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:

"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)

En la oportunidad procesal de dictar Sentencia, este Órgano Jurisdiccional procede a ello de seguidas:

- II –

M O T I V A C I O N P A R A D E C I D I R

Este Órgano Jurisdiccional hace suyo el criterio jurisprudencial emanado de la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal de la República, en Sentencia Nº 01058 (caso: Las Llaves, S.A.) de fecha veinte (20) de junio del 2.007, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, pasa de oficio, a decidir la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente: La prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones señaladas por la Ley, así es expresamente consagrada en nuestro Código Civil, específicamente en su artículo 1.952.

La prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones señaladas por la Ley, así es expresamente consagrada en nuestro Código Civil, específicamente en su artículo 1.952.
Así, en materia tributaria, la prescripción es uno de los medios de extinción de la obligación tributaria, prevista por el legislador, desde tiempos remotos en los distintos Códigos Orgánicos Tributarios, y opera tanto a favor de los contribuyentes como de la Administración Tributaria respectiva.
Para entender consumada la prescripción es necesaria la concurrencia de 3 elementos o condiciones, a saber:

1. El transcurso de un determinado tiempo;
2. La inacción de las autoridades tributarias y
3. La ausencia de reconocimiento por parte del deudor tributario, de la obligación a su cargo.

La Ley de Régimen Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° 4.109 de fecha quince (15) de junio de 1989, derogada hoy en día por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial Nº 38.421 de fecha veintiuno (21) de abril de 2006, aplicable rationae temporis, al caso de autos, establecía en el artículo 106 todo lo concerniente a la Institución de la Prescripción, a continuación se transcribe lo siguiente:
El artículo 106 consagraba: “Los créditos a favor del Municipio o Distrito prescriben a los 10 años, contados a partir de la fecha en la cual el pago se hizo exigible. La prescripción se interrumpe por el requerimiento de cobro, hecho personalmente o mediante publicación en la Gaceta respectiva, o por la admisión de la demanda, todo ello sin perjuicio de las disposiciones señaladas en el Código Civil sobre la materia. No obstante lo dispuesto en este artículo, la prescripción de la obligación tributaria y sus accesorios, así como la interrupción y suspensión de aquella, se regirán por lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario”.

Con relación a ésta institución y a su interrupción, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veintiséis (26) de junio de 2001 mediante Sentencia Nº 01215, dejó sentado la siguiente posición:

“En atención a la controversia de autos, debe esta Sala analizar en primer orden la figura jurídica de la prescripción como una de las formas de extinción de la obligación tributaria, por tener aquella características heterogéneas según los parámetros y construcciones doctrinarias, y muy especialmente lo relativo a los actos con virtualidad interruptiva de la misma, debido sin duda a la enorme trascendencia que implica la permanencia de las obligaciones prescriptibles.
Cabe observar que en materia tributaria el instituto jurídico de la prescripción adquiere particular relevancia, en tanto condiciona el ejercicio de facultades y derechos al paso del tiempo, sancionando la conducta negligente de la Administración o del administrado en razón del principio de la seguridad jurídica y certeza de las relaciones ordenadas por el derecho. Así mismo, ha de atenderse a la importancia de los supuestos de interrupción y de suspensión, cuyo efecto jurídico común es la dilación de los plazos de prescripción antes de su consumación definitiva.”

Hecho el análisis respectivo a la institución de la prescripción, quien suscribe, considera necesario transcribir parcialmente la decisión Nº 01557 dictada por la Sala Accidental de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha veinte (20) de junio de 2006:

“En efecto, el 04 de febrero de 1993 se dijo “Vistos” en el presente juicio, entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 06 de abril de 1993.
Ahora bien, el citado Código Orgánico de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 52: La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.
Artículo 54: El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.
Artículo 56: El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.
Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.
Cuando la paralización del procedimiento ocurra después de presentados los informes, o de la oportunidad para su presentación, la prescripción iniciada se suspende si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, a partir de lo cual se reiniciará su curso. Cumplido el lapso prescriptivo, el interesado podrá pedir, en cualquier momento antes de la sentencia, que se declare en ésta la prescripción, lo cual hará el Tribunal previa audiencia del representante de la otra parte.” (Destacados de la Sala).
De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de seis (6) años, en atención a la omisión de la Fundación recurrente de declarar el presunto hecho imponible verificado en el caso de autos respecto de las actividades desarrolladas por ésta; asimismo, por ser la contribución parafiscal de autos liquidable trimestralmente, dicho término comenzaría a contarse al vencimiento de cada trimestre reparado.
Ahora bien, en el caso de autos pudo advertir este Alto Tribunal que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 09 de julio de 1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el 06 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta alzada, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado supra, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y se reactivase éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo. No obstante, no fue sino hasta el 10 de enero de 2001 cuando el apoderado judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), compareció ante esta Sala a impulsar de nuevo el proceso, solicitando se dictase sentencia en el mismo.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso, habían transcurrido casi ocho (08) años, tiempo éste que excede con creces el referido término de seis (06) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a esta Sala declarar prescrita la presunta obligación tributaria y sus accesorios reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) a la Fundación Magallanes de Carabobo.”

Asimismo, Sentencia Nº 1058 de fecha 20 de junio de 2007, nuestro Máximo Tribunal, en Sala Político Administrativa, (Caso: LAS LLAVES, S.A), estableció:
“(…) Resuelto lo anterior, pasa la Sala decidir, de oficio, la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente:
Dentro de las modalidades de la extinción de la obligación tributaria, se encuentra la prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo.
Así las cosas, la Sala debe determinar previamente la normativa aplicable, a efectos de computar el lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
(Omissis)
Ahora bien, en principio, resultaría aplicable las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha que se produjo la paralización de la causa…”.
En tal sentido, se observa que luego de haberse dicho “Vistos” en la presente causa (8 de agosto de 1996) y pasado un lapso de sesenta 60 días continuos, de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ratione temporis, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 8 de octubre de 1996.” (Cursivas y Subrayado de este Tribunal).
Más recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, hace pronunciamiento en cuanto a la figura jurídica de la prescripción de la obligación tributaria, en Sentencia No. 01399, de fecha 7 de agosto de 2007, (Caso: OLIVER INGENIERIA, C.A), la cual establece que:
“(…) Sin embargo, previamente pasa esta alzada a decidir de oficio la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.
Tal y como fue sostenido en sentencia No. 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso: Las Llaves, S.A., Vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello del Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sentencia No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.
(Omissis)
Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta Máxima Instancia que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 12 de diciembre de 1980, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 20 de marzo de 1994, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de seis (6) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (20 de marzo de 1994) hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), a la sociedad mercantil Oliver Ingeniería, C.A. Así se decide. (…).

Así las cosas, en Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 23 de septiembre de 2009, bajo el Nº 01294, (Caso: SUCESIÓN DE JOSÉ GUSTAVO DURAND) confirmó la decisión Nº 1.271 de fecha 06 de noviembre de 2007, emanada de este Órgano Jurisdiccional mediante la cual declaró prescrita la obligación tributaria al transcurrir más del término establecido en el artículo 52 del Código Orgánico Tributario aplicable ratione temporis.
Trasladando lo expuesto al caso de autos, éste Órgano Jurisdiccional, considera que la obligación tributaria en materia de Impuesto de Patente de Industria y Comercio correspondiente al Municipio Libertador del Distrito Federal a la que estaba obligado la hoy recurrente, prescribía, de conformidad con lo expuesto en el Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable en razón del tiempo, en el término de cuatro (04) años. El día siete (07) de diciembre de 1995, quedó suspendido de conformidad con el artículo 55 del Código Orgánico Tributario, cuando se interpuso el presente recurso contencioso tributario. Así, una vez concluido el presente procedimiento en fecha veintidós (22) de julio de 1996, este Órgano Jurisdiccional dijo “VISTOS” disponiendo de un lapso de sesenta (60) días de Despacho para dictar el fallo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 194 del Código Orgánico Tributario de 1994, es decir, hasta el veintitrés (23) de enero de 1997, diferido en esa misma fecha por treinta (30) días de Despacho el lapso para dictar Sentencia.
En horas de Despacho del día ocho (08) de agosto de 1997, el ciudadano Félix Hernández Richards, ya indentificado en autos, presentó diligencia mediante la cual solicita a este Tribunal dicte Sentencia, transcurriendo entre la fecha de la paralización y suspensión, seis (06) meses y dieciocho (18) días.
Evidentemente, este nuevo lapso se suspendió el día siete (07) de noviembre de 1997, por diligencia del apoderado judicial de la contribuyente, solicitando que sea sentenciada la presente causa, transcurriendo entre la fecha de la paralización y de la suspensión tres (03) meses y un (01) día, del cómputo parcial anterior, resulta nueve (09) meses y diecinueve (19) días.
En fecha veintiséis (26) de mayo de 1998, el apoderado judicial de la recurrente, solicita a este Tribunal dicte sentencia, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumados al cómputo anterior de seis (06) meses y veinte (20) días, resultan un (01) año cuatro (04) meses y nueve (09) días. Posteriormente el apoderado judicial en fecha veinticinco (25) de noviembre de 1998, presentó diligencia, mediante la cual solicita se dicte Sentencia, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumados al cómputo anterior seis (06) meses y tres (03) días, resultando un (01) año, diez (10) meses y once (11) días, resultando dos (02) años, seis (06) meses y dos (02) días. En horas de Despacho del día quince (15) de julio de 1999, el apoderado judicial de la contribuyente, solicitó a este Órgano Jurisdiccional se pronuncie sobre dicho recurso contencioso tributario, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumados al cómputo anterior diez (10) meses y veintinueve (29) días, resultando tres (03) años, cinco (05) meses y un (01) día. En fecha nueve (09) de junio de 2000, el apoderado judicial de la contribuyente, presentó diligencia mediante la cual solicita se dicte sentencia, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumados al cómputo anterior ocho (08) meses y doce (12) días, resultando cuatro (04) años, cuatro (04) meses y trece (13) días. En horas de despacho del día dieciséis (16) de febrero de 2001, el apoderado judicial de la contribuyente supra mencionada, consignó diligencia, en la cual solicita a este Tribunal dicte Sentencia, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumados al cómputo anterior once (11) meses y veintisiete (27) días, resultando cinco (05) años, diez (10) y cuatro (04) días. En fecha ocho (08) de febrero de 2002, el apoderado judicial de la recurrente, consignó diligencia mediante la cual solicita a este Tribunal dicte Sentencia, por lo que se suspendió nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumando el computo anterior once (11) meses y ocho (08) días, resultando seis (06) años, nueve (09) meses y doce (12) días. En horas de despacho del día veintidós (22) de enero de 20003, el ciudadano Félix Hernández R., actuando en su carácter de apoderado judicial de la contribuyente, presentó diligencia mediante la cual requiere a este Tribunal dicte Sentencia, por lo que se suspendió la causa nuevamente transcurriendo entre esta fecha y sumando el computo anterior, trece (13) meses y seis (06) días, resultando siete (07) años, diez (10) meses y dieciocho (18) días. En fecha veintidós (22) de enero de 2004, el apoderado judicial de la recurrente, consignó diligencia mediante la cual solicite se dicte Sentencia, suspendiendo nuevamente la causa, transcurriendo entre esta fecha y sumando el computo anterior doce (12) meses y catorce (14) días, resultando ocho (08) años, once (11) meses y dos (02) días. En horas de despacho del día diecisiete (17) de enero de 2005, el apoderado judicial de la contribuyente, consignó diligencia mediante la cual solicita a este Órgano Jurisdiccional dicte fallo, por lo que se suspendió la causa nuevamente transcurriendo entre esta fecha y sumando el computo anterior, once (11) meses y veintinueve (29) días, resultando nueve (09) años, once (11) meses y un (01) día. En fecha doce (12) de enero de 2006, el apoderado judicial de la contribuyente, presentó diligencia, mediante la cual solicita a este Tribunal dicte Sentencia, por lo que se suspendió la causa nuevamente transcurriendo entre esta fecha y sumando el computo anterior, doce (12) meses y cuatro (04) días, resultando diez (10) años, once (11) meses y cinco (05) días.
En virtud de la paralización de la causa, la inactividad en el proceso por el transcurso del tiempo, produjo como consecuencia jurídica, que en el presente caso se consumara la prescripción de la obligación tributaria, dado que desde la paralización de la causa hasta el día de hoy, ha transcurrido sobradamente el lapso previsto en los artículos 52 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 1994. Así se declara.

- III –
DECISIÓN

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SUS ACCESORIOS reclamada por el Municipio Libertador del Distrito Federal, a la contribuyente “AUTOMOTRIZ VENEZOLANA, C.A.”, en contra de los actos administrativos contenidos en la Resolución N° DFA-384-94 de fecha quince (15) de noviembre de 1994, emanada de la Dirección General de Rentas Municipales de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, la cual ordenó emitir Planilla de Liquidación por las cantidades de Bs. 10.617.570,27 (impuesto causados y no pagados al Fisco Municipal); Bs. 31.852.710,81 (multa por haber incurrido en lo previsto en el artículo 74 literal D de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio vigente para la época) y Bs. 5.775.864,68 (multa por haber incurrido en lo previsto en el artículo 75 literal B de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio vigente para la época), montos equivalentes actualmente a Bs.F. 10.617,57; Bs.F. 31.852,71 y Bs.F. 5.775,86 respectivamente, en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el primero (01) de enero de 2008, según el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria Nº 5229, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.638 de fecha seis (06) de marzo de 2007; y Acta de Auditoria N° DAF-470-998-94 de fecha veintisiete (27) de julio de 1994, emanada de la Dirección supra identificada..
Publíquese, regístrese y notifíquese a los efectos procesales previstos en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Dada, firmada y sellada en horas de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los trece (13 ) días de octubre del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Javier Sánchez Aullón.
EL Secretario,

Gabriel A. Fernández Rodríguez
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las once y veintisiete de la mañana (11:27 a.m.)---------El Secretario,

Gabriel A. Fernández Rodríguez

ASUNTO N°: AF41-U-1995-000042.
Asunto Antiguo N°: 906.
JSA/jhj.-