REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 6 de Octubre de 2009 199º y 150º ASUNTO: AH12-R-2000-000017 PARTE DEMANDANTE: Ciudadano VÍCTOR HUGO LÓPEZ PULGARÍN, colombiano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° E-81.880.336. APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: Abogado JOSÉ N. PRINCE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 7.642. PARTE DEMANDADA: Ciudadano JUAN ARÉVALO, venezolano, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-4.104.080. APODERADAS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogados MARITZA PASTRÁN, NOEMI PÉREZ QUIJADA, TERESA URBAEZ MEDORI, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 44.341, 43.782 y 16.760, respectivamente. MOTIVO: APELACIÓN-CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (PERENCIÓN SEGUNDA INSTANCIA). EXPEDIENTE No.: 00-3970 - I - SÍNTESIS DEL PROCESO En fecha 28 de julio de 2000, en Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva de primera instancia en este proceso, declarando SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda que originó este proceso. Planteado el recurso de apelación, este Tribunal recibió estas actuaciones en fecha 24 de octubre de 2000. La última actuación de las partes en este expediente, tendente a dar impulso al proceso fue un escrito presentado en fecha 06 de marzo de 2002, solicitando decisión en esta causa. Mediante auto dictado por este Juzgado en fecha 17 de septiembre de 2008, se produjo el abocamiento a la causa del Juez Luis Rodolfo Herrera. En dicho auto se hizo constar que, estando la causa en suspenso (por más de seis años) era necesaria la notificación de las partes respecto de dicho abocamiento, a los fines que este Juzgador pudiera dictar la sentencia de mérito, advirtiéndosele a los sujetos procesales involucrados que si no se daba impulso a dicha notificación, este tribunal procedería con arreglo a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Vistas las actas procesales que conforman el presente expediente, este sentenciador debe hacer las siguientes consideraciones: Se observa que en fecha 17 de septiembre de 2008, el juez Luis Rodolfo Herrera se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación del contenido de dicho auto a las partes. En dicha providencia adicionalmente se hizo constar que la parte interesada tenía un plazo de un (1) año para dar impulso a tal notificación, y que en defecto de lo anterior, se procedería con arreglo a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Es el caso que desde que se dictó el referido auto, ha transcurrido más de un (1) año, sin que pueda entenderse que esta causa estuviera en estado de sentencia de emérito, toda vez que la misma no podía ser proferida, hasta que se verificara la notificación del abocamiento del juez que suscribe este fallo, subsistiendo dicha parálisis sin que algún interesado haya dado impulso alguno a esta causa. Vale decir, que este asunto permaneció en suspenso por inactividad de las partes por más de un año, lo que revela una manifiesta pérdida del interés procesal por parte de la parte actora. Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Articulo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a. Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b. Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que este asunto ha permanecido en suspenso por más de un (1) año, por la inactividad de las partes y no del Tribunal, y toda vez que los hechos concretamente sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el Instituto Procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declarase de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” Hechas las anteriores consideraciones, adicionalmente observa este Juzgador que en este caso la perención se ha verificado en un asunto que estaba siendo conocido por este Tribunal en segunda instancia, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en la parte in fine del artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone: “Artículo 270.- (...) Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención.” Por aplicación del anterior dispositivo legal, este Tribunal debe declarar PERIMIDA LA SEGUNDA INSTANCIA de este asunto, y en consecuencia, definitivamente firme la decisión apelada. Así se decide.- - III - DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA SEGUNDA INSTANCIA. Se declara definitivamente firme la decisión apelada. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y remítase el expediente al A-Quo. Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los seis (6) de octubre de de dos mil nueve (2009).- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las____________. LA SECRETARIA,