REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS CON COMPETENCIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas Barquisimeto, 14 de Octubre de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2009-004832 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD: Corresponde a este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Nro. 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, PRONUNCIARSE vista la actuación de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, donde solicita sean confirmadas las medidas de protección y seguridad que fueron impuestas al ciudadano: ARTERIO RUÍZ REBAZA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.331.309, en virtud de que en fecha 08 de junio de 2009, se presenta al despacho fiscal la victima ciudadana: ZULEIDA COROMOTO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro.V-8.174.103, a los fines de informar que el mencionado ciudadano estaba incumpliendo las medidas de protección y seguridad impuestas, quien fuese denunciado en fecha 18 de febrero de 2009, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Ministerio Público motiva su solicitud en las actuaciones anexas y en las diversas denuncias realizadas por la victima, por lo que de la revisión hecha a la presente causa se pudo constatar que efectivamente existen denuncias por parte de la ciudadana ZULEIDA COROMOTO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nro.V-8.174.103, en contra de su concubino; de igual manera de los hechos narrados por el Ministerio Público, considera el Tribunal que existen suficiente elementos para considerar necesaria la ratificación de medidas a favor de la victima en atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de la magnitud del daño causado presuntamente por su concubino identificado en autos, a los fines de asegurar la tutela del bien jurídico protegido; esto es, la integridad física de la mujer victima, así como la responsabilidad que tiene este Tribunal de lograr el fin constitucional (la protección de las mujeres victimas de la violencia de género) y el cual sólo puede ser logrado en forma efectiva, en lo inmediato, mediante las medidas cautelares consagradas en la Ley, necesarias para el caso que nos ocupa las contenida en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes en: 5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida 6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, no realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia Las medidas ratificadas por este Tribunal obedecen a la protección de la victima y de su derecho a no ser sometida a presuntos actos de violencia lo que implica el derecho que tiene toda mujer de vivir una vida libre de violencia, derecho a no ser agredida ni física, ni verbalmente por su compañero o ex-compañero, por cuanto en las relaciones de pareja debe primar la igualdad, la libertad y el respeto recíproco entre sus integrantes. De igual manera se debe resaltar que las medidas de Protección y Seguridad contenidas en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, contribuyen con el objeto esencial de la Ley, que no es otro que garantizar y promover el derecho de las mujeres a una Vida libre de Violencia creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. Así se decide. Ahora bien, este tribunal como garante de la Constitución y las leyes, así establecido en el artículo 81 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a los fines de garantizar los derechos del presunto agresor ordena oficiar a la Coordinación de la Defensoría Pública a los fines de que le sea designado un defensor público para que lo asista en el presente proceso penal. Así se decide. Asimismo es importante señalar que la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción, razón por la cual al verificar que se encuentran vencidos los lapsos establecidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se insta la Ministerio Público a los fines de que presente de manera inmediata el acto conclusivo a que haya lugar. Así se decide. DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero en funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta PRIMERO: Ratifica las medidas de Protección y Seguridad contenidas en el artículo 87 numerales 5 y 6, de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, las cuales deberán ser de estricto cumplimiento por parte del ciudadano: ARTERIO RUÍZ REBAZA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.331.309. SEGUNDO: Oficiar a la Coordinación de la Defensoría Pública a los fines de que le sea designado Defensora Pública al ciudadano: ARTERIO RUÍZ REBAZA, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.331.309. TERCERO: Se ordena oficiar al Ministerio Público a los fines de que presente el correspondiente acto conclusivo en virtud de que se encuentran vencidos los lapsos ordinarios y extraordinarios establecidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. CUARTO: Notifíquese a las partes de la presente decisión. Publíquese y Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS NRO.1 ABG. NATALY GONZÁLEZ PÁEZ LA SECRETARIA ABG. ODALYS HERRERA