República Bolivariana de Venezuela Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo Valencia, 13 de octubre de 2009 199º y 150º EXPEDIENTE: 12.560. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: REGULACIÓN DE COMPETENCIA PARTE SOLICITANTE: EI - LING DIURMAN ORTUNIO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 11.815.973. APODERADO DE LA PARTE SOLICITANTE: GLADYS RIVAS MARVEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 20.858. En fecha 30 de septiembre de 2009, se da por recibido el presente expediente ante este Tribunal Superior, fijándose un lapso de diez (10) días calendarios consecutivos para decidir la presente causa. Encontrándose en el lapso pasa esta alzada a dictar sentencia en el presente juicio en los siguientes términos: I MOTIVO DEL RECURSO El Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 3 de junio de 2009, dicta decisión mediante la cual declara su incompetencia en razón de la materia para seguir conociendo de la presente causa y declina la competencia a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, bajo el siguiente argumento: “…la resolución N°2009-0006 del Tribunal Supremo de Justicia la cual entró en vigencia en fecha 02 de Abril de 2009 que suprime las competencias en materia de familia establece en el artículo 3 que los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de Jurisdicción VOLUNTARIA O NO CONTENCIOSA en materia Civil, Mercantil y Familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos pre constitucionales. Analizada como fue la rectificación solicitada se observa que la referida Partida de Defunción que se solicita no encuadra dentro de los supuestos del artículo 773 del Código de Procedimiento Civil pues no se trata de la corrección de un error ortográfico un error de transcripción o de traducción o de algo semejante; en el presente caso se solicitan cambios en cuanto a las identidades que aparecen en la partida in comento. Por lo que no se trata de un procedimiento de Jurisdicción voluntaria sino de un verdadero juicio, que es el ordinario y que en caso de oposición formulada, esta equivaldría a la contestación de la demanda y en consecuencia un Juicio Contencioso…” Recibido el expediente en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 5 de agosto de 2009, dicta sentencia mediante la cual se declara incompetente, planteando el conflicto de competencia de la siguiente manera: …Ahora bien, revisadas las mismas, en virtud de la decisión dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual se declara incompetente, este Tribunal se considera a su vez incompetente ya que la solicitud presentada tiene como propósito la rectificación de un acta de defunción perteneciente a los asuntos determinados en la resolución anteriormente mencionada, y al no existir contención debe a tal efecto ser competente un Juzgado de Municipios de esta Circunscripción Judicial… II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Nuestro ordenamiento procesal establece dos formas de plantearse la regulación de competencia, una cuando un Juez decide sobre su competencia para conocer un asunto y las partes solicitan la regulación de la competencia, lo que exige como presupuesto en este caso la existencia de una sentencia y la otra la regulación de oficio, establecida en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, que es el caso donde el Juez que inicialmente conoce de la causa declara su incompetencia en razón de la materia y del territorio en los supuestos del artículo 74 eiusdem, y posteriormente el Juez considerado competente, a su vez se considera incompetente, presentándose de esa manera un conflicto de competencia por el disentimiento entre Jueces. De una revisión de las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la ciudadana Ei - Ling Diurman Ortunio Castillo, solicita la rectificación del acta de defunción de su difunto esposo, ciudadano Carlos Alberto Tua Solano. En fecha 18 de marzo de 2009, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó resolución Nº 2009-0006, mediante la cual se señaló lo siguiente: Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida. El Juzgado de Municipio que previno, consideró que la solicitud de rectificación de acta de defunción, “…no se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria sino de un verdadero juicio, que es el ordinario y en cualquier caso de oposición formulada, esta equivaldría a la contestación de la demanda y en consecuencia un Juicio Contencioso…”. Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia que plantea el conflicto de competencia, consideró que la referida solicitud “…tiene como propósito la rectificación de un acta de defunción perteneciente a los asuntos determinados en la resolución anteriormente mencionada, y al no existir contención debe a tal efecto ser competente un Juzgado de Municipio de esta Circunscripción Judicial…”. Los trámites procesales establecidos para la rectificación de las partidas y nuevos actos de estado civil de las personas, se llevan a cabo conforme a lo establecido en el Capítulo X del Título IV, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el Legislador ha implementado un procedimiento sui generis en el que se ha previsto en primer término la eventualidad de una oposición a la pretendida rectificación, por parte del cualquier interesado, caso en el cual se siguen las formas del procedimiento ordinario, así lo consagra el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en caso de no darse la oposición de terceros antes aludida, el artículo 771 ejusdem prevé en segundo término un tratamiento distinto al procedimiento ordinario para la pretensión de rectificación de partida, concediéndose al efecto un lapso probatorio de diez días, a fin de que el demandante acredite los medios de prueba que considere pertinentes. Existe un tercer procedimiento previsto para aquellos casos de errores materiales cometidos en las actas del Registro Civil, tales como cambio de letras, palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, transcripción errónea de apellidos o traducciones de nombres, en donde el procedimiento es sumario y se reduce a demostrar ante el Juez la existencia del error, por los medios de prueba admisibles y el Juez con conocimiento de causa, resolverá lo que considere conveniente. Así lo dispone el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil. En criterio de esta superioridad, de los procedimientos mencionados, sólo el primero tiene la naturaleza contenciosa, tanto es así, que se tramita por el procedimiento ordinario, sin embargo, es menester la oposición a la pretendida rectificación, por parte del cualquier interesado, para que tenga esa naturaleza. La eventualidad de la oposición per se no le otorga la naturaleza de contencioso al procedimiento de rectificación de partidas de los registros del estado civil de las personas, así lo entiende nuestro máximo Tribunal de Justicia que en Sala de Casación Civil mediante sentencia de fecha 11 de octubre de 2006, Expediente AA20-C-2006-000658 sentó el siguiente criterio: “…asimismo, como fue explicado precedentemente, en Venezuela, la naturaleza jurídica del trámite de rectificación de partida es de naturaleza voluntaria, salvo en los casos que la parte contra quien obra la rectificación se oponga al trámite…” Ahora bien, a pesar que los artículo 501 del Código Civil en concordancia con el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, atribuyen a los Juzgados de Primera Instancia a cuya jurisdicción corresponda la parroquia o municipio donde se extendió el acta, el conocimiento de los procedimientos de rectificación de partidas, el artículo 3 de la Resolución N° 2009-0006 del Tribunal Supremo de Justicia que entró en vigencia en fecha 02 de Abril de 2009, atribuye a los Juzgados de Municipio la competencia exclusiva y excluyente en los asuntos de jurisdicción voluntaria en materia de familia entre otras, quedando sin efecto las competencias designadas por textos normativos pre constitucionales, dentro de los cuales están el artículo 501 del Código Civil y el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil. En razón de lo expuesto, entiende esta alzada que las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales que quedan sin efecto, en razón de la Resolución Nº 2009-0006 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, son aquellas referidas a jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil y familia, siempre que no participen niños, niñas y adolescentes. Como corolario de lo expuesto, y como quiera que los Juzgados de Municipio resultan ser los competentes para conocer los asuntos de jurisdicción voluntaria en materia civil, y siendo como quedó dicho, que el procedimiento de rectificación tiene esa naturaleza, resulta forzoso declarar competente al Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Y ASI SE DECIDE. II DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: UNICO: SE DECLARA COMPETENTE al Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, para conocer de la presente solicitud de rectificación de acta de defunción. Conforme lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, comuníquese mediante oficio al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo del contenido de la presente decisión. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado declarado competente. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil nueve (2009). Año 199º de la Independencia y 150º de la Federación. JUAN ANTONIO MOSTAFÁ PÉREZ EL JUEZ TEMPORAL MELISSA PAREDES LA SECRETARIA TEMPORAL En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:35 p.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. MELISSA PAREDES LA SECRETARIA TEMPORAL Exp. Nº 12.560 JAMP/MP.