REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REGIÓN CAPITAL
Mediante escrito presentado en fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010), ante el Juzgado Superior Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Distribuidor), se recibió en este Tribunal en fecha quince (15) de abril de dos mil diez (2010), la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ALBERTO JOSE PEÑA TORRES, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.941, en su carácter de representante judicial del ciudadano ADAN DE JESUS LUGO SILVA, titular de la cédula de identidad N° 2.850.431, contra el ciudadano ANTONIO LEDEZMA, en su carácter de ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS.
ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE
Comienza señalando el representante judicial del accionante que su representado en fecha cinco (05) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981), ingresó a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, con el cargo de Técnico I, y que egreso de dicha institución en fecha primero (01) de octubre de dos mil nueve (2009), laborando por mas de veintiocho (28) años, siendo en esta fecha beneficiado con la jubilación mediante Resolución Nº 014976, dictada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas.
Expresa que desde el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil nueve (2009), a su representado no se cancela el pago por jubilación, por cuanto la administración municipal alega que su poderdante no ha sido incluido en la nomina de pago, cuestión que ha generado ilegalmente la suspensión a partir del mes de enero de 2010, al pago de dicha pensión y por ende a generado perjuicios, pues esta pensión de jubilación es el único ingreso del que dispone para el sustento de su grupo familiar el ciudadano Adan de Jesús Lugo Silva.
Sostiene la que la conducta asumida por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, al no incluir en la nomina de pago de dicha alcaldía al ciudadano Adan de Jesús Lugo Silva y no dando continuidad al pago de la jubilación es inminente que le esta causando un perjuicio irreparable de los derecho constitucionales que asisten a su mandante como son el Derecho a la Seguridad Social y el Derecho a la Jubilación, por que fundamenta su pretensión en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
En virtud de lo antes explanado, solicita le sea acordado por fallo definitivo Amparo Constitucional, por violación expresa de los Artículos 80 y 86 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela a fin de continuar en el goce y ejercicios de los Derechos Constitucionales violados y se restablezcan los mismos.
Por otra parte solicita se Decrete Medida Cautelar Innominada, de conformidad con lo establecido en el articulo 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales ya que su mandante y toda su familia amenazados por la no inclusión a la nomina de pago de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y su pago de pensión de jubilación, por lo que solicitan a es Tribunal prescinda de las consideraciones de mera forma y de ningún tipo de averiguaciones sumaria que la preceda, restablezca la situación jurídica infringida y le restituya a su mandante las vulneraciones constitucionales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, este Juzgado, antes de examinar la solicitud de amparo presentada, estima necesario establecer acerca de su competencia para conocer la acción propuesta y al respecto señala:
La Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 7 señala:
“Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de primera instancia lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la Jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaran la solicitud de amparo…”
De igual forma, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 1, establece:
“La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende:
1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas
2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencias, valorización y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro.”
Asimismo la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dispone:
Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.
Al respecto, este Tribunal para determinar su competencia se hace necesario revisar lo citado en los artículos referidos, y al efecto cabe destacar, que el caso de autos es competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y específicamente a los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos, en virtud de que dicha competencia es otorgada tanto por la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto, visto que lo que unía al organismo querellado con el accionante hoy en amparo, es una relación de carácter funcionarial, y la naturaleza de la garantía constitucional presuntamente violada o amenazada de violación es cónsona con la competencia atribuida a este Juzgado, puesto que las referidas Leyes de esa forma lo consagran, por lo que es suficiente para este Tribunal declararse competente a los fines del conocimiento de la acción respectiva, y así se declara.
Ahora bien, pretende la accionante mediante la acción de amparo, que el Tribunal ordene se le restablezcan los Derechos violados así como se le decrete en el mismo fallo “la no violación de los derechos constitucionales” (subrayado del Tribunal).
Tal y como lo consagra el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento para la tramitación de la acción de amparo constitucional se caracteriza por ser oral, breve, público, y no sujeto a formalidades, cuya finalidad es la búsqueda de una actuación de la autoridad judicial competente, capaz de restablecer inmediatamente, a la mayor brevedad posible, la situación jurídica infringida o lograr obtener la situación que más se asemeje a ella, por tal motivo, es que se le garantiza al accionante la oportunidad de ser oído y exponer sus alegatos, a fin de ejercer sus defensas.
Ahora bien, de igual forma, cabe destacar, que la acción de amparo constitucional tiene naturaleza meramente restablecedora, y en tal sentido, constituye una vía excepcional, a través de la cual sólo puede obtenerse el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas, relacionadas con la violación de derechos constitucionales.
Pero, ha sido doctrinaria y jurisprudencialmente establecido de manera constante, que por la vía del amparo no puede constituirse situaciones jurídicas y de derechos a favor del accionante, por tanto, este medio no puede convertirse en una cadena indeterminable de acciones, lo cual, además de contribuir a anarquizar el sistema procesal desvirtuaría su esencia breve y expedita y crearía inseguridad jurídica para quien ejerce esta vía extraordinaria, por cuanto no garantizaría los derechos de las partes.
Así lo ha establecido la Jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, que expresamente ha precisado en torno a este asunto lo siguiente:
“…Pero además, el propósito de la acción de amparo es el restituir la situación infringida; es decir debe poner de nuevo al accionante en el gozo de los derechos constitucionales que le han sido lesionados, pero en ningún momento es creador de derecho… sin el cumplimiento previo de los requisitos de ley- para con ello restablecer la situación que ha supuestamente violado 1os derechos constitucionales que denuncia el accionante.”(Sentencia del 23 de marzo de 2000. T. S. J. Sala Constitucional. Caso:G. J. Guaita).
Ahora bien, de lo transcrito, cabe destacar a este Juzgador que a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el ejercicio de este recurso extraordinario es posible cuando no exista otro medio procesal acorde con la protección constitucional aducida. Igualmente es conveniente señalar en relación al numeral 5º del articulo 6 de la Ley Orgánica sobre Amparos y Garantías Constitucionales, ha establecido la jurisprudencia que no sólo es Inadmisible cuando se haya acudido a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, sino que también es inadmisible cuando no se hace uso de dichos medios, por cuanto la acción de amparo constitucional es procedente, cuando ejercido dichos medios, se mantiene la violación a los derechos constitucionales, (Sentencia Nº.3113, de fecha 5 de noviembre de 2003, Expediente Nº.02-0808, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
En este sentido, concluye este Juzgador que no habiéndose ejercido los recursos ordinarios, idóneos y legales pertinentes, es decir, no haber acudido a interponer un recurso contencioso administrativo funcionarial y solicitar conjuntamente un medida de amparo cautelar o una medida cautelar innominada, acarrea la inadmisibilidad del amparo por ser esta una vía especial y extraordinaria, que sólo es procedente cuando las vías ordinarias idóneas no sean expeditas o eficaces para la protección de los derechos denunciados como conculcados, por tales argumentos la referida acción de amparo resulta Inadmisible.
En consecuencia de todo lo antes expuesto y atendiendo a los criterios establecidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, vinculante para todos los Tribunales de la República, estableció que:
“…la acción de amparo constitucional opera en su tarea específica de encausar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios ordinarios hayan sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha, o b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida…”.
De todo lo expuesto, cabe destacar que ante la interposición de la acción de amparo, deben los Tribunales revisar si fue agotada la vía ordinaria, y es forzoso para este Juzgador, que al no constar tales circunstancias, la consecuencia sería, atendiendo a la Jurisprudencia patria, vinculante para todos los Tribunales de la República, declarar Inadmisible la acción, sin realizar un análisis exhaustivo del medio procedente, puesto que el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción de amparo, y visto, que se observa en el caso de autos, que la accionante no interpuso ningún recurso de impugnación ordinario con anterioridad a la interposición de la acción de amparo, ni se adujo argumento alguno para sustentar que el uso de los medios procesales ordinarios resultan insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado y en consecuencia, como se hizo, directamente acudir a la vía del amparo constitucional autónomo, es forzoso para esta Juzgador manifestar que esta vía no es el medio idóneo para la interposición de la acción de amparo, siendo y así se decide.
No obstante la anterior declaratoria, y a fin de garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el derecho a la defensa que asiste a cada uno de los querellantes, tal y como lo ha efectuado en innumerables ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (ver, Sentencia N° 2173 del 15 de septiembre de 2004) éste Juzgado decide reabrir el lapso para interponer el recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual comenzará a correr desde el día siguiente de que se produzca la notificación de esta decisión al ciudadano ADAN DE JESUS LUGO SILVA, suficientemente identificada en autos, o a sus apoderados judiciales, a fin de que, si lo estima conveniente a sus intereses, interponga la acción judicial indicada. Así se declara.
DECISIÓN
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ALBERTO JOSE PEÑA TORRES, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 44.941, en su carácter de representante judicial del ciudadano ADAN DE JESUS LUGO SILVA, titular de la cédula de identidad N° 2.850.431, contra el ciudadano ANTONIO LEDEZMA, en su carácter de ALCALDE METROPOLITANO DE CARACAS.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en la ciudad de Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de Abril de dos mil diez (2010).- Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
JUEZ PROVISORIO
MSc. EDGAR MOYA MILLAN
ABOGADO
LA SECRETARIA
MARIANA GAVIDIA JUÁREZ
En la misma fecha, siendo las 12:00M., se publicó y registró la anterior decisión.-
LA SECRETARIA,
MARIANA GAVIDIA JUÁREZ
Exp.6559/EMM
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