REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN CARORA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de la Circunscripción Judicial del estado Lara (Carora)
Carora, 6 de agosto de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : KP11-P-2010-001274

ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2010-001274-

Vistas la solicitud efectuada en fecha 04 de agosto de 2010, por los Familiares de los Ciudadanos: YILBER DURAN, C.I Nº 13.921.120, JORGE ROSERO, C.I Nº 19.826.194, YOEL TORREALBA, C.I Nº 16.442.966, FRANCISCO RIVAS, C.I Nº 17.700.299, SERWIN RODRIGUEZ, C.I Nº 13.880.076, RICHARD SOTO, C.I Nº 17.266.313, la cual corre inserta a los folios 54 al 56 de la pieza Nº 2 del asunto, recibida en el Despacho de la Juez en fecha 05/08/2010, este Tribunal observa:

A los precitados encausados les fue decretada medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, en fechas 13 de junio de 2010 y 16/06/2010, a tenor de lo dispuesto en los artículos los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, como presuntos autores de los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

A Grosso modo alegan los familiares, los problemas que tienen para llegar al recinto y visitar a sus familiares, razón por la cual solicitan sean trasladados a Barquisimeto, señalando además tener oficio sellado y firmado por la Comisario General Marisol Guveia, donde le señala que hay espacio en ese Recinto.

Ahora bien, esta Juzgadora tomando en consideración los alegatos de los familiares considera:

Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 243 y 244 de la citada norma adjetiva vigente, en los que se indica la excepcionalidad de la privación de libertad y su procedibilidad cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, así como las circunstancias que deben tomar en cuenta los operadores de justicia para decretarla y las cuales no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Estima esta Juzgadora que la Medida Cautelar decretada por el Tribunal de Control observó las máximas de afirmación de libertad, estado de libertad y proporcionalidad, la configuración de la hipótesis de peligro de fuga por la posible pena a imponer, la magnitud del daño causado, la pena que podría llegarse a imponer así como la posibilidad de que los mismos puedan influir en la víctima o testigos del caso con el propósito de que se comporten de manera reticente y desleal afectando las resultas del proceso y esclarecimiento de los hechos objeto de la presente, sin que exista en autos constancia alguna que permita determinar la variación de las prenombradas circunstancias tomadas en cuenta por el Tribunal de Control al momento de proferir el decreto de medida privativa de libertad. Asimismo esta Juzgadora considera pertinente la permanencia de los imputados de autos, en el Internado Judicial del Rodeo I, tal como lo acordó en la audiencia de Presentación, Aunado al hecho de que en diferentes oportunidades, El Comandante General de las Fuerza Armada Policial, envió oficio a la Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial Del Estado Lara, y este Despacho a su vez emitió Circular Nº 53-09, entre otras, a cada uno de los Jueces Penales, informándoles de tal situación, donde indica, Lineamientos Impartidos en cuanto a la Prohibición de ordenar la permanencia en calidad de Deposito, de imputados en la Comandancia General de la Fuerza Armada Policial, por cuanto ese recinto NO REUNE LAS CONDICIONES MINIMAS DE SALUBRIDAD, MAXIME CUANDO NO ES UN RECINTO CARCELARIO; todo ello a los fines de evitar el hacinamiento y otros tipos de situaciones que puedan incidir en motines y reyertas.

Con base a lo anteriormente expuesto, estima ésta instancia judicial que lo pertinente y ajustado a la ley es ordenar la permanencia de la medida de coerción personal, en el Internado Judicial del Rodeo I, aunado al hecho de que no hay invariabilidad de las circunstancias que motivaron su decreto, a los fines de garantizar las resultas del proceso penal que se ha instaurado en la presente causa. Y así se decide.

DECISION
En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA POR IMPROCEDENTE la petición hecha por los familiares de los imputados: YILBER DURAN, C.I Nº 13.921.120, JORGE ROSERO, C.I Nº 19.826.194, YOEL TORREALBA, C.I Nº 16.442.966, FRANCISCO RIVAS, C.I Nº 17.700.299, SERWIN RODRIGUEZ, C.I Nº 13.880.076, RICHARD SOTO, C.I Nº 17.266.313, y acuerda Mantener la misma con todos sus efectos, a tenor de lo dispuesto en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
Notifíquese a las de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.
LA JUEZA DECIMA DE CONTROL,

ABG. MARILUZ CASTEJON PEROZO.


LA SECRETARIA.