REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-R-2010-000152
En fecha 06 de abril de 2010, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, Oficio Número 122-2010, de fecha 24 de marzo de 2010, emanado del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sede Carora, anexo al cual remitió expediente contentivo de la demanda por resolución de contrato interpuesta por el ciudadano Luís Ignacio Chirinos Campos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.405, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa mercantil CONSTRUCTORA GRAN ARFER C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara bajo el Nº 29, tomo 2-A de fecha 13 de enero de 1992, contra el ciudadano GREISO ANTONIO MOGOLLÓN PERDOMO, titular de la cédula de identidad Nº 13.519.352.

Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de enero de 2010 por el ciudadano Luís Ignacio Chirinos Campos, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia definitiva dictada en fecha 24 de noviembre de 2009 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara que declaró sin lugar la demanda de Resolución de Contrato de mandato de gestión y ejecución y daños y perjuicios incoada por Constructora Gran Arder C.A. contra el ciudadano Greiso Antonio Mogollón Perdomo, antes identificados.

En fecha 07 de abril de 2010, este Juzgado le dio entrada al presente asunto, y fijó al vigésimo (20º) día de despacho siguiente la oportunidad para el acto de informes.

En fecha 07 de mayo de 2010, el ciudadano Luís Chirino Campos, antes identificado, presentó informes a esta Alzada.

En consecuencia, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia en el presente asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa pronunciarse con relación a la competencia de este Tribunal para conocer la presente acción

I
DE LA ACCIÓN POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS:

Mediante escrito presentado en fecha 18 de diciembre de 2008 el ciudadano Greiso Ignacio Chirinos Campos, actuando en su carácter de apoderado judicial de la empresa mercantil Constructora Gran Arder C.A, presentó demanda por resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios con fundamento en las siguientes razones:

Que su mandante, representada por el ciudadano Argenis Jesús Ferrer Pérez, titular de la cédula de identidad Nº 5.323.018, celebró en fecha 29 de diciembre de 2006 con el ciudadano Greiso Antonio Mogollón Perdomo un contrato de mandato de gestión referido este a los actos inherentes y conexos para la construcción a cuenta de riesgos de la mandataria y adquisición de un inmueble signado con la parcela SJ-02 del conjunto residencial San Joaquín, ubicado este en la calle 26 (Lisboa) entre la prolongación de las carreras Portugal y Sol de Oriente, Sector San Agustín, de la ciudad de Carora tal y como se evidencia en la cláusula primera del contrato que se anexa a este demanda.

Que de acuerdo a lo contemplado en la cláusula cuata e prenombrado contrato, suscrito y firmado por ambas partes, se devino en estimar prudencialmente un valor de Bs.97.482.250,oo precio este fijado conforme a los índices de precios fijados para agosto de 2006, los cuales, conforme a la cláusula y a los efectos de que mi representada pudiera ejecutar la obra encomendada se comprometía el ciudadano Greiso Mogolló, ampliamente identificado, a dar un anticipo de Bs.31.784.650.

Que quedó manifiesta la clara incapacidad de parte del ciudadano de marras, en dar cumplimiento a los pagos en los términos planteados en el contrato por el suscrito conjuntamente con mi mandante y bajo tales premisas es propio señalar que la cantidad depositada en la cuenta no cubre el monto contemplado en la prenombrada cláusula sexta.

Indicó que por cuanto el ciudadano Greiso Mogollón no ha dado cumplimiento a su obligación de pago, de acuerdo a las previsiones de la cláusula sexta de contrato por el suscrito con mi representadas, de conformidad con el artículo 1167 del Código Civil y aún cuando la prenombrada estipulación contractual dispone que la mandataria ante la falta de pago se reserva el derecho de resolver unilateralmente el contrato falta de pago, solicito que este digno tribunal se sirva resolver conforme a los argumentos de hecho y de derecho señalados, el contrato suscrito entre su mandante y el aquí demandado. Que por ende, demanda por vía de resolución de contrato e indemnización por danos y perjuicios al ciudadano Greiso Antonio Mogollón Perdomo, titular de la cédula de identidad Nº 13.519.352, de acuerdo a las previsiones del artículo 1167 en concordancia con los artículos 1150, 1160 y 1264 del Código Civil.

II
DE LA COMPETENCIA

Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa, dado que puede ser revisada en cualquier estado y grado de la causa por ser de orden público.

Siendo así, es menester indicar que el presente asunto versa sobre la resolución de un contrato de “mandato” celebrado entre un particular y una sociedad mercantil bajo la conformación de compañía anónima.

Bajo ese señalamiento y considerando la forma en que fue celebrado el contrato cuya resolución se peticiona, surge la apariencia preliminar de ser de naturaleza esencialmente civil.

Sin embargo, previo a cualquier declaratoria de competencia por parte de este Juzgado para el conocimiento del presente asunto, deben considerarse ciertas circunstancias de hecho.

Así tenemos que, dispone el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan”.

Por otro lado, el artículo 1.090 del Código de Comercio señala:

“Corresponde a la jurisdicción comercial el conocimiento:
1º De toda controversia sobre actos de comercio entre toda especie de personas.
2º De las controversias relativas a letras de cambio y a pagarés a la orden en que haya a la vez firmas de comerciantes y de no comerciantes, aunque respecto a éstos tengan el carácter de obligación meramente civil…”

A su vez, el artículo 1092 eiusdem indica:

“Si el acto es comercial, aunque sea para una sola de las partes, las acciones que de él se deriven corresponderán a la jurisdicción comercial”.

Ello así, se constata de autos que el accionante es la sociedad mercantil “CONSTRUCTORA GRAN ARFER C.A.”, cuya actividad se entiende está dirigida a la construcción de obras, conforme puede desprenderse de su propia denominación así como de los demás documentos cursantes en autos y con mayor referencia al mismo contrato cuya resolución se solicita, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 202 del Código de Comercio, que indica, entre otros que, “La compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada deben girar bajo una denominación social, la cual puede referirse a su objeto o bien formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, (…)”, pues resulta el caso que el documento constitutivo no riela en autos.

Ahora bien, al estar dirigido el contrato de “MANDATO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN de “(…) todo lo concerniente para la adquisición de un inmueble constituido por una casa de habitación (…)” lleva a la duda razonada y evidente de que esta Juzgadora a considerar el contenido del artículo 3 del Código de Comercio, que expresa lo siguiente:

“Se repuntan además actos de comercio, cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil.”

Así pues, la multiplicidad de relaciones a que da lugar la actividad del empresario escapa a las caracterizaciones contenidas en los actos objetivos de comercio, por lo cual se hace necesario encontrar en la unidad económica que el empresario dirige su razón de existencia. De ese régimen legal unitario forma parte el acto subjetivo de comercio.

La formulación legislativa tiene el carácter de una presunción, la puede ser desvirtuada por el comerciante o por la otra parte en la relación, pero las posibilidades de destruir la presunción tienen que circunscribirse a dos supuestos: que resulte lo contrario del acto mismo o que el contrato o la obligación sean esencialmente civiles.

Cabe señalar que la presunción no puede ser desvirtuada comprobando que el acto o contrato no guardan ninguna relación con el ejercicio individual o especifico del comercio por parte del sujeto que realiza el acto. La presunción de comercialidad es una relación de conexión del acto con la profesión de comerciante del sujeto, no con la clase o especie de comercio que el mismo ejercita. Por lo tanto, la presunción se extiende a cualquier acto, principal o accesorio, pertenezca o no la rama o explotación de los negocios del comerciante.

En efecto, por encontrar la esencia de la resolución de contrato reclamada, controvertida en cuanto a su naturaleza, procede a analizar el motivo por el cual se interpuso la presente acción a los fines de determinar su competencia o no para decidir el presente asunto.

Así pues, del escrito libelar se desprende los alegatos expuestos por la parte actora entre los que se señala que “(…) la cantidad depositada en la cuenta de [su] representada, no cubre el monto contemplado en la prenombrada cláusula sexta, a saber TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (…), agravado a la clara y supina falta de pago a la letra de cambio que se hizo alusión UT SUPRA.” Y que de igual manera alega “(…) el incumplimiento de pago de la letra de cambio, (…) toda vez que de su mismo análisis, la misma se encuentra vencida a la fecha sin que haya habido cancelación alguna de la misma, aunado al propio carácter de título suficiente que la misma tiene (…).”

En consecuencia, se hace necesario y completamente pertinente traer a colación lo precisado en el artículo 2 eiusdem que señala que:

“Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de algunos de ellos solamente:
13º Todo lo concerniente a letras de cambio, aun entre no comerciantes; las remesas de dinero de una parte a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a pagarés a la orden entre comerciantes solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe el pagaré. (…)”

En consecuencia, por fundamentarse principalmente la resolución de contrato en el presunto incumplimiento de pago por parte del demandado, dado el vencimiento de una letra de cambio; en aplicación del artículo 2 del Código de Comercio, se evidencia que todo lo ateniente a tal instrumento se reputa como un acto de comercio, pues mal podría este Juzgado reconocer una posible resolución con sólo detectar un posible incumplimiento de pago sin pasar a revisar la aludida letra de cambio y las condiciones que allí se estipularon; razón por la cual, a criterio de este Juzgado Superior, el incumplimiento que dio lugar a la presente demanda, como fuera asentado precedentemente, no es esencialmente civil.

Así pues, vistos los términos en que se configura la presente causa y el objeto que constituye su pretensión, así como la remisión que mediante oficio efectúa el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Carora a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Lara (URDD-CIVIL), a los fines de su distribución ante los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para que sea resuelto el recurso de apelación interpuesto, este Tribunal Superior considera necesario precisar que su competencia es dada para entrar a conocer la materia Civil-Bienes, en razón de la Resolución No. 73, de fecha 12 de diciembre de 1994, dictada por el extinto Consejo de la Judicatura (Hoy Dirección Ejecutiva de la Magistratura); y en virtud de que la presente causa evidentemente versa sobre un asunto en esencia mercantil, se estima que su conocimiento en segundo grado corresponde a los Tribunales Superiores Civiles con competencia en dicha materia.

En consecuencia, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contenciosos Administrativo de la Región Centro Occidental, se declara incompetente en razón de la materia para conocer y decidir en segunda instancia el recurso de apelación ejercido contra una sentencia definitiva que declaró sin lugar la acción por resolución de contrato interpuesta por el abogado LUIS CHIRINOS CAMPOS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.405, actuando como apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA GRAN ARFER C.A., y se ordena remitir el presente asunto a uno de los Juzgados Superiores con competencia en la materia Mercantil, y así se decide.

III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir la apelación ejercida en fecha 22 de enero de 2010, por el abogado LUIS CHIRINOS CAMPOS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.405, actuando como apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA GRAN ARFER C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 13 de enero de 1992, bajo el N° 29, tomo 2-A; contra la sentencia definitiva dictada por el referido Juzgado, en fecha 24 de noviembre de 2009, en el asunto contentivo de demanda por resolución de contrato interpuesta por la sociedad CONSTRUCTORA GRAN ARFER C.A., antes identificada, contra el ciudadano GREISO ANTONIO MOGOLLÓN PERDOMO, titular de la cédula de identidad Nº 13.519.352.

SEGUNDO: DECLINA LA COMPETENCIA ante uno de los Juzgados Superiores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara con competencia mercantil.

Remítase el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto a los fines de su distribución entre uno de los Juzgados Superiores del Estado Lara con competencia en materia mercantil, una vez vencido el lapso previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Jueza,

Marilyn Quiñónez Bastidas
La Secretaria,

Sarah Franco Castellanos
Publicada en su fecha a las 09:39 a.m.
Aodh.- La Secretaria,

L.S. Jueza (fdo) Marilyn Quiñónez Bastidas. La Secretaria (fdo) Sarah Franco Castellano. Publicada en su fecha a las 09:39 a.m. La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010) Años 200° y 151°.
La Secretaria,

Sarah Franco Castellanos.