TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
AP42-G-2010-000101
200º y 151º

En fecha 01 de diciembre de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito presentado por la Abogada HERMELINDA ARCAS MÁRQUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 100.545, actuando en nombre y representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante el cual interpuso demanda por cumplimiento de contrato de obra y ejecución de fianza, conjuntamente con medida preventiva de embargo, contra la sociedad mercantil GRUPO NOVOCA C.A., representada por el ciudadano Ramón Elías Alvarado, titular de la cédula de identidad N° 4.416.356; y la sociedad mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A., por constituirse en fiadora solidaria y principal pagadora de las obligaciones contraídas por la referida sociedad mercantil, relacionadas con el contrato de ejecución de obra signado bajo el Nº CGA-CUINAR-DOCI-004-05, para la “CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN TRAMO II EN EL RÍO CERRO GRANDE, ESTADO VARGAS”.

En fecha 02 de diciembre de 2010, se dio cuenta a la Jueza Mónica Leonor Zapata Fonseca.

Ahora bien, siendo la oportunidad para que este Órgano Sustanciador emita pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda incoada, pasa a hacerlo de la manera siguiente:

I
DE LA DEMANDA

La representación judicial de la Procuraduría General de la República, presentó escrito contentivo de demanda por cumplimiento de contrato de obra y ejecución de fianza, conjuntamente con medida preventiva de embargo, contra las sociedades mercantiles GRUPO NOVOCA C.A., y ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A., con fundamento a las siguientes razones de hecho y de derecho:

Que “(…) la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, suscribió con la sociedad mercantil ‘GRUPO NOVOCA, C.A.’ contrato de obra Nº CGA-GUINAR (sic)-004-05, para la ‘Construcción canalización Tramo II en el Rio el Cerro Grande’, a ser desarrollado en Vargas Estado Vargas (…)”. (Mayúsculas y negrillas del original).

Que “(…) EL CONTRATISTA entregaría totalmente culminada en el lapso de siete (07) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio de la obra …omissis… Obligándose la REPÚBLICA a ejecutar la obra por el precio de Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa y Tres Bolívares Fuertes con Nueve Céntimos (Bs. F. 2.737.393,09) (…)”. (Destacado del original).

Que “(…) [la contratista presentó] contrato de fianza de anticipo, otorgado por la Sociedad Mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNISEGUROS, S.A. …omissis… por la cantidad de Un Millón Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Bolívares Fuertes con Veinti (sic) Cuatro Céntimos (Bs. F. 1.094.957,24) …omissis… contrato de fianza de fiel, cabal y o cumplimiento otorgado por la Sociedad Mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNISEGUROS, S.A. …omissis… por la cantidad de Quinientos Cuarenta y Siete mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Bolívares Fuertes con Sesenta y Dos Céntimos (547.478,62) (…)”. [Corchetes de este Juzgado] (Mayúsculas y Negrillas del original).

Que “En fecha catorce (14) de noviembre de 2005, se firmo (sic) acta de inicio a la ejecución de la obra …omissis… y se dio inicio formal a las labores objetos (sic) del contrato la cual tenia (sic) una duración de siete (07) meses, el 26 de junio de 2006, fecha para la cual LA CONTRATISTA debía culminar la obra en su totalidad.” (Mayúsculas y Negrillas del original).

Que “En vista del incumplimiento la REPÚBLICA no tuvo otra alternativa sino que iniciar el procedimiento de rescisión por causa imputable a EL CONTRATISTA, lo cual arrojo (sic) la RESOLUCIÓN Nª 012074, de fecha 27 de agosto de 2009, teniendo una continuación en fecha 01 de diciembre de 2009, mediante la cual se declaro (sic) rescindido el contrato de obra (…)”. (Destacado del original).

Que “(…) le fue notificada a EL CONTRATISTA en fecha 01 de diciembre de 2009, mediante oficio Nº 7859, y reciba (sic) el 02 de diciembre de 2009 …omissis… Asimismo, en fecha 01 de diciembre de 2009, mediante oficio Nº 7860, recibido en fecha 03 de diciembre de 2009, se notificó a la sociedad mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A. en su condición de fiadora solidaria y principal pagadora, tanto por el anticipo que LA REPÚBLICA haya entregado por el cumplimiento de toda y cada una de las obligaciones de el CONTRATISTA (…)”. (Negrillas y Mayúsculas del original).

En tal sentido, demandó la representación judicial de la Procuraduría General de la República “(…) reintegrar la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL CINCUENTA y DOS BOLIVARES (sic) FUERTES con CUARENTA y UN CENTIMOS (sic) (BsF. 347.052,41) correspondiente al anticipo el cual quedo (sic) pendiente por amortizar …omissis… pagar los intereses moratorios que se causen por la cantidad establecida en el numeral anterior, desde el 03 de diciembre de 2009 hasta el día de hoy 01 de diciembre de 2010, los cuales ascienden a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BOLIVARES (sic) FUERTES CON DOCE CÉNTIMOS (Bs.F 9.717,12) y los que sigan causando hasta la resolución definitiva de la presente demanda …omissis… La cantidad de QUINIENTOS CUARENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA y OCHO BOLIVARES (sic) FUERTES CON SESENTA y DOS CENTIMOS (sic) (Bs. F 547.478,62) en virtud de los daños y perjuicios por incumplimiento del contrato (…)”. (Mayúsculas y Negrillas del original).

Que “(…) estim[a] la presente demanda en la cantidad de NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES (sic) FUERTES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs.F. 904.248,15) resultante de la sumatoria de los conceptos demandados a la Sociedad Mercantil GRUPO NOVOCA C.A., y a la Sociedad Mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A.” [Corchetes de este Juzgado] (Negrillas y Mayúsculas del original).

Que “(…) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y 92 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, solicit[a] se sirva DECRETAR MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles suficientes propiedad de la Sociedad Mercantil GRUPO NOVOCA C.A., y a la Sociedad Mercantil, ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A.”. [Corchetes de este Juzgado] (Negrillas y Mayúsculas del original).
II
DE LA COMPETENCIA Y LA ADMISIBILIDAD

Corresponde a este Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la competencia y admisibilidad de la presente demanda interpuesta, para lo cual observa:

Mediante sentencia Nº 1891 de fecha 26 de octubre de 2006, recaída en el (caso: María Josefina Walter Valecillos y Fermín Toro Jiménez Vs. C.A. La Electricidad de Caracas), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:

“(…) El Juzgado de Sustanciación es un órgano constitutivo en algunos tribunales colegiados, como es el caso de las Salas Plena, Constitucional o Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal o de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Su misión, como lo revela su propia denominación, consiste en llevar a cabo la tramitación procedimental –la sustanciación- de las causas.
…omissis…
Si el Juzgado de Sustanciación entiende que hay incompetencia así debe declararlo expresamente y, al igual que en el caso en que se inadmita la demanda y se ordene el archivo del expediente, el demandante tiene la posibilidad de apelar de dicha decisión. En caso de apelar, el caso se elevará al Pleno de la Sala, de la Corte, y/o del órgano que corresponda; de no apelar, el auto de remisión adquirirá firmeza y deberá enviarse el expediente al tribunal que se haya juzgado como competente.
Por lo expuesto, el Juzgado de Sustanciación tiene la facultad legal para resolver por sí mismo los problemas de competencia respecto de las demandas o solicitudes que se presenten ante el Tribunal, sea este Máximo Tribunal o las Cortes de lo Contencioso Administrativo o, en general, cualquier órgano judicial en el que la ley haya entregado la decisión sobre la admisión en un órgano de esa naturaleza (…)”. (Negrillas del Juzgado).

Así las cosas, de acuerdo al criterio jurisprudencial parcialmente trascrito, se observa la facultad que se le atribuye a este Órgano Jurisdiccional para resolver por sí mismo los problemas de competencia respecto de las demandas o recursos que se presenten ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo; así pues, pasa en primer lugar este Juzgado, a pronunciarse acerca de la competencia de esta Corte para conocer el presente recurso.

Señalado lo anterior, resulta preciso destacar que el criterio atributivo de competencia para conocer de las demandas interpuestas por la República se encuentra establecido en el numeral 2 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuya denominación entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días siguientes a la publicación de la mencionada ley, conforme a lo establecido en su disposición final, hasta tanto se mantiene la denominación de Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, el señalado numeral 2 del artículo 24 establece lo siguiente:

“Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa son competentes para conocer de:
[…Omissis…]
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro Tribunal en razón de su especialidad. […Omissis…]”. (Destacado de este Juzgado).

Ahora bien, del referido artículo se desprende que las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de las demandas interpuestas por la República, los estados, los municipios, institutos autónomos, entes públicos o empresas en las cuales algunas de las personas político territoriales ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su administración y dirección se refiere, siempre que se dé cumplimiento con tres (3) condiciones, a saber: i) Que demande cualquiera de los órganos antes mencionados; ii) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), pero inferior o igual a setenta mil unidades tributarias (70.00 U.T.); y iii) Que el conocimiento del asunto no esté expresamente reservado a otro Tribunal.

En tal sentido, observa este Tribunal que en el caso de marras, se ha interpuesto una demanda por cumplimiento de contrato de obra y de fianza, conjuntamente con medida preventiva de embargo, por la apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra las sociedades mercantiles GRUPO NOVOCA C.A., y ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS S.A., por constituirse esta última en fiadora y principal pagadora de las obligaciones contraídas por la referida sociedad mercantil, para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN TRAMO II EN EL RIO CERRO GRANDE, ESTADO VARGAS”.

Por otra parte, del escrito contentivo de la demanda se evidencia que la misma fue estimada en la cantidad de Novecientos Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Bolívares Fuertes con Quince Céntimos (Bs. F. 904.248,15) resultante de la sumatoria de los conceptos demandados a la Sociedad Mercantil GRUPO NOVOCA C.A., y a la Sociedad Mercantil ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A.

Ello así, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo observa que la cuantía de la demanda interpuesta por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Procuraduría General de la República, es inferior a las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), por cuanto equivale a Trece Mil Novecientos Once con Cincuenta y Un Unidades Tributarias (13.911,51 U.T.), razón por la cual, se estima la incompetencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer de la presente causa. Así se declara.

En consecuencia, este Juzgado de Sustanciación acuerda remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines que dicte la decisión correspondiente. Cúmplase.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En Caracas, a los nueve (09) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010). Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

MÓNICA LEONOR ZAPATA FONSECA
La Secretaria,

ANA TERESA OROPEZA DE MÉRIDA
MLZF/ATOM/Laph.
EXP AP42-G-2010-000101