TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 5 de Febrero de 2010
199º y 150º

ASUNTO: AP11-X-2009-000032

DEMANDANTE: ANAHOC-PH7, C.A., sociedad mercantil, inscrita ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 06/01/92.

DEMANDADA: Gladelys Hernández Ortega, titular de la cédula de identidad N° V-6.471.248.
APODERADA
DEMANDANTE: Otilde Porras Cohen, abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 19.028.

JUEZ INHIBIDO: Dr. MAURO JOSÉ GUERRA, Juez Titular del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

MOTIVO: Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento

ASUNTO A
RESOLVER: INHIBICIÓN

- I -
Se inicia la presente incidencia con la remisión de actuaciones en copia certificada, relativas al juicio que por acción de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoara la representación judicial de la sociedad mercantil ANAHOC-PH7, C.A., en contra de la ciudadana Gladelys Hernández Ortega, que se sustancia bajo el expediente N° AP31-V-2009-001078 de la nomenclatura llevada por el Juzgado Séptimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial.

Correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la presente incidencia, una vez cumplidos los tramites de la distribución de causas, evidenciándose de las certificaciones remitidas que a través del Informe rendido en fecha 07 de mayo de 2009, el Dr. MAURO JOSÉ GUERRA, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se inhibió de conocer de la causa identificada, con fundamento en lo previsto en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, y la sentencia N° 2140, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 07 de agosto de 2003, expediente N° 02-2403, referida a la inhibición por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

Posteriormente, se le dio entrada y se formó el expediente respectivo, acordándose a través de providencia dictada en fecha 05 de junio de 2009 darle el curso de Ley, a saber, el lapso de tres (03) días de despacho siguientes para dictar sentencia, conforme lo dispone el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil.

- II -
Estando dentro del lapso establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, se procede a decidir la presente incidencia previa las siguientes consideraciones:

La inhibición es el acto en virtud del cual el juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso. Las partes no tienen derecho a exigir al juez que se inhiba; sólo a recusarlo si no ha precluido la oportunidad. Pero el Juez tiene el deber de cargo de inhibirse del conocimiento, sin esperar a que se le recuse, cuando conozca que en su persona existe alguna causa de recusación.

De la misma forma el autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo I, Teoría General del Proceso, define a la inhibición de la forma que sigue:

“El acto del juez de separarse voluntariamente de una causa concreta, por encontrase en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causa de recusación”

De este modo, queda claro que la inhibición es un acto volitivo del Juez en virtud del cual, este se desprende del conocimiento del expediente respectivo, en razón de existir alguna vinculación bien material, bien personal con el proceso que debe entrar a conocer y decidir, afectación que incide de forma directa en su imparcialidad a la hora de emitir el fallo de mérito.

Asimismo, queda claro para este sentenciador que la inhibición constituye un deber para el Juez que conozca la existencia de una causal de recusación en su contra, y al propio tiempo, es evidente que la inhibición no puede ser solicitada por las partes, quienes en todo caso tienen siempre el derecho de recusar al Juez que se encuentre incurso en alguna causal de inhibición, y voluntariamente no la declare y se desprenda del conocimiento del proceso.

En este orden de ideas, el articulo 84 ejusdem, establece que:

“Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.

Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento”. (Lo subrayado es del Tribunal).

Debemos indicar que para que la jurisdicción pueda cumplir su finalidad jurídica y social de la justa composición de la litis, es indispensable no solamente sacar la controversia del ámbito privado de las partes interesadas, para entregarla a un ente público (Tribunal) que la solucione, sino también asegurarse que este Órgano, extraño a la controversia, sea además imparcial, por no estar interesado en ella.

Tanto es así la imparcialidad que debe tener el Juez que administra justicia dentro de un proceso determinado, que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 26, lo siguiente:

“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Lo subrayado es del Tribunal).

En congruencia con todo lo antes expresado, observa este Sentenciador que de la Norma Adjetiva Civil se evidencia que el Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, estos son los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la declarará con lugar si estuviese hecha en forma legal, vale decir, que indique las circunstancias por las cuales plantea la inhibición, y que se encuentre debidamente fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, tal y como lo establece el articulo 88 del Código de Procedimiento Civil.

Esta norma contempla dos supuestos, a los fines de la declaratoria con lugar de la inhibición de un funcionario judicial, cuando: 1) estuviere hecha en la forma legal y, 2) fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, es decir, que los hechos que comportan la competencia subjetiva del Juez sean tales, que prejuzgan sobre las decisiones efectuadas o a efectuarse, y que tales hechos sean de los contemplados expresamente en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, tal y como se indicó anteriormente, en el caso sub examine, el Juez inhibido se apoyó en el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, de fecha 07 de agosto de 2003.

En tal sentido, la referida sentencia sostuvo con relación a las causales legales que condicionan la competencia subjetiva de los jueces que -ante el “anacronismo” de los textos legales y en virtud del dinamismo de los tiempos y lo cambiante del comportamiento de las sociedades y sus miembros- no debe considerase a las causales dispuestas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil como los únicos motivos subjetivos que podían servir de fundamento para solicitar la recusación de los jueces -ni del resto de los funcionarios y auxiliares de justicia allí indicados- ni como los únicos supuestos de procedencia de la inhibición de aquéllos.

Así, la Sala interpretó que las conductas recogidas en un texto legal que se ha mantenido incólume en la historia, podrían quedarse rezagadas con relación al dinamismo de los tiempos, ante los cambios que necesariamente surgen dentro de las sociedades y sus individuos y, en atención a ello, no es que deban dejarse a un lado, apartarse o sencillamente eximirse dichas conductas como elementos subjetivos que pudieran comprometer la objetividad, imparcialidad y transparencia de los funcionarios llamados a intervenir dentro del proceso; sino que entiende el Sentenciador Constitucional que esas causales no son las únicas para garantizar los fines de la justicia.

En efecto, pretender interpretar dichos postulados en el sentido que deban dejarse a un lado -de forma absoluta- las causales del condicionamiento subjetivo de los jueces y que por ello cualquier causa o motivo denunciado como comprometedor de su objetividad o parcialidad en la tramitación e, incluso, en la resolución de un asunto sometido a su conocimiento, convertiría inevitablemente a esta institución en una suerte de mecanismo procesal de elusión del juez de su actividad de juzgar, desvirtuando su naturaleza y, asimismo, conduciría irremediablemente a la apertura discrecional o caprichosa de un “abanico” infinito de posibilidades o situaciones que pudieran dar lugar a múltiples recusaciones o inhibiciones de los funcionarios llamados a administrar justicia, con los inevitables retrasos y dilaciones en los procedimientos que, lejos de perseguir la transparencia de los mismos, operaría en detrimento de la propia justicia y de los justiciables.

Establecido entonces el alcance de lo que en derecho se entiende por inhibición, se observa que en fecha 07 de mayo de 2009, el Dr. MAURO JOSÉ GUERRA, en su condición de Juez Titular del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas expresó lo siguiente:

“(…) la Secretaria del Juzgado (…) informó a quien suscribe que la apoderada de la parte actora, ciudadana Otilde Porras, le manifestó que ‘se veía más elegante que el Juez se inhibiera antes que yo lo recuse, por cuanto ya existe el antecedente de recitación’. En tal sentido, a pesar que no existe causal expresa que produzca mi inhibición, de acuerdo a lo previsto en el artículo 82 (…), de conformidad con lo decidido en sentencia de fecha 7de agosto de 2003…”.

Así las cosas, y dadas las circunstancias declaradas por el Dr. MAURO JOSÉ GUERRA, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, puede inferirse claramente la predisposición existente en el para decidir, como consecuencia de los antecedentes de recusación, intentados en su contra por la apoderada judicial de la parte accionante, abogada Otilde Porras Cohen lo que trae como consecuencia jurídica su imposibilidad subjetiva para conocer del juicio sometido a su conocimiento, de tal manera que, en aras de preservar el derecho a la defensa y el debido proceso que le asiste a las partes involucradas en el presente juicio, en cuanto a que debe ser juzgado por un Juez imparcial, y en atención al precedente jurisprudencial contenido en la decisión anteriormente citada, se consideran llenos los extremos del supuesto contenido en el articulo 84 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta obligante para este Sentenciador declarar la procedencia de la inhibición planteada. Así se decide.

-III-
- DISPOSITIVA -

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la INHIBICIÓN planteada por el Dr. MAURO JOSÉ GUERRA, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el procedimiento que por acción de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoara la representación judicial de la sociedad mercantil ANAHOC-PH7, C.A., en contra de la ciudadana Gladelys Hernández Ortega.

Se ordena la inmediata remisión de este expediente, al Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 5 de Febrero de 2010. 199º y 150º.

El Juez,

Dr. César A. Mata Rengifo
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

En esta misma fecha, siendo las 10:21 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

Asunto: AP11-X-2009-000032
CAM/IBG/Lisbeth