REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN. EXTENSIÓN BARQUISIMETO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN Barquisimeto, 23 de febrero de 2010 199º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : KP01-P-2008-009758 ASUNTO : KP01-P-2008-009758 PENADO: JOSÉ MANUEL BARRIOS GONZÁLEZ DELITO: ROBO AGRAVADO DEFENSA PÚBLICA: DEFENSORÍA PÚBLICA QUINTA MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA DECIMA TERCERA JUEZA: YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA: LISMARY PASTORA VIDOZA LOZANO AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE CENTRO PENITENCIARIO Visto el contenido del oficio numero 0286 de fecha 26/01/2010, procedente del Centro Penitenciario de Los Llanos, y recibido en este Juzgado el día 22/02/2010, mediante el cual participa a este órgano jurisdiccional que el penado JOSÉ MANUEL BARRIOS GONZÁLEZ, identificado en actas, el cual fuere condenado en sentencia dictada en fecha 02-07-2008 y publicada en fecha 07-07-2008, por el Tribunal Décimo Segundo de Control de de este Circuito Judicial Penal, a cumplir la pena de DIÉZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, se encuentra en huelga de hambre (boca cosida) como medida de presión para solicitar su traslado a otro establecimiento penal, ya que ha manifestado que su vida corre peligro en dicho recinto penitenciario, requiriendo con carácter de urgencia autorización para trasladar al referido penado a otro centro de reclusión, por lo que este Tribunal en funciones de Ejecución, en uso de las competencias conferidas el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, se pronuncia en los términos que a continuación se señalan. El pedimento realizado por el penado JOSÉ MANUEL BARRIOS GONZÁLEZ, antes identificado, ante la Dirección del mencionado centro penitenciario, esta orientado a resguardar su integridad física y, mas aun, el derecho a la vida, toda vez que en dicho recinto carcelario su vida corre peligro, en atención a lo cual debe tomarse en consideración el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que persigue el respeto a los derechos fundamentales del interno, debiendo el Estado resguardar la integridad física de las personas, correspondiendo a este Tribunal como garante de esta fase velar por la salvaguarda de los derechos humanos de los internos e internas. En el mismo orden, el artículo 19 del texto fundamental señala: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” De allí, que la protección de las personas privadas de libertad es un deber del Estado, el cual deberá garantizar a través de su actuación y del establecimiento de políticas públicas, el respeto de estos Derechos para así cumplir con los postulados consagrados en la Constitución y en otros compromisos de carácter internacional suscritos por la República como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Ahora bien, este Tribunal como garante de esta fase debe brindar los instrumentos necesarios que coadyuven a su reinserción en la sociedad, así como de velar por la salvaguarda de los derechos humanos de los internos e internas y procurar durante su reclusión y a través de un tratamiento progresivo e integral del recluso, la rehabilitación y reforma del penado, su readaptación e inserción a la vida social, que es lo que constituye el fin de la pena, por lo que considera quien juzga que aun cuando el mencionado penado, hasta la presente fecha ha recorrido varios establecimientos penitenciarios de la República, se hace necesario garantizar que el mismo de cumplimiento a la pena corporal, en condiciones que no pongan en peligro su integridad física, por lo que se autoriza el traslado del prenombrado penado desde el Centro Penitenciario de Los Llanos con sede en el estado Portuguesa, acordándose colocar al mencionado penado a la orden de la Dirección de Prisiones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, quien deberá realizar el procedimiento legal establecido en la Ley de Régimen Penitenciario a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, con el objeto de poder conocer si están dadas las condiciones para recibir el respectivo traslado, garantizando así el resguardo de la integridad física del penado, tal y como lo señala los artículos 1, 9,11 y 12 de la mencionado Ley . Y ASÍ SE DECLARA. Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Cuarto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Resuelve: Se autoriza el traslado del penado JOSÉ MANUEL BARRIOS GONZÁLEZ, C.I. N° 19846904, venezolano, nació el 29-07-1989 en Carora, Estado Lara, de 2 años de edad, hijo de Marilú Vásquez González y Mario Vásquez, profesión u oficio ayudante de herrería, domiciliado en Urb. Francisco Torres, Carora, Estado Lara, desde el Centro Penitenciario de Los Llanos con sede en el estado Portuguesa, hasta el centro penitenciario que la Dirección de Prisiones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia establezca a fin de resguardar la integridad física del aludido penado, por las razones ya indicadas, ordenándose oficiar al Director del mencionado centro de reclusión para que gestione lo conducente, a través de la Coordinación de Traslados de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, a fin de realizar el traslado con las seguridades del caso y en resguardo de la integridad física del referido penado, en atención al contenido de los 1, 9,11 y 12 de la Ley de Régimen Penitenciario, quien deberá participar con carácter de urgencia a este Juzgado el establecimiento penitenciario al cual fue trasladado el penado de autos. Y ASI SE DECIDE. Notifíquese a la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público, a la Defensa y al Penado. Ofíciese a los referidos establecimientos penitenciarios, remitiendo anexo copia certificada de la presente decisión. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE Y CÚMPLASE. LA JUEZA CUARTA DE EJECUCIÓN ABOG YALETZA CAROLINA ALVAREZ HERNANDEZ LA SECRETARIA ABOG. LISMARY PASTORA VIDOZA LOZANO En la misma fecha se publicó la presente decisión, y se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA ABOG. LISMARY PASTORA VIDOZA LOZANO