REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, once de febrero de dos mil diez
199º y 150º


ASUNTO: KP02-N-2008-000411

QUERELLANTE: Álvarez Quero Ludys María y Navas Vásquez Moraima Coromoto, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº 12.850.079 y 14.404.028, respectivamente, de este domicilio.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: Dorelis Pérez, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 127.422.

QUERELLADO: Municipio Palavecino Del Estado Lara.

MOTIVO: Querella Funcionarial.



I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

Se interpone la presente querella funcionarial ante este despacho, el 09 de Octubre del 2008, intentado por las ciudadanas Álvarez Quero Ludys María y Navas Vásquez Moraima Coromoto en contra de las vías de hecho por parte de la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara, por considerar las querellantes que tales actuaciones son violatorias de derechos legales y constitucionales.

Dicha acción, es admitida por auto de fecha 16 de Octubre del 2008 de conformidad con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, ordenando las citaciones y notificaciones respectivas para llevar a cabo el procedimiento de ley.

Por su parte, luego de verificadas las citaciones y notificaciones respectivas, se procede a realizar las audiencias de ley, siendo que la audiencia preliminar tuvo lugar el 01 de Diciembre del 2009 de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y en la cual no se aperturó el lapso de prueba.

Posteriormente, y vencido como fue el lapso antes señalado, se fijo para la audiencia definitiva, teniendo lugar la misma el 15 de Diciembre del 2009, y en la cual se dictó el dispositivo del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Finalmente, llegado el momento del correspondiente publicado de la sentencia in extenso, este sentenciador pasa a fundamentar su decisión en los términos presentados a continuación.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Este juzgador observa, que las querellantes se desempeñaban como Consejeras Suplentes de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Palavecino del Estado Lara, y que a su decir, fueron destituidas de manera verbal por parte de la ciudadana Alcaldesa del referido municipio sin aplicarse el procedimiento, violentándose lo establecido en los artículos 158, 163, 164, y 168 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y Adolescente y 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así bien, la forma de retiro o egreso de los consejeros y consejeras de protección de la Administración Publica Municipal, se encuentra establecida en el articulo 168 de la ley especial (entiéndase LOPNA) aplicable ratione temporis, el cual señala;

“Artículo 168. Pérdida de la Condición de miembro. La condición de miembro del Consejo de Protección se pierde: a)Por incumplimiento reiterado de sus funciones; b)Cuando fuere condenado penalmente, mediante sentencia definitivamente firme; c)Cuando haya sido sancionado por infracción cometida contra los derechos y garantías consagrados en esta Ley; d)Cuando la autoridad judicial haya resuelto, en el curso de un mismo año, dos o más casos en los cuales el respectivo Consejo de Protección se abstuvo injustificadamente de decidir, sin haber declarado su incompetencia. La pérdida de la condición de miembro se produce mediante acto del Alcalde, previa evaluación y decisión del respectivo Consejo Municipal de Derechos e inhabilita para ejercer nuevamente la función de Consejero.” (Negrillas Nuestras)

Se detalla, que la norma establece de forma taxativa las causales de destitución de los consejeros y consejeras de protección, a pesar de que la ley las llama causales de perdida de condición de miembro. La finalidad de contemplar un número de causales, con una regulación precisa y determinada de los supuestos de destitución, es fortalecer la autonomía de los miembros de los consejos de protección para ejercer sus funciones. Así las cosas, y en la medida que se les asegura la estabilidad absoluta en sus cargos, imposibilita las destituciones o retiros discrecionales y arbitrarios, se les confiere más independencia para conocer y decidir los casos, y los mismos sean tomados con imparcialidad, objetividad y en estricto apego al ordenamiento jurídico, todo con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de este órgano administrativo y para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

En el mismo sentido, el artículo 168 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y Adolescente establece una regulación especial sobre el procedimiento de destitución o perdida de la condición de miembro del consejo de protección, a saber: “La pérdida de la condición de miembro se produce mediante acto del Alcalde, previa evaluación y decisión del respectivo Consejo Municipal de Derechos e inhabilita para ejercer nuevamente la función de Consejero”. Nótese, que la misma norma reconoce que es el Alcalde o Alcaldesa quien tiene la potestad para dictar el acto de destitución del consejero o consejera de protección, siendo esta la consecuencia lógica de que el consejo de protección y sus miembros, forman parte de la estructura presupuestaria de la respectiva Alcaldía tal y como lo señala el articulo 159 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y Adolescente. De allí, que esta sea la máxima autoridad, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por tanto es esta la encargada de sustanciar y decidir los procedimientos correspondientes.

Del mismo modo, este sentenciador viéndolo desde esta perspectiva infiere, que la norma no establece nada diferente a lo que ya se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico, pero lo que si encuentra novedoso es la intervención del Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente como órgano autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Publico a nivel Municipal, en el proceso de destitución de un funcionario o funcionaria de la Alcaldía con el carácter de Consejo de Protección.

El acto de destitución, o perdida de la condición de miembro debe realizarse, previa evaluación y decisión del respectivo Consejo Municipal de Derechos, esto implica que una vez terminado de sustanciar el procedimiento disciplinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 y siguientes de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la Alcaldía debe remitir el expediente administrativo al Consejo Municipal de Derechos a los fines de que este analice y decida, posteriormente el expediente administrativo debe ser reenviado nuevamente al Poder Ejecutivo Municipal para que este decida lo conducente.

En tal sentido, el régimen especial previsto en esta norma consiste en que, para que proceda la destitución o perdida de la condición de miembro, es necesaria la decisión favorable, tanto del Consejo Municipal de Derechos como del Alcalde o alcaldesa, esto es, que ambas autoridades decidan conjuntamente, y basta con que alguno de ellos no considere procedente la destitución para que el consejero o consejera de protección permanezca en su cargo, todo ello con el objeto de brindar mayores garantías de estabilidad en el cargo a los miembros del Consejo de Protección.

En consonancia con lo anterior, se ha de señalar, que en el caso de marras se evidencia, que el Consejo Municipal de Derechos no presentó informe alguno sobre la destitución de las querellantes y que la Alcaldía en todo caso, decidió de manera unilateral mediante una vía de hecho, lo cual indica a su vez que no se dio el correspondiente procedimiento administrativo, cuestión esta que violenta lo establecido en el artículo 168 ejusdem y 49 de la Carta Magna, lo que generó una violación al derecho al debido proceso y a la defensa de las accionantes, siendo por tanto ilegal la actuación desplegada por la máxima representación del Municipio Palavecino del Estado Lara, pues consta en las documentales promovidas por las querellantes conjuntamente con su escrito libelar y las cuales se valora como documentos públicos administrativos, que las mismas presentaron el debido concurso público de oposición para obtener el carácter de Consejeras de Protección y así fue reconocido en su debida oportunidad por el ente municipal.

Desde esta perspectiva, la intervención de los Consejos Municipales de Derecho en el proceso de selección y de perdida de la condición de miembro de los consejos de protección no debe generar interpretaciones erróneas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y Adolescente, por lo que estos no tienen otras atribuciones frente a los consejeros o consejeras de protección, distintas a las previstas expresamente en el Artículo 168 ejusdem.

Como se señaló, los consejeros y consejeras de protección son funcionarios públicos de carrera, que deben ser seleccionados por concurso y solo pueden ser destituidos por incurrir en causales taxativas y a través de un procedimiento administrativo disciplinario de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 168 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y Adolescente y dado que el mismo fue violentado debe declararse la nulidad absoluta de la actuación –vías de hecho- que ordenó la irrita destitución de las ciudadanas Álvarez Quero Ludys María y Navas Vásquez Moraima Coromoto, ordenándose la inmediata reincorporación con el pago de los salarios caídos.

Finalmente, dada las consideraciones explanadas en el extenso del presente fallo, debe declararse Con Lugar querella funcionarial propuesta, y así se decide.
III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR la querella funcionarial intentada por las ciudadanas Álvarez Quero Ludys María y Navas Vásquez Moraima Coromoto en contra del Municipio Palavecino del Estado Lara.

SEGUNDO: Se declara NULA la actuación –vías de hecho- emanada del Municipio Palavecino del Estado Lara, mediante la cual se ordenó la destitución de las querellantes.

TERCERO: En consecuencia, se ORDENA la reincorporación de las ciudadanas Álvarez Quero Ludys María y Navas Vásquez Moraima Coromoto al cargo de Consejeras que ostentaba antes de su irrita destitución.

CUARTO: No se condena en costas dada la naturaleza del fallo.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese al Sindico Procurador Municipal del Municipio Palavecino del Estado Lara, de conformidad con el último aparte del artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Juez Titular

Dr. Freddy Duque Ramírez


La Secretaria

Abg. Sarah Franco Castellanos