TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, diecinueve de febrero de dos mil diez
199º y 150º

ASUNTO : KP02-V-2008-004317

PARTE ACTORA: ESTEFANO RENZO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.058.868

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: CARLOS JOSE HERNANDEZ CASARES, inscrito en el IPSA bajo el N° 2.341.

PARTE DEMANDADA: EXPRESOS MERIDA, C.A. MARIA FLORIDA GALAVIS DE MENDEZ, CARLOS ALBERTO GUEDEZ ALONSO, RAFAEL SALOMON RIVAS RANGEL Y TIRSA DAMELIS , venezolanos, mayores de edad titulares de las Cédulas de Identidad N° 3.427.586. 7.362.688, 843.616 y 4.276.199

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. PERENCIÓN BREVE EN JUICIO DE Nulidad de Venta

Se inició el presente juicio de Nulidad de Venta, intentada por el Abogado CARLOS JOSE HERNANDEZ CASARES, inscrito en el IPSA bajo el N° 2.341, en su carácter de apoderado del ciudadano ESTEFANO RENZO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.058.868, contra los ciudadanos MARIA FLORIDA GALAVIS DE MENDEZ, CARLOS ALBERTO GUEDEZ ALONSO, RAFAEL SALOMON RIVAS RANGEL Y TIRSA DAMELIS , venezolanos, mayores de edad titulares de las Cédulas de Identidad N° 3.427.586. 7.362.688, 843.616 y 4.276.199, en fecha 25/11/2.008 (Folios 01 al 09). En fecha 12/03/2.009, el Tribunal dictó auto admitiendo la presente demanda (Folio 59). En fecha 27/04/2.009, la parte actora consignó diligencia donde deja constancia de la entrega de los emolumentos al Alguacil del Tribunal (folio 63). En fecha 30/04/2009, el Tribunal dicto auto donde la Juez se avoca al conocimiento de la presente causa y se ordeno librar las respectiva compulsa, (folio 64). En fecha 25/05/2009, el Tribunal dicto auto donde se decreta medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar (folio 77 al 79). En fecha 29/06/2009, se dio por recibido oficio N° 7090-292,. En fecha 23/07/2009, la parte actora consigna escrito de reforma (folio 93 al 107). En fecha 28/07/2009, se dicto auto donde se admite la presente reforma (folio 108 y 109). En fecha 05/08/2009, la parte actora consigno diligencia solicitando se cite a los demandado. En fecha 07./08/2009, comparece la ciudadana Maria Flerida Galavis de Mendez, consignado poder apud acta (folio 112) En fecha 10/08/2009, el Tribunal dictada auto donde se acuerda desglosar las actuaciones y la medida y ordena abrir cuaderno separado. En fecha 21/01/2010, la parte actora consigna copias del libelo a los fines de que se libre compulsa. En fecha 25/01/2010, comparece la Abogada RUSSDALIA MENDEZ GALAVIZ, solicitando la perención de instancia. En fecha 29/01/2010, comparece la Abogada RUSSDALIA MENDEZ GALAVIZ, solicitando la perención de instancia. En fecha 10/02/2010 comparece la Abogada RUSSDALIA MENDEZ GALAVIZ, solicitando la perención de instancia. -
De lo antes expuesto este Tribunal trae a colación lo siguiente.

El artículo 267 en su ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil establece:

SIC: “… (omisis), También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”

La norma transcrita consagra la perención breve o especial, que extingue el proceso, ya no por acto de parte sino por la inactividad de ellas prolongada por un cierto tiempo, luego de ser admitida la demanda. Por lo tanto, la inactividad procesal y el transcurso del lapso legal, hacen verificar de pleno derecho esta figura.

La perención requiere de la concurrencia de tres elementos o condiciones, a saber: uno objetivo, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otro subjetivo, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y uno temporal, que es la prolongación de la inactividad de las partes por el lapso de treinta días.

En efecto, la mencionada sentencia fue dictada por el Magistrado Carlos Oberto Veliz de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de Julio del 2004 entre otras cosas, establece lo siguiente:
“…Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación o mas de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta ( la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicio de manutención etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estrictas y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando está haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigió en la Ley a los fines de realizar las diligencia pertinentes a la consecución de la citación.
La jurisprudencia nacional señala que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entrañan una renuncia a continuar la instancia. Y así se decide.

Así mismo el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil establece.” La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267 es apelable Libremente”.

Las obligaciones han quedado determinadas por el Tribunal Supremo de Justicia, en la Jurisprudencia citada. De allí se tiene que a partir del auto de admisión de la reforma de la demanda, el actor tiene la obligación de cumplir las actividades y obligaciones que le impone la ley, para que fuese practicada la intimación de la parte demandada, cuales son las de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, sanción que procede de pleno derecho por omisión en la falta de gestión procesal por parte del demandante para la citación o intimación en forma personal del demandado.

De la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se pudo observar que desde el auto de admisión de fecha 12/03/2.009 y en fecha 27/04/2.009, la parte actora consignó diligencia, donde deja constancia de la entrega de los emolumentos al Alguacil del Tribunal (folio 63), y no consta en autos diligencia alguna que permita evidenciar que la parte actora no promovió la citación de la parte demandada. Por lo que observa esta juzgadora que entre el auto de admisión de fecha 12/03/2008 hasta la fecha 27/04/2009, transcurrieron más de 30 días, establecidos por el legislador para que opere la perención breve y no consta en autos que la parte actora haya consignado en ese lapso, las copias simples de la demanda para librar las compulsas, ni consignó los recursos necesarios para el logro de la citación del demandado cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal, en cuyo caso el Alguacil debe dejar constancia en el expediente que la parte actora le proporcionó lo exigido en el lapso previsto para ello es decir en el lapso de los treinta (30) días, obligaciones éstas establecidas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.

DECISIÓN

En virtud de las anteriores consideraciones este Juzgado, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de Nulidad de Venta, intentada por el ciudadano ESTEFANO RENZO ALVARADO, contra los ciudadanos MARIA FLORIDA GALAVIS DE MENDEZ, CARLOS ALBERTO GUEDEZ ALONSO, RAFAEL SALOMON RIVAS RANGEL Y TIRSA DAMELIS, todos identificados suficientemente en autos.
No se ordena la notificación de las partes.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE.
DÉJESE COPIA CERTIFICADA de la presente decisión de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto a los diecinueve (19) días del mes de Febrero de dos mil Nueve. AÑOS: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Juez

MARILUZ JOSEFINA PÉREZ
La Secretaria Acc.
ELIANA HERNÁNDEZ SILVA
En la misma fecha se publicó siendo las 11:50 a.m., y se dejo copia.
La Secretaria
MJP/Milagro