REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO SUCRE
JUZGADO PRIMERO DE CONTROL

Cumaná, 07 de Julio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : RP01-P-2009-004624
ASUNTO : RP01-P-2009-004624


CONFIRMACION DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

Es recibido en este Tribunal en fecha 16 de Octubre de 2009, formal escrito consignado por la Fiscalía Décima del Ministerio Público, mediante el cual solicita la confirmación de Medidas de Protección y Seguridad impuestas al ciudadano ANDRES JOSE OTERO MALARET, con ocasión de la investigación que se iniciara en fecha 02 de Septiembre de 2009, donde resultara víctima, una ciudadana de sexo femenino, y conforme a lo cual se actuara atendiendo las previsiones de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procediendo el ente receptor de la denuncia a imponer medidas preventivas al agresor, siendo de acotar que en su escrito la representante fiscal solicita, al amparo de los artículos 114 numeral 7, 88 y 100 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal CONFIRME las medidas impuestas, pero que a los fines de garantizar el debido proceso, solicita se convoque a Audiencia Oral para que en presencia de las partes y habiendo escuchado a los mismos, se tome la decisión correspondiente y que luego de ello sean remitidas las actuaciones a ese Despacho ministerial para el acto conclusivo.-

Este Tribunal para decidir observa:

Consta al folio 01 y vto. de las actuaciones, formal denuncia presentada en fecha 02 de Septiembre de 2009, por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por la ciudadana UBALDA LIBRADA BAYER DE NUÑEZ, cédula de identidad N° 10.464.066, residenciada en la Urbanización Brasil, Sector II, vereda 52, casa N° 16, en esta ciudad de Cumaná, Estado Sucre, y donde expresó que acudía con la finalidad de denunciar al ciudadano ANDRES OTERO, en virtud que éste de manera reiterada la ha amenazado de muerte, afectándola psicológicamente, y que ello le daba miedo por su familia, temiendo les pueda pasar algo; al folio 02 cursa acta de información de los derechos a la victima; al folio 04 cursa acta de inicio de la investigación dictado en fecha 02-09-09, por la Fiscalía Septima del Ministerio Público; al folio 5 cursa acta de investigación penal de fecha 02 de Septiembre de 2009, suscrita por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde dejan constancia de diligencias de investigación realizadas con ocasión del inicio de la investigación, tendentes a la ubicación y citación del agresor, a quien logran ubicar y emplazar; al folio 08 cursa acta de fecha 04 de Septiembre de 2009, mediante la cual se le imponen al agresor las medidas que ese ente receptor dictara en su contra y a favor de la víctima, siendo ellas: prohibición o restricción al agresor de Acercamiento a la víctima, ni a su lugar de trabajo, estudio o residencia; no efectuar actos que perturben la tranquilidad emocional de la victima y de su entorno personal, laboral o de estudio; prohibición al agresor de hacerle llamadas telefónicas para dejar mensajes u otras acciones que impliquen hechos que constituyan amenaza segunda Ley especial de genero; no permitir participación de terceras personas en sus conflictos; prohibición de actos de provocación por parte de familiares o terceros no involucrados en el el conflicto; prohibición de molestar, ofender, amenazar o provocar daños, hostigamiento, humillación ni hechos que atenten contra la dignidad y honor de la víctima; al folio 10 cursa acta de imposición a la víctima de las medidas dictadas a su favor; al folio 11, 12 , 15 y 16 cursan actas de entrevistas rendidas por los ciudadanos MARIELA DEL VALLE CARRERA BAYER, CESAR AUGUSTO MARCANO BETANCOURT, LEYDA THAYS FLORES y SARAHI CRISTINA BLANCO ALFREDY; y al folio 19 cursa acta donde se deja constancia de la recepción por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de un CD consignado por la ciudadana víctima.-

Ahora bien, observa este Tribunal, que la representante del Ministerio Público en su escrito consignado conjuntamente con las actuaciones, cita el contenido de los artículo 5, 2, y 8 numeral 2 y 99 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en párrafo aparte especifica que la conducta del presunto agresor encuadra en el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la citada Ley especial, especificando que en el caso de autos se cubren los extremos de los numerales 1 y 2 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.-

Conforme a todo lo antes detallado, y ante el requerimiento fiscal de convocatoria a Audiencia Oral, observa quien decide lo siguiente: la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el capitulo IX, dedicado a la sustanciación del procedimiento previsto en ella, prevé en su artículo 87 las medidas preventivas que han de ser dispuestas para brindar protección y seguridad a la mujer agredida; previendo en su artículo 88 la posibilidad que el órgano jurisdiccional pueda sustituirlas, confirmarlas o revocarlas, de oficio o a solicitud de parte, siempre que exista elementos probatorios que determinen su necesidad; de igual manera el artículo 91 dispone que el Tribunal que conozca de una causa de ésta índole, podrá sustituir, modificar, confirmar o revocar, las medidas de protección impuestas por el órgano receptor, acordar las solicitadas por la mujer víctima y/o el Ministerio Público e imponer cualquier otra de las contenidas en los artículos 87 y 92 según las circunstancias de cada caso; asimismo establece el artículo 99 de la citada Ley especial que cuando una de las partes no estuviere conforme con la medida dictada por el órgano receptor, podrá solicitar ante el Tribunal , su revisión, quien requerirá las actuaciones al Ministerio Público o al órgano receptor, agrega la norma, que si fueren recibidas por el Ministerio Público las actuaciones procedente de otro órgano receptor y observare violación de derechos y garantías constitucionales, procederá de inmediato a solicitar motivadamente su revisión ante el juzgado competente, remitiendo las actuaciones originales y conservando copias simples de éstas para continuar con la investigación; por su parte el artículo 100 contempla que dentro de los 3 días siguientes a la recepción de las actuaciones el juez revisará las medidas y mediante auto motivado se pronunciará modificando, sustituyendo, confirmando o revocando las mismas; debiendo remitir las actuaciones originales al Ministerio Público o al órgano receptor según el caso, al día siguiente de publicada la decisión de revisión, conforme lo contempla el artículo 101.-

Atendiendo entonces el contenido de las normas antes citadas, y en armonía con el principio procesal de celeridad contenido en el numeral 2 del artículo 8, de la referida Ley, para el pronunciamiento acerca de la sustitución, revocación o confirmación de las medidas, solo se exige la verificación de elementos de convicción o probatorios que determinen la necesidad de ello a los efectos de emitir la decisión que corresponda, lo que no implica que no pueda celebrarse alguna vez una audiencia oral para previa escucha de las partes pronunciarse, pero siendo que ello no constituye la regla, ni la exigencia del legislador, en criterio de quien decide, su celebración ha de ser requerida bajo validos y fundados motivos de hecho y de derecho que secunden tal exigencia, pues ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 22 de Junio de 2007, en torno a ello que:

“Observa esta Sala que dicha audiencia fue convocada por el Juez de Control para la escucha del imputado. Ello así se advierte que se trata de un acto procesal, en sede jurisdiccional que no estaba previamente establecida en la Ley, porque el propósito del mismo era, se reitera, la audiencia … como parte de investigación, lo cual es una actividad del Ministerio Público. Se concluye entonces, que el Tribunal de Control convocó a la audiencia en cuestión, para la presencia de una actuación propia de la actividad fiscal que era ajena a su competencia, por lo que resulta obvio que se trata de una audiencia que no tenía soporte legal alguno, Al respecto, se observa que esta Sala asentó de manera enfática, que no le está dado a los jurisdiscentes la creación de audiencias que no están establecidas en el ordenamiento jurídico vigente …Así se decide.
… le recuerda esta Sala al jurisdiscente, que el artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que la policía y demás órganos auxiliares deberán facilitarle a la víctima, “al máximo su participación en los tramites en que deba intervenir”, esto es, en los actos en los cuales la ley le confiera tal derecho ya que el imputado también es titular del derecho fundamental a la privacidad y a la protección integral de su personalidad, de suerte, que la deposición que tendría que rendir ante el Ministerio Público,- debe ser en ambiente privado y libre de apremio. ..”

Conforme los argumentos legales y jurisprudenciales antes explanados, estima imprescindible quien decide, evaluar los argumentos señalados por la representación fiscal a los fines de la celebración de la pretendida audiencia oral para la confirmación de las medidas impuestas por el órgano receptor, y en tal sentido observa que la fiscalía actuante pide dicha audiencia para garantizar el debido proceso, para que en presencia de las partes, y habiendo escuchado a los mismos se tome la decisión correspondiente, constatándose que no se alega una situación de hecho particular que amerite ser dilucida y debatida con las partes, siendo de agregar que el dictar la decisión con prescindencia de tal audiencia en modo alguno es contrario al debido proceso, toda vez que no existe exigencia legal que deba emitirse el pronunciamiento previa celebración de la tan mentada audiencia, máxime cuando en la practica, en causas de esta índole, tal requerimiento se ha convertido en una audiencia de imputación, por cuanto al otorgársele el derecho de palabra al Ministerio Público procede a imputar al agresor y finalmente solicita la confirmación de la medida, acto de imputación éste, estrictamente atinente a la investigación y por tanto al Ministerio Público.-

Así las cosas, estima quien decide que, pese a haberse efectuado reiteradamente la convocatoria para la celebración de la mentada audiencia oral, sin que la misma se hubiese materializado, estando pendiente el pronunciamiento judicial requerido, es por lo que este Tribunal acuerda emitirlo con prescindencia de la audiencia oral solicitada por el Ministerio Público, y así se decide.-

Ahora bien, por cuanto de autos se observa que, al presentarse la denuncia y producirse la intervención del órgano receptor de la misma, se efectuaron actuaciones subsiguientes como brindar información e imponer a la mujer víctima de los derechos que le asisten, se practico inspección al sitio del suceso, examen médico legal, se estableció la no existencia de registro policiales del agresor, y se establecieron medidas de protección y seguridad a favor de la agredida, conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia las cuales fueron informadas a la víctima e impuestas al agresor, por lo que en atención a tales elementos de convicción, siendo que de autos no emerge la necesidad de sustituir o revocar las medidas ya dictadas e impuestas al agresor, y atendiendo a la finalidad preventiva y proteccionista de las medidas dictadas, es por lo que de conformidad con el artículo 88 de la citada Ley especial, se acuerda con lugar el pedimento fiscal.-

DISPOSITIVA
En atención a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Primero de Control Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, observando que la intención del legislador en situaciones de violencia contra la mujer, es abordar de forma inmediata la problemática surgida respecto de esa víctima, y de avocarse el órgano jurisdiccional deba examinar la adecuación de las medidas protectoras en atención a la situación real puesta de manifiesto en el curso de la investigación, en procura al cese inmediato de la conducta o acciones transgresoras de la ley y lesivas a los derechos de la mujer, es por lo que en miras a materializar los principios rectores de celeridad y protección a la víctima, previstos en los numerales 2 y 8 de la Ley especial, con prescindencia de la audiencia oral solicitada por el Ministerio Público, y conforme a lo previsto en el artículo 88 ejusdem, este Tribunal CONFIRMA las medidas de protección y seguridad decretadas en este caso por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 4 de Sectiembre de 2009, e impuestas al agresor ANDRES JOSE OTERO MALARET, venezolano, natural de Caracas, de 47 años de edad, soltero, nacido en fecha 31/03/1962, comerciante, cédula de identidad N° 5.705.418 y residenciado en la Avenida Gran Mariscal, Novena Transversal, Quinta Ote, Cumaná, Estado Sucre, según folio 08 consistente éstas en: 1.- Prohibición o restricción al agresor, de acercamiento a la victima a su lugar de trabajo, estudio y/o residencia; 2.- No proferir palabras u ofensas que perturben la tranquilidad emocional de la víctima y de su entorno personal; 3.- Prohibición de efectuarse llamadas telefónicas, mensajes u otros hechos que constituyan o puedan constituir amenazas conforme a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 4- No permitir la injerencia de terceros en las situaciones de conflicto entre ambos, así como también prohibición expresa de amenazar a la victima con hacerle daño a través de terceros; 5.- Prohibición expresa al agresor de ejecutar actos que constituyan persecución, intimidación o acoso a la víctima; 6.- Evitar provocaciones de parte de familiares o terceros no involucrados en el conflicto entre ellos; 7.- Se prohíbe al agresor, molestar, ofender, amenazar o provocar daños, hostigamiento, humillaciones, ni comentarios que coloquen en tela de juicio la dignidad o el honor de la víctima; debiendo la víctima en contrapartida, no ejecutar actos que puedan se entendidos como provocación por el agresor; 8.- Prohibición al agresor de molestar a los familiares de la víctima. – Se deja sin efecto la convocatoria a Audiencia oral fijada mediante auto de fecha 10 de Junio de 2010, y pautada según la Agenda única para el 21-09-10.- De conformidad con lo previsto en el artículo 175 notifíquese la presente decisión a las partes.- Devuélvanse de inmediato las presentes actuaciones a la Fiscalía Décima del Ministerio Público, para que prosiga con las investigaciones.- Así se decide.-
LA Juez Primera de Control

Abg. Rosiris Rodríguez Rodríguez La Secretaria

Abg. Francys Rivero