TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

En fecha 13 de mayo de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito presentado por los abogados Nidia Magaly Villegas Díaz, Oswaldo Rojas Briceño y Oswaldo Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.404, 23.305 y 144.256 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de DOMÍNGUEZ CONTINENTAL, S.A., mediante el cual interponen recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), notificado en fecha 16 de noviembre de 2009, según oficio CAP-PRE-CJ-0166458, por medio del cual se negó la renovación de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nº 2219846, de la solicitud Nº 6814509.

El 26 de mayo de 2010, se dio cuenta a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se designó ponente al Juez Emilio Ramos González, y se ordenó la remisión del expediente a este Juzgado de Sustanciación, a los fines legales consiguientes, el cual se recibió el 07 de junio de 2010.

Ahora bien, visto lo anterior este Órgano Sustanciador pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con los elementos que constan a los autos, de la manera siguiente:

-I-
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD:

Los apoderados judiciales de la parte recurrente, fundamentaron la demanda de anulación parcial del acto administrativo, con base en las siguientes razones de hecho y de derecho:

Alegan que, “DOMÍNGUEZ CNTINENTAL, S.A. (…) introdujo a través del Departamento de Control de Cambio de Mercantil Banco Universal, Planilla de Registro de Usuario para Importación (…), emitida por CADIVI, a la que le fue asignado el Nº 6814509 y Planilla de Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas para Importación (…) por un monto de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA DOLARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 334.690,56), más el pago de flete por un monto de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA DOLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRCA(sic) (US$10.740.24) (…)” (Mayúsculas del Original).

Que, “(…) a través del Sistema automatizado CADIVI se emitió el Código de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) 02219846, para la solicitud Nº 6814509, por el monto en divisas de los Estados Unidos de América de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO (US$ 345.480,80) (…)” (Mayúsculas del Original).
Que, “(…) fuimos informados vía electrónica por Banco Mercantil Banco Universal, Control de Cambio (…) se había vencido la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) 02219846 de la solicitud 6814509; debía Domínguez Continental, S.A., solicitar su renovación (…)”. (Mayúsculas del Original).
Que, “(…) Domínguez Continental, S.A. recibe información de (…) Asesor Corporativo Control de Cambio, Gerencia de Control de Cambio de Mercantil Banco Universal (…) que a fin de evaluar al solicitud de renovación, debía enviar a la Comisión (Entiéndase Cadivi) los documentos (…)”.
Que, “… DOMINGUEZ procedió a dar cumplimiento a lo exigido por CADIVI y (…), ante la imposibilidad de remitir electrónicamente la información requerida, la presentó en físico ante la Unidad de Correspondencia de CADIVI, contentiva de los recaudos solicitados (…)” (Mayúsculas del Original).
Que, “… nuestra representada es notificada mediante correo electrónico, de la decisión de esa Comisión de Administración de Divisas de negar la renovación de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) (…) basados en que nuestra representada (…) presentó los requisitos solicitados incompletos, ya que las notas que acompañan los estados financieros donde indica el detalle de las cuentas por pagar y de los proveedores no está debidamente auditada por un Contador Público Colegiado(…)” (Mayúsculas, subrayado y negrillas del Original).
Que, “… Domínguez Continental, S.A., ha mantenido la costumbre de visar por el Colegio de Contadores al que se encuentra afiliado el licenciado en contaduría que los audita, tanto sus estados financieros como los informes que detallan alguna de sus cuentas, como es el caso que nos ocupa, en el que se emitió adicionalmente un informe especial con detalle de la cuenta por pagar Envases Universales de México, S.A. de C.V. (…)”
Que, “… la Comisión de Administración de Divisas, ha incurrido en exceso y en error al negar en dos oportunidades la no presentación de recaudos que le fueron consignados (…)” (Mayúsculas del Original).
En virtud de las razones de hecho y de derecho expuestas, solicitan se anule el acto administrativo contenido en el oficio número Nº CAD-PRES-CJ-0166458, de fecha 16 de noviembre de 2009, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), por medio del cual se negó la renovación de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nº 2219846, de la solicitud Nº 7603990.
I
DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento, debe este Juzgado establecer la competencia de esta Corte para conocer el recurso interpuesto y, a tal efecto, se observa lo siguiente:

En la presente causa, se interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra un acto administrativo emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Ahora bien, tal como ya lo ha expresado este Juzgado en anteriores fallos (vid. Sentencias interlocutorias número AW422006000141 de 1° de junio de 2006 y AW422007000351 de 12 de noviembre de 2007), a los fines de determinar la competencia de este Tribunal para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, resulta necesario traer a colación lo establecido en los artículos 2 y 3 del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003, suscrito entre el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, hoy Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, el cual contempla lo siguiente:

“Artículo 2.- La coordinación, administración, control y establecimiento de requisitos, procedimientos y restricciones que requiera la ejecución de este Convenio corresponde a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual será creada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto (…)”
Artículo 3.- Las atribuciones de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), deberán ser ejercidas sin perjuicio de las facultades de ejecución de la política cambiaria que corresponden al Banco Central de Venezuela y sus decisiones agotan la vía administrativa (…)” (Subrayado de este Tribunal)

En ese orden de ideas, el Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644, establece en su artículo 2, lo siguiente:

“Artículo 2.- Se crea la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual tendrá por objeto ejercer las atribuciones que le correspondan, de conformidad con lo previsto en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 5 de febrero de 2003 (…) y las previstas en este Decreto. (…)” (Subrayado de este Tribunal)

Pues bien, de lo anterior resulta indubitable el carácter de Órgano de la Administración Pública que posee la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y, en consecuencia, por resultar sus actuaciones verdaderos actos administrativos, estos estarán sujetos al respectivo control de legalidad, atribuido competencialmente a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Para ilustrar mejor lo dicho anteriormente, luce coherente citar la norma jurídica que contempla el llamado principio de la legalidad. Así, el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“Artículo 259.- (...omissis…) Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa” (Subrayado de este Tribunal)

Atendiendo a la interpretación armónica de las disposiciones antes transcritas, es conveniente concluir que el conocimiento de las impugnaciones -en sede judicial- de los actos administrativos emanados de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), corresponde a los Tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.

Ahora bien, precisado el carácter administrativo de las actuaciones que emanan del ente recurrido, así como la competencia material de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la nulidad de sus actos, corresponde a este Tribunal analizar la competencia orgánica de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, es de observar que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual rige las competencias de nuestro máximo Tribunal, y dentro de éste, la de la Sala Político-Administrativa, cúspide de la jurisdicción contencioso-administrativa, en su artículo 5, apartes 30 y 31, contempla lo siguiente:

“Artículo 5.- Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
(…Omissis…)
30. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Poder Ejecutivo Nacional, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad.
31. Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional. (Subrayado de este Tribunal)

De modo que es clara la competencia material que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del acto administrativo de autos; pues en criterio de la referida Sala Político-Administrativa, en sentencia de fecha 1° de junio de 2004, recaída en el caso “Cruz Ezequiel Ballesteros Hernández vs. Ministerio de la Defensa”, se estableció con respecto a su competencia lo siguiente:

“(…) Cabe mencionar, respecto al numeral 31 del artículo 5 antes transcrito, que ha sido criterio interpretativo reiterado, que la competencia de la Sala Político-Administrativa, para conocer de la nulidad de los actos administrativos individuales del Poder Ejecutivo Nacional, queda circunscrita a los órganos de la Administración Central. Aún más allá, y en aras de la desconcentración de la actividad jurisdiccional de este Máximo Tribunal, considera la Sala que su competencia, en estos casos, se limitará a los actos administrativos individuales emanados de los órganos superiores de la Administración Pública Central, que a tenor de lo pautado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública son: el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, El Consejo de Ministros, los Ministros o Ministras, los Viceministros o Viceministros. Asimismo, le corresponde conocer de los actos emanados de las máximas autoridades de los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Central, que según la norma citada son: la Procuraduría General de la República; el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y gabinetes ministeriales (…)”

Asimismo, estableció dicha Sala en sentencia fecha 24 de noviembre de 2004, Caso: “Tecno Servicios Yes´Card, C. A vs. Superintendencia para la Promoción y la Protección de la Libre Competencia”, de manera transitoria y hasta tanto se dicta la Ley respectiva, las competencias de la Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo. En el caso que nos ocupa cabe resaltar la siguiente disposición:

“(…) considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:
(…Omissis…)
3.- De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas [en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela], si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal (…)”

Ahora bien, cabe mencionar, que los rasgos característicos de los entes descentralizados funcional o territorialmente son los siguientes: personalidad jurídica propia, autonomía de gestión y autonomía financiera.

Bajo las anteriores premisas, es de resaltar que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), presenta ciertas peculiaridades interesantes, pues, en primer lugar, el instrumento normativo que contempla su creación (Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.644) no le otorga expresamente personalidad jurídica distinta de la República; en segundo lugar, la Comisión in commento ciertamente no se vale de patrimonio distinto a la República, por lo que no representa una excepción al llamado principio de la unidad del tesoro; por último, si bien la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) no encuadra dentro de los supuestos para que dicho órgano sea considerado como un ente funcionalmente o territorialmente descentralizado, si goza de autonomía de gestión. Esto significa que posee competencias propias distintas a las que -a grosso modo- posee por ley, la Administración Central, aunque dicha autonomía de gestión se encuentra limitada, como normalmente ocurre, en virtud del llamado control de tutela que conservan, en este caso, la Presidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Por otro lado y dentro de la llamada “Teoría de las Desviaciones de las Competencias”, se encuentra la desconcentración, figura ante la cual se está en presencia cuando de una forma general y abstracta dentro de la Administración Central, se le otorgan competencias concretas a un determinado organismo. La desconcentración se diferencia de la descentralización por el hecho de que en la primera el organismo conserva la personalidad jurídica de la República. Igual diferencia poseen las figuras de la delegación y la encomienda de gestión, en relación con la desconcentración, pues, en las primeras se requiere la existencia de un ente descentralizado con personalidad jurídica propia en el cual otro organismo delegue o encomiende.

Aparte de los órganos desconcentrados y los entes descentralizados se encuentran las llamadas “Autoridades Administrativas Independientes”, de las cuales la Procuraduría General de la República, mediante dictamen de 1985, desarrolló su teoría, en el cual, dicho organismo analizaba la recurribilidad de los actos administrativos emanados de la Comisión Nacional de Valores y de la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, llegando a la conclusión de que las autoridades administrativas independientes se encuentran vinculadas a un órgano de la Administración Central, como por ejemplo un determinado Ministerio, pero sus actos administrativos son recurribles ante la jurisdicción contenciosa administrativa, representando lo dicho una excepción al Principio de la Jerarquía que estructura todo el sistema de la Administración Pública Central.

En el presente caso, considera este Juzgado de Sustanciación que de conformidad con las normas jurídicas de tutela, diseminadas en el Decreto Presidencial N° 2330 de fecha 6 de marzo de 2003 (verbigracia Artículos 1°, 6°, 13°), la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) constituye una autoridad administrativa independiente, que si bien se encuentra vinculada a la Administración Pública Central (Presidencia de la República y Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas), sus actos son recurribles en la jurisdicción contenciosa administrativa.

Con base en las consideraciones anteriores, este Órgano Jurisdiccional declara competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer de la presente controversia, y así se decide.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez emitido el pronunciamiento relativo a la competencia para conocer de la presente causa, corresponde de seguidas a este Juzgado de Sustanciación pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, el 13 de mayo de 2010, por los abogados Nidia Magaly Villegas Díaz, Oswaldo Rojas Briceño y Oswaldo Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.404, 23.305 y 144.256 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de DOMÍNGUEZ CONTINENTAL, S.A.
En tal sentido, de la revisión minuciosa del libelo, se observa que el recurso interpuesto cubre los extremos indicados en el aparte 5 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dado que el mismo no es de los prohibidos en su ejercicio, es decir, no existe disposición legal que declare ilegal la tramitación de dicho recurso; que no ha caducado la acción, por cuanto dicho recurso fue ejercido tempestivamente, de conformidad con lo establecido en el aparte 20 del artículo 21 eiusdem; que no se produjo la acumulación indebida de acciones o recursos; consta en los autos los instrumentos suficientes para decidir sobre la admisión o inadmisión del presente recurso; el libelo recursivo no contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; no es ininteligible; quienes se presentan como apoderados judiciales de la parte actora consignaron en su oportunidad el instrumento poder que acredita su representación; y por último, no consta en autos que el presente asunto haya sido precedentemente resuelto en sede judicial, es decir, no consta que exista cosa juzgada.
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, admite el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Nidia Magaly Villegas Díaz, Oswaldo Rojas Briceño y Oswaldo Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.404, 23.305 y 144.256 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de DOMÍNGUEZ CONTINENTAL, S.A., contra el acto administrativo, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), notificado en fecha 16 de noviembre de 2009, según oficio CAD-PRES-CJ- 0166458, por medio del cual se negó la renovación de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nº 2219846, de la solicitud Nº 6814509. Así se decide.
Precisado lo anterior, se ordena citar, mediante oficios, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a los ciudadanos FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Y PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, citación esta última que se practicará de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, remitiéndole a dichos funcionarios copia certificada del libelo, de los recaudos correspondientes y del presente auto.
Asimismo, se ordena solicitar al ciudadano Presidente de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), los antecedentes administrativos del presente caso, concediéndosele un lapso de ocho (8) días de despacho para la remisión de los mismos, contados a partir del día siguiente a que conste en autos la consignación del oficio que se ordena librar. Líbrese oficio.

De igual modo, líbrese el cartel al cual alude el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en el tercer (3er) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las citaciones ordenadas, el cual deberá ser publicado en el Diario “El Nacional”, señalamiento éste que se hace de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 19 aparte 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase lo ordenado.

-III-
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara y ordena, respectivamente:

1. La COMPETENCIA de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primer grado de Jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Nidia Magaly Villegas Díaz, Oswaldo Rojas Briceño y Oswaldo Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.404, 23.305 y 144.256 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de DOMÍNGUEZ CONTINENTAL, S.A., mediante el cual interponen recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo, emanado de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), notificado en fecha 16 de noviembre de 2009, según oficio Nº 0166458, por medio del cual se negó la renovación de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nº 2219846, de la solicitud Nº 6814509;
2. ADMITE el referido recurso contencioso administrativo de nulidad;

3. ORDENA la citación, mediante oficios, de las ciudadanas FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), solicitándole a este último la remisión de los antecedentes administrativos del caso;

4. ORDENA librar el cartel de emplazamiento al cual alude el artículo 21 aparte 11 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en el tercer (3er) día de despacho siguiente a que conste en autos la ultima de las citaciones ordenadas, en cual deberá ser publicado en el diario “El Nacional”.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En Caracas, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil diez (2010). Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Mónica Leonor Zapata Fonseca

La Secretaria,

Ana Teresa Oropeza de Mérida

RUD/Eh.
Exp.Nº AP42-N-2010-000234