TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario
de la Región Centro Occidental
Barquisimeto, 14 de junio de 2010
Años 200° y 151°

Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva Nº 102/2010
Asunto Nº: KP02-U-2007-000096

Parte recurrente: José Javier Felipe Torres, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.845.195, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil Distribuidora Mercaucho, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 23 de diciembre de 1998, bajo el N° 65, Tomo 49-A, con modificación según Acta de Asamblea de Accionistas, inserta bajo el N° 14, Tomo 56-A, de fecha 05 de octubre de 2005, identificada en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-30580212-2, domiciliada en la Avenida Carlos Giffoni entre calles 1 y 2, Zona Industrial IIII, Barquisimeto, Estado Lara.
Acto recurrido: Resolución Nº GTI-RCO-DJT-ARA-2006-000173, de fecha 25 de julio de 2006, notificada el 21 de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declara parcialmente con lugar Resolución Nº SAT-GTI-RCO-600-001061 de fecha 17 de octubre de 2005, notificada el 24 de noviembre de 2005, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Centro Occidental.
Administración Tributaria recurrida: Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

I
Antecedentes
Se inicia la presente causa mediante oficio Nº SNAT-INTI-GRTI-RCO-DJT-ARA-510-2007-001339 de fecha 11 de mayo de 2007, enviado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Estado Lara el día 11 de mayo de 2007 y distribuido a este tribunal en fecha 15 de mayo de 2007, mediante el cual se remitió el expediente contentivo del recurso contencioso tributario, interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico incoado en fecha 02 de enero de 2006, por el ciudadano José Javier Felipe Torres, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.845.195, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil Distribuidora Mercaucho, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 23 de diciembre de 1998, bajo el N° 65, Tomo 49-A, con modificación según Acta de Asamblea de Accionistas, inserta bajo el N° 14, Tomo 56-A, de fecha 05 de octubre de 2005, identificada en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-30580212-2, domiciliada en la Avenida Carlos Giffoni entre calles 1 y 2, Zona Industrial IIII, Barquisimeto, Estado Lara, asistido por el Economista Nelson Rafael León Ávila, titular de la cédula de identidad N° V- 3.627.941, inscrito en el Colegio de Economistas del Estado Lara con el N° 166 y por la Abogada Yanira Noguera Yánez, titular de la cédula de identidad N° V-7.422.368, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.123, en contra de la Resolución Nº SAT-GTI-RCO-600-001061 de fecha 17 de octubre de 2005, notificada el 24 de noviembre de 2005, emanada de la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Centro Occidental, recurso administrativo que fue declarado parcialmente con lugar a través de la Resolución Nº GTI-RCO-DJT-ARA-2006-000173, de fecha 25 de julio de 2006, notificada el 21 de septiembre de 2006, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
El 31 de mayo de 2007, este tribunal dio entrada al recurso contencioso tributario subsidiario y libró boleta de notificación a la sociedad mercantil Distribuidora Mercaucho, C.A., en la persona de José Javier Felipe Torres, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad antes mencionada.
El 20 de diciembre de 2007, el alguacil consignó la boleta dirigida a la recurrente, sin cumplir con el requisito de la notificación aduciendo que no se logró ubicar al representante legal de la sociedad mercantil Distribuidora Mercaucho, C.A.
El 9 de enero de 2008, se libró cartel de notificación a la recurrente para ser publicado en la puerta de este Juzgado, conforme a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Tributario.
El 11 de febrero de 2008, se dejó constancia que venció el lapso de diez días de despacho, al cual hace alusión el artículo 264 del Código Orgánico Tributario y en esta misma fecha se consignó cartel de notificación.
El 26 de febrero de 2009, la apoderada sustituta de la Procuraduría General de la República, abogada Reina García, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 31.165, solicitó se declarase la perención y la extinción de la instancia.
El 9 de marzo de 2010, la jueza temporal se abocó al conocimiento de la causa y ordenó notificar a las partes y a la Procuraduría General de la República, notificaciones que fueron practicadas y consignadas en autos.
II
Consideraciones para decidir
Sobre la base de los antecedentes reseñados previamente, este tribunal procede a pronunciarse sobre la diligencia presentada el 26 de febrero de 2009 y de seguidas pasa a analizar si en el presente caso operó la perención y extinción de la causa, para lo cual realiza las siguientes consideraciones:
El artículo 265 del Código Orgánico Tributario establece que “La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”.
En sintonía con la norma citada, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 02144 de fecha 04 de octubre de 2006, Expediente Nº 1997-13814, sostuvo que:
1. “(…) Del estudio concatenado de las normas transcritas, se desprende de manera clara y precisa que en los casos como el de autos, cuando se interponga el recurso contencioso tributario ante el Tribunal competente, el contribuyente estará a derecho desde el momento en que el recurso es recibido por dicho Tribunal, mientras que la Administración Tributaria lo estará a partir de la oportunidad en que conste en el expediente su notificación por parte del Tribunal de la causa. Aclarado lo anterior, corresponde precisar si en el caso objeto de análisis, es un requisito indispensable que se encontrase a derecho a los fines de comenzar a computar el lapso de un (1) año previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, resulta imperativo para esta Sala ratificar el pronunciamiento emitido en sentencia Nº 00126 de fecha 19 de febrero de 2004, caso: Súper Octanos C.A., en la cual se sostuvo lo que de seguida se transcribe: “(…) En tal sentido, es necesario destacar que la perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material, pudiéndose interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal. Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de administración de justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos procesales. De esta forma, el legislador adjetivo consagró la perención de la instancia, en los siguientes términos: Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (...). De la norma transcrita supra, dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: la inactividad de las partes y el transcurso de un año. Obsérvese, pues, que el legislador procesal omitió en el dispositivo legal antes citado, el elemento volitivo de las partes, es decir, no se requiere para que opere la perención de la instancia, precisar si la inactividad de éstas responde a un elemento que les sea imputable. Por el contrario, con la sola verificación de los requisitos aludidos anteriormente procede de pleno derecho, bastando entonces un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía. Tampoco es necesario a los fines de aplicar la figura procesal in commento, que todas las partes se encuentren a derecho, toda vez que existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, la perención en fase de citación, la cual opera inclusive, en un período inferior a un año, específicamente en los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido con las obligaciones impuestas a los fines de citar al demandado (artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil). En consecuencia, la obligación del juez contencioso tributario de notificar de la existencia del recurso, establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, no debe ser considerada un obstáculo para que opere la perención de la instancia, constituyéndose en carga procesal del recurrente, instar las notificaciones de Ley ”(…). Conforme al fallo parcialmente transcrito, concluye este Máximo Tribunal que no es necesario que se encuentre a derecho a los fines de iniciar el cómputo establecido en el ya mencionado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sino que basta haber operado la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año…”

En este mismo orden de ideas, la precitada Sala, en fecha 14 de marzo de 2006, mediante sentencia Nº 00652, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, estableció:
“...En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta por demás necesaria para que operara la perención…”. (Vid. sentencia Nº 00130 del 25 de enero de 2006, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A.). (Destacado de la Sala).

Así pues, como quiera que el fallo antes citado remite al artículo 264 del Código Orgánico Tributario a objeto de determinar el momento en que las partes se encuentran a derecho, como condición relevante a los efectos de la declaratoria de perención, resulta conveniente traer a colación lo dispuesto en dicha norma, la cual prevé lo siguiente:
“Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la notificación del recurrente, el tribunal dejará constancia de ello en el expediente, y fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho, vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana, y la materia de que se trate; y solicitará el respectivo expediente administrativo.

Por tanto, de acuerdo con la Sala Político Administrativa, lo que se requiere para que opere la perención es que exista inactividad procesal, que la omisión se prolongue por un año según lo dispuesto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario y que la causa no se encuentre en estado de sentencia, no obstante, es importante destacar que el lapso para decretar la perención no comienza a correr en los casos de recursos contencioso tributarios subsidiarios, hasta tanto se notifique a la parte recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio y de no ser posible esta notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en el expediente y se fijará un cartel en la puerta del tribunal, dándose un término de diez (10) días de despacho vencidos los cuales se entenderá que el recurrente está a derecho.
Conforme con ello, como quiera que el término de 10 días de despacho señalado anteriormente para que el recurrente esté a derecho en el presente recurso, venció el día 8 de febrero de 2008, siendo consignada copia del cartel en el expediente el 11 de febrero de 2008, es a partir del día siguiente, 12 de febrero de 2008, cuando comenzó a transcurrir el lapso de un año para decretar la perención, verificándose de acuerdo al cómputo realizado en este Despacho según lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario, que desde el día 12 de febrero de 2008 hasta el 25 de febrero de 2009, fecha anterior a la diligencia presentada por el representante de la República, transcurrió más de un año sin que las partes hubiesen realizado algún acto de procedimiento para dar impulso procesal al presente asunto, por lo que resulta forzoso para este tribunal declarar la perención de la instancia, conforme a lo previsto en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la perención no es renunciable por las partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 269 eiusdem aplicable por remisión del artículo 332 del Código Orgánico Tributario. Así se decide.
III
Decisión
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara consumada la perención y en consecuencia, extinguida la instancia en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes, así como a la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 12 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, en concordancia con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 277 y el artículo 278, ambos del Código Orgánico Tributario.
Déjese copia certificada de la presente decisión, conforme con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil vigente.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto a los catorce días del mes de junio del año dos mil diez. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La jueza temporal,

Abg. Xioely Alejandra Gómez Torrealba.

El secretario,

Abg. Francisco Martínez.

En horas de despacho del día de hoy, 14 de junio de 2010, siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 p.m.) se publicó la presente decisión.
El secretario,

Abg. Francisco Martínez.