TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

DEMANDANTE: OLGA ISABEL ZERPA GUÉDEZ DE SÁNCHEZ

ABOGADO: MARÍA VIRGINIA OCHOA PALENCIA DE HERNÁNDEZ

MOTIVO: INTERDICCIÓN

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)

EXPEDIENTE: 50.328

Por escrito presentado en fecha 21 de abril de 2.004, la ciudadana OLGA ISABEL ZERPA GUÉDEZ DE SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.290.427, debidamente asistida por la abogada MARIA VIRGINIA OCHOA PALENCIA DE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.290.927, demandó la INTERDICCION respecto a la ciudadana ELIZABETH ZERPA GUÉDEZ, venezolana, sin cédula d e identidad.
En auto de fecha 22 de abril de 2.004, se le dio entrada al expediente bajo el No. 50.328; y en auto de fecha 28 de abril de 2.004 se admitió la demanda.
En diligencia de fecha 06 de mayo de 2.004 compareció la ciudadana OLGA ISABEL ZERPA GUÉDEZ DE SÁNCHEZ asistida de abogada y otorgó Poder Apud Acta a los abogados MARIA VIRGINIA OCHOA PALENCIA DE HERNÁNDEZ, ANA MERCEDES SIERRALTA OLIVERO y OFELIA GRACIELA SÁNCHEZ PÁEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.290.927, V-3.414.357 y V-4.862.587, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 9.842, 9.231 y 74.918.
La notificación de la Fiscal del Ministerio Público se practico en fecha 26 de mayo de 2.004 por el alguacil del Tribunal (folio 16).
Comparece en fecha 14 de junio de 2.004 la Fiscal del Ministerio Público y emite su opinión respecto a la presente causa.
Por auto de fecha 06 de julio de 2.004, se revocó por contrario imperio el auto de fecha 28 de abril de 2.003 y se ordenó la reposición de la causa al estado de admisión de la misma.
Consta al folio veinte (20) del expediente la admisión de la demanda.
En fecha 21 de julio de 2.004 el Tribunal formuló el interrogatorio de ley a la presunta indiciada (folio 21 y 22).
Por auto de fecha 10 de agosto de 2.004, se avoca al conocimiento de la causa la Juez Suplente Especial, abogada LUCILDA OLLARVES.
Por solicitud de la parte interesada, por auto de fecha 09 de septiembre se fijó oportunidad para las declaraciones de los parientes y allegados de la indiciada
En auto de fecha 17 de febrero de 2.005, se designó como Expertos psiquiatras a los médicos ENRIQUE GUEVARA y GERARDO JOSE RODRIGUEZ
Por diligencias de fechas 11 de mayo y 05 de diciembre de 2.005 la abogada ANA SIERRALTA informa al Tribunal la falta de medios económicos de su representada para la cancelación de los honorarios médicos, por lo que el Tribunal en auto de fecha 12 de diciembre de 2.005 instó a la parte a solicitar o acogerse al beneficio de la justicia gratuita, sin que conste en autos algún otro impulso procesal.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se observa que, desde el día 05 de diciembre de 2.005, fecha en que la parte demandante informó acerca de sus problemas económicos, solicitando la consideración del Tribunal, hasta la presente fecha han transcurrido cuatro (04) años, seis (06) meses y nueve (09) días, sin actividad procesal alguna de parte; siendo su obligación la de impulsar sus procedimientos hasta su conclusión, y se observa en el presente caso que la parte accionante, no concurrió por ante el Tribunal a instar el proceso; ahora bien, en sentencia No. 2002-0124 de fecha 18 de marzo de 2.003 la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia asentó: “…aún cuando la causa se encontraba en estado de decidir la incidencia surgida pues el procedimiento que corresponde no exige la realización de actuaciones especiales luego de nombrado ponente, ello no impedía que las partea hubiesen podido diligenciar solicitando decisión…” y, reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su segundo aparte que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…” (Omissis).
El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad en el proceso durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento.
Comprobado en el caso de autos, que desde el día 05 de diciembre de 2.005, fecha en que la parte demandante solicitó la notificación de la sentencia interlocutoria dictada a la parte demandada, hasta el día de hoy 14 de junio de 2.010, la parte actora dejó transcurrir cuatro (04) años, seis (06) meses y nueve (09) días, sin que se haya efectuado ningún acto de parte para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa y ASI SE DECIDE.

Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida en fecha 01-06-2.001, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, caso FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO, contra el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, expediente N° 1.491, Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, de la cual se transcriben los siguientes párrafos:
“Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones:
El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.

Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.

Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.

Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.

Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (Subrayado del Tribunal)

1) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

3) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Por ello, el tercer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma....” (omissis).

Acatando la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el Segundo Aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE.
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de INTERDICCIÓN, incoado por la ciudadana OLGA ISABEL ZERPA GUÉDEZ DE SÁNCHEZ, debidamente asistida por la abogada MARIA VIRGINIA OCHOA PALENCIA DE HERNANDEZ, anteriormente identificadas, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 14 días del mes de junio del año 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ABOG. ROSA MARGARITA VALOR
LA SECRETARIA,

ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:00 de la mañana.

LA SECRETARIA,

ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO
Expediente Nro. 50.328
dec.-