Exp. Nº 9695.
Interlocutoria/Constitucional
Amparo/Directo.
Niega Medida Innominada

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: PRODUCCIONES RODENEZA, C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 03 de septiembre de 1984, bajo el Nº 63, Tomo 37-A-Pro., modificados sus estatutos sociales en varias oportunidades, siendo la última de sus modificaciones, la inscrita en el mencionado Registro Mercantil en fecha 21 de junio de 2006, bajo el Nº 67, Tomo 89-A-Pro.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: NELSON FIGALLO, PRISCA MALAVE, ANNERY CORDERO y ANDREA SCALERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-1.740.186, V-5.588.274, V-8.371.298 y V-14.035.115 e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 823, 21.555, 37.960 y 118.776, respectivamente.

ACTUACIONES PRESUNTAMENTE AGRAVIANTES: La sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009 por el JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, y el auto dictado en fecha 19 de enero de 2010, en el juicio de intimación de honorarios profesionales, incoado por José Luís Tamayo Rodríguez, Jolseny Carolina Tamayo Ovalle y Ambar Danay Rondón Chirinos.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. (Medida cautelar).

II. RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS.

Se inició la presente incidencia cautelar, mediante solicitud efectuada en el escrito de demanda de amparo constitucional, por la parte presuntamente agraviada, representada judicialmente por la abogada Prisca Malave de Figallo, donde solicitó la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 2009 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de Estimación e Intimación de Honorarios intentado por los abogados José Luís Tamayo Rodríguez, Jolseny Carolina Tamayo Ovalle y Ambar Danay Rondon Chirinos, contra su representada, sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A.
En fecha 19 de febrero de 2010, la apoderada judicial de la quejosa, mediante diligencia consignó copia simple del mandamiento de ejecución de la medida ejecutiva de embargo, para demostrar la inminencia de la ejecución cuya suspensión solicitó.
En fecha 24 de febrero de 2010, las abogadas Ambar Danay Rondon Chirinos y Jolseny Carolina Tamayo Ovalle, adjunto al escrito presentado, consignaron copias certificadas de las actuaciones contentivas en el expediente Nº 013-10, nomenclatura del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del cual se constata la practica efectiva de la medida de embargo ejecutivo decretado en fecha 22 de febrero de 2010. En esta misma fecha, la apoderada judicial de la quejosa, insistió en que sea decretada medida cautelar conforme los extremos señalados en la sentencia dictada en fecha 24 de marzo de 2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 26 de febrero de 2010, la apoderada judicial de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., solicitó a este tribunal constitucional, que se pronunciara con relación a la medida cautelar peticionada.

III. MOTIVACIONES PARA DECIDIR.

La representación judicial de la quejosa, en su libelo de demanda de amparo constitucional, peticionó se decretase medida innominada de suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de intimación de honorarios profesionales, incoado por los abogados José Luís Tamayo Rodríguez, Jolseny Carolina Tamayo Ovalle y Ambar Danay Rondón Chirinos, contra la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A.

Para decidir se observa:

En atención a los hechos y circunstancias denunciadas en la solicitud de tutela constitucional, este jurisdicente considera necesario examinar lo expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión Nº 156/2000 del 24 de marzo, caso: Corporación L’Hotels, en donde se expuso cuanto sigue en materia de protección cautelar en sede constitucional:

“A pesar de lo breve y célere de estos procesos, haya veces en que se hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo; y dentro de un Estado de Derecho y de Justicia ante esa necesidad, el juez del amparo puede decretar medidas precautelativas. Pero para la provisión de dichas medidas, y al menos en los amparos contra sentencias, al contrario de lo que exige el Código de Procedimiento Civil, al peticionario de la medida no se le pueden exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora (peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo), como sí se necesita cuando se solicita una medida en base al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, donde también han de cumplirse los extremos del artículo 588 eiusdem, si se pide una cautela innominada.
Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación.
De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente.
...omissis...
Para el proceso de naturaleza civil y debido a que se discuten derechos, se exige al peticionante de la medida el cumplimiento de requisitos, ya que el derecho aún no se ha declarado a su favor, y cuando ello sucede con un fallo firme, surgirá la cosa juzgada que habrá de ejecutarse en algunas sentencias. Pero en el proceso de amparo, donde no hay que asegurar los efectos de la declarativa del derecho (ejecución) o de su posible lesión, sino de que se detenga una agresión que disminuye o enerva la situación jurídica, o que se la evite, no pueden exigirse el cumplimiento de requisitos idénticos a los del juicio civil, porque lo que esté ocurriendo con la situación jurídica que es el objeto del amparo, debe existir para el momento en que se interpone la acción, debe tratarse de una situación urgente, y mal puede ante ella, pedir el juez de amparo constitución de garantías para decretarlas, o requerir el cumplimiento de las exigencias del Código de Procedimiento Civil, con lo que estaría desconociendo la situación que es la esencia de la acción de amparo.
Por ello, el juez de amparo utilizando su saber y ponderando con lo que existe en autos la realidad de la lesión y la magnitud del daño, la admite o la niega sin más”.

En concordancia con el criterio jurisprudencial citado, este tribunal estima que forma parte de los poderes del juez constitucional, determinar cuándo procede otorgar tutela cautelar en amparo, a fin de evitar la consumación de violaciones a los derechos o garantías que se denuncian amenazados o conculcados, dicha protección cautelar puede ser acordada cuando se estime que tal proveimiento sea necesario para garantizar la reparación o pleno restablecimiento de la situación subjetiva denunciada como lesiva, por ser tal proceder compatible con la obligación de los órganos de administración de justicia de brindar tutela judicial efectiva, en los términos previstos en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Conforme a los hechos narrados referentes a la solicitud de medida cautelar innominada, observa este jurisdicente que consta fehacientemente que la sentencia dictada en fecha 17 de diciembre de 2009, por el juzgado presuntamente agraviante fue ejecutada en fecha 22 de febrero de 2010 por el Juzgado Segundo de Municipio ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante la practica de la medida ejecutiva de embargo decretada en el juicio de Intimación de Honorarios Profesionales, incoado por José Luís Tamayo Rodríguez, Jolseny Carolina Tamayo Ovalle y Ambar Danay Rondón Chirinos, contra la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A. Ahora bien, siendo que el objeto de la medida cautelar innominada era la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia, considera este jurisdicente, que el objeto de la cautela solicitada decayó, en razón de la ejecución de la sentencia que motiva la presente demanda de amparo constitucional, por lo cual, se niega la cautela innominada peticionada por la parte presuntamente agraviada. Sin que esto límite de alguna forma la determinación de lesión constitucional en el debate público de este proceso. Así se decide.


IV. DISPOSITIVA.

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, niega la medida cautelar innominada peticionada por la abogada Prisca Malave de Figallo, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Producciones Rodeneza, C.A., parte presuntamente agraviada, de suspensión de la ejecución de la sentencia objeto de la presente demanda de amparo constitucional, en razón del decaimiento de su objeto.
Regístrese, publíquese, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los tres (03) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010). Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
EL JUEZ,



EDER JESÚS SOLARTE MOLINA
LA SECRETARIA,



ENEIDA J. TORREALBA C.
Exp. Nº 9695.
Interlocutoria/Constitucional
Amparo/Directo.
Niega Medida Innominada
EJSM/EJTC/carg.
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las doce y treinta minutos post meridiem (12:30 p.m.). Conste,

LA SECRETARIA,



ABG. ENEIDA J. TORREALBA C.