REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN Caracas, 22 de marzo de 2010 199° y 150° Visto el escrito presentado en fecha 9 de marzo de 2010, por el abogado Efraín Sabino Pérez Salazar, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Naylet Cirino Valor, en el cual promueve pruebas, este Juzgado de Sustanciación para proveer observa: Por cuanto el promovente en el capítulo “I”, del mencionado escrito de promoción de pruebas reproduce el mérito favorable de las actas cursantes en autos, y en el capítulo “III” invocó el principio de la comunidad de la prueba, este Juzgado de Sustanciación, en razón de que no ha sido promovido medio de prueba alguno, no tiene materia sobre la cual pronunciarse y corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo la valoración de los autos que conforman el proceso en la oportunidad de decidir con relación al fondo del asunto debatido Con respecto a la prueba de informes prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil promovida en el capítulo “II”, numerales 1º), 2º) y 3º), este Juzgado de Sustanciación para proveer observa: La Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2907 de fecha 20 de diciembre de 2006, caso sociedad mercantil Corporación SIULAN, C.A., contra el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, acogiendo el criterio sentado en decisión Nº 01151 del 24 de septiembre de 2002, caso: Servicio de Construcciones Serviconst, C.A, estableció: “En efecto, esta Sala en la citada decisión dispuso respecto de este medio de pruebas (informes), cuando el mismo va dirigido a solicitar información a la contraparte, lo siguiente: “(…) observa la Sala que la prueba de informes puede ser requerida a cualquier oficina pública o privada, a los fines de que se informe sobre un punto en concreto, y sobre el cual el promovente no tiene acceso o lo tiene limitado. En efecto, la doctrina nacional ha señalado que ‘los sujetos de la prueba son pues, de un lado, la parte proponente y del otro los terceros informantes: Oficinas Públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades Civiles o Mercantiles e Instituciones similares, las cuales actúan mediante sus representantes autorizados.’ Sin embargo, se ha señalado expresamente, que si bien algunas legislaciones ‘admiten también como sujeto informante a la contraparte’ el Código de Procedimiento Civil venezolano sólo permite que la prueba sea requerida a ‘entidades o personas jurídicas’, toda vez que cuando se trata de documentos que se hallen en poder de la contraparte o de terceros, sólo se admite la prueba de exhibición de documentos, pero no la prueba de informes. (Vide. Rengel Romberg, Arístides “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Volumen IV; Editorial Arte, Caracas 1997, pág. 485)” .” Este Tribunal con fundamento en el criterio antes transcrito niega la admisión de la prueba de informes promovida en los numerales antes mencionados por la recurrente por ser manifiestamente ilegal. Con respecto a la prueba de informes prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil promovida en el capítulo “II”, numeral 4º), mediante la cual solicita que se “…libre oficio al Presidente de la S.U.N.A.I. a los fines de que informe a este tribunal (sic) si la ciudadana: PAOLA ANTONELLI (…), entre los años 2007 y 2009 estaba autorizada legalmente para ejercer las funciones de Auditora Interna de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho…”, este Juzgado de Sustanciación la admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por cuanto la misma no es manifiestamente ilegal ni impertinente. Para la evacuación de dicha prueba se ordena oficiar a la ciudadana Superintendente Nacional de Auditoria Interna, adscrita a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de que remita a este Juzgado de Sustanciación la información requerida en el escrito de pruebas, en el plazo de cinco (5) días contados a partir del recibo del oficio que se ordena librar. Líbrese se oficio y anéxese al mismo, copia certificada del escrito de pruebas y del presente auto. Visto el presente pronunciamiento, se ordena notificar a la ciudadana Procuradora General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio y anéxese copia certificada del presente auto. La Juez de Sustanciación, Belén Serpa Blandín El Secretario, Jhotemberg Blanco Matheus BSB/JBM/jab/msb Exp. N° AP42-N-2009-000176