TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 10 de Mayo de 2010
200º y 151º

ASUNTO: AH18-M-2008-000042

DEMANDANTE: Banplus Banco Comercial, C.A., sociedad mercantil constituida originalmente por documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 01/09/64, bajo el Nº 16, Tomo 34-A, quedando su última modificación estatutaria asentada ante esa misma oficina de registro, en fecha 23/02/07, bajo el Nº 77, Tomo 31-A-Sgdo.

APODERADOS DEMANDANTE: Judith Ochoa Seguías, Mónica Ortín Viloria y Carlos E. Weffe, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 41.907, 49.466 y 70.442, respectivamente.

DEMANDADOS: Roberto Mastrocesare Frezzini y Elena Margarita Araujo Muñoz, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, cónyuges y titulares de las cédulas de identidad números V-5.541.197 y 4.773.611, respectivamente.

APODERADOS DEMANDADOS: Alejandro Ubieta Roque, Arturo de Jesús León Piñango, Katiuska Galindez Datica y Juan Carlos Delgado González, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 38.822, 18.30, 45.288 y 43.428, en su orden.

MOTIVO: Cobro de Bolívares.

- I -
- Antecedentes -
Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda, presentado en fecha 07 de julio de 2008, por la abogada Judith Ochoa Seguías, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Banplus Banco Comercial, C.A., en contra de los ciudadanos Roberto Mastrocesare Frezzini y Elena Margarita Araujo Muñoz, por acción de Cobro de Bolívares.

Por providencia de fecha 30 de julio de 2008, se admitió la presente demanda ordenando el emplazamiento de los demandados, a fin que comparecieran por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, a los fines de dar contestación a la demanda incoada en su contra.

Por diligencia de fecha 01 de agosto de 2008, la apoderada judicial de la parte actora solicitó copia certificada del libelo de la demanda y de la orden de comparecencia, a los efectos de interrumpir la prescripción.

Luego, en fecha 17 de octubre de 2008, la representación judicial de la accionante consignó los fotostatos necesarios a los fines de la elaboración de las compulsas.

Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2008 la parte demandante suministró las expensas necesarias a los fines de la práctica de la citación de la parte demandada, mediante diligencia suscrita por el Alguacil adscrito a este Juzgado.

Por diligencia suscrita en fecha 12 de diciembre de 2008, el ciudadano Dimar Rivero, en su carácter del Alguacil adscrito a este Tribunal, dejó constancia de haber citado personalmente a los ciudadanos Roberto Mastrocesare Frezzini y Elena Margarita Araujo Muñoz, consignado a los autos los recibos de citación debidamente firmados.

En fecha 22 de mayo de 2009, el Juez que suscribe el presente fallo, se abocó formalmente al conocimiento de la causa.

Por diligencia suscrita en fecha 02 de junio de 2009, ambas partes comparecen ante la sede de este Circuito Judicial y acuerdan suspender la causa por un lapso de 30 días continuos, es decir, hasta el día 01 de julio de 2009 inclusive.
Posteriormente, en fecha 08 de julio de 2009 compareció asistido de abogado, el accionado Roberto Mastrocesare Frezzini, quien actúa en nombre propio y como apoderado de su cónyuge, ciudadana Elena Margarita Araujo Muñoz, y consignó escrito a través del cual opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Acompañó copia simple del instrumento poder que le acredita la representación de su cónyuge.

Por su parte, la apoderada judicial de la parte accionante consignó escrito rechazando la cuestión previa opuesta por su contraparte.

- II -
- MOTIVACIONES PARA DECIDIR -
Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, considera oportuno este Juzgador, hacer referencia hacer referencia a la norma contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” (Resaltado nuestro)

Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que sigue:

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

De las disposiciones precedentemente transcritas, este Juzgador observa que la perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 ejusdem, antes citado.

Por su parte, el tratadista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal.

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó:

“...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”.
Es así como la misma Sala, en la sentencia Nº 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”
En el mismo sentido y más recientemente, la misma Sala en sentencia dictada en fecha 06 de julio del año 2.004, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez (Caso José Ramón Barco Vásquez), expresó lo siguiente:
“Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
(… omissis…)
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide”. (Destacado de la Sala)

Establecido lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran este expediente, y de las mismas se evidencia que en fecha 30 de julio de 2008, se dictó el auto mediante el cual se admitió la presente demanda, y que los fotostatos necesarios para la expedición de la compulsa fueron consignados por la apoderada judicial de la demandante en fecha 17 de octubre de 2008. Luego, mediante diligencia suscrita en fecha 24 de octubre de 2008, procedió a consignar las expensas necesarias al Alguacil adscrito a este Tribunal, a los fines de la práctica de la citación de la parte demandada, habiendo transcurrido sobradamente más de treinta (30) días después de la admisión de la presente demanda, es decir, que se consumió sobradamente el término establecido para que la accionante diera cumplimiento a sus obligaciones legales, sin que la parte actora haya impulsado, de forma alguna, la citación del demandado; siendo este acto requisito fundamental para la continuación del proceso, y de lo cual puede declarar este Juzgador, que fueron incumplidas las obligaciones legales del demandante. Así se establece.

Resulta evidente que los hechos supra descritos, se subsumen perfectamente en la norma contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes citado, al haber transcurrido suficientemente, el lapso legal para que se produzca la perención de la instancia en la presente causa, y así lo declara el Tribunal por imperativo de la norma contenida en el artículo 269 ejusdem. Así se establece.

En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Juzgador declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. Así se decide.

- III -
- D E C I S I Ó N -
Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por acción de cobro de bolívares intentó la sociedad mercantil Banplus Banco Comercial, C.A., en contra de los ciudadanos Roberto Mastrocesare Frezzini y Elena Margarita Araujo Muñoz, todos ya identificados en esta sentencia, decide así:

PRIMERO: Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por acción de cobro de bolívares intentó la sociedad mercantil Banplus Banco Comercial, C.A., en contra de los ciudadanos Roberto Mastrocesare Frezzini y Elena Margarita Araujo Muñoz.

SEGUNDO: Se ordena la notificación de las partes, conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 10 de Mayo de 2010. 200º y 151º.
El Juez,

Dr. César A. Mata Rengifo
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

En esta misma fecha, siendo las 10:51 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Inés Belisario Gavazut

Asunto: AH18-M-2008-000042
CAM/IBG/Lisbeth.-