REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DE LA REGION CAPITAL

Mediante escrito presentado por ante el Juzgado Superior Décimo en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital (Distribuidor), en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil nueve (2009), por los abogados DEBORATH LUCINDA MORALES MARQUEZ, HERMELINDA ARCAS MARQUEZ, MARCELIS HERMAMDEZ ZABALA y RICHARD GOMES, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 90.546, 100.545, 105.614 y 88.579, respectivamente, actuando en su carácter de Sustitutos de la Procuraduría General de la República por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE, contra la ASOCIACION CIVIL COOPERATIVA BATALLA DE SANTA INES R.L., inscrita ante la oficina Subalterna de Registro Publico Inmobiliario del Distrito Infante del Estado Guarico, en fecha 12 de mayo de 2006, bajo el Nº 38, Tomo 19, y contra la Sociedad Mercantil PROSEGUROS, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 25 de septiembre de 1992, bajo el Nº 2, Tomo 145-A, por Cobro de Bolívares
En fecha primero (01) de octubre de dos mil nueve (2009), se recibió del Juzgado Distribuidor el presente recurso.
En fecha seis (06) de octubre de dos mil nueve (2009), se dicto auto mediante el cual se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de los demandados.
En fecha seis (06) de noviembre de dos mil nueve (2009), se dicto auto mediante el cual el Juez Edgar Moya Millán se avocó al conocimiento de la presente causa y en esta misma fecha se ordenó abrir pieza separada a los fines de proveer en torno a la Medida Preventiva de Embargo solicitada.
En fecha trece (13) de abril de dos mil diez (2010), fue agregado a los autos la comisión proveniente del Juzgado Segundo de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y Chaguaramas de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico.
En fecha seis (06) de julio de dos mil diez (2010), se dicto auto mediante el cual se ordenó librar comisión al Juzgado Distribuidor del Municipio Infante del Estado Guarico a los fines de que se practique la citación por carteles de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil.

ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONANTE

Los representantes judiciales de la parte accionante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y 92 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en concordancia con lo establecido en los artículos 585 y 588 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, solicitan se decrete Medida Preventiva de Embargo sobre bienes muebles suficientes propiedad de la Asociación Civil Cooperativa Batalla de Santa Inés R.L., y Proseguros S.A.
Expresan que la medidas cautelares son instrumentos consagrados en la Ley, otorgadas a aquellos sujetos que se encuentren incursos en procesos que se ventilen ante la vía jurisdiccional y que se decretan cuando dichos sujetos consideren factibles la posibilidad de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo y en consecuencia se ocasione una lesión grave a sus derechos e intereses.
Arguyen que en base a los artículos 91 y 92 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República el Juez podrá decretar la medida cautelar con tan solo probar la existencia de un solo requisito, cualquiera de ellos, por lo que consideran llenos los extremos de ley para la procedencia de la Medida Cautelar solicitada, por cuanto existe la presunción del buen derecho que se reclama, con base en el Contrato Administrativo Nº DGEA-DOMO-SIG-06-OBR-06-GU-3414, suscrito entre su representada y “el contratista” en fecha 18 de diciembre de 2006.
Por todas las razones antes expuestas, con fundamento en el Derecho a una Tutela Judicial Efectiva, establecida en el articulo 26 de nuestra Carta Magna y como una manifestación del principio de que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores, es por lo que solicitan de decrete medida preventiva de embargo, sobre bienes muebles propiedad de la ASOCIACIÓN CIVIL COOPERATIVA BATALLA DE SANTA INES, R.L., y PROSEGUROS, S.A., los cuales serán señalados en su oportuno momento y cuya medida deberá ser decretada por el doble del monto total de la demanda mas las costas y costos judiciales, calculados prudencialmente por el Tribunal y cubran suficientemente la suma adeudada y así solicitan sea declarado.

DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Siendo la oportunidad para decidir la solicitud de la medida cautelar formulada por el apoderado judicial de la parte accionante, el Tribunal observa:
Antes de pronunciarse este sentenciador, acerca de la medida cautelar solicitada, este juzgador pasa a realizar un comentario acerca de la naturaleza de las medidas cautelares, entendiéndose para ello, que su característica esencial es su instrumentalidad. Su definición ha de buscarse más que sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teológico; es decir, en el fin anticipación de los efectos de una providencia principal, al que su eficacia está preordenada. La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad en el sentido de que ellas no son nunca fines en si mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalidad también en el sentido o ayuda a la providencia principal. Estas en si, presentan una anticipación mucho mayor a lo que de por sí le es propia a una medida cautelar, llegando a decretarse antes de que exista el juicio, en virtud de una disposición legal especial.
Ahora bien, la instrumentalidad de las medidas preventivas típicas, como en el caso de autos, que están dirigidas en sus efectos, no solo a un juicio cierto, sino a un juicio ya existente, sus efectos duran hasta que se produzca la sentencia definitiva del juicio futuro.
De igual forma, cabe destacar, que para que se den estas medidas, la urgencia viene a ser la garantía de eficacia de estas medidas. La necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia una situación de hecho, es próvidamente suplida por las medidas cautelares. Ellas, representan una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente de la justicia, la de celeridad y la de ponderación. Esta se da, visto el peligro en el retardo de la administración de justicia, originado ese retardo en la aplicación del procedimiento del juicio principal, hasta llegar a la sentencia definitiva.
Este carácter de urgencia de las medidas, presenta dos manifestaciones distintas, una, es la de simplicidad de las formas o trámites para lograr la rapidez en el tiempo, y la superficialidad en el conocimiento previo de la materia de fondo, es decir, del derecho reclamado en sede principal, antes de proceder a la ejecución como tal. Por tanto, basta con que se haya indicio fundado de peligro y de justicia en la pretensión del solicitante, para que el juez actúe recurrentemente.
Ahora bien, está en la potestad del juez, apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado. Este juicio preliminar objetivo, que se hace en las medidas cautelares, no ahonda ni juzga sobre el fondo del problema. En el ámbito de las medidas cautelares el conocimiento se encuentra limitado a un juicio de probabilidades y de verosimilitud y su resultado vale no como declaración de certeza sino de hipótesis; esto, visto que el Juez no puede invadir el fondo del asunto, el cual será conocido en el juicio principal.
De lo expuesto, puede observarse, que el fin perseguido por el legislador venezolano, con la regulación de las medidas cautelares, es claramente el garantizar la efectividad del derecho constitucional que tienen todos de acudir a los órganos judiciales para la defensa de sus derechos e intereses. La tutela cautelar, se concederá entonces cuando se compruebe que puede haber un daño difícil de reparar en la definitiva, lo que presupone que el juez tendrá que hacer previamente una indagación sobre el derecho que se reclama.
Al respecto, este Juzgador observa que riela a los folios sesenta y ocho (68) y sesenta y nueve (69), del expediente judicial, copia certificada del contrato suscrito por el MINISTERIO DEL AMBIENTE y la ASOCIACIÓN CIVIL COOPERATIVA BATALLA DE SANTA INES, R.L, y riela a los folios setenta y cinco (75) al setenta y seis (76), contrato de Fianza de Anticipo por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SDIETE MIL, SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 149.967.079,66) y contrato de Fianza de Fiel Cumplimiento por la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 29.993.415,93), libradas por PROSEGUROS, S.A.
En el caso de marras y en lo atinente al requisito de procedencia (fumus boni iuris) se observa que cursa a los folios sesenta y ocho (68) y sesenta y nueve (69), del expediente judicial, copia certificada del contrato suscrito por el MINISTERIO DEL AMBIENTE y la ASOCIACIÓN CIVIL COOPERATIVA BATALLA DE SANTA INES, R.L., de la cual se desprenden elementos valorados en esta etapa del proceso, en forma provisional a las posiciones de las partes involucradas en el caso sub examine y, que a juicio de quien aquí decide, podrían constituir la apariencia del buen derecho, razón por la cual se estima cubierto el fomus boni iuris.
En efecto, se puede concluir que la medida cautelar sólo puede proceder cuando los actos de una parte puedan traer como consecuencia lesiones graves o de difícil reparación que afecten el derecho de la contraparte y como ha quedado claro que en el presente caso el recurrente ha alegado y fundamentado el pedimento de la cautelar, reuniendo así todos los requisitos que se necesitan para acordarla, este Tribunal acuerda la solicitud de la medida cautelar, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento, y así se decide.
En consecuencia de lo antes expuesto este Tribunal acuerda la medida cautelar solicitada y decreta Medida Preventiva de Embargo sobre bienes muebles o derecho a acreencias suficientes propiedad de las demandadas, hasta por la cantidad del doble sin incluir las costas prudencialmente calculadas en virtud de lo establecido en Jurisprudencia Nº 172 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de febrero de 2004.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 585 y 588, ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles de la parte demandada, ASOCIACIÓN CIVIL COOPERATIVA BATALLA DE SANTA INES, R.L., y sus fiador solidario PROSEGUROS S.A., por la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 469.491,42), monto este que comprende el doble de la cantidad estimada, sin incluir las costas prudencialmente calculadas en virtud de lo establecido en Jurisprudencia Nº 172 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de febrero de 2004.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
JUEZ PROVISORIO

MSc. EDGAR MOYA MILLAN
ABOGADO

LA SECRETARIA,

DELIA FLORES

En esta misma fecha, siendo las 8:45 AM., se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

DELIA FLORES


Exp: 6375/EMM