TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas
Barquisimeto, 3 de noviembre de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2010-005275
JUEZ: Abogado Marco Antonio Medina Salas
SECRETARIA: Abogada Odalys Herrera.
ALGUACIL: Abogado Roberto Leal.
IMPUTADO: IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, de 31 años de edad, fecha de nacimiento 19-12-1978, grado de instrucción Técnico Superior Universitario en Rescate y Emergencia Pre Hospitalaria, estado civil casado, profesión u oficio funcionario de Protección Civil, hijo de Dilcia Elizabeth de Montoya y Wilfredo Montoya, natural de Caracas, Distrito Capital, residenciado en la carrera 18, entre calles 30 y 31, edificio Don Abelardo, tercer piso, arriba de indece publicitario, Barquisimeto, estado Lara. Telf. 0424-5232279 y 0251-9284947. Revisado por el sistema Juris 2000 no arrojó otro asunto.

DEFENSA PÚBLICA: Abogada Yajaira Salazar Contreras.
VÍCTIMA: CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924.
FISCAL 10º DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogado William Bracamonte Pichardo.
DELITO: Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

AUTO DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA:
Celebrada como ha sido la audiencia de aprehensión en flagrancia, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a este Tribunal fundamentar lo decidido en audiencia, con motivo de las actuaciones presentadas por la Fiscalía Décima del Ministerio Público, en contra del ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, por su presunta participación activa en el delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924.
En audiencia el Fiscal Décimo, representante del Ministerio Público solicita a este Tribunal: 1- Se decrete la Aprehensión en Flagrancia 2- Se acuerde el procedimiento especial conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 3- Se acuerde medidas de protección y seguridad contenidas en el artículo 87, numerales 5 y 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. 4.- Se acuerde la medida cautelar contenida en el artículo 92, numeral 7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es todo.

Medidas de protección y de seguridad
Artículo 87. Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de denuncias. En consecuencia, éstas serán:

..Omisis…

5. Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida.

6. Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras personas, no realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.

…Omisis…

Medidas cautelares
Artículo 92. El Ministerio Público podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de Control, Audiencia y Medidas, o en funciones de juicio, si fuere el caso, las siguientes medidas cautelares:

…Omisis…

7. Imponer al presunto agresor la obligación de asistir a un centro especializado en materia de violencia de género.

..Omisis…

ENUNCIACION DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN
La Fiscalía Décima del Ministerio Público atribuye al ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, los hechos expuestos por la víctima, a través de denuncia, de fecha 29 de octubre de 2010, que riela al folio cinco (5), así como acta policial número 336, de fecha 29 de octubre de 2010, tomada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, Comando regional número 4, Comando Unificado de Seguridad Plan 20, la cual riela al folio tres (3), hechos constitutivos de presunta Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las que se hace referencia a que el día 29 de octubre de 2010, la víctima se encontraba en su casa, en la sala acompañada de su esposo y su hermana conversando, luego su hermana se fue a acostar y ella se quedó con su esposo conversando, de pronto su esposo le dice “escoge entre tu trabajo y yo”, a lo cual la víctima le responde “lo no le voy a responder en estos momentos por las condiciones en las que tú estás, ya que estás tomado, pasado de tragos”, luego su esposo comenzó a agredirla verbalmente, diciéndole “tu eres una golfa, una mujer de calle, tu llegas muy tarde del trabajo”, a lo que la víctima respondió “yo tengo un trabajo como cualquier otro y no voy a perder mi trabajo por un capricho”, luego su esposo responde diciéndole “vete de la casa y dame las llaves”, a lo que la víctima expresó “las llaves deben de estar en sitio” alo que él responde que no están, seguidamente él entra al cuarto de ambos y empieza a buscar mi cartera, sacó las llaves y me tiró la cartera, luego la tomé y la tiró en la cama, luego le pregunta por su teléfono y la víctima le pregunta que para qué lo quiere, a lo que su esposo le responde que para revisar todos los mensajes que le envió y ella le dijo que si estaban los mensajes, ella los leyó y le dijo acuéstate y mañana hablamos, en eso intenta nuevamente tomar la cartera para sacar el teléfono y la víctima le quitó la cartera y él continuaba insultándola, luego se le fue encima y ella cayó en la cama y la agarró por el cuello, ella subió la rodilla y como pudo se lo quitó de encima, se levantó de la cama, se inclina a agarrar la cartera y su esposo la toma por detrás, realizándole una llave, luego hubo un forcejeo para tratar de zafarse y la toma nuevamente por el cuello y ella le mordió un dedo, luego la agarra por el cuello y le da un golpe contra la pared, luego me lo quité de encima, luego la golpeó por la espalada y por detrás con el puño cerrado.

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA.
La víctima, ciudadana IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, en el presente proceso no asistió a la audiencia de aprehensión en flagrancia y, de conformidad con los artículos 2, 21 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 1 y 37 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como los artículos 23, 43 y 120, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, se le cede el derecho de palabra, quien expuso: “Nosotros estábamos en la sala de nuestra casa, estábamos sosteniendo una conversación con mi hermana para ver como se iba hacer con el ciudadano de las niñas y en ese momento mi hermana se fue al cuarto y yo también y él me dice que necesita hablar conmigo y en vista del estado que él se encintraba yo le digo mañana hablamos y yo termine de coser unas cosas y él tenía guardia al día siguiente, y en vista de mi negativa el me tomó de los brazos y eso fue un forcejeo y me metí en el baño y él me sacó y no cerré la puerta y me fui al baño de las niñas y también me sacó y él me dijo que saliera y yo le dije que se calmara y él me tomó de los brazos y me caí en la cama y es la primera vez y me dio miedo y era la primera vez en los 11 años que tenemos de casados y me dio miedo y yo decidí salir del apartamento él me abrió la puerta y yo salgo del edificio y baja mi hermana y me dice qué pasó y ella escuchó pero no vio nada y le digo a ella que no quería hablar y no se que hacer, será una patrulla para preguntar, acompáñame a llamar por teléfono, cuando vamos a llamar el llegó al sitio y me dice vamos para la casa y le dije déjame tranquila no quiero hablar contigo no me hables no me toques no me percaté que ellos venían detrás mió y cuando me vi fue allí en el destacamento del plan 20 y fue cuando me percaté que venían él y mi hermana. Es todo. A preguntas del tribunal responde: él estaba tomando en la casa, y cuando toma tomamos los dos y en este caso estaba mi hermana y yo estaba llegando del trabajo y ese día estaba él tomando solo, y jugamos con las niñas y más mandamos a dormir, las niñas ya se habían dormido, la mayor tienen 11, la segunda 7 y la menores 6, yo tengo grado universitario. Es todo.”

DECLARACIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR Y DEFENSA
El Tribunal luego de haber oído la exposición del Fiscal Décimo, representante del Ministerio Público, procede de conformidad con el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, a realizar advertencia preliminar al presunto agresor y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistido por la DEFENSA PÚBLICA, libre de toda coacción y apremio expone: “Lo que sucedió ese día yo estaba en la casa y había terminado de darle de comer a mis hijas y había hecho muchas cosas en la casa y estaba esperando la llegada de mi esposa y mi cuñada y me puse a tomar cocuy y luego llegaron las dos y comenzamos hablar para ponernos de acuerdo con no descuidar los horarios de la niña mi cuñada se fue a dormir y las niñas también, y fue cuando comenzó el forcejeo con mi esposa y recuerdo que le dije que se fuera de la casa y luego llegamos hasta el plan 20 eso fue lo que pasó y lo que recuerdo. Es todo. A preguntas del tribunal responde; cuando tenemos discusiones de pareja hablamos en el cuarto o en la sala, tanto problemas de pareja como de trabajo, y lo resolvemos y si yo estoy en mi guardia cuando llego en la mañana hablamos del tema, hablamos como unas conversaciones amenas, la relación con las niñas es excelente. Es todo”
La defensa pública, por su parte expone: “Esta defensa escuchada la declaración de la víctima y mi representado considera que es una pareja con 12 años de casado y evidentemente como lo declara ella es primera vez que sucede un hecho de este tipo y considero que las medidas solicitadas por el Ministerio Público están ajustadas, se puede considerar que ellos sigan en pareja y es necesario que tomen orientación en IREMUJER y puede subsanar esto y se le de la libertad desde esta sala de audiencia. Es todo”

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR:
PRECALIFICACIÓN JURÍDICA:
La Fiscalía Décima del Ministerio Público, precalifica los hechos narrados como delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la ciudadana CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924, precalificación ésta que quien decide comparte. Así pues, considera este Tribunal que la precalificación propicia es la de Violencia Física, prevista y sancionada en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así se decide.

Violencia física
Artículo 42. El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.
Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad.
Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aún sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad.
La competencia para conocer el delito de lesiones conforme lo previsto en este artículo corresponderá a los tribunales de violencia contra la mujer, según el procedimiento especial previsto en esta Ley.

En este sentido, cabe mencionar que el artículo 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como “…todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.•
Por otro lado, en el artículo 15, numeral 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia física como “…toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: Lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato que afecte su integridad física.”
Por su parte Baiz (Violencia Intrafamiliar en el ordenamiento jurídico venezolano. Segunda Edición. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 2009. Pág. 48) define la violencia física como consistente en “…el uso y abuso de la fuerza física y de la amenaza severa y real como medio para obligar a la mujer a comportarse de alguna manera; su límite es la muerte”.
Como se observa, tanto la doctrina como la elaboración legislativa y la política criminal en general, han activado la búsqueda de nuevos conceptos y estructuras dogmáticas, en la actual dimensión que hoy enfrenta el derecho penal, con el afán de exteriorizarlo y habilitarlo para el cumplimiento de sus funciones sociales.
Dentro de este punto de vista se sitúa el caso de la violencia ejercida en contra de las mujeres, donde el desencadenamiento fáctico originado por el peligro abarca, entre otros, fenómenos o sucesos de índole social en los que intervienen como protagonistas los varones colectivamente considerados, amparados por un poder históricamente reconocido como opresor y marginador de las mujeres. Y ello es así, lógicamente, porque los bienes protegidos por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son intereses de entidad social, a los que la misma sociedad atribuye un valor. Es decir, se replantea la teoría del bien jurídico desde una dimensión sociológica del derecho, por ende, desde un enfoque externo, incluso, al sistema jurídico.
Por tanto, si se quiere poder vivir en sociedad es preciso que las expectativas de cada individuo sobre las actuaciones sobre las actuaciones de los otros o las otras estén aseguradas. Y dado que estas expectativas sociales no pueden ser aseguradas cognitivamente, vale decir, racionalmente, lo serán normativamente. Las expectativas normativas aseguran, entonces, en quien confía en ellas, que actúa correctamente y que el defecto está en la persona que las ha defraudado.
En el presente caso en análisis, los hechos denunciados por la víctima, ya identificada, los cuales se encuentran inmersos en las actuaciones policiales y denuncia, entrevista, así como constancia médica, reflejadas en el presente asunto, los cuales reflejaron la condición física de la víctima adminiculado con la exposición de las partes, en donde se verifica que efectivamente se produjo una discusión por parte del presunto agresor con su esposa, lo que generó agresiones físicas por parte del presunto agresor hacía la víctima, todo lo cual permite encuadrar los hechos narrados en el tipo penal de Violencia física, mencionado y precalificado por el Ministerio Público. Así se decide.

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES:
Un aspecto importante y novedoso a destacar en materia procesal que prevé la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el de la flagrancia el cual rompe con el paradigma tradicional que contempla el articulo 248 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, reconociendo que la violencia mal llamada doméstica en lugar de intrafamiliar asume formas y modalidades ocultas, con características propias referidas a la relación de poder y dependencia autor–víctima; habitualidad–reincidencia; lugar de comisión en la intimidad del hogar, la percepción de la comunidad como problemas familiares o de pareja y no de interés público lo que podría excluir la participación de cualquier ciudadano o ciudadana para efectuar o denunciar la posible comisión de un hecho punible a través del procedimiento por flagrancia, contenido en el articulo 93 de la referida y tantas veces nombrada Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida Libre de Violencia.
A su vez el artículo 19 de la norma penal adjetiva establece que los Jueces y las Juezas de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo atender siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así se tiene que el artículo 44, numeral 1 de la norma fundamental venezolana, dispone que la libertad personal es inviolable. A los fines de legalizar la detención del imputado de autos se califica como flagrante su aprehensión, una vez analizados los elementos de convicción traídos por el representante del Ministerio Público, como las actas policiales y de denuncia, así como constancia médica, que rielan en el asunto, las cuales se dan por reproducidas, lo que trae como consecuencia la precalificación de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En cuanto a la aprehensión en flagrancia del presunto agresor IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, este Tribunal de Control, Audiencia y Medidas número 01, observa que el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece los supuestos de la aprehensión en flagrancia, los cuales están dados en el presente caso en relación al delito antes mencionado, cometido en perjuicio de la ciudadana CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924, por cuanto por delito flagrante se conoce en el concepto usual, el que se está cometiendo de la manera singularmente ostentosa o escandalosa que hace necesaria la urgente intervención de alguien que termine con esa situación anómala y grave, a fin de hacer cesar el delito, en virtud que se está produciendo un daño que debe impedirse inmediatamente o porque es posible conseguir que el mal se corte y no vaya en aumento, y que el agresor sea sorprendido, visto en el momento de agredir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito, tal y como sucedió de acuerdo a los elementos aportados tanto en el asunto como en la audiencia celebrada.
En consecuencia, de acuerdo a lo que consta en las presentes actuaciones, el presunto agresor fue aprehendido a pocos momentos de haber cometido las agresiones, configurándose el delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, constituyéndose así la aprehensión en flagrancia, tal y como fue precalificada por la representación fiscal y titular de la acción penal en esta audiencia oral. Así se declara.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONFORME A LA LEY ORGANICA SOBRE EL DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
Se acuerda el procedimiento especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y 94 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 79: El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no excederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso lo amerita, el Ministerio Público podrá solicitar fundadamente el Tribunal de Violencia Contra la Mujer con funciones de Control, Audiencia y Medidas, competente, con al menos diez días de antelación al vencimiento de dicho lapso, una prórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días.
El Tribunal decidirá, mediante auto razonado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud fiscal.
La decisión que acuerde o niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto.”
Artículo 94: El juzgamiento de los delitos de que trata esta Ley, se seguirá por el procedimiento especial aquí estipulado aún en los supuestos de flagrancia previstos en el artículo anterior, con la salvedad consagrada en el parágrafo único del artículo 79, para el supuesto de que haya sido decretada medida privativa de libertad en contra del presunto agresor.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por mandato constitucional atiende a las necesidades de celeridad y no impunidad, por lo que establece un procedimiento penal especial que preserva los principios y la estructura del procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, limitando los lapsos y garantizando la debida diligencia y celeridad por parte del Fiscal o la Fiscala del Ministerio Público en la fase de investigación para que dicte el acto conclusivo que corresponda, como una forma de materializar una justicia expedita conforme lo consagra los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho procedimiento resguarda los derechos y garantías procesales de las personas sometidas a investigación, enjuiciamiento y sanción. Así se decide.

MEDIDAS DECRETADAS:
En cuanto a las medidas de seguridad y protección solicitadas por la representante del Ministerio Público, siendo éstas consagradas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los fines de salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer, su entorno familiar de forma expedita y efectiva, y de aplicación preferente, así como en consideración de los hechos expuestos en la audiencia, este Tribunal decreta las contenidas en los numerales 5 y 6 del artículo 87 de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistentes en:
5.-Prohibir al presunto agresor el acercamiento a la mujer agredida, en consecuencia no podrá acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer agredida.
6.-Prohibir al presunto agresor, por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de su familia.
No obstante lo anterior, de los hechos narrados por la víctima en audiencia, considera este tribunal necesario la implementación de la media contemplada en el numeral 3 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues, aún cuando tal medida no fue solicitada por la representación fiscal, no obstante las circunstancias en la que se dieron los episodios de violencia, aunado al hecho de la existencia de tres niñas hijas de la pareja, denotan que pudiera existir un riesgo para la seguridad integral de la víctima y su entorno, por tal motivo quien decide acuerda la salida del presunto agresor, ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, de la residencia en común, impidiéndose que retire los enseres de uso familiar y sólo se autoriza a retirar sus enseres personales y los útiles o herramientas necesarias para su trabajo. Así se decide.
Ahora bien, el Tribunal de conformidad con los artículos 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con el 1, 2.1, 3, 4 y 87, numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, refiere a la victima, ciudadana CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924, al Instituto Regional de la Mujer del estado Lara, a los fines que reciba atención u orientación en materia de violencia de género.
Asimismo, este Tribunal decreta la medida cautelar contenida en el artículo 92 ordinal 7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en la obligación por parte del presunto agresor, ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, de recibir orientación sobre la Violencia de Género, siendo el Instituto Regional de la Mujer del Estado Lara el centro especializado para brindar tal orientación, y de esa manera dar cumplimento con el objeto de la ley que no es otro que garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad democrática, participativa, paritaria y protagónica. Tal orientación deberá ser periódica y considera este juzgador que un período de treinta (30) días es cónsono con las necesidades de formación en el presente caso. Así se decide.
Resulta menesteroso señalar que la imposición de tales medidas obedece al hecho de que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violaciones sistemática de los derechos humanos, que muestran en forman dramática sus consecuencias. Por tal motivo se decreta las medidas anteriormente descritas, las cuales obedecen a la protección de la victima y de su derecho a no ser sometida a maltratos, lo que implica el derecho a vivir una vida libre de violencia, teniendo el derecho a no ser agredida ni física, ni verbalmente. Así se decide.

DISPOSITIVA:
Por todo lo antes expuesto este Tribunal de Justicia de Género, de Control, Audiencias y Medidas número 1, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECIDE: PRIMERO: Con lugar la flagrancia, de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 93 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la presunta comisión del delito de Violencia física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se acuerda continuar con el procedimiento especial, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Se procede a imponer al ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, las medidas de protección y seguridad solicitadas por el Ministerio Público. En todo caso, se le impone las medidas de seguridad y protección, contenidas en el artículo 87, numerales 5 y 6, como lo son la prohibición de acercarse a la víctima, en su residencia, lugar de estudio y trabajo, así como la prohibición de realizar actos de acoso en contra de la víctima. De igual manera, se acuerda la salida de la residencia común por parte del ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, por considerar que la convivencia comporta un riesgo para la seguridad integral de la víctima, de conformidad con el artículo 87, numeral 3 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. CUARTO: Se acuerda la medida cautelar establecida en el artículo 92, numeral 7 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que el ciudadano IBRAHIM SILFREDO MONTOYA LÓPEZ, venezolano, con cédula de identidad número V.-14.094.245, tiene la obligación de asistir al Instituto Regional de la Mujer del Estado Lara a realizar talleres en materia de violencia de género cada treinta (30) días. QUINTO: Se refiere a la víctima, ciudadana CARELY ESPERANZA SÁNCHEZ CASTELLANOS, con cédula de identidad número V.-14.093.924, al Instituto Regional de la Mujer del estado Lara, a los fines de recibir orientación en materia de género, ello de conformidad con el artículo 87, numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Líbrese boleta de libertad. Se deja constancia que se le informó al imputado de lo dispuesto en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal y se le informa que deberá mantener domicilio fijo y en caso de algún cambio deberá informarlo a este Tribunal. Quedan las partes notificadas de la presente decisión. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman siendo las 12:00 m.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de este Tribunal en Barquisimeto a la presente fecha. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación; Regístrese. Publíquese.

EL JUEZ DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS NÚMERO 1
ABOGADO MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

LA SECRETARIA