REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO DEMANDANTE: S.M. KOLOR MAX, C.A. ABOGADO: IDANIA LADERA DEMANDADO: S.C. TALLERES 5 ESTRELLAS, C.A. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMATORIO) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA) EXPEDIENTE: 54.492 Por escrito de fecha 29 de noviembre de 2.007 presentado por el ciudadano LUIS MARCELINO CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.028.942, en su carácter de administrador y actuando en nombre de la sociedad mercantil KOLOR MAX, C.A. originalmente inscrita como Ferre Auto, C.A. por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el No. 29, Tomo 86-A, de fecha 08 de septiembre de 1.997, debidamente asistido por el abogado JUAN RAFAEL MESA REYES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.249.865. Por auto de fecha 03 de diciembre de 2.007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo le dio entrada bajo el No. 22411/2007- En auto de fecha 13 de marzo de 2.008, la Jueza Cuarta de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se INHIBIO de seguir conociendo la presente causa, ordenándose la remisión del expediente con oficio No. 0253 al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil de ésta Circunscripción Judicial. Distribuida la causa, corresponde a éste Tribunal el conocimiento de la misma, dándosele entrada bajo el No. 54.492 en auto de fecha 07 de abril de 2.008. Por auto de fecha 11 de abril de 2.008 se avocó al conocimiento de la causa la Jueza Titular, abogada ROSA MARGARITA VALOR. Comparece en fecha 06 de mayo de 2.008 el ciudadano LUIS MACERLINO CASTRO SALAS, en su carácter de administrador y actuando en nombre de la sociedad mercantil KOLOR MAX, C.A., asistido de abogado y otorga Poder Apud Acta a los abogados JUAN RAFAEL MESA REYES, MARIA CELINA SANTOS, GERALDINE CANELO N CHAVEZ y MILAGROS LOPEZ, todos venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.249.865, V-7.126.943, V-12.101.006 y V-7.097.094, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 66.402, 67.451, 89.192 y 86.467. En diligencia de fecha 06 de mayo de 2.008, el abogado JUAN RAFAELK MESA REYES solicitó medida de embargo sobre bienes muebles. Por auto de fecha 26 de mayo de 2.008 se admitió la demanda, sin que conste en autos algún otro impulso procesal. Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se observa que, desde el día 06 de mayo de 2.008, fecha en que la parte demandante solicitó medida de embargo sobre bienes muebles, hasta la presente fecha han transcurrido dos (02) años, cinco (05) meses y veintiocho (28) días sin actividad procesal alguna de parte; siendo su obligación la de impulsar sus procedimientos hasta su conclusión, y se observa en el presente caso que la parte accionante, no concurrió por ante el Tribunal a instar el proceso; y, reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su segundo aparte que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…” (Omissis). El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad en el proceso durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento. Comprobado en el caso de autos, que desde el día 06 de mayo de 2.008, fecha en que la parte demandante solicitó medida de embargo sobre bienes muebles, hasta el día de hoy 03 de noviembre de 2.010, la parte actora dejó transcurrir dos (02) años, cinco (05) meses y veintiocho (28) días sin que se haya efectuado ningún acto de parte para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa y ASI SE DECIDE. Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida en fecha 01-06-2.001, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, caso FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO, contra el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, expediente N° 1.491, Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, de la cual se transcriben los siguientes párrafos: “Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones: El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia. Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil). En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos. Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (Subrayado del Tribunal) 1) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. Por ello, el tercer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma....” (omissis). Acatando la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el Segundo Aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE. Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION), incoado por el ciudadano LUIS MARCELINO CASTRO SALAS en su carácter de administrador y actuando en nombre de la sociedad mercantil KOLOR MAX, C.A. contra la entidad mercantil TALLER CINCO ESTRELLAS, C.A., todos anteriormente identificados, y ASI SE DECIDE. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 03 días del mes de noviembre del año 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. LA JUEZA TITULAR, ABOG. ROSA MARGARITA VALOR LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 11:00 de la mañana. LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO Expediente Nro. 54.492 dec.